(emitido a las 7.37 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La decisión del Poder Ejecutivo de habilitar con condiciones la construcción de un puente sobre la Laguna Garzón ha generado todo tipo de repercusiones en las últimas horas.

Si vamos al nivel político, legisladores del Partido Nacional planean convocar a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, para que explique detalles de esta medida.

Además, el Poder Ejecutivo se plantea la reconversión de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), y ese va a ser otro tema que estará en la agenda de esa sesión que se desarrollará a nivel del Parlamento.

El diputado nacionalista por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso, considera un "capricho" la habilitación y es por ello que analiza, con otros colegas, un llamado a Sala a la secretaria de Estado.

En tanto, el diputado de Alianza Nacional Pablo Iturralde también propuso pedirle explicaciones a la ministra Muslera. El legislador entiende que es necesario consultar a la sociedad civil y a las ONG.

Precisamente, en ese plano está otra parte del debate. La decisión del Gobierno no fue sorpresa para los habitantes de José Ignacio, donde desde hace meses varias organizaciones vienen manifestándose en contra del proyecto. De todos modos, según dice hoy Últimas Noticias, la preocupación y el malestar están instalados porque entienden que no se tuvo en cuenta la opinión expresada en las audiencias públicas que se realizaron previamente en Maldonado y en Rocha.

En este momento está en línea telefónica la señora Delfina Linck, presidente de la Liga de José Ignacio.

Hace tiempo que ustedes vienen movilizándose en contra del puente sobre la Laguna Garzón. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de la gente afincada en José Ignacio en este asunto?

DELFINA LINCK:
Le cuento los antecedentes. No es que estemos en contra del puente. Dentro de nuestra misión está la preservación de la identidad del lugar y una visión de cómo es un desarrollo que respete sustentablemente el paisaje y la identidad del lugar.

Estas no son solo palabras, esto quiere decir que nosotros estamos a favor de una interconectividad con el departamento de Rocha. Entendemos que esto es lo sensato y lo deseable por parte de los dos departamentos. Pero hay unas balsas –que no funcionan del todo bien– y hay una propuesta de mejorar las balsas, de tener balsas eléctricas. O sea, hacer una interconectividad que sea eficiente, liviana y que preserve el capital paisajístico. Las balsas son un atractivo. Esto se ve en otros lugares del mundo, un lugar con la magnífica conservación que tiene la Laguna Garzón es una joya, es algo que debería ser preservado, porque dentro de lo que es el Uruguay Natural este es un Uruguay más natural.

Con todo el respeto por lo que es el Uruguay, por lo que es la forma de tramitar las cosas, si bien hay una decisión política ahora con un giro inesperado de habilitar otro puente, que todavía no se sabe específicamente cual sería, nosotros entendemos que eso llevaría nuevamente a todo el procedimiento de audiencias públicas que nos permitan expresarnos, porque este otro puente todavía no tiene realizado un estudio de impacto ambiental. Esos procedimientos son los que nosotros esperamos que se pongan en práctica.

EC – Ayer entrevistábamos aquí En Perspectiva a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, y ella señalaba entre otras cosas que el punto de partida de esta posición que ahora se está dando a conocer es que en el Gobierno se entiende que "es imprescindible la conexión a través de la Laguna Garzón" para que pueda avanzar el "desarrollo controlado del turismo" en esa zona y en particular del otro lado de la laguna, en el departamento de Rocha. "Hemos analizado qué tipo de conexión, si una conexión rígida o constante a través de un puente, o una conexión por balsa, y hemos optado por la conexión por puente que es la que genera el mejor desarrollo del área", decía la ministra. ¿Qué responde usted sobre este punto? Porque quienes impulsan el puente sostienen que las balsas –por más aggiornadas que sean, por menos impacto ambiental que tengan– no garantizan una conexión permanente.

DL – Hay otra posibilidad que serían los caminos regionales internos. Yo disiento en que sea imprescindible, creo que es una decisión política. La donación del puente es hecha por un emprendedor privado que tiene un emprendimiento del otro lado, en el departamento de Rocha. Nosotros tenemos nuestra misión y nuestra visión, nosotros defendemos esto porque estamos convencidos.

Además esto no lo inventamos nosotros, esto viene de una tradición del lugar. José Ignacio es lo que es y toda esa zona se ha preservado como se ha preservado porque tiene una normativa que han logrado los que nos antecedieron. Tenemos todavía en la comisión directiva a la nieta del fundador, la señora Blanca Martorell Saiz. Y entre nuestros antecedentes tuvimos a un gran urbanista de fama mundial, Jorge Enrique Hardoy, argentino. Entre los uruguayos y argentinos que han colaborado a que este lugar esté preservado como está nos han dado un legado a nosotros.

Nosotros buscamos el diálogo, buscamos el consenso, nos amparamos en los procedimientos legales. Creo que esa es la riqueza que permite la democracia, el poder dar los distintos puntos de vista y tener los procedimientos adecuados para que ellos se lleven a cabo. Siempre dentro del marco de respeto y de gratitud por lo que es la naturaleza del lugar. Yo creo que la imprescindibilidad de la conexión a través de un puente en principio no respeta, no agradece, lo que es la naturaleza del lugar.

EC – Desde el Poder Ejecutivo se anticipa que esta autorización ambiental viene condicionada, no es una autorización cien por ciento. Por ejemplo, ya está acordado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) la desafectación de la Ruta 10 como ruta nacional en el tramo entre José Ignacio y La Paloma, lo que implica que el tráfico pesado vaya por la Ruta 9. Por otro lado, se enfatiza en que ese trazado –el de lo que hoy llamamos Ruta 10 entre José Ignacio y La Paloma– pasará a ser ahora un camino departamental, un camino que, según decía la ministra, sea más que nada de "disfrute del paisaje, un camino de baja velocidad, que sirva de acceso a los distintos balnearios pero no con la característica de una ruta". ¿Qué dice usted sobre esa condición?

DL – Sobre esa condición yo digo exactamente eso, que es un avance, porque es realmente lo que debería ser. Lo que era una ruta nacional responde a criterios y pautas de los años 50, y ya se vio en el mundo cómo se desarrolló esa idea de las rutas nacionales bordeando las aguas, lo que ha sido desastroso.

Ahora, el hecho de que el transporte de carga, el transporte pesado, vaya por la 9 hace justamente pensar que la imprescindibilidad de la conexión a través de un puente sobre la laguna no es tal. Porque si la ruta departamental va a ser simplemente de paseo y de disfrute paisajístico muy bien puede ser hecha a través de balsas. Creo que esto de la imprescindibilidad es un truco, porque si el tráfico pesado va por la ruta 9 la conexión está hecha para que se desarrolle. Porque eso hace al desarrollo; el paseo, el paisaje, el disfrute, hace que la gente aprecie el lugar, tenga un ritmo distinto, tenga la posibilidad de ver y apreciar. Y eso puede ser muy bien hecho en balsa.

EC – Otra de las condiciones es que la Laguna Garzón se integre rápidamente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, algo que está pendiente. La Laguna de Rocha, que se encuentra un poco más adelante por la ruta 10, ya forma parte de ese sistema.

DL – Perfecto. Ese es un anhelo muy viejo de mucha gente que está entre otras las organizaciones ligadas, entre ellas una que se llama Vida Silvestre. El anhelo de integrar las zonas de áreas protegidas ya tiene larga data y también es un avance.

Ahora, no son condiciones [para construir el puente]. Esas dos cosas –la desafectación de la ruta nacional y la integración a las áreas protegidas– deberían ser hechas de todas maneras, se haga o no se haga el puente. No creo que esto sea parte de una negociación, deberían haber sido hechas con buen criterio ayer, no hoy.

De todas maneras, el puente nuevo, o la nueva propuesta de puente, deberá pasar por los procedimientos establecidos y allí se podrá volver a opinar. Sin embargo, si no queda atado a estas dos condiciones, creo que si [la Laguna Garzón] se integra al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se desafecta [ese tramo de] la Ruta 10 como ruta nacional y pasa a ser departamental me parece que son dos avances...

EC – ...Con respecto al puente en sí mismo y qué características debe tener para reducir al mínimo su impacto en la interconexión entre la laguna y el mar, la ministra explicaba ayer que lo que se plantea es que el puente "no tenga sus cabeceras en la boca, que no rigidice la boca de la laguna, esa unión entre la laguna y el mar", lo que de hecho "implica un puente más largo" y una especificación más cuidadosa de la cantidad de pilotes, etcétera. ¿Cómo ve este requisito?

DL – Justamente, creo que eso hace que ese nuevo puente sea de otras características, distintas del estudio de impacto ambiental anterior, y que requerirá un nuevo estudio de impacto ambiental y una nueva audiencia pública.

EC – La ministra hablaba de un puente "más largo, más liviano, que no ataque el paisaje, que se integre, que agregue valor a la zona". ¿Ustedes no ven factible esta posibilidad de que un puente sea capaz de convivir, de ser compatible con el paisaje y con el lugar?

DL – Yo creo que hay que esperar y respetar las opiniones y estudios técnicos al respecto. Yo no me puedo anticipar si no sé cuál es el puente y dónde va a estar, además no soy técnica especializada en estudio ambiental. En este sentido me atengo a los procedimientos.

EC – Lo que ustedes dicen entonces es que acá hay que empezar de nuevo.

DL – Exactamente. Porque es un nuevo comienzo. Y creo que hay que desligar lo que son las condiciones de área protegida y desafectación de ruta de la construcción o no del puente, no pueden ser elementos de negociación. Me parece que el poder público no puede poner esto como elemento de negociación sobre si el puente se va a hacer o no.

EC – Ahora, con respecto al hecho de que el puente sea diseñado por el arquitecto Rafael Viñoly, que se ha ofrecido y que según decía la ministra Muslera incluso no va a cobrar ni por el anteproyecto ni por el proyecto, ustedes se han mostrado sorprendidos. El año pasado contaban a Viñoly como un aliado en la campaña que tenían contra el puente. ¿Han podido hablar con él? ¿Qué saben de esto?

DL – No, no hemos tenido contacto con él, yo tengo muy buena imagen del arquitecto Viñoly, conozco alguna de sus obras, sé que es un excelente arquitecto. También uno podría decir que llegado el caso se podría hacer un concurso de ideas y proyectos, que alguien done el diseño de un puente, no necesariamente tendría que ser Viñoly, también puede ser algún otro. De todas maneras, a nosotros nos sigue interesando más seguir defendiendo una interconectividad alternativa.

EC – ¿Qué gestiones van a desarrollar? Están anunciando para el próximo sábado esa movilización que han titulado "Abrazo surfero a las balsas", ¿qué otra cosa?

DL – Por el momento eso, no le podría especificar más. Yo estoy viajando ahora, voy a llegar para informarme. Tenemos asamblea anual de la liga, también tenemos un remate anual este fin de semana, así que en lo inmediato estamos con esas cosas. Y también estamos con el tema del cambio que nos hicieron en la normativa, que ahora se suspendió gracias a las gestiones que pudimos realizar. Estamos todo el tiempo atentos a todo lo que nos parece que amenaza o pone en riesgo la identidad del lugar.

EC – Usted se estaba refiriendo a los cambios en la normativa departamental a propósito de la hotelería.

DL – Exactamente. Allí hay un punto muy sensible para nosotros porque esto ya fue tratado. Nosotros tenemos un convenio de cooperación técnica con la intendencia a propósito del Plan de Ordenamiento Territorial y habíamos llegado a un punto, habíamos hecho una consulta a la comunidad, que presentamos en la intendencia en su momento, hace ya dos años. Y de repente, de noche, la Junta Departamental aprobó una modificación al proyecto que había mandado el intendente. Después el intendente lo promulgó, aparentemente sin atención al detalle del cambio en ese artículo. Y de repente resultaba que se podían hacer hoteles en cualquier lugar del casco, en cualquier lote de 800 metros –que todos los lotes tienen 800 metros–. Por suerte, hemos logrado que se suspenda este decreto por seis meses.

Pero siempre sentimos como que estamos en una situación vulnerable, porque las autoridades a veces no terminan de acompañar los procesos de participación comunitaria. El Plan de Ordenamiento Territorial tiene todo un ordenamiento de formas, de procedimientos. Nosotros estábamos esperando que esto se encuadrara allí y de repente nos encontramos con estos cambios sorpresivos. Así que tenemos que estar siempre atentos y velando por la identidad.

La normativa que tenemos es un logro de muchos años de trabajo que han mostrado que José Ignacio es un lugar distinto y posible, que tiene un prestigio internacional ganado. Entonces, para nosotros la normativa no es hoteles o no hoteles, o discotecas o no discotecas; es parte constitutiva de nuestra identidad, es parte constitutiva del legado que tenemos para ocuparnos de preservar ese lugar. No podemos ponernos a negociar esto.


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