(emitido a las 8.35 Hs.)

EMILIANO COTELO:
¿De qué forma se vinculan los tres motines que ocurrieron en el Comcar y el Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenina en apenas una semana? ¿Cómo se conecta con lo que ocurrió en el penal de Libertad el otro viernes, cuando un preso sorprendió a dos guardias sacando un arma, disparándoles a ambos, matando luego a uno de ellos y terminando él mismo muerto? ¿De quién son las responsabilidades de lo ocurrido? ¿Tenemos que esperar que se sucedan más motines?

Todas estas preguntas han quedado arriba de la mesa en los últimos días a raíz de los distintos hechos que se han sucedido en el sistema carcelario. El ministro Eduardo Bonomi anunció el lunes varias medidas que se suman a la decisión de, ahora sí, asignar a militares la inspección en el ingreso a los centros de reclusión.

Ayer conversamos en En Perspectiva con Gabriela Fulco, psicóloga y perita en asuntos criminológicos, a propósito de algunas de estas medidas. Ella, asesora del Ministerio del Interior (MI), daba las explicaciones del caso. Pero el tema es tan grande que quedaron otros ángulos afuera, y en particular interesa conocer qué lectura y análisis hace el MI de todos estos acontecimientos.

Para eso, volvemos a convocar al ministro Eduardo Bonomi.

En la conferencia de prensa el lunes, usted anunció que de ahora en adelante cuando se produzca un incidente o motín en una cárcel, la Policía va a actuar directamente sin esperar el visto bueno de la justicia. Y para explicar esta resolución, dio la visión del ministerio sobre cómo habían ocurrido las cosas en estos últimos desórdenes, el del domingo en la nueva cárcel de mujeres y el de mediados de la semana pasada en el Comcar.

(Audio Eduardo Bonomi.)

"La Policía Nacional dio la orden de intervenir inmediatamente cuando se produjo el motín. Cuando se va a intervenir se avisa al juez de turno, que era la doctora Merialdo, que dice que no se intervenga y que se llame al comisionado parlamentario para negociar. No se había pedido orden, sino que se había avisado, pero la doctora da la orden de no intervenir y que se llame al comisionado parlamentario, que no se lo encuentra hasta varias horas después. En el ínterin se produce el agravamiento de la situación y la rotura que todos vieron. Y luego de la negociación hay que ir a la medida que se había adoptado inicialmente, a eso de las siete de la tarde, que era intervenir. A raíz de eso nos enteramos de que lo mismo sucedió en el Comcar."

(Fin.)

EC - ¿Con estas expresiones no le está transfiriendo de alguna forma la responsabilidad a la justicia y al comisionado parlamentario, Álvaro Garcé?
    
EDUARDO BONOMI:
No, al comisionado menos todavía, porque en realidad –lo dije en la propia conferencia de prensa– lo que se indica es que se ubique y se llame al comisionado parlamentario. Eso se intenta, pero el comisionado parlamentario no está a las órdenes del MI; de alguna manera es los ojos del Parlamento en cárceles y da las órdenes del Parlamento, no del MI.

EC - Está bien, pero cuando usted dice que demoró varias horas en ser ubicado, de algún modo parece que está cuestionándolo por no estar atento, por no estar a disposición en una semana que se sabía que era crítica en las cárceles.

EB - Sí, pero cuando uno habla en una conferencia de prensa quizás hable 20 minutos y después en los medios de comunicación se trata de sintetizar, lógicamente, en dos o tres. Yo dije también, claramente, que el comisionado podía estar en el interior de la República, entonces después de ubicarlo iba a demorar el tiempo necesario para llegar a Montevideo –casualmente después me enteré de que el día en que sucedió lo del CNR estaba en el interior–, entonces cuando lo ubican va a tener una demora que no es responsabilidad de él, es de la distancia entre el lugar donde está y el medio donde se produce el problema. Entonces no hay responsabilidad de él. Lo que sí hay es que tenemos que ubicarlo antes de actuar, y generalmente no se lo puede hacer rápido.

El problema es que cuando la Policía detecta el problema en el Comcar entiende que a lo sumo son 200 presos amotinados en el módulo 4, menos de la mitad, y que con 60, 70 u 80 policías que el director tiene a disposición puede controlar eso. También sabe que los amotinados están armados, y antes de intervenir da cuenta al juez de turno, que le dice –textual– que se agote el protocolo; el director dice que no puede agotar el protocolo porque ya lo intentó, y cuando se acerca al módulo es tal la lluvia de piedras que no puede ni siquiera tener contacto. Entonces se le dice que convoque al comisionado parlamentario para que negocie. Eso se trata de hacer, demora horas. No es que sea responsabilidad del comisionado, no lo es, es un hecho objetivo, demora horas.

EC - Usted dice "no estoy cuestionando al comisionado parlamentario"; ¿sí está cuestionando a la jueza?

EB - Estoy diciendo que la responsabilidad de intervenir en la cárcel para dominar la situación es de la Policía, la Policía da cuenta del hecho y se le dice que no intervenga. Quien expide la orden de no intervenir, corresponda o no corresponda esa orden, sabe que hay presos armados, sabe que si se interviene puede suceder un problema, y sabe que si sucede un problema la jueza es la que lo va a juzgar. Entonces no interviene, es lo que sucede.

EC - Pero la jueza da otra versión de los hechos. Para empezar, considera que es injusta esta crítica y señala (leo declaraciones que aparecen hoy en El Observador y en El País): "En los dos hechos –cárcel de mujeres, Comcar–, cuando me notificaron dispuse que se cumpliera con el protocolo de rigor, y que en todo caso se llamara al comisionado parlamentario como negociador. El protocolo prevé el uso de la fuerza si fallan las negociaciones, pero eso lo valora y lo establece la autoridad que está interviniendo, no yo. En ningún momento prohibí que se usara la fuerza o que se ingresara a las cárceles".

EB - Yo dije algo muy parecido, dije que se agotara el protocolo. Cuando se informa que el protocolo llega hasta la pedrea, entonces que se llame –ahí hay un matiz en cómo se enrasa con el comisionado– al comisionado para que negocie, y el oficial a cargo entiende que eso es que negocie, y dos veces además, porque la segunda vez, en el CNR, el que da la orden por dos veces y el oficial a cargo le dice que se le pidió que antes interviniera el comisionado parlamentario fue el director de la Policía Nacional, inspector Guarteche. Esto es en el CNR. A raíz de eso nosotros nos enteramos de que en el Comcar sucedió lo mismo.

EC - Está bien, pero la jueza dice "en ningún momento prohibí que se usara la fuerza, en ningún momento prohibí que se ingresara a la cárcel".

EB - Fue lo que entendieron los oficiales a cargo, que son dos oficiales diferentes.

EC - Usted dice que los oficiales entendieron que sí había una "prohibición".

EB - Que previamente se llamara al comisionado parlamentario. Pero de todas maneras establecemos que de acá en adelante cuando se intente la negociación, si esta no se puede producir, como en estos dos casos –en uno se produjo pero no tuvo resultado y en el otro ni siquiera se entabló contacto porque fue imposible–, la Policía va a intervenir de acuerdo a lo que crea conveniente, dando cuenta a la justicia, no solicitando orden a la justicia.

EC - Usted enfatiza que esta decisión que se ha tomado está perfectamente ubicada dentro del marco legal vigente, porque no había necesariamente que operar de la otra forma.

EB - Ayer hubo ministros de la Suprema Corte que dieron la razón a esta interpretación que estamos haciendo.

EC - Usted habrá visto que en la oposición cayó mal esta conferencia de prensa suya, sobre todo esta parte de las explicaciones que dio. Es más, el diputado José Carlos Cardoso, que está promoviendo un llamado a sala, una interpelación a la que usted va a ser convocado, cita este como uno de los motivos, el hecho de que se estén trasladando responsabilidades cuando la culpa de lo que ocurrió es el mal manejo que, entiende, hizo el ministerio.

EB - El diputado José Carlos Cardoso quiere interpelar, por lo tanto va a encontrar motivos en cualquier dicho mío. O no mío, antes quería interpelar por dichos del inspector Pereira Cuadra. Va a encontrar motivos, no hay problema.

EC - Usted tiene previsto concurrir al Parlamento, pero a la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario.

EB - Si va a haber una interpelación voy a concurrir a la interpelación.

EC - ¿La comparecencia a la Comisión de Seguimiento en qué queda? Porque estaba prevista para esta semana, ¿no?

EB - No, estaba prevista para la siguiente, porque yo iba a viajar a Colombia esta semana. No viajé por los hechos que han sucedido, pero tenía una reunión de ministros del Interior de la Unasur, que era importante porque justamente era para determinar ante quién tiene que referir la Policía de América, que tiene vínculos, y hay un planteo de que fuera ante una comisión de la Unasur. Eso se iba a tratar, se empieza a tratar mañana, y no fui por estos hechos. Por lo tanto yo había postergado la concurrencia para la semana que viene. Pero si va a haber una interpelación, ¿a qué voy a ir a dos lados?

EC - ¿Ha conversado con el comisionado parlamentario y con la jueza Merialdo para dejar en claro la situación y el análisis que hace?

EB - Con el comisionado sí, y ahí fue que me enteré de que lo que dije como ejemplo –que podía estar en el interior– efectivamente sucedió, el día de los hechos en el CNR estaba en el interior.

EC - ¿Entiende que el doctor Garcé quedó satisfecho con su explicación?

EB - Al menos quedó mejor consigo mismo. Porque yo le dije, y además lo dije en la conferencia de prensa, me di cuenta de que estaban responsabilizando al doctor Garcé y dije: "No, yo no estoy poniendo ninguna responsabilidad en el doctor Garcé, estoy diciendo que él puede demorar cuando se lo convoque y esa demora puede provocar problemas, como de hecho sucedieron, a la hora de intervenir, porque entonces no se interviene ante 200 personas sino ante 1.200".

EC - ¿Cuál es su interpretación de estos tres motines que ocurrieron en apenas una semana, sumados al incidente del viernes 20 en el penal de Libertad, cuando un recluso, Brasil Santos, sacó un revolver, disparó contra dos policías que iban a trasladarlo, uno de los cuales murió pocos días después? Usted anunció el lunes que se formó una comisión para investigar estos hechos, pero una nota de Subrayado señala que la tesis que usted manejó en el Consejo de Ministros es que hay grupos de presos considerados "pesados" ("amos" en la jerga carcelaria) que dominan a los demás y fomentan los motines como reacción a las autoridades y para obtener beneficios, como traslados. La nota incluso señala que usted contó que hay presos que "aprenden a ser narcos dentro de la cárcel". ¿Cómo es eso? ¿Qué han detectado ustedes concretamente?

EB - Esto existe desde hace muchísimos años, muchos años, y sin la existencia de narcos, en las cárceles existe lo que en la jerga llaman los "brazos gordos" y los "perros" que actúan alrededor de los brazos gordos, esto es viejísimo. Pero eso no puede ser una explicación exacta, eso puede dar el ambiente, el panorama donde se produce el problema. Una investigación tiene que determinar cosas más precisas alrededor de esto, por eso mismo formamos una comisión con la participación del subsecretario Jorge Vázquez, el subdirector de la Policía Nacional, inspector Perdomo, y el director de Inteligencia, en el entendido de que ya se está investigando cada hecho, pero lo que hay que investigar ahora es el conjunto de los hechos, las conexiones que tienen entre sí y ver si es posible determinar responsabilidades. Porque hay algo muy claro, nadie puede pensar que Brasil Sastre pretende escaparse, fugarse, cuando dispara sobre dos policías con una pistola 9 mm. Estaba en el tercer piso, con una pistola con munición escasa; bajar dos pisos es imposible; él no trató de escaparse, fue a hacer eso, sobre todo sobre el segundo policía, lo arrincona contra la pared, le apoya la pistola en la cabeza y dispara, lo quiere matar, y sabe que él no sale de ahí, es prácticamente un suicidio. ¿Por qué hizo eso? Es muy difícil investigarlo, pero es lo que desata todo lo demás.

EC - ¿Es correcto que en el caso del motín del domingo en el Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino también había algunas o alguna reclusa que querían matar a algún policía?

EB - A nosotros no nos consta, eso salió en un medio de prensa; en principio no nos consta si salió en un medio de prensa porque alguien lo dijo, forma parte de la investigación. Pero está claro que lo que desencadena todo es lo del penal de Libertad, porque cuando se deja sin visita al penal de Libertad todo el mundo lo entiende claramente porque ahí hay un ambiente espeso y la visita en ese ambiente puede provocar problemas mayores. Y yo quiero aclarar que acá no fue el sindicato el que dejó sin visita a nadie.

EC - ¿Usted dice que no fue el sindicato? Porque la información que circuló inicialmente fue esa y que después el MI había convalidado la medida.

EB - No, no es así. Usted siga día a día lo que dice el sindicato: dice que en Libertad ellos cortaron la visita, en Comcar cortaron la visita, en el CNR cortaron la visita, y dos o tres días después dicen "no, fue el ministerio". En Libertad ellos le propusieron a la dirección trabajar hasta el miércoles de luto sin visita, la dirección me consulta a mí y yo digo que sí, que está bien, pero ahí tenemos que entenderlo como propuesta del sindicato, no como resolución del sindicato, la resolución la toman las autoridades, no el sindicato. Lo mismo sucede con el Comcar, incluso ahí me llama un dirigente sindical del PIT-CNT y me plantea sin visita y sin paquete, y yo le digo que me parece que ya el Comcar no es lo mismo que Libertad, aunque de alguna manera los policías que actúan en Libertad y en Comcar son los mismos, son de Rivera, son de Artigas, por lo tanto no es lo mismo pero es parecido, y digo que se haga sin vista y con paquete, pero que vayan parando la mano porque ya no hay más. Ahí también hay que tomarlo como decisión de las autoridades.

Luego viene lo del CNR, y ahí sí que no hay consulta ninguna, no hay pedido, no hay sugerencia ninguna, el sindicato corta la visita; obviamente ahí no lo hubiéramos autorizado porque no tenía nada que ver CNR con Comcar o Libertad. Es otra cosa, es otra situación y es mucho más grave dejar sin visita a mujeres que a hombres, porque las mujeres dependen mucho más de la visita emotivamente que los hombres, ven madres, hijos. Y son 360, y las que están aguantando el conflicto son muchas menos, pero dejar sin visita afecta a las 360. Ahí no lo hubiéramos avalado para nada, discutimos para tratar de frenar eso, no se frenó, esa es decisión del sindicato, ahí sí es decisión del sindicato. Y las mujeres que impulsaron eso, no las que participaron, las que lo impulsaron, después se empezaron a comunicar con Comcar y con Libertad diciendo "nosotras somos mujeres pero vamos para adelante, no como ustedes que son hombres pero se quedan tranquilos, les cortan la visita", empezaron a dar manija.

Luego de eso hubo una reunión de cárceles en que se resolvió mantener sin visita hasta el sábado y se comunicó. Esto provocó algún disturbio en los módulos 2, 4, 5 y 6 de Comcar. Yo antes de los disturbios hablé con el comisionado parlamentario, él me decía que le parecía un error porque podían pasar cosas, yo le digo que la razón por la que se tomó esa decisión era que los ánimos seguían mal, sobre todo en Libertad, que una visita con policías en mal estado anímico podía ser complicada, y el comisionado hace declaraciones en el sentido de que no le parece bien esto, y luego de las declaraciones del comisionado el inspector Pereira Cuadra, que vio también inquietud en los módulos, conversa con los delegados de los presos y acuerda en Comcar –que es diferente de Libertad, parecido pero no igual– que la visita sea el jueves. Se tranquilizó todo, pero en los informativos de la noche sale lo que el comisionado parlamentario había dicho de mañana, cuando ya de tarde esto se había arreglado, pero no es responsabilidad de él si ponen sus dichos en el informativo de la noche. Los presos alegan que ante dos informaciones diferentes no creen en el inspector Pereira Cuadra, no creen en el ministerio. Yo creo que acá hay una intención de algunos de provocar el motín y utilizan este dicho como excusa.

EC - Volvemos a la pregunta que yo le hacía hace unos minutos: ¿qué es lo que vincula todos estos hechos?, ¿qué es lo que ustedes entienden está ocurriendo en estas cárceles?

EB - Estamos llevando adelante una política carcelaria para mí muy clara –yo ayer escuchaba la Tertulia y daba la impresión de que no les resultaba tan clara, pero había bastante desinformación, para nosotros es muy clara–, que corta un montón de privilegios, abre posibilidades a los presos que estén en disposición de trabajar, de estudiar, de no hacer una carrera delictiva, que son la mayoría si tienen una posibilidad, que no siempre tenían antes, y hay quienes quieren cortar eso. Y además se cortan privilegios en la propia policía. Entonces yo creo que hay quienes tienen intereses en cortar esta política.

EC - Por lo que usted dice, hay quienes tienen intereses en cortar esta política entre los presos y también entre policías.

EB - Si algún policía entró armas y venden armas y venden celulares y venden un montón de cosas, es obvio que hay funcionarios infieles en la policía. Es obvio, diga lo que diga después el sindicato, que no es cierto eso, ellos saben que es cierto y están preocupados, dicen que se rompió un código, el código de que las armas que entran son para utilizar entre los presos, y esta vez se utilizó contra la policía. ¿Qué código era ese? ¿Por qué existía ese código? Porque alguno dejaba entrar las armas. Por favor, esto es así, esto lo hemos dicho desde la primera vez que fuimos al Parlamento en el 2010.

Si uno no tiene en cuenta todo esto, no se explica lo que pasa. Si cada vez hay que empezar de nuevo, si lo que se dijo antes que estaba sucediendo no se tiene en cuenta cuando sucede un hecho y se lo trata de explicar y hay que empezar todo de nuevo, es muy difícil. Hay cosas que ya las hemos dicho, y después lo que sucede es demostración de lo que habíamos dicho, no que nos estamos enterando de que está sucediendo. Ya lo sabíamos, por eso cambiamos muchas cosas, por eso pedimos escáneres, por eso pedimos que militares revisen presos, proveedores y policías. Por eso se pidió eso, ¿por qué se pidió eso en el 2010? ¿Por las dudas? No, no fue por las dudas. Entonces hay quienes ven que eso se aproxima, que eso viene cada vez más rápido y no lo quieren, quieren forzar una política distinta. Esto es obvio, evidente, y si no lo quieren ver y quieren interpelar buscando dichos del inspector Pereira Cuadra o lo que sea, lo van a hacer. Pero lo que hay que mirar es esto, que ya lo hemos dicho.

EC - Justamente, tengo una pregunta a propósito de las declaraciones de Pereira Cuadra en las que sugirió que podía haber alguna vinculación política detrás de estos motines. ¿Cuál es la explicación, el análisis que usted tiene?

EB - El inspector Pereira Cuadra habló de narcos y de políticos. Es obvio y evidente que hay bandas de narcos dentro y fuera de cárceles, que se pelean dentro y fuera de cárceles y que disputan territorio, nosotros le llamamos feudalización, hace uno o dos años hablábamos de ese fenómeno. Las peleas en cárceles son por dominar territorio. Entonces la explicación que da el inspector Pereira Cuadra en ese sentido está bien, pero está bien en general, no explica lo particular, lo particular tiene que tener otro nivel de análisis.

Obviemos eso y pasemos a políticos; si el hecho de que haya gente, como acabo de decir, a la que no le interesa que instrumentemos determinada política carcelaria se considera como hecho político, está bien. Si político quiere decir vinculaciones político-partidarias, no hay ningún elemento para decir eso, ninguno. Es más, yo pedí un informe, se me dio el informe, y en el informe hay un preso que le comunica al director de Inteligencia Carcelaria que hay intenciones de los presos de entregarle armas a un supuesto legislador y da el nombre, un nombre mal escrito, pero ni aun escribiéndolo bien existe un legislador con ese nombre. Uno puede suponer que está incompleto y puede suponer que existe un legislador de esas características, pero no existe ninguna intención del legislador de hacer eso, él no sabe que le van a dar armas a cambio de que gestione un traslado. Entonces si bien en el informe aparece un supuesto vínculo que va a haber posteriormente, que todavía no lo hay, con un legislador, ese legislador no lo sabe, por tanto no tiene ninguna responsabilidad, no ha participado en esto, no tiene nada que ver con esto.

EC - Pero entonces por lo menos estamos hablando de declaraciones infelices de Pereira Cuadra.

EB - Sacando lo político-partidario, dice cosas que son generales pero que no establecen ningún vínculo concreto. Eso era una hipótesis de trabajo, no una declaración de prensa. No es correcto.

EC - El diputado José Carlos Cardoso, que está promoviendo la interpelación, cuando defiende al comisionado parlamentario dice: "Él es el único que tiene un currículo profesional, Bonomi no sabe nada, solo sabe de cárceles porque estuvo preso, por eso cree que sabe". Y después agrega que el destituido exdirector del sistema, Alcides Caballero, fue jefe de la cárcel de Rocha cuando murieron 12 presos, e insiste, "salvo Garcé, el resto son improvisados". ¿Usted qué responde?

EB - Que él es maestro, ¿qué sabe de cárceles? Uno cuando está para desempeñar un cargo trata de informarse, trata de formarse y trata de armar equipo, entonces el que trabaja en función de un resultado es un equipo, y no creo que pueda decir que los que están en el equipo del MI son improvisados. Es más, debe ser la primera vez que en el equipo de conducción política se les da paso a por lo menos tres policías, que supongo que saben. Esto es todo un debate político, el diputado Cardoso quiere interpelar, va a interpelar sobre cárceles porque yo no sé pero él sí sabe, que es maestro. Entonces todo es una interpretación política.

Le pido una última reflexión. Yo escuché la Tertulia ayer, y allí establecieron una contradicción entre lo que dijo la psicóloga Fulco, que es asesora mía, y lo que yo dije en la conferencia de prensa. No hay ninguna contradicción, son dos aspectos de la misma política. Yo he dicho ya varias veces, y lo he dicho en El Espectador también, que en un sistema carcelario tienen que conjugarse tres elementos: la seguridad, las condiciones de vida de los presos y las políticas de rehabilitación. Yo centré la conferencia de prensa en fortalecer la seguridad, pero la seguridad para tratar de mantener determinadas condiciones de vida que estamos tratando de mejorar desde que asumimos y poder llevar adelante políticas de rehabilitación que durante no sé cuántos años no hubo en el país. Son tres aspectos de lo mismo, y uno pone el acento en uno o en otro según lo que esté tratando de explicar. Pero lo que dijo la psicóloga Fulco es exactamente complementario de lo que yo dije y de otras cosas más, porque tratamos de elaborar la política juntos. Entonces me extraña que eso no se haya visto ayer en la Tertulia.

EC - La psicóloga Fulco detallaba ayer temprano cómo es el proceso que se está siguiendo dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación para incorporar a la plantilla progresivamente técnicos provenientes del ámbito civil a los efectos de las tareas que tienen que ver con la reinserción, con la preparación de los presos para su reinserción en la sociedad. A eso es que usted alude.

EB - Sí, a eso y a las políticas de rehabilitación en las que van a participar esos técnicos. Pero además hay otro aspecto, todo esto surge de las resoluciones de la Comisión Multipartidaria de Seguridad, en la que participó el inspector Navas, a quien antes de asumir yo le ofrecí ser director de Cárceles, y él por razones particulares muy entendibles no aceptó, aunque sí aceptó asesorar en cualquier momento, cuando uno quisiera, y de hecho lo hace. Pero participó en esa comisión, y él hizo el diseño a grandes rasgos de lo que tenía que pasar con Cárceles: hay que sacarla de la Policía, él lo planteó. Pero como es muy difícil hacerlo de golpe, porque la mayor parte de los funcionarios, la inmensa mayoría de los funcionarios son policías, planteó que había que pasar las vacantes que se crearan en el escalafón L, que es el escalafón policial, al escalafón S, que es un escalafón civil. Y en forma paulatina, cuando se fuera avanzando sustituyendo la cantidad de policías por civiles, sacar Cárceles de la Policía.

Nosotros en el presupuesto establecimos 1.500 funcionarios civiles de golpe, lo cual acelera el proceso, pero no demasiado. Cuando Cárceles saliera de la Policía tenía que quedar en el ministerio, pero de forma civil. Posteriormente, cuando siguiera avanzando ese proceso, tenía que salir del ministerio constituyéndose en un órgano descentralizado que pasara a tener como referencia al MI pero no dependiera de este, algo así como el BPS con respecto al Ministerio de Trabajo. Ese es el diseño que hizo, ese es el diseño que estamos llevando adelante y eso explica la modificación que planteamos el otro día, que está resuelta desde hace más de un mes: tres policías, tres civiles. Los tres policías de la Guardia Republicana, que es el cuerpo más disciplinado de la Policía, para darle fortaleza y seguridad a lo que esté pasando, y los civiles para trabajar con los técnicos que decía la psicóloga Fulco.

***

Transcripción: María Lila Ltaif

Foto: archivo