Entrevistas

Álvaro Garcé: incorporar militares y escáneres a las cárceles es "un paso imprescindible"

Después del incendio de dos módulos del Comcar y de incidentes en el Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenina, el Ministerio del Interior trasladó algunos reclusos del primero de los centros carcelarios mencionados a la cárcel de Rivera –donde se produjeron nuevos incidentes–, se iniciaron acciones judiciales contra los presos que generaron los daños en el Comcar y se informó que funcionarios militares controlarán el ingreso de visitas y policías a las cárceles y el monitoreo de los escáneres que se van a instalar próximamente. En diálogo con En Perspectiva, el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, evaluó que en el incendio en el Comcar hubo parte de responsabilidad de los internos pero también del Estado, ya que había superpoblación y dentro del centro había drogas y armas de fuego. Por otra parte, opinó que la incorporación de militares y la instalación de escáneres son pasos "imprescindibles". "En el Comcar tengo la sensación de que va a ser necesaria una tarea de orden y de ajuste en todos los sentidos para que el Ejército pueda cumplir esa tarea", añadió.


(emitido a las 9.12 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Hace poco más de un mes del motín que destruyó los módulos 4 y 5 del Comcar, al que siguieron dos jornadas de incidentes en el Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenina, todo lo cual conformó una crisis carcelaria que nos ocupó durante varios días.

En aquel motín en el Comcar participaron unos 1.160 internos, de los cuales alrededor de 700 fueron reubicados en otros establecimientos. Por lo tanto, quedan más de 400 durmiendo al aire libre en los patios del Comcar, mientras se efectúa por estos días un techado provisorio de esos espacios.

En este contexto, ayer se supo que algunos reclusos que habían sido trasladados del Comcar a la cárcel de Rivera se enfrentaron entre sí y provocaron una situación de tensión en ese nuevo establecimiento ubicado en el norte del país.

A lo largo de estos 35 días, el Ministerio del Interior (MI) anunció, por ejemplo, que a los reclusos que quemen nuevamente frazadas o dañen platos y cubiertos no se les repondrán esos materiales, dejando la responsabilidad por el equipamiento en manos de los familiares. Por otro lado, se iniciaron acciones judiciales contra los presos que generaron los destrozos, y se informó que funcionarios militares van a asumir el control del ingreso de visitas y policías a las cárceles y el monitoreo de los escáneres que se van a instalar próximamente.

¿Qué balance puede hacerse de la situación del sistema penitenciario después de todo lo que ocurrió? ¿Cuáles son las perspectivas?

 Vamos a conversarlo con el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé.

¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual?

ÁLVARO GARCÉ:
Ante la inminencia de la llegada del invierno subsiste esa situación que usted detallaba, que involucra a casi 500 internos que están en los cinco patios del módulo 8. La situación está controlada desde el punto de vista de la seguridad, pero configura una emergencia que probablemente a lo largo del invierno se profundice, porque, evidentemente, a medida que las temperaturas vayan bajando eso va a tener impactos en la salud y en la propia condición de todos los que están a la intemperie.

EC - Eso es una paradoja, porque están pasando por una situación en la que no digo que se hayan colocado ellos mismos, porque quizás no todos fueron responsables del motín, pero están pasando por un mal momento, están transcurriendo su prisión en condiciones que no son las adecuadas debido al comportamiento de por lo menos algunos de los presos de ese establecimiento, que destrozaron dos módulos y ahora no hay dónde reubicarlos a todos.

AG - Sí, evidentemente hay una cuota parte de responsabilidad por hecho propio. Es evidente que no todos los 1.170 que estaban alojados en los módulos 4 y 5 participaron en la acción directa, es decir que hubo una gran cantidad de esas personas, muy difícil de determinar, que fueron espectadoras y que quedaron en medio de toda la situación.

EC - Pero si miramos del otro lado, tampoco la responsabilidad es del Estado. No es de esos presos que no tuvieron nada que ver con el motín, pero tampoco es del Estado que se enfrentó a esta situación justo cuando se están construyendo plazas, se está tratando de mejorar la infraestructura del sistema carcelario.

AG - Hay una cuota parte de responsabilidad por hecho propio de los internos, pero también hay una parte de responsabilidad que corresponde al Estado.

EC - ¿En qué sentido?

AG - En el sentido de que los módulos 4 y 5 se encontraban al triple de su capacidad, había en cada uno más de 650 personas, cuando la cantidad de plazas no excede las 240, y además esos módulos estaban en condiciones semirruinosas. Por otra parte entiendo que es responsabilidad del Estado porque allí había armas de fuego y consumo permanente de drogas, como lo hay en otros establecimientos, y si bien esto no fue la causa directa del motín, son factores que inciden en la situación previa, por tanto a mi juicio hay una parte de responsabilidad estatal porque es evidente que no debe darse una sobrepoblación del 300% ni tampoco se deben permitir el ingreso de drogas ni el consumo masivo, ni mucho menos la presencia de armas de fuego. Es decir, esta es una situación compleja en la que hay múltiples responsabilidades.

EC - Entiendo, el análisis suyo es pertinente. Quizás mi observación se refería más bien a qué responsabilidad le cabía al Estado en la búsqueda de una solución ahora que se plantearon los hechos como se plantearon, ahora que quedó toda esta población carcelaria sin lugar donde recluirse. ¿Qué dice sobre este aspecto?

AG - Comprendo la observación, y le diría que me sorprendió que el 26 de abril, 24 horas después de los hechos, un conjunto de 200 internos fueran trasladados al penal de Libertad en completo orden, me sorprendió la capacidad de respuesta. Y en la primera semana fueron casi 400 los trasladados. Es decir, queda para el análisis toda la situación previa, es difícil hacer conjeturas sobre lo que pudo haber pasado si se hubiera actuado de una manera distinta, pero lo cierto es que una vez que los hechos se concretaron el traslado de 700 internos en un lapso breve es un elemento que en su momento yo destaqué ante la Comisión de Seguimiento de Cárceles, porque evidentemente facilitó que la emergencia fuera lo menor posible.

EC - ¿Y efectivamente no hay alternativa para estos 400, 500 reclusos que están durmiendo al aire libre ahora?

AG - Hoy no. Hoy no, porque el módulo 3 del Comcar resultó destruido progresivamente, pero en forma terminal en el año 2011, está cerrado desde junio del año pasado, y los módulos 4 y 5, que, como dije, estaban en estado semirruinoso, terminaron completamente inutilizados. Por lo tanto, toda la capacidad ociosa que existía en el sistema como resultado de las inversiones de los años 2009, 2010 y 2011, es decir, Punta de Rieles, Rivera y algo en Libertad, ya fue utilizada, y no solo no hay margen para colocar a estos casi 500, sino que hay un problema que se reproduce semana a semana, que es adónde se derivan los ingresos. Permanentemente están ingresando personas al sistema; al costo de una gran sobrepoblación, normalmente eran derivados al Comcar, que era el punto de absorción, en malas condiciones pero era adonde la gente iba ingresando. Hoy se ha perdido esa posibilidad, entonces encontrar esos lugares día a día es un verdadero problema.

EC - Para estos presos que hoy están al aire libre entonces el único camino posible es el techamiento de ese lugar.

AG - Exacto, sí.

EC - Pero es un techamiento también precario, que no va a permitir que las condiciones sean las adecuadas en cuanto a la preservación del frío.

AG - Por supuesto. Tampoco lo eran los módulos 4 y 5, que tenían todos los vidrios rotos. Pero al menos tenían algo parecido a celdas, lo que quedaba de las celdas. No era una maravilla.

EC - No, distaba mucho de ser una maravilla, eso está clarísimo.

AG - Realmente las condiciones eran terribles, sobre todo en el módulo 4. La primera alternativa a la vista es la recuperación del módulo 3, pero esto no va a ocurrir en ningún caso antes de fines de agosto o principios de setiembre. Eso es lo primero. Y además no va a ser la solución para todos, porque cuando se recupere el módulo 3 se van a tener unas 250 plazas, y sería un error –que estoy seguro de que no se va a cometer– reabrirlo con hacinamiento, con sobrepoblación. Si se reconstruye un módulo y el Estado gasta cuantiosos recursos, porque realmente es muy caro, es evidente que no puede reproducir la sobrepoblación, entonces allí habrá lugar para 250 y no más. Después lo otro es la recuperación de los módulos 4 y 5, pero eso requiere toda la ejecución de la obra, todavía se está en la fase administrativa previa.

EC - ¿Y cómo observan las consecuencias que están teniendo algunos de los traslados? Me refiero concretamente a lo que ocurrió ayer en la cárcel de Rivera, donde presos provenientes del Comcar protagonizaron un enfrentamiento y se generó allí una situación de tensión que además incluyó destrozos, quizás de menor entidad, pero también destrozos.

AG - Las tres cárceles que recibieron la mayor cantidad de internos redistribuidos fueron Punta de Rieles, Libertad y Rivera, en ese orden. En todos esos establecimientos hubo un cambio muy grande de rutina, porque convengamos en que cuando se reciben 150, 200, 300 internos en un período breve todo cambia y hay cuestiones que hay que reprogramar, la comida, la logística, todo. De las tres cárceles yo diría que Libertad es la que ha sufrido menos el impacto, porque la vida allí ya estaba prevista de modo tal que se pudiera absorber esa cantidad de internos. En Rivera, donde se recibieron 120, y en Punta de Rieles, adonde llegaron más de 300, el cambio ha sido muy, muy grande, lo que genera dificultades.

En el caso de Rivera estoy haciendo un seguimiento especial, fui hace unos 15 días y hay cuestiones que estaban pendientes de resolución y que en este momento han hecho crisis, como por ejemplo el servicio de atención a la salud. Se cuenta con un médico y dos enfermeros para 370 personas; antes eran 200, si antes no alcanzaba, ahora menos. Ese es un ejemplo de situaciones que estaban pendientes de solución y que se agravan cuando la población casi se duplica.

EC - En el caso de Rivera, de la cárcel de Cerro Carancho, estamos hablando de un establecimiento nuevo.

AG - Nuevo, y es el mejor que tiene nuestro sistema carcelario. Ahí hay que pensar muy bien en la preservación, en el cuidado de una inversión muy grande que ha hecho el Estado.

EC - A eso iba, porque según la información que leo hoy en el diario El País, ayer "los presos destrozaron parte del alambrado perimetral tratando de obtener trozos de metal para atacar o lesionarse. Por esa causa, el Comando de la Jefatura de Rivera dispuso que albañiles construyan un muro que proteja dicho alambrado para que los internos no puedan fabricar cortes carcelarios con el material sustraído de las alambradas perimetrales". No entiendo cómo es que esto era posible en una cárcel nueva, que también este tipo de alambrados pudiesen ser rotos por los presos. ¿Acá falló algo o me estoy equivocando yo?

AG - No, la imaginación a veces nos supera. Yo recuerdo las cornisas de los módulos 3, 4 y 5 del Comcar y los escalones de esos módulos, si usted veía la escalera estaba como picada, cada escalón estaba picado, porque al picar el escalón se llegaba hasta la varilla, y al llegar a la varilla se podía arrancar y con eso se podía hacer una punta. Cuando se obtienen trozos de metal de la propia estructura del edificio, como la estructura de la escalera o de las paredes, realmente uno queda sorprendido. Por lo tanto no debe causar una gran sorpresa que trozos de alambrado puedan ser utilizados como objetos para atacar o defenderse.

EC - ¿Nunca había pasado eso? La primera pregunta que me surge es: ¿ese muro que ahora se está construyendo no se debió haber construido inicialmente?

AG - Es difícil prever todo este complejo conjunto de situaciones. En principio cuando uno observaba los patios podía suponer que eso razonablemente serviría como elemento de contención. Mire que en el Comcar también fueron construidos unos muros gigantes, de unos 10, 12 metros de altura en los patios primero del módulo 3 y después en los patios internos de los módulos 4 y 5, por la misma razón.

EC - Si miramos hacia delante, está pendiente la concreción de algunas medidas que el gobierno anunció. Por ejemplo, la incorporación de militares al control del ingreso a las cárceles tanto de policías como de visitas, la instalación de los escáneres. ¿Cómo ve ese tipo de acciones?

AG - Es un paso imprescindible, lo venía reclamando desde hace mucho tiempo. Tengo la impresión además de que no va a ser inmediato, porque hay una serie de condiciones operativas, jurídicas y también materiales que tienen que ser resueltas primero. El Comcar en este momento es un establecimiento que está con tres módulos fuera de servicio, que debería ser ordenado desde todo punto de vista para permitir la acción de control del Ejército. En el caso del penal de Libertad, donde no existe sobrepoblación y no hay áreas dañadas, uno puede suponer que allí la idea de prevención y de control generalizado podrá concretarse antes. En el Comcar tengo la sensación de que va a ser necesaria una tarea de orden y de ajuste en todos los sentidos para que el Ejército pueda cumplir esa tarea.

EC - ¿Qué otras medidas sería necesario tomar a corto plazo?

AG - Para posibilitar la acción del Ejército, las revisaciones, es indispensable la incorporación de la tecnología, de los escáneres. Si eso no se logra en un tiempo breve va a ser muy difícil que el Ejército pueda cumplir esa función.

EC - ¿Cómo observa la decisión que tomó el MI primero de presentar denuncia penal contra los reclusos que encabezaron los disturbios y los destrozos, y el anuncio de que no se repondrán más los materiales que rompan, de los cuales van a tener que hacerse cargo ellos y sus familias en el futuro?

AG - Con respecto a la denuncia penal, corresponde por derecho. Aquí hubo una diferencia con relación a motines como los de los años 1999 y 2002 en el penal de Libertad, donde además de destrucción hubo toma de rehenes. Allí fue mucho más fácil individualizar a los responsables directos. En esta situación del 25 de abril parece más difícil hacerlo, pero en principio le digo que corresponde por derecho. Y con relación a lo segundo, no tengo duda de que es una medida que tiende a evitar la reproducción de daños, y al parecer ha tenido un primer efecto positivo, porque no ha habido nuevos destrozos, al menos en las últimas semanas.

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Transcripción: María Lila Ltaif