Se trata de diputados oficialistas y opositores que coincidieron en presentar Proyectos de Declaración de Interés para adherir e invitar a la octava Marcha al Puente Internacional que realiza Gualeguaychú en oposición a la instalación y funcionamiento de la planta de celulosa UPM ex Botnia.

Los legisladores afirman que la ciudadanía se moviliza nuevamente para repudiar el funcionamiento de Botnia UPM en la costa del Río Uruguay, por lo que invitan a adherir a la marcha.

En tanto que desde el bloque opositor, en los fundamentos del proyecto, dan a conocer los seis principios por los que la Asamblea Ciudadana Ambiental sigue marchando y agregan que "las comunidades del Río Uruguay vienen luchando, en forma pacífica y organizada, contra los intereses extranjeros que han elegido esta zona para trasladar sus industrias contaminantes.

La movilización social ha impedido la construcción de otras pasteras ya que los proyectos en danza implican un verdadero desembarco en la región detrás del agua dulce sin costo, la existencia de grandes superficies de forestación, la abundancia de mano de obra barata y la presencia de leyes flexibles y funcionarios  que se someten al imperio de los poderosos y no defienden a sus pueblos.

Los ciudadanos, organizados, continúan en su prédica en defensa del ambiente sano, la preservación de los recursos naturales bajo el principio del desarrollo sustentable y el cuidado de un estilo de vida propio y no impuesto.


La marcha será el domingo 29 de abril.


El asambleísta Gustavo Rivollier dijo a El Espectador que a la marcha de este año adhirieron en forma importante, incluso solicitando la declaración de interés nacional.

Rivollier dijo que tienen toda la colaboración del gobierno argentino que han adherido y declarado de interés.

El asambleísta destacó que hay legisladores del gobierno y la oposición convocando y solicitando la declaración de interés nacional

En su declaración los legisladores señalaron que "la lucha denodada de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú llevó a que el conflicto por la instalación de Botnia se dirima en la Corte Internacional de Justicia de La Haya"-

Sostienen que tras el fallo de este tribunal, de abril de 2010, que declaró ilegal la presencia de dicha planta, los gobiernos de Argentina y Uruguay celebraron acuerdos que, en la práctica, han desvirtuado los alcances de la sentencia.

Los pueblos de la Cuenca del Río Uruguay no cuentan con información veraz y completa en materia ambiental vinculada a los controles que se realizan en la planta de UPM-Botnia; el monitoreo ha incluido zonas no comprendidas en el pronunciamiento judicial; la comprobación de acciones incorrectas por parte de Botnia (alta temperatura de los efluentes y su dilución con agua, entre otras) no ha dado lugar ni a sanciones ni a medidas de erradicación.

Reclaman explicaciones oficiales sobre el Plan de Vigilancia Ambiental que se debe desarrollar en la jurisdicción argentina, sobre todo respecto del impacto en el aire de los desechos tóxicos que provienen de Botnia.

Los legisladores afirman que en momentos en que diversos conflictos ambientales jalonan el territorio argentino, sin que se despliegue una verdadera agenda de las autoridades competentes para ocuparse de estos reclamos, la fuerza de los pueblos movilizados demanda el acompañamiento y el firme apoyo de los legítimos representantes de la soberanía popular".

La marcha comenzó en 2005 con lo que se denominó un "abrazo" entre los dos pueblos y disparó el mayor conflicto entre Uruguay y Argentina con bloque de puentes durante más de cuatro años.

Fuente: Maximaonline y Espectador al Día.