Ayer lunes los medios presentaron una notica que no debe pasar desapercibida. La noticia fue que el Estado uruguayo entregó los documentos que certifican la condición de víctimas del terrorismo de Estado, durante la dictadura, y se presentaba un margen de tiempo comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 18 de febrero de 1985.

Fui a leer la ley, porque me llamó la atención que se estableciera 1968 como comienzo de la dictadura. La Ley Nº 18.596 se titula "ACTUACIÓN ILEGÍTIMA DEL ESTADO ENTRE EL 13 DE JUNIO DE 1968 Y EL 28 DE FEBRERO DE 1985. RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS".

No puedo menos que sorprenderme.

En el Artículo 1º, se establece: "Reconócese el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales a las personas, en violación a los Derechos Humanos o a las normas del Derecho Internacional Humanitario, en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985."

Pero en el Artículo 2º, "se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional."

Este artículo pone en un mismo nivel a las "medidas prontas de seguridad", que son una medida constitucional y que fueron aprobadas por las cámaras, con la "doctrina de seguridad nacional" de la dictadura. Eso no puede menos que causarme asco. Las medidas de seguridad fueron una medida constitucional que el gobierno democrático tuvo que usar para defenderse del ataque terrorista del MLN. La doctrina de seguridad nacional, fue impuesta por una dictadura cuando los terroristas estaban presos o en exilio. Se equipara una medida democrática, a una medida dictatorial; una medida votada por el Poder Legislativo, con una doctrina impuesta por un gobierno de facto. Sinceramente no lo entiendo ni lo comparto.
 
Quienes votaron esta ley en 2009 le han hecho un flaco favor a la democracia. Primero, contribuye a mantener la ruptura entre los uruguayos, porque la ley reconoce y repara a las víctimas de un sólo bando, como si hubieran muertos de primera y de segunda. Flaco favor se hace a cerrar heridas, si por ley se establece esta división.
 
Segundo, porque confunde un medio legítimo de defender la democracia, con las ideas de la dictadura. El cuerpo legislativo votó con esta ley, una interpretación sesgada, torcida, de la historia reciente de nuestro país. Las medidas prontas de seguridad NO estaban inspiradas en la doctrina de seguridad nacional. Esta ley así redactada confunde el período la dictadura con la democracia, instigando una percepción de que el período ilegal comenzó en el 68, y no en el 73.
 
Tercero, porque esta perversa ley brinda al MLN el argumento de que el período ilegítimo empezó en el 68. De esta forma dejan de ser los terroristas trasnochados que atentaron contra la democracia, para pasar a ser mártires que lucharon contra la dictadura.
 
Cuarto, porque esta ley insulta a quienes actuaron en defensa de la democracia desde el Poder Ejecutivo, desde el Senado y Parlamento, desde la Justicia, desde la Policía, desde las Fuerzas Armadas, y desde el llano. Porque hasta el 73, la pese a quien le pese, el país se mantuvo en democracia.
 
Espero que esta ley no haya sido votada por los representantes de mi bancada colorada.

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Juan C. Nogueira, Ph.D.