(emitido a las 8.32 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El maestro Julio Castro fue secuestrado, torturado y asesinado durante la dictadura. Los hechos ocurrieron en agosto de 1977. Desde entonces, Julio Castro permaneció desaparecido hasta diciembre del año pasado, cuando pudieron identificarse los restos que habían sido encontrados dos meses antes en el Batallón 14 del Ejército. En ese momento también se comprobó, mediante la pericia forense, que la muerte había sido en realidad una ejecución, realizada mediante por lo menos un balazo disparado a escasa distancia de su cabeza. Ayer, tres meses después, el caso tuvo otra novedad importante a nivel judicial con el primer procesamiento de un policía retirado vinculado directamente con los hechos.

El juez en lo Penal Juan Carlos Fernández Lecchini procesó con prisión a Juan Ricardo Zabala, que en los interrogatorios había reconocido que había sido él quien, en 1977, había detenido y trasladado a Julio Castro hasta el lugar de reclusión donde luego terminaría muriendo.

Paralelamente, Fernández Lecchini decidió no procesar al exteniente coronel José Nino Gavazzo –para quien la fiscal Mirtha Guianze también había pedido encausamiento en este expediente– por considerar que "no existe prueba suficiente para iniciar proceso sumarial".

Esta mañana les proponemos profundizar en esta resolución y en otros temas vinculados con la investigación de los casos de desaparecidos, las posibilidades de avanzar en esa indagatoria, los medios, algunas asignaturas pendientes en esa materia.

Para eso vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Ariel Castro, nieto del maestro Julio Castro, que se encuentra en Paysandú.

En primer lugar, la pregunta obvia, la automática a partir de una noticia como la de ayer: ¿cómo recibieron ustedes los familiares, cómo recibió usted en particular la noticia de este procesamiento?

ARIEL CASTRO:
Como que la recibimos en cuotas, porque nosotros habíamos sido citados en primera instancia el martes pasado, no ayer, sino hace una semana, nos había llegado la citación por una vía quizás no demasiado formal, porque el juez iba a dictar sentencia. Fuimos y a raíz de un recurso que interpuso la defensa, el juez decidió postergarlo una semana, aunque más o menos algunos aspectos de la resolución o de por dónde venía la mano habían trascendido.

EC - ¿Cómo evalúan este paso?

AC - Con calma, diría. Es un paso más, es una parte de una etapa que se cumple. La sentencia tiene elementos importantes, y es un mojón, hace tiempo que estamos en este tema, primero con el juicio civil y después con el juicio penal, entonces cuando se llega a cumplir una etapa y hay un pedido de condena o de procesamiento –disculpe si el término no es adecuado, yo soy agrónomo, no abogado– y el juez dicta sentencia, se va avanzando. Como el mismo juez dijo ayer, incluso hay algunas partes que van a ser apeladas –ya nos dijo la fiscalía–; veremos qué resuelve el tribunal de apelaciones, concretamente sobre la vinculación o no de Gavazzo.

EC - El procesamiento se resuelve sobre alguien que tuvo una responsabilidad lateral en todo el operativo de secuestro y muerte de Julio Castro, y quedan sin identificar ni responsabilizar aquellos que llevaron adelante los hechos más graves que ocurrieron en esta historia, la tortura, el ajusticiamiento, el entierro clandestino del cadáver en el Batallón 14.

AC - Sí, sobre ese último punto es importante que el propio juez abra otro espacio de investigación con ese tema. Para nosotros eso es muy importante, porque más allá del caso específico de abuelo, por lo que hemos hablado con la gente de Facultad de Humanidades, con los arqueólogos que han estado trabajando en el tema, por las características del lugar, por las características del entierro, por el material, estamos hablando de algo que requirió logística, infraestructura, gente, y todos los indicios dan para pensar que no fue el único enterramiento. Entonces estamos hablando de un operativo importante, y esa es una de las cosas que hay que esclarecer. Más allá de que es importante lo que usted mencionaba, que la resolución abarca a una parte, yo no estaría seguro de decir que es alguien lateral, fue quien comandó el operativo de detención. Sobre el involucramiento o no de Zabala en otras etapas de todo el proceso de detención, tortura y ejecución de abuelo no me animo a decir ni que sí ni que no, porque ese manto de silencio, esa falta de información puede acusarlo a Zabala o puede salvarlo, independientemente de que tenga que ver.

EC - El juez rechazó el pedido de la fiscal de que también se procesara a Gavazzo, entiende que no hay elementos suficientes como para incriminarlo. Incluso a propósito de quién dio la orden de detener a Julio Castro hay dudas de si fue Gavazzo o si fue el coronel retirado Rodríguez Buratti, que se suicidó en el año 2006.

AC - Sí, si uno se fija en el legajo personal, Gavazzo era quien estaba a cargo de la unidad. En las declaraciones Zabala dice que fue Rodríguez Buratti, e incluso fue la única persona que vinculó, Rodríguez Buratti personalmente le dio la orden y Rodríguez Buratti recibió a Zabala con Barboza y el otro soldado que no está identificado y recibió en mano propia a mi abuelo detenido. Para mí personalmente es poco creíble, el jefe de una unidad recibiendo a un detenido no me suena, y en la puerta de la casona de Millán, ni siquiera entró. Sinceramente no me convenció mucho eso. Y no deja de ser llamativo que a la única persona que sistemáticamente se nombra es una persona que está muerta.

EC - Como veníamos hablando más temprano, ya se anuncian apelaciones tanto de la defensa como de la fiscal, por razones distintas. Ustedes como familiares ¿qué participación están teniendo en este proceso?

AC - Tenemos la misma participación que hemos tenido durante todo el proceso. Incluso cuando se identificó el cuerpo de abuelo y muchos colegas suyos nos preguntaron siempre dijimos lo mismo: estamos colaborando en la medida de lo posible con la fiscalía y con el juzgado, tratando de recabar información, con los recursos que uno tiene tratar de investigar y aportar más información. En eso seguimos, en este punto a quien corresponde apelar es a la fiscal Guianze, y nosotros con nuestra abogada la apoyaremos en lo que ella necesite. En todo este proceso siempre tratamos de apoyarla y coordinar con ella aquello en lo que podamos colaborar. La parte de presentación de los alegatos o lo que fuera es la especialidad de Mirtha y creo que son muy buenos sus argumentos, eso es responsabilidad y mérito de ella.

EC - Por lo que usted señala, ustedes como familiares tienen un rol activo en la búsqueda de antecedentes, de información, en lo que podríamos llamar investigación.

AC - Sí.

EC - ¿No es teóricamente la fiscalía quien debe llevar adelante ese tipo de tareas?

AC - Sí. Los uruguayos a veces tenemos presente –lo digo incluso en forma personal, yo de muchas cosas de estas me desayuné cuando me involucré en este proceso, cuando empezó el juicio penal– la idea de la justicia norteamericana, porque vemos mucha tele. Los fiscales tienen muy pocos recursos, están a cargo de un número enorme de casos y no tienen un equipo de investigación, como uno ve en las series televisivas o en las películas, que trabaje a sus órdenes. E incluso no tienen la posibilidad de investigar o interrogar fuera del recinto judicial. Eso la fiscal lo ha planteado varias veces. Claro, los juicios penales normalmente son crímenes realizados en forma reciente, y quien en parte hace eso es la policía. Pero en estos casos en que estamos investigando algo de hace 30 años, ¿quién hace esto?

Muchas veces hemos buscado información, contactos que uno tiene, hemos discutido con Mirtha, muchas veces ha sido ella la que nos ha indicado: "Habría que tratar de conseguir información de esto, ¿ustedes pueden hacerlo?". Y nosotros hemos ido haciendo lo que podemos utilizando las herramientas legales que se tienen. Por ejemplo, obtuvimos los legajos personales de la mayoría de los oficiales involucrados, por lo menos el listado de oficiales que pensábamos que podían estar involucrados, invocando la ley de acceso a la información. No fue una cosa que el Ministerio de Defensa nos dio graciosamente, en principio se negaron y tuvimos que solicitar esa información por la vía judicial. Obviamente, después que hubo un fallo judicial al respecto, el ministerio nos dio la información que pedíamos. Sin embargo siguen faltando cosas y a veces uno no sabe cómo se llama tal expediente, no conoce la interna de un ministerio, de un ejército o de una unidad y no sabe cómo se llama tal libreta o tal otra cosa. Y si uno no pide por el nombre exacto lo que busca, no se lo dan. Entonces ha sido un trabajo muy amateur y tirando piolines. Y ojo, no somos nosotros solos, esto es una cosa que les pasa a todos los familiares, a la gente que está tratando de colaborar, en el caso nuestro la gente del movimiento de educadores, todos hemos estado en este caso y en otros tratando de armar este rompecabezas. Lo mismo para encontrar a Tavares, que es uno de los testigos claves.

EC - El periodista brasileño Flávio Tavares.

AC - Mucha gente acá pensaba que estaba fallecido.

EC - Estamos hablando de un periodista brasileño que estaba en Uruguay cuando se produjo el secuestro de Julio Castro. Venía como representante de un diario mexicano, el Excelsior, con la idea de hacer gestiones por un periodista uruguayo que estaba detenido, Graziano Pascale. Flávio Tavares terminó siendo un testigo importante, porque coincidió en el mismo lugar de reclusión de Julio Castro, en la casona de la calle Millán.

AC - Como él me dijo: "Yo no puedo decirle que soy la última persona amiga que vio a su abuelo, porque no lo vi. Yo fui la última persona amiga que estuvo cerca, porque lo sentí, porque lo escuché, pero no lo vi porque estaba encapuchado". Ese es un caso, a Tavares lo contactamos nosotros, por una serie de cadenas casi de casualidades pudimos localizarlo, apareció un mail que podía ser de él, y yo le escribí cuando empezó el juicio penal, le dije: "Yo soy Ariel Castro, el nieto de Julio Castro, no sé si usted se acuerda, y quisiéramos ver...". Y él se ofreció, dijo que sí, que era un tema muy importante y que estaba a las órdenes.

Pero además, por esa vía nos enteramos de que Tavares no podía entrar al Uruguay, me lo dijo él, porque estaba expulsado por espionaje, por persona indeseable y no sé cuánto. Entonces él con razón me dijo: "Yo entré a Uruguay caminando por el Chuy, pero para una cosa así quiero entrar con mi buen nombre reivindicado". Entonces había que encontrar la resolución, nadie la tenía. Al final, el grupo de Álvaro Ricco, de Facultad de Humanidades, encontró una fotocopia de la resolución; esa fotocopia se autenticó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y después el Ministerio del Interior tramitó una revocación pública. Y recién cuando pudimos cumplir todo esto pudo venir Tavares.

Y esto lo hicimos nosotros, contactos y cosas. Por eso yo muchas veces he dicho: si uno –y supongo que en otros casos hay mil anécdotas de este tipo–, en forma  absolutamente amateur y en los ratos libres que puede robar de su trabajo y de sus actividades diarias, puede conseguir testigos claves, información, ese tipo de cosas, con un esfuerzo profesional se puede avanzar mucho más.

Yo sabía, por la conversación que tuvimos en diciembre, que eso era lo que más le interesaba a usted.

EC - Claro, porque el punto es: las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura, que han llevado tanto tiempo y a las que les falta tanto, ¿podrían ser más rápidas, podrían ser más efectivas? A la luz de esto que usted acaba de describir, vale la pena seguir con este análisis.

***

EC - Uno de los mensajes que llegan de la audiencia a propósito del papel que han jugado los familiares de Julio Castro en la investigación, en el apoyo a la fiscalía en la investigación de este caso, dice: "El papel de las víctimas y las familias de las víctimas no está regulado en la ley procesal. De todos modos, está claro que lo que puedan hacer no está prohibido".

AC - No quiero entrar en una polémica porque no soy jurista ni mucho menos, pero al mensaje de alguien de la audiencia que usted leyó, nosotros fuimos admitidos por el juez, de hecho hubo un pedido de la defensa y el juez resolvió que el representante de los familiares, el abogado, no solo podía estar en las audiencias, sino que a través de nuestro abogado podíamos aportar prueba y preguntar. No sé cómo está regulado eso, pero nosotros no participamos en todo este proceso en forma informal.

***

EC - ¿Las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura podrían ser más rápidas, más efectivas? ¿Qué debería hacer el Estado para fortalecer ahora el trabajo de los jueces y fiscales a cargo de estos casos?

Esta parte de la conversación remite a una frase suya que fue muy fuerte y que desató sus polémicas en diciembre pasado, cuando Presidencia de la República informó que los restos hallados en el Batallón 14 pertenecían a su abuelo y que además la muerte había ocurrido como consecuencia de una ejecución con un disparo en la cabeza. Hubo una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, allí estuvieron los familiares de Julio Castro, usted entre ellos, y usted sostuvo que con esa información que ahora se conocía quedaba claro que todo el informe de la Comisión para la Paz fue una gran mentira.

Luego hizo algunas puntualizaciones al respecto, "nunca dije que la mentira la haya inventado la comisión, pero la comisión trasmitió y avaló mentira". Tuvimos aquí en En Perspectiva la reacción del doctor Carlos Ramela, que integraba la comisión en nombre del presidente Batlle, que estaba molesto con su planteo, señalaba: "Una cosa es que la Comisión para la Paz sea engañada, que a la Comisión para la Paz se le haya mentido, y otra cosa es que la Comisión para la Paz haya sido una mentira".

¿Podemos precisar ahora con más calma qué fue lo que usted quiso decir en aquel momento, cuál era su análisis?

AC - Lo primero es lo que yo dije, cuando hablaba de mentira me estaba refiriendo a la sustancia del informe, no estoy diciendo que haya habido una intencionalidad de la comisión de mentir. También corregí, dije que me había equivocado cuando dije que todo era mentira, la parte de que había estado enterrado en el Batallón 14 era correcta, pero todo lo demás era un cuento. Estos son temas muy importantes, estos temas hay que analizarlos objetivamente y ver los hechos. Cuando yo hice esa afirmación me estaba refiriendo a los hechos. Los hechos objetivos son que el presidente Batlle cuando habla del estado del alma y abre la rediscusión de este tema, que en realidad era respuesta a un cierto sentir popular que había empezado con las marchas del silencio y demás, o sea, lo de Batlle es la respuesta de un político sensible ante un problema, abrió toda una instancia de rediscusión del tema, que es lo que ha permitido los avances que hoy estamos experimentando. Y la Comisión para la Paz en ese sentido fue una herramienta dentro de eso. Pero lo que tenemos que analizar es que la Comisión para la Paz fue una mala herramienta, por la forma en que se planteó el trabajo y la forma en que se planteó la investigación. Para empezar, no era una investigación de ningún tipo.

EC - El doctor Ramela aclaraba en la entrevista que hicimos con él en diciembre: "Todos saben que la Comisión para la Paz no tenía facultades coactivas, que no podía obligar a la gente a declarar, y que tampoco tenía demasiados medios como para desarrollar investigaciones sobre la base de los modernos criterios que hoy se pueden utilizar en una indagatoria policial o judicial de algún tipo".

AC - Usted escuchó lo que yo le conté sobre cómo conseguimos distintas pruebas. Que el secretario del presidente y el representante personal del segundo político en ese momento más importante del país, que era Gonzalo Fernández como representante de Tabaré Vázquez, tuvieran menos capacidad de obtener información que un Juan de los Palotes como yo o mi familia, me llama poderosamente la atención. Nosotros teníamos tan poca capacidad como en todo caso la Comisión para la Paz, pero nosotros buscamos evidencia.

Yo estoy analizando el procedimiento, soy científico y creo que cuando uno tiene malos resultados tiene que buscar en qué falló y tratar de corregirlo. Yo señalo que el procedimiento que hizo la Comisión para la Paz fue equivocado. Para empezar, no verificó la información. Lo que hizo, al menos en el caso que más conozco, que es el de abuelo –el doctor Ramela en la entrevista que usted mencionó lo explica muy claramente–, fue tomar una investigación hecha por los únicos que habían investigado hasta ese momento, y de hecho hasta después de la Comisión para la Paz, que fueron los periodistas González Bermejo y Gabriela Baccino, que fueron los autores de La Lupa del primer número de Brecha en el año 85. Lo que dice Ramela es clarito, ellos tomaron esa versión en la que el testimonio clave es el de Tavares, y en función de eso se supone –después que apareció el cuerpo de abuelo lo hablé por teléfono con Tavares y discutimos ese tema–, en función de lo que Tavares supone, que abuelo murió por la tortura.

Lo que supone Tavares, por lo que él escuchaba o lo que vio o cómo volvía abuelo y eso, es que se les pasó la mano en la tortura y se les murió, se les desvaneció y se les murió. Esa es la versión que quedaba hasta el año 85 y que retomó la Comisión para la Paz en los años 2001 y 2002. Queda en esa versión. Y lo que hace la Comisión para la Paz es salir a preguntarles a esas fuentes anónimas: ¿esto es verdad? Pero las fuentes anónimas, obviamente, de una u otra manera estaban vinculadas y estaban vinculadas con los hechos. Y dentro del horror del tema, la versión que surgía de esa Lupa era la menos terrible, porque lo que impactó a la opinión pública en diciembre fue el tema de la evidencia científica pura y dura de que acá hubo una ejecución. Le preguntan a gente vinculada con eso, y la gente dice "sí, sí, se nos fue la mano" y lo dan por cierto. Entonces, cuando la Comisión para la Paz da ese informe, cuando se lo da en forma personal el propio doctor Ramela a mi padre, y cuando después se hacen los informes públicos esa versión no sale con todos los peros que después se ponen ahora, "nosotros nunca aseguramos". No, se le está dando un peso muy fuerte. Y eso en el mediano plazo actúa como un congelador de la investigación, hasta que no apareció el cuerpo y los antropólogos y los forenses y los peritos balísticos dijeron que aquí hubo una ejecución, esa fue la versión que estaba presente. Y es una versión falsa.

Nunca ni siquiera se cruzó información, ni siquiera se contactó a Tavares, ni siquiera se habló con Tavares, la Comisión para la Paz nunca habló con Tavares. Se basó en lo que unos periodistas hace 15 años consideraron que era lo más importante del testimonio de Tavares y punto. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces lo que estoy cuestionando a la Comisión para la Paz es que en los hechos objetivos validó una serie de mentiras que le dijeron una serie de mentirosos. Y puso su nombre y su prestigio atrás.

EC - La comisión ponía aclaraciones a propósito de esa información.

AC - Usted leyó los informes, las aclaraciones dicen muy poca cosa, y además las aclaraciones en algunos casos eran la parte formal. Este es un tema que para mi familia ha sido bastante doloroso, para mi padre que ahora es fallecido, porque él tuvo esa entrevista personal, yo estaba en Estados Unidos en ese momento, y lo llamé a las cuatro de la mañana hora de Uruguay porque no estaba en mi casa, y me informó lo que había hablado con Ramela y Gonzalo Fernández en forma personal. Y ahí había toda una serie de elementos que ahora vemos que muchos de ellos no eran correctos, que nunca aparecieron en el informe. Entonces el informe se fue degradando, la primera cosa que nos dijeron fue una, hasta que al final terminó en una hojita que no dice nada y que fue lo que nos motivó, sobre todo a mi tía, con una mentalidad más legal, porque es abogada, que dijo: "Esto no me dice nada, acá el Estado uruguayo no se hace cargo, este documento es un pedazo de papel que no sirve para nada".

Y le voy a dar un elemento. Fíjese qué poco sirvió ese papel de la Comisión para la Paz que cuando nosotros iniciamos el juicio civil el Ministerio de Defensa, en representación del Poder Ejecutivo, el argumento que usa para decir que la demanda que nosotros planteábamos no tenía ningún sentido ni ninguna razón de ser era el informe del vuelo de Pluna, según el cual supuestamente mi abuelo se había ido en setiembre del 77 a la Argentina. El propio Ministerio de Defensa, el propio Poder Ejecutivo, que avala el informe de la Comisión para la Paz, ni siquiera lo usa en la parte judicial, que es lo que importa, porque lo de la Comisión para la Paz en términos legales no es más que un cuento. En términos legales después ni siquiera el propio Poder Ejecutivo usa esa información. ¿Qué más prueba que eso? Y la falsedad de todo el tema del viaje a la Argentina usted personalmente puede explicarla mucho mejor que yo, porque su familia está involucrada, sus padres fueron testigos fundamentales en ese tema.

EC - Usted cuestiona en particular la forma de trabajo de la Comisión para la Paz, no la intención, no la buena fe con que se desarrolló la tarea.

AC - Exacto, yo nunca cuestioné la buena fe. El problema es que en todo este tema hay varias cosas. Primera cosa, estamos hablando de un crimen cometido hace más de 30 años, entonces ¿por qué demora tanto esto? Porque a veces se plantea por qué estamos tratando estos temas, me llama la atención que nadie de la audiencia diga eso, por qué estamos hablando de esto y no estamos hablando del crimen del productor rural, por ejemplo, que ocurrió hace dos días, que son temas de hoy. Pero si no se investiga el crimen del productor rural hoy, dentro de 30 años los familiares o los amigos del productor rural van a seguir con ese tema. La razón por la que estamos hablando de este tema es que nunca se investigó, esa es la primera razón. Como nunca se investigó, a la larga se intenta tapar el sol con un dedo y los crímenes siguen. Si además son crímenes cometidos por representantes del Estado tienen un peso mucho más importante. Eso fue lo primero.

Pero después, sistemáticamente se intentó no investigar. La investigación que ordenó el presidente Sanguinetti en cumplimiento del artículo no me acuerdo cuánto de la Ley de Caducidad –que fue el fiscal militar Sambucetti– básicamente junta en un papel la evidencia supuesta del viaje a la Argentina. Punto. El primer gobierno democrático la respuesta que da al crimen de mi abuelo es que se fue a la Argentina y andaba paseando por algún lado de la Argentina. Ese es el primer gobierno democrático.

Después hay dos gobiernos que no hacen nada a partir de la Ley de Caducidad, y el cuarto gobierno democrático dice: básicamente lo que dice Brecha es cierto, pero en realidad no investigamos nada. Cuando uno empieza a investigar empiezan a aparecer las cosas. Y ahí se hacen las cosas más rápido y podemos hacer lo que en el fondo todos los uruguayos queremos hacer, terminar esto y dar vuelta la página. Pero dar vuelta la página después que la leímos y sacamos las conclusiones, no darla vuelta sin leerla, porque tarde o temprano, como está pasando, vuelve. Entonces investiguemos, juntemos gente que sepa este trabajo, como está haciendo el grupo de Álvaro Ricco, pero dándole recursos y dándole peso político.

EC - A eso iba, porque su discrepancia con la forma como se ha estado dispuesto a investigar sobre el destino de los desaparecidos tiene varios escalones, y termina abarcando distintos gobiernos, incluso los dos gobiernos del Frente Amplio, en los que se han producido avances notorios en esta materia, pero en los cuales, como usted remarcaba recién, la fiscalía, por ejemplo, no dispone de los recursos humanos y materiales que harían mucho más eficiente su tarea. ¿En qué está pensando, concretamente?

AC - Primera cosa, todos los de la familia lo hablamos con bastante franqueza porque fue exactamente lo mismo que le dijimos al secretario de la Presidencia, al doctor Breccia, en la reunión que tuvimos antes de la conferencia de prensa que usted mencionó. Todas estas cosas se las dijimos ahí, entonces no estoy diciendo nada nuevo, nada que el gobierno no sepa.

El tema es juntar un equipo profesional, darle el peso político, las firmas que tienen que ir y conseguir la información. Es eso. Como dice siempre mi tía, que además de abogada es profesora de historia, en este país heredero de Felipe II y toda la administración colonial española en todos lados hay papeles. El tema es que hay que ir a buscarlos, y buscarlos con voluntad de ir a buscarlos.

EC - Usted dice que en los papeles del Estado hay información que permitiría avanzar en varios de estos casos.

AC - Sin duda. Se lo hemos dicho, hay que cruzar los archivos, hay que conseguir la información y sobre todo hay que hacer una búsqueda sistemática. Nosotros buscando información –y estamos tratando de sistematizarla ahora– para el caso de abuelo encontramos información de otros casos, porque está todo muy interrelacionado. Entonces, si usted se pone a buscar en los archivos, por ejemplo, que tienen que ver con el Servicio de Información de Defensa, usted está buscando la información que pueda tener vinculación con el caso de mi abuelo, pero le aparece por ejemplo "Felicitaciones por el operativo que desarticuló... de estudiantes de Veterinaria, tal fecha". Entonces ahí tiene información, esta persona estuvo vinculada. ¿Hay algún caso de violación de los derechos humanos que tenga que ver con estudiantes de Veterinaria detenidos en octubre del 76? Está este caso. ¿Entiende? Hay que cruzar la información, si usted lo ve. Pero hay que trabajar. El punto es este, yo se lo dije clarito a Breccia, cada vez que nos acercamos al Estado, al Poder Ejecutivo a juntar información, la reacción automática, instintiva de las autoridades correspondientes es: "a ver qué vuelta encuentro para no dar la información", y no al revés.

EC - Ese es un problema general en el Estado uruguayo en todos los casos, por ejemplo el de un cliente de una empresa pública que reclama información, hasta ese extremo.

AC - Es probable. También ocurre lo otro, hay ciertas cosas que se dicen, se repiten, se repiten, se repiten y parece que son ciertas. Está esa concepción de que una institución privada en el mismo tema va a ser más rápida, más eficiente, más correcta, más veloz, mejor armada que la estatal. Si yo le digo por ejemplo el Hospital de Clínicas, la sospecha que va a tener es que es algo medio kafkiano. Porque una de las cosas que también hay que probar es la condición previa de abuelo, entonces teníamos que conseguir información sobre los derrames cerebrales que tuvo. El primero fue en los años 50, lo trataron en el Hospital de Clínicas, no sabíamos en qué año, y había una idea vaga de en qué piso lo habían tratado. Yo fui al Hospital de Clínicas con esa información, me atendieron muy bien, me pidieron que hiciera un expediente, una solicitud, junté todos los poquitos datos que tenía, fui a Archivos y me dijeron: "Mirá, creo que podemos conseguirlo porque de equis año para atrás está todo microfilmado. El tema es que precisamos pistas para buscar la información". Cuando me dijeron eso, dije "esto no lo voy a encontrar nunca más". Mi hermano, a su vez, hizo una carta muy parecida al Casmu, donde trataron a mi abuelo en el año 74. Casmu 74, Hospital de Clínicas 50 y algo. La información del Casmu todavía no la recibimos, la información del Hospital de Clínicas llegó a los 15 días con todas las fotocopias de la ficha médica de cuando habían tratado a mi abuelo. Con esa poca información. A veces uno se encuentra con gratas sorpresas.

EC - Usted está poniendo como ejemplo lo que podría hacerse si se contara con un equipo suficientemente preparado de investigadores profesionales, un grupo multidisciplinario, en definitiva.

AC - Sí. Supuestamente es lo que están tratando hacer con la Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz, nos dijo el doctor Breccia. Hasta ahora, según la evidencia de trabajo que hemos tenido con ellos, no puedo decirle ni que sí ni que no.

EC - Esa era mi última pregunta: un equipo de estas características, que fortalezca y apoye y haga avanzar las investigaciones, tendría que estar localizado ¿dónde? ¿En la Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz o en las fiscalías correspondientes? ¿A quién le corresponde, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial?

AC - Como le dije, no soy jurista. Usted precisa un equipo ejecutivo, estoy convencido, lo he dicho en varios lados, un equipo con recursos –no se precisan tantos recursos–, gente joven con formación para buscar, archivólogos, bibliotecólogos y demás que busquen la información de los archivos, que la sistematicen rápido, con contacto con alguna gente que maneje estos temas. Hay mucha gente que desde hace mucho tiempo está trabajando en el tema derechos humanos, Familiares tiene gente que tiene un panorama general de todos los casos, entonces si aparece una evidencia rápidamente la puede vincular a un caso, y los fiscales.

No sé quién tiene que coordinar, en la parte legal no sé qué es lo mejor. Creo que los fiscales, que son dependientes del Poder Ejecutivo, aclaremos, tienen que jugar un rol fundamental, porque son los que estructuran la información, son los que vienen siguiendo los casos y son los que pueden terminar de armar eso en forma de casos judiciales. Y además todo eso tiene que tener un papelito grande firmado por quien tiene que firmarlo que diga "dele los datos", punto. Tiene que haber un mensaje muy claro de la autoridad máxima, en este caso supongo el presidente Mujica, que diga "dele los datos", punto. Después que no interprete y que no hable en la radio media hora dándole vueltas para al final terminar dando excusas para no dar. No, dele los datos y punto.

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Transcripción: María Lila Ltaif

Foto: restos de Julio Castro, hallados en el Batallón 14 en 2011 – Presidencia de la República

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