El proyecto propone el registro con acceso público e irrestricto a los condenados por violencia doméstica y propone el financiamiento de campañas preventivas contra la violencia doméstica  por parte de Entes y Servicios del Estado con actividad comercial e industrial.

La propuesta abarca toda la escala de daños que puede sufrir la víctima de violencia doméstica, no solamente las lesiones leves, que es la única figura hoy tipificada como tal en el Código Penal, sino también las lesiones graves y gravísimas como así también y fundamental el resultado muerte, con los correspondientes incrementos escalonados de las penalidades, previendo como pena para el caso de muerte por violencia doméstica una pena de 15 a 30 años de penitenciaría.