(emitido a las 7.36 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El Ministerio del Interior separó de su cargo a los subjefes de Policía de Montevideo, inspector principal Luis Ituarte, y de Tacuarembó, inspector principal Carlos Palou Fialho, luego de constatar irregularidades en la supervisión del servicio 222.

Además, se remitió el caso a la Justicia penal, concretamente a los juzgados de Crimen Organizado.

La decisión fue tomada ayer por el ministro, Eduardo Bonomi, luego de recibir el resultado de una investigación de urgencia realizada en 24 horas.

Las anomalías se detectaron, en un principio, con la auditoría habitual de la Contaduría General de la Nación. A partir de esos datos, se instruyó esa investigación de urgencia en la Jefatura de Policía de Montevideo, que terminó confirmando las irregularidades.

¿Qué es lo que está en juego? Noventa horas en el servicio 222 que no correspondían.

En línea telefónica está el director nacional de Policía, inspector principal (R) Julio Guarteche.

En primer lugar, ¿podemos ubicar bien qué es lo que se verificó? Porque la información de prensa dice que "el hoy subjefe de la Jefatura de Montevideo, Ituarte, como encargado del control de los efectivos que realizan el servicio 222, había certificado en la planilla mensual que Palou, el subjefe de Tacuarembó, había hecho alrededor de 90 horas de servicio en el Banco República". ¿Acá está centrada efectivamente la cosa?

JULIO GUARTECHE:
Sí, está centrada en eso. Yo no puedo dar muchos detalles porque esto forma parte del presumario, pero está centrada en el hecho de horas de 222 que fueron cobradas y no fueron realizadas.

EC – ¿Pero cuándo ocurrieron estos hechos? Porque corresponden a responsabilidades anteriores de estos dos oficiales.

JG – Exactamente. No corresponde para nada a los cargos que estaban ocupando actualmente, sino que estamos hablando de meses anteriores. Se dieron hasta ahora, pero comenzaron meses antes de que ocuparon los cargos que están ocupando actualmente.

EC – Ocurrieron cuando Palou era jefe de personal del Ministerio del Interior e Ituarte jefe del Estado Mayor.

JG – Es verdad. Pero no tiene nada que ver con esos cargos tampoco. Porque el tema del 222 y los controles va en paralelo a los cargos que ocupan, no tiene nada que ver con los cargos que ocupan.

EC – Pero por ejemplo, concretamente, en esas fechas Palou era jefe de personal del Ministerio del Interior. Desde ese cargo, ¿está habilitado para hacer horas de servicio 222?

JG – Está habilitado sí, por supuesto. Pero el asunto es que esas horas no se hacían y se cobraban. Ese es el punto.

EC – Le hacía la pregunta porque no me parecía tan evidente que un jefe de personal del Ministerio del Interior también tuviera horas extra como guardia de custodia.

JG – Ese es el tema. Desde el punto de vista de la categoría de oficial no es normal, lo que el oficial hace son horas de control, no horas presenciales de 222. No es lo normal, pero no quiere decir que no esté habilitado para hacerlo.

EC – O sea, lo que usted puntualiza es que, en definitiva, podía hacer estas horas, pero lo que se comprobó fue que no las hacía.

JG – Exactamente.

EC – ¿Estamos ante un solo hecho puntual? Este caso, el de esta persona a la que se le computaron 90 horas de 222 aunque no las cumplió, ¿ocurrió solo ese mes?

JG – Sí, es correcto. Pero esa no es la totalidad, esto ocurrió durante varios meses. El ministro ha manifestado varias veces, y nosotros también, que tenemos casos y focos de corrupción. El 222 lo hemos definido como un foco de corrupción, porque no es el primer caso, sabemos que debe haber más. En las investigaciones que se realizaron anteriormente se detectó un caso en personal del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y en otro caso en Comunicaciones del Ministerio del Interior, donde el personal faltaba al servicio para hacer horas 222. Es exactamente el caso opuesto a este.

Pero nosotros nos encontramos con un gran desorden en el servicio 222. Este desorden habilitaba casos de corrupción como los que estamos estudiando ahora, partiendo de la base de que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero es una situación donde se ha constatado la irregularidad sin ningún tipo de dudas. Y nos hemos encontrado con muchos casos, algunos están en la Justicia Penal.

EC – Volviendo al caso concreto de Palou, ¿hay una idea de cuál sería el monto en juego?

JG – No es muy alto. La información que yo tengo es que estamos hablando desde el mes de setiembre. Las 90 horas son más o menos unos 10.000 pesos.

EC – Ahora, veía en el diario Últimas Noticias que según fuentes policiales "esta investigación continuará, dado que la Jefatura sospecha que hay más implicados y que se trata de una maniobra de mayor magnitud que la que involucró a estos dos jerarcas". Dice además que "todos los involucrados serían oficiales de alto cargo".

JG – No sabemos eso. Es obvio que hay que profundizar la investigación. Usted dijo muy bien que hubo una investigación de urgencia que se hizo en 24 horas, que se centró en este hecho concreto. Pero la Dirección de Asuntos Internos va a tener que hacer una investigación más profunda, porque seguramente la Justicia se lo va a pedir así. Y además corresponde que sea así, determinar con exactitud cuáles fueron todos los hechos irregulares que puedan haber ocurrido en la administración de ese 222.

EC – En este caso estamos hablando de dos oficiales. Uno era el que se beneficiaba por unas horas extra de 222 que en realidad no había realizado. ¿Llegó a cobrar ese dinero este oficial?

JG – Hubo cobros de ese dinero, sí.

EC – El otro implicado, el que hasta ahora venía desempeñándose como subjefe de Montevideo, ¿qué tipo de responsabilidad tiene?

JG – Eso es lo que va a determinar la Justicia. Pero sin que él habilitara ese servicio era imposible que se hiciera ningún tipo de maniobra.

EC – Da para pensar, entonces, que si se detectó este caso podría haber otros con el mismo tipo de "descuido".

JG – Podría haber otros, sí. Eso es parte de la investigación que se va a realizar a partir de ahora.

EC – Usted dijo recién "nosotros nos encontramos con un gran desorden en el manejo del servicio 222". ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son "nosotros"? ¿Cuándo empezó a hacerse este análisis más minucioso?

JG – Ustedes saben que desde antes de comenzar esta administración se empezó a hablar de reducir el 222. Una de las cuestiones estaba relacionada directamente con el bienestar del personal policial. En el sentido de que el policía hacía demasiadas horas de 222, se había centrado demasiado en hacer ese servicio en detrimento del servicio normal, en detrimento de su familia, de su salud física, y un montón de cosas más. Pero también, en el mismo momento nosotros nos estábamos dando cuenta de que había un gran desorden en ese servicio, que había una enorme cantidad de horas, que había una cantidad de cosas que no era posible que estuvieran ocurriendo. Por ejemplo, la cantidad de horas que [supuestamente] hacían algunos policías, lo que les hubiera hecho imposible cumplir con el servicio [normal]. Y así una serie más de irregularidades que se constataban, que eran visibles, y para lo cual se dispuso el ordenamiento de este servicio.

EC – Cuando usted dice "se dispuso", ¿de qué fecha estamos hablando?

JG – Desde que comenzó esta administración. Lo que pasa es que es un tema de mucho volumen, muy difícil de poder encaminar. Incluso se está haciendo todo un esfuerzo desde el punto de vista informático, a los efectos de lograr el cruzamiento de información necesario para darle cristalinidad a este servicio. Porque es fundamental que nosotros no estemos cobrando por los servicios que hacemos a la gente.

EC - ¿Eso no está claro?

JG – Está bastante claro ahora. En realidad pensábamos que el servicio estaba totalmente ordenado, salvo este tipo de irregularidades que la verdad se saltaban todos los controles y todavía no habíamos podido detectar. En lo demás creemos que el servicio está ordenado. Esperemos no encontrarnos con algún otro tipo de situación en que se haya evadido los controles que hemos establecido.

EC – Discúlpeme pero cuesta pensar que este que veníamos comentando sea un caso puntual. ¿Por qué sería el único?

JG – Porque acá está involucrada la confianza que nosotros teníamos en determinados individuos que estaban a cargo de los servicios. Lo demás estaba relacionado con desorden, con la falta de controles, pero no estaba involucrada la confianza que nosotros teníamos en los responsables de los servicios. A eso me refiero.

EC – Dos preguntas a propósito de este caso y de otros hechos que están en el contexto. Ustedes dispusieron ayer la separación de sus cargos de estos dos oficiales y la remisión de los antecedentes a la Justicia penal. Pero además se dio a conocer los nombres de los implicados. ¿Cómo es esto? Porque usted hace unos minutos nada más decía que nadie es culpable hasta que se lo demuestre, que en principio todos somos inocentes, ¿entonces?

JG – Yo no hice el comunicado. Pero de todas maneras está claro que si hablamos de los nombres de los cargos era obvio que la gente iba a saber a quiénes nos estábamos refiriendo.

EC - ¿Cuándo habían asumido con subjefes, uno aquí en Montevideo y el otro en Tacuarembó?

JG – El de Montevideo el 1º de febrero de este año. El otro subjefe lo hizo en el mes de noviembre.

EC – Llama la atención que en el correr de una semana se den dos episodios de "auto limpieza" de la Policía, ambos bastante impactantes por las características particulares de cada uno. Hace una semana nada más, el viernes de mañana en este horario, estábamos analizando con el jefe de Policía de Montevideo lo que había ocurrido la tarde anterior con el allanamiento en la seccional 3era. a partir de una denuncia de corrupción que se había recibido. Un comerciante de la zona sostenía que tres policías lo estaban extorsionando porque vendía mercadería de contrabando. Se llevó adelante la indagatoria, terminó actuando la Justicia en Crimen Organizado y se procesó a un subcomisario y a dos sargentos por los delitos de concusión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que señalan estos hechos de siete días nada más?

JG – Es una casualidad que haya ocurrido esto en tan poco tiempo. No obstante, nosotros creemos que el mayor de los trabajos que tenemos para hacer dentro de la Policía es precisamente cuidar que no hayan casos de corrupción. Nosotros más que ninguna otra institución del Estado debemos estar muy alertas y debemos hacer el mejor de nuestros esfuerzos para evitar que este tipo de cosas ocurran. Porque evidentemente esto impacta sobre nuestro trabajo. No solamente sobre el trabajo operativo, sino sobre una cosa que para nosotros es todavía mucho más importante, que es la confianza que la gente pueda tener en la institución. Nosotros estamos anhelosamente empeñados en lograr que la gente confíe. Si no hay confianza, no tenemos forma de llevar adelante nuestro trabajo de manera correcta.

Y si hay corrupción, la corrupción habilita una cantidad de otros delitos. Está claramente definido en otras partes del mundo, y nosotros también lo tenemos claro, que muchas veces hay modalidades delictivas que crecen porque hay una corrupción que las apaña. Entonces nosotros estamos anhelosamente empeñados en que la institución tenga bien claras las reglas y que todo el mundo las tenga claras con respecto a cuál es nuestra posición con respecto a la corrupción.

EC – ¿Pero hay alguna línea de acción en particular que se haya acentuado últimamente?

JG – Nosotros estamos teniendo una actitud proactiva con respecto a este tema. No es solamente que estemos dejando que ocurran casos y que tomemos esos casos, estamos buscando los casos, estamos recibiendo las denuncias, estamos trabajando proactivamente para luchar contra la corrupción. Ese es el punto. Estamos, mirando al detalle cada uno de los procedimientos a los efectos de poder desarraigar de la fuerza a aquellas personas que incurren en conductas que no corresponden.


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EC – A propósito de esta noticia, hoy en Últimas Noticias hay un recuadro en el que se señala la reacción desde los gremios de policías. "En los sindicatos policiales la noticia de la separación del cargo de los subjefes de Montevideo y Tacuarembó, Luis Ituarte y Carlos Palou, fue recibida con satisfacción, debido a que pudieron constatar que no solo se juzga a los subalternos que cometen irregularidades. En los tres gremios mayores se consideró que la medida constituye una buena señal del Ministerio del Interior. Patricia Rodríguez, vocera de la Unión de Sindicatos Policiales, dijo que ‘en muchas seccionales los jefes usan al personal para cubrir sus horas de 222 y siempre hay uno que termina haciendo los mandados. Nosotros hace tiempo que advertimos este tipo de irregularidades’".

Rodríguez coincidió con Roberto Cardozo, de otro de los gremios, que dijo que "dentro del 222 hay irregularidades de todo tipo", por lo que los sindicatos han presentado numerosas denuncias de corrupción ante la División de Asuntos Internos. Pero "te duermen las denuncias y a veces se esconden porque los acusados son oficiales", señaló Cardozo.


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