Desde la oposición de insistió en que el empresario fue favorecido por "decisiones políticas" del Frente Amplio.

Unas 200 personas vinculadas al balneario José Ignacio participaron en la tarde de este sábado en una jornada de protesta a orillas de la Laguna Garzón para manifestar su oposición a la construcción del polémico puente que uniría Maldonado y Rocha en la Ruta 10, financiado por el poderoso empresario argentino Eduardo Costantini.

El puente es considerado vital por Costantini para su proyecto inmobiliario Las Garzas, en medio de contradicciones en el propio Poder Ejecutivo acerca de su autorización.

Mientras el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, adelantó el lunes pasado el visto bueno al puente, la ministra de Medio Ambiente Graciela Muslera dijo este viernes a La República que aún no hay ninguna decisión tomada.

Por otra parte la obra ni siquiera ha sido proyectada.

La movilización reclama un estudio pormenorizado del impacto ambiental de cualquier obra en la zona, y la consideración de alternativas al trazado del puente.

Varios diputados de la oposición se hicieron presentes en el lugar para mostrar su respaldo, entre ellos el nacionalista José Carlos Cardoso.

El legislador, que está favor de la interconexión por tierra, a través de un trazado que bordea la Laguna Garzón, señaló a El Espectador el poder que ejerce Costantini sobre la administración del Frente Amplio.

"En un lugar donde la Dinama desde hace 15 años prohibía hacer desfiles de moda, ahora van a hacer un puente y parece que está bien. Esto es producto que hay un proyecto empresarial que está exigiendo la construcción del puente. Cuando ponemos en manos de privados el poder para tomar decisiones de estas características, ellos son quienes pagan y terminan haciendo las obras donde quieren".

La financiación del puente por US$ 2,5 millones corre por cuenta de Costantini.

Cardoso recordó que el argentino comenzó a promocionar en 2007 su emprendimiento en la prensa argentina, ofertando lotes de 5000 m2 cuando aún la Junta Departamental de Rocha no había modificado, con los votos del FA, la ordenanza municipal que prohibía fraccionamientos menores a 50.000 m2.

Según señaló Cardoso, la decisión le significó a Costantini una ganancia de US$ 30 millones, por lo que el puente es un "regalo" del empresario según Cardoso.

El legislador señaló que el oficialismo favoreció directamente a este emprendimiento.

"Estoy convencido que la Dinama no está de acuerdo con este proyecto, pero hay una decisión política que excede a la Dinama desde el punto de vista técnico. Se adoptó una decisión del tipo político. Y esto genera irritación y molestias en la gente. Y nosotros, que estamos hace 20 años de acuerdo con el puente, imagínese, nos terminan haciendo un puente arriba de la playa. ¿A quién se le puede ocurrir? Lo que pasa es que los que están tomando estas decisiones no estarán dentro de 30 años, cuando ya el mar no entre a la laguna",

Este favoritismo fue señalado también por el senador Pedro Bordaberry.

El líder colorado hizo público este viernes un mailing que el agente de ventas de Costantini envió a potenciales interesados en invertir en su emprendimiento, en el que se da como un hecho la construcción del puente, pese a todavía no haber decisión formal del Gobierno.

El argentino además resalta en esa comunicación que la "exclusividad" de su proyecto está garantizada gracias a la prohibición que la normativa aprobada en 2007 de otro con similares características en la zona comprendida entre la Laguna Garzón y la Laguna de Rocha.

Bordaberry convocó al Parlamento a Muslera y definió el tema como un "escándalo", que sigue sumando elementos de prueba sobre las acciones del Gobierno para favorecer a Costantini.