(emitido a las 8.43 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Ayer se concretó el acto público por el cual el Gobierno uruguayo cumplió lo exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reconoció la responsabilidad del Estado en el llamado "caso Gelman", ocurrido en 1976 durante la dictadura militar.

En una ceremonia solemne que se desarrolló en el recinto de la Asamblea General, el presidente de la República, José Mujica, tuvo a su cargo la lectura de la declaración.

(Audio José Mujica.)

"En nombre de la República Oriental de Uruguay como entidad colectiva y en el marco de los principios de continuidad y sucesión del Estado, independientemente del ámbito temporal y material en que ocurrieron los hechos, el Estado uruguayo reconoce su responsabilidad institucional por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, por lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad. Asimismo, el Estado es responsable por la supresión y sustitución de la identidad de María Macarena Gelman García Iruretagoyena, ocurrida desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad, y expresada como una forma de desaparición forzada, por lo cual en ese período violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la familia, al nombre, a los derechos de los niños y niñas y a la nacionalidad, y por haber puesto en riesgo su supervivencia y desarrollo, afectando su proyecto de vida. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia en perjuicio del señor Juan Gelman, padre de Marcelo Gelman y abuelo de Macarena, como consecuencia de los sufrimientos ocasionados por estos hechos y su búsqueda de justicia. El Estado reconoce su responsabilidad por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial por la falta de investigación efectiva en los hechos del presente caso y el juzgamiento y sanción de los responsables, en perjuicio de Juan y Macarena Gelman como consecuencia de la interpretación y aplicación que el Estado dio a la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado respecto de graves violaciones de los derechos humanos".

(Fin audio.)

No fue un episodio más en la vida política uruguaya por el contenido mismo de ese documento, por las características que tuvo el acto y también por la polémica que se generó en torno a él. ¿Cómo se elaboró este texto? ¿Qué fue lo que se tuvo en cuenta? ¿Qué representa esta ceremonia en todo el proceso de investigación y juzgamiento de la violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el Javier Miranda, director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, abogado, hijo del escribano Fernando Miranda, desaparecido durante la dictadura, cuyos restos fueron hallados en el Batallón 13 a fines del año 2005.

Recordemos qué es la Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio de Educación y Cultura.

JAVIER MIRANDA:
Es la autoridad de derechos humanos del Poder Ejecutivo, creada por la ley de Presupuesto del 2005, y funciona bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.

EC- ¿De qué se ocupa?

JM- Se ocupa de todos los derechos humanos. Intenta promover políticas públicas con enfoque en derechos humanos, conocimiento y educación en derechos humanos y desarrollo de la institucionalidad en esta materia.

EC- Esta no es la primera vez que el Estado uruguayo reconoce violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura. Por ejemplo, ya se ha indemnizado a familiares de varias de las víctimas, se reparó la situación de 10.000 funcionarios públicos destituidos en la época del proceso, pero todos esos hechos ocurrieron de manera relativamente discreta y pacífica. En cambio, este reconocimiento de ayer provocó una controversia muy fuerte, al punto de que varios parlamentarios nacionalistas y colorados no asistieron y no estuvieron tampoco tres de los expresidentes, Sanguinetti, Lacalle, Batlle. ¿Qué tenía de particular este reconocimiento, era uno más de los que ya han ocurrido, o efectivamente tenía una importancia singular?

JM- Yo no creo que la controversia haya sido tan fuerte. Es de los últimos tres o cuatro días cuando se sabe que hay que realizar un acto público concreto en cumplimiento de la sentencia de hace un año. Creo sí hubo algunas escaramuzas a último momento que en todo caso eran previsibles, pero lo importante era el acto del cumplimiento de la sentencia. La particularidad que tiene la manifestación de ayer es que se hace en cumplimiento de una sentencia de un organismo jurisdiccional que vincula al Estado uruguayo y que es un caso muy conocido, que dio mucho que hablar en su momento.

EC- ¿La particularidad es que hubo que organizar esta ceremonia formal y pública porque así obligaba la sentencia?

JM- Eso sin duda. La sentencia ordena al Estado uruguayo que en un plazo de un año debía realizar un acto público y esa es una particularidad. Es un acto que se hace para cumplir una sentencia.

EC- ¿Qué lugar ocupa este acto en todo el proceso de investigación y juzgamiento de la violación de los derechos humanos durante la dictadura? Se lo pregunto porque se han dado interpretaciones distintas. El canciller Luis Almagro sostuvo que el acto es un "hito" en la historia del país, mientras que los familiares dijeron que "no marca el principio o fin de nada pero hace más fácil el camino".

JM- Yo creo que son las dos cosas, no son contradictorias. Sin duda es un hecho relevante, uno ve la prensa internacional, yo ayer estaba viendo páginas web a nivel internacional e inmediatamente estaban dando la noticia. Porque para los sistemas regionales universales de protección de los derechos humanos, este tipo de manifestaciones del Estado de asunción de responsabilidad son absolutamente relevantes. Creo que sin duda, como dijo el canciller Almagro, es un hito.

Evidentemente no es un punto final, sino que es un paso más en la afirmación de las causas de verdad y justicia, sobre todo de reparación. El acto, por eso así lo dicta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cumple una función reparatoria, de reparación simbólica, que es absolutamente trascendente. Y ayer Macarena Gelman lo decía, tiene una función reparatoria, reconfortante de las víctimas, y creo que las dos cosas son ciertas.

EC- Una parte del debate previo vino por el lado de si el documento tenía que ceñirse al reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el caso Gelman, o si iba a abarcar el reconocimiento de otras responsabilidades. Y el texto, que da la impresión que fue muy cuidado, de todos modos tiene algún pasaje un tanto ambiguo. Por ejemplo, una frese textual dice: "Sobre estas bases jurídicas y éticas el Estado reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los derechos humanos". Después sigue: "Tal como acredita el presente caso, al amparo de la llamada ‘doctrina de la seguridad nacional’ se llevó adelante una política sistemática en represión a las organizaciones sociales, sindicales y políticas, así como la persecución de sus integrantes y el control de la entera sociedad civil, expresión todo ello de lo que se denomina terrorismo de Estado". ¿Cómo hay que interpretar este párrafo?

JM- Toda la intervención de ayer está fuertemente ceñida al texto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En particular, las referencias al terrorismo de Estado, a la práctica sistemática de las violaciones de derechos humanos están recogidas en el párrafo 44 y 98 de la sentencia. Por otra parte, no es novedad para Uruguay. En la ley 18.596 de setiembre del 2009, se habla tanto del terrorismo de Estado como de prácticas sistemáticas de torturas, desaparición forzada, prisión sin intervención judicial, homicidios, aniquilación de personas en integridad psicofísica, exilio político, destierro de la vida social. Es un texto que está reconocido por el derecho positivo nacional pero que además, en el caso concreto, se ajusta de cerca a lo que es el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como debía ser.

EC- Me llamó la atención esa frase que yo destaqué al principio de la lectura. Dice: "El Estado uruguayo reconoce que en el pasado se cometieron en el país acciones violatorias de los derechos humanos". No establece rango temporal ni dice quién cometió esas acciones violatorias de los derechos humanos.

JM- A mí no me llama la atención. Por lo que yo interpreto, claramente se está refiriendo a la dictadura cívico-militar y en el marco de la ley 18.596 que establece el reconocimiento del quebrantamiento del estado de derecho entre el 68 y el 73 y el terrorismo de Estado entre el 73 y el 85. La referencia es clara en ese sentido. Por otra parte, valdría la pena dar una discusión profunda sobre el tema de quiénes violan los derechos humanos, quiénes son para el derecho internacional violadores de derechos humanos, y en principio la violación de los derechos humanos es un problema del Estado. Solo los estados violan los derechos humanos.

EC- Solo los estados violan los derechos humanos.

JM- Los particulares cometemos delitos, porque si no cualquier delito que cometemos los particulares, sea un hurto, sea lesiones, sería calificado una violación de derechos humanos. Una riña en un estadio de fútbol podría transformarse rápidamente en una violación de derechos humanos, de atentado a la integridad física de las personas. Es un tema terminológico de ponernos de acuerdo, pero los particulares cometemos delitos y el Estado, que es el obligado a garantizar el respeto de los derechos humanos, comete una violación a los derechos humanos si no reprime esos delitos y si no asegura la no violación de esos derechos por particulares.

EC- Pudo haberse interpretado que esa frase que leía recién abarcaba incluso violaciones a los derechos humanos cometidas antes de la dictadura y por la guerrilla.

JM- Yo sé que es esa la discusión. Los grupos armados insurgentes pueden cometer violaciones al derecho internacional humanitario, pero no a los derechos humanos en el derecho internacional. Salvo que esos movimientos armados controlen territorio y sean poder efectivamente en territorio, que fue el caso del Salvador, y la comisión de verdad del Salvador entendió que había violado los derechos humanos porque controlaba el territorio y era poder efectivo. Esta es una discusión teórica que vale la pena darla, yo no rehuyo, pero creo que lo que hay atrás es reeditar la teoría de los demonios. "Aquí hubo una guerra, aquí la dictadura fue consecuencia de la guerrilla", y esa discusión es sumamente inconveniente en este marco. Aquí hay una sentencia de un órgano jurisdiccional del que el Estado es parte, que dice que "usted tiene que hacer un acto público asumiendo la responsabilidad por la desaparición forzada de María Claudia García, de Macarena Gelman y de Juan Gelman. El Estado hace eso.

EC- Dice usted, no era este el momento ni las circunstancias para que se produjeran otro tipo de reconocimientos de responsabilidad.

JM- No era este el momento para dar el debate, para reeditar una vez más el debate de la guerrilla, los dos demonios... Lo que hace eso es desmerecer la citación de condena radical a la práctica del terrorismo de Estado, de la desaparición forzada de personas, de la sustitución de identidad, y en el caso particular saca del eje la discusión central. Aquí sucedió que una chiquilina de 19 años fue trasladada embarazada de siete meses de Argentina a Uruguay, se la tuvo clandestinamente detenida en Uruguay, dio a luz a una niña, se hizo desaparecer a esta chiquilina y a la niña se la entregó a otra familia y se ocultó su identidad durante 20 años. Esos son los hechos, ese es el centro de la discusión. Lo otro es parte de una discusión política que es válida y que vale la pena dar y que es bueno que se dé, pero no es el momento.

EC- ¿Cómo se llegó a la elaboración del texto del discurso que leyó ayer el presidente Mujica? ¿Quiénes participaron efectivamente en la redacción?

JM- Se formó, por resolución presidencial, una comisión interministerial que debió abocarse al cumplimiento de la sentencia. Esa comisión la integraron el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la secretaría de la Presidencia y la secretaría de seguimiento de la Comisión para la Paz. Ese equipo elaboró algunos borradores iniciales y luego se fueron consultando con el Presidente de la república y con todos los partidos políticos, y en su momento también con la familia Gelman, en particular con Macarena y con su abogada, la doctora Liliana Tombo.

EC- En particular a los representantes de los partidos políticos se les leyó el texto la semana pasada. No se les entregó el borrador, pero sí se les leyó y hubo una breve reunión con ellos a los efectos de conversar sobre el contenido. ¿Se realizó algún cambio la declaración después de esa instancia, se contemplaron algunos de los planteos de los partidos políticos?

JM- El texto se les entregó, lo que se les pidió fue que no se lo llevaran. Si habían muchas copias del texto que iba a presentar el Presidente y alguna de ellas hubiera sido publicada en la prensa antes de que Mujica hiciera la intervención, hubiese sido altamente inconveniente. Se convocó la reunión, se les entregó el texto y allí lo leyeron y se hicieron las observaciones. Yo tengo varios borradores de los textos. Se contemplaron sin dudas algunas de las observaciones.

EC- Me llama la atención, por ejemplo, que cuando se enumeran los reconocimientos de responsabilidad del Estado uruguayo, hay un párrafo relativo a Juan Gelman. Dice: "el Estado reconoce su responsabilidad por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso y juzgamiento y sanción de los responsables, en perjuicio de Juan y Macarena Gelman, como consecuencia de la interpretación y aplicación que el Estado dio a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, respecto de graves violaciones a los derechos humanos". Se sostiene que la interpretación y aplicación que el Estado dio a la Ley de Caducidad afectó las garantías judiciales y la investigación efectiva de los hechos presente caso. Pero no se dice en qué períodos de gobierno la interpretación y aplicación de la Ley de Caducidad tuvo ese efecto. ¿Eso fue algo deliberado? ¿Se evitaron las referencias temporales?

JM- No, lo que usted leyó es la trascripción textual de los resolutivos cinco y seis, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El párrafo 312, que son los puntos resolutivos, tiene un párrafo cinco y seis donde textualmente la Corte dice: "El estado es responsable por las violación de los derechos y las garantías judiciales de la protección judicial, previsto en los artículos 8.1, 25 y 1.1 en relación con los aspectos tales y cuales, por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso". Y dice el resolutivo seis: "El estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana de Derechos Humanos, contenido en los artículos tales y cuales, como consecuencia de la interpretación y aplicación que le ha dado a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado". Es textual, los resolutivos cinco y seis de la sentencia son el espíritu de la intervención de ayer. A ninguno se le escapaba que hay cuestiones políticas, de puntos de vista disímiles sobre el tratamiento del pasado reciente y sobre la interpretación de la Ley de Caducidad. Frente a ese hecho, se optó por el camino de seguir el texto de la sentencia. En ese párrafo lo que se hizo fue transcribir los resolutivos cinco y seis de la sentencia.

EC- De todos modos, para sectores del Partido Colorado, en particular, esta referencia resultó lesiva, no se compartió esta interpretación.

JM- Y está bien, y es absolutamente legítimo que no se comparta. Es habitual que estemos en desacuerdo con los fallos de los jueces. Eso es parte del mecanismo del sistema. Yo como abogado he tenido infinidad de sentencias con las que no estoy de acuerdo, pero las cumplo igual.

EC- Para ir redondeando esta conversación, ¿qué valor tiene el acto de ayer con vistas al futuro?

JM- Es un acto importante, es la primera vez que en un ámbito solemne se hace este reconocimiento, creo que es absolutamente valioso. Va generando una percepción de condena a las violaciones de los derechos humanos de un pasado reciente. Creo que vale la pena además que todo este proceso de reflexión sobre los que nos sucedió a todos los uruguayos en relación a las violaciones de los derechos humanos se convierta en una plataforma de proyección de todos esos derechos.

Y aquí quiero ser enfático, porque para denunciar las violaciones a los derechos humanos, para la reparación, para que haya verdad y justicia... esto tiene sentido sobretodo como plataforma para la promoción de todos los derechos, en particular los económicos, sociales y culturales. También tiene que ver con aprender a leer la realidad en clave de derecho.

EC- ¿Qué otros reconocimientos de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado están faltando?

JM- Yo creo que muchos. El acto de ayer simboliza a todos, pero tenemos más de 200 personas desaparecidas en territorio uruguayo, argentino y chileno, cuyo destino no hemos sabido y esto es un tema pendiente. Luego, porque creo que su pregunta apunta para otro lado...

EC- Mi pregunta apunta para varios lados. Uno de ellos es, ¿es difícil que volvamos a ver actos con estas características?

JM- Sí, porque obedecen a una sentencia. Por eso digo que este acto simboliza a todos. Se fue muy cuidadoso a apegarse a la sentencia, en no salirse del caso Gelman, pero también hay un reconocimiento de que hubo otras graves violaciones a los derechos humanos en el pasado.

Una de las cosas que estuvo en discusión es quienés son las víctimas. Sin duda las víctimas directas son María Claudia, Macarena, Juan Gelman, su entorno familiar y de amistad, pero también la sociedad toda fue víctima. El terrorismo de estado es una práctica que lo que busca es imponerse a toda la población, y en ese sentido toda la población es víctima de eso. Por eso creo que el acto de ayer, si bien está centrado en el caso Gelman, como no podía ser de otra manera, también es un reconocimiento de todo los casos.

EC- De todos modos, es un reconocimiento con matices. En el caso Gelman estrictamente el Estado dice que reconoce su responsabilidad. En las otras violaciones a los derechos humanos dice que reconoce que existieron. Hay un matiz ahí, ¿no?

JM- Sí, no sé. Tal vez no hilamos tan fino ahí, pero puede ser. Ahí hay cuestiones que tienen que ver con la redacción de la sentencia. En  el caso puntual lo que se hizo fue seguir la resolución de la Corte.

EC- Ahora, si pensamos en el proceso de reconciliación de la sociedad uruguaya, de intento por "dar vuelta la página", ¿también faltan reconocimientos de otros actores?

JM- Creo que vale la pena el debate público sobre lo que vivimos todos los uruguayos en el pasado reciente, y eso implica no solo los años ‘70, la mitad de los ‘80 y del ‘81 en adelante, sino también la revisión del ‘60. Creo que es muy bueno que la sociedad debata, intercambie puntos de vista.  No me parece mal que los guerrilleros asuman su responsabilidad, creo que muchos de ellos lo han hecho. Me parece bien que se abra el debate sobre eso. Pero el terrorismo de estado, cuando el estado se convierte en violador de los derechos humanos y arrasa a la población, no es equiparable con movimientos armados que pueden resultar condenables en la medida que buscan transformar la realidad por medio no constitucionales y fuera del régimen democrático. Estos también son cuestionables, pero no son comparables. La función esencial del Estado es proteger y promover los derechos humanos. Es absolutamente intolerable que Estado se vuelva violador de los derechos humanos.

EC- Se discutió también si en este acto de ayer debía figurar o no el pedido de perdón. Finalmente no estuvo, no era eso lo que requería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, mirando hacia adelante y mirando este proceso al que le falta tiempo, ¿hay que pensar en que en alguna instancia haya pedido o pedidos de perdón?

JM- Claro, yo creo que lo primero que hay que pensar es quién debe pedir perdón. A mí me gustaría que aquel que mató a mi padre en algún momento hablara conmigo y me pidiera perdón. Por lo menos sentarnos a conversar. Yo tendría el resorte de otorgar o no el perdón. El perdón no se exige, se pide. Se pide desde el arrepentimiento, desde la reflexión de que uno se equivocó, de que cometió un error y, cara a cara, pide perdón.

El problema que tiene el perdón y la reconciliación es que son palabras que están cargadas de una emotividad tendientes a "aquí, punto final". Y no hay punto final, no hay "dar vuelta la página". Es parte de nuestra historia, como el levantamiento del cuatro, como el levantamiento del 97, como el asesinato de Grauer. Se vive con estas cosas, asumimos nuestra historia. ¿Punto final? No, vamos a seguir reflexionando. También vamos a seguir pensando qué fue la dictadura de Terra y por qué sucedió, y está bien. Claro, tenemos más distancia de histórica. Pero es la misma reflexión social.

EC- Pero entones, ¿quién puede pedir perdón?

JM- Las primeras que tienen que pedir perdón son las personas, individualmente.

EC- Hay ejemplos de instituciones que han pedido perdón.

JM- Sí, en Argentina es notorio. El general Balsa en su momento pidió perdón, no recuerdo si en nombre de las Fuerzas Armadas argentinas o en nombre del ejército. Pero hubo un pedido de perdón institucional.

EC- El Vaticano ha pedido perdón por los hechos de la inquisición.

JM- Simbólicamente tiene una enorme carga y está bien. Pero otra vez, el problema de ese término, del "perdón", es que no se convierta en borrón y cuenta nueva. Vale la pena pensar en esas cosas, abrir el debate. Pero veamos quiénes. Como paso inicial, deberían ser las personas individuales. "Mire, con el Chiqui González González hicimos esto, murió en tales circunstancias y sus restos están en tan lugar, y señora Amalia le pido perdón por la barbaridad que cometí", y Amalia decidirá si otorga ese perdón o no. El perdón se pide. Es un acto de humildad, no un acto de soberbia. No es un acto que se impone, es un acto que se solicita.

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Foto: Presidencia de la República