(emitido a las 8.53 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El miércoles pasado se conoció el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que introduce penas mínimas a los menores de entre 15 y 18 años que cometen infracciones gravísimas a la Ley Penal. A partir de ese momento se han escuchado distintas voces, algunas a favor, otras en contra, otras con matices.

Una de ellas fue la voz del doctor Daniel Sayagués, defensor público de adolescentes, que advirtió que la nueva norma podría provocar la superpoblación de los centros del INAU. Incluso manejó números, dijo que la cantidad de adolescentes privados de libertad podría pasar de 400 a unos 1.000 en poco más de un año. Agregó que esa situación podría llegar a ocasionar motines con destrucción de locales o podrían volver las fugas constantes que ocurrían en el pasado.

¿De dónde surge ese diagnóstico? ¿Cómo observa este proyecto de ley que está a consideración del Parlamento?

Vamos a conversarlo con el doctor Daniel Sayagués.

Lo correcto es decir que usted es defensor público de adolescentes.

DANIEL SAYAGUÉS:
Sí, ya la palabra "menores" es arcaica. Hoy se habla de adolescentes y niños, cosa que yo, que soy escucha de su Tertulia, veo que todavía no está asumida por todos los uruguayos. A partir de la aprobación del Código [de la Niñez y la Adolescencia] hay que hablar de adolescentes y niños, ya no de menores.

EC - Antes era defensor de oficio de menores.

DS - Porque estaba todo en la misma bolsa.

EC - ¿Cuántos años lleva en esta tarea?

DS - Desde que empezó el Código, en 2004. A partir de allí perdimos la competencia en materia de lo que se llama "situaciones de amparo", o sea derechos amenazados o vulnerados de niños o adolescentes, que fue a parar al Juzgado de Familia especializado, y quedamos solo con la competencia de adolescentes infractores. En realidad, defensor de adolescentes infractores soy hace 20 años, solo que desde hace ocho estoy solo con infractores.

EC - Los oyentes deben recordar una salida pública suya que armó un gran revuelo en febrero del año pasado, cuando había fugas del INAU a cada rato y usted sostuvo que buena parte de esas fugas no eran tales, sino salidas consentidas para regular la cantidad de internos y evitar que las instalaciones del INAU colapsaran. Usted tiene muy presente aquello, tiene presente la conmoción que generó.

DS - Sí; inesperada.

EC – Usted dijo: "El sistema funciona sobre la base de que entran tres menores por día desde los juzgados y dejan salir a tres trasladándolos a hogares abiertos y allí les dicen: ‘Te quedás o te vas, si te vas tenés 20 minutos para salir corriendo, en 20 minutos le avisamos a la sede judicial".

DS – Sí, tengo infinitos ejemplos, podríamos empapelar toda esta habitación. Quise advertir de que bajo el nombre de "fuga" se escondían dos cosas distintas. Una cosa es una fuga que se hace rompiendo una reja, saltando un alambrado, por incapacidad de los sistemas de seguridad, por ineficiencia de los funcionarios. Otra cosa es cuando el sistema funciona sobre la base de un tope y cualquier cosa que supere ese tope –que ya venía siendo superado– se deja ir.

Un ejemplo que siempre pongo es que, después de los peores momentos en que los jóvenes quedaban en el juzgado porque los funcionarios no los iban a buscar, un día me dice un policía: "Mirá que dicen que en el Hogar Puertas no van a recibir, tenemos tres gurises para internar en el día de hoy y no los van a recibir". Llamo al director del Puertas y le digo: "Están diciendo que no van a recibir más jóvenes, y acá en el carcelaje tú sabes que no pueden quedar", "No te preocupes, lo estamos tratando de solucionar, estamos eligiendo a cuáles tres llevamos de aquí a la Casona –o sea, para que se vayan– para hacerles sitio a estos tres que ustedes van a mandar". Funcionaba así, era lo normal.

Es la única explicación para que, habiendo 300 internados, las "fugas" hayan sido más de 1.000 en el año 2009. No son fugas cuando usted habla de 300% de la población. Es como si habláramos de 27.000 fugas de adultos cuando tenemos 9.000 presos. Eso no son fugas, es la forma de funcionamiento del sistema.

EC - ¿Cómo se entiende que aquello lo dijera un defensor de oficio de adolescentes? ¿No estaba de algún modo "traicionando" a sus defendidos?

DS - La gente no entiende que yo desempeño un cargo en un juzgado y en una audiencia, y fuera de ese juzgado y esa audiencia no hablo como defensor de nadie ni cumplo ese rol de defensor, sino que hablo como un operador del sistema, como lo hace el fiscal Zubía. La semana pasada estuvimos de turno y como es habitual nos trenzamos en polémica sobre casos concretos, pero afuera coincidimos en cómo debería ser el diseño de un sistema sensato y racional para tratar el tema de los adolescentes infractores. Nosotros somos la agencia del Estado encargada del tema de la delincuencia juvenil –"nosotros" somos todo el Poder Judicial que tiene que ver con esto, la Policía, el INAU– y tenemos que hacer las cosas bien. Lo que yo pienso ahora desempeñando el cargo de defensor lo voy a seguir pensando mañana si me designan fiscal o me designan juez, porque mi opinión sobre el sistema no depende del número de la camiseta que tenga en la espalda.

EC - ¿Esos problemas que usted denunciaba en febrero del año pasado se han solucionado?

DS - Solucionado no, pero a partir de allí se empezó a andar en la dirección correcta.

EC - Ahora existe el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).

DS - Sí, la diferencia es que la parte de infractores en vez de estar a cargo de un gerente y del directorio completo del INAU, se creó una especie de minidirectorio del INAU de tres miembros que se ocupa solamente de este tema, con un gerente –en este caso una gerenta, Paula Cores– que se encarga de la gestión del sistema. Se supone que así los directores se pueden repartir el trabajo para hacerlo mejor, y además serían los que fijan las líneas generales y tienen el contacto con el sistema político.

EC - Las fugas han caído notoriamente.

DS - Sí; siguen siendo un disparate en términos estadísticos. Bajar de un 300% a un 100% o un 80% es extraordinario, pero si vemos que las fugas en los países sensatos como Brasil son del orden del 1%, nos damos cuenta de que todavía sigue habiendo problemas serios en el funcionamiento del sistema. Pero se va en la buena dirección. Creo que aquella polémica sirvió para que el INAU se convenciera de que había que construir nuevas plazas, no 10, 20 o 30, sino cientos de plazas. Yo proponía 200 plazas nuevas como mínimo, el INAU elevó la apuesta y dijo: "Vamos a construir un centro con capacidad para más de 330 personas". Perfecto. El tema es que si se aprueba esta norma que ahora se piensa aprobar, ni siquiera con eso, que no se ha empezado a construir, alcanzaría.

***

EC - A raíz del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, por el que se fija una pena mínima de 12 meses para las infracciones consideradas gravísimas cometidas por menores de entre 15 y 18 años, usted hizo un estudio analizando las estadísticas de adolescentes procesados y condenados en los últimos años. ¿Podemos revisar esos números, contarles a los oyentes cuál es la experiencia de este último tiempo?

DS - Tomé las cifras que están en el sitio web del Poder Judicial, el número de procesados, adultos y adolescentes, y luego el número de condenados por distintos delitos, rapiña y hurto, también adultos y adolescentes. Pero habría que empezar por las normas, porque las cifras interesan en función de las normas. Las dos normas que a mi juicio van a tener efectos peores son, primero, la que establece para los casos de ciertos delitos –principalmente el de rapiña, que es el 70% de los delitos que cometen los adolescentes– una pena mínima de 12 meses de prisión, de internación, de privación de libertad. Y segundo, la que establece que en esos casos la libertad anticipada solo se podrá pedir a la mitad de la pena, o sea a los seis meses, por tanto, obliga a internar a todos los adolescentes que cometan rapiñas. Hablo solo de ese delito porque es el que tiene mayor significancia estadística.

EC - Hasta ahora esa obligación no existía; hoy no existe.

DS - No, el juez tiene margen, puede internarlo, puede procesarlo y no internarlo o aplicar otra clase de medidas, como hacemos habitualmente. Pero si vemos las cifras más recientes publicadas, que son las del año 2011, tenemos que los adolescentes que cometieron rapiñas en Montevideo fueron 642. De esos 426, dos terceras partes, un 66%, fueron privados de libertad, y 216, el 33% restante, no lo fueron. Si la primera disposición del proyecto se aprobara, esos 216 adolescentes procesados por rapiña que el año pasado no fueron internados deberían serlo a partir de la vigencia de esta disposición.

Hoy tenemos 400 internados –llegó a haber algunas decenas más, casi llegamos a los 450– en instalaciones previstas para 300 internados, siendo generoso, o sea que ya tenemos una situación de hacinamiento muy importante. Agregar a esos 400 adolescentes 200 más como mínimo en el plazo de un año es algo imposible de soportar para el sistema.

Les doy solo un dato de cuando se inauguró el Centro de Medidas Cautelares (CMC) el 1º de abril de 2011, con capacidad para 32 jóvenes. Se dice en una nota periodística: "La refacción de este edificio insumió un año y medio de obras y tuvo un costo de 15 millones de pesos". O sea, 750.000 dólares, y no era para construir, era para adaptar. Estaba todo hecho, pisos, cimientos, techos, hubo que arreglarlo internamente. Se gastaron 750.000 dólares y se demoró un año y medio.

¿Cómo puede ser entonces que construyamos las 300 plazas que prometió el INAU el año pasado, que ya tendrían que estar prontas y ni siquiera se empezaron a construir? Y 300 plazas más, que es lo que vamos a precisar después para tener capacidad para albergar a esos 1.000 adolescentes que van a terminar existiendo si estas normas se aprueban. Solamente por esa disposición se llegaría a 600 internados, esto es un aumento de 50% sobre la población existente. Si para 32 plazas demoraron un año y medio, solo para construir esas 200 que seguro que va a haber que construir no sé cuánto se puede demorar.

Además de eso, ocurre que la segunda norma, la que establece un mínimo de permanencia de 12 meses –teórico, porque en realidad va a ser de seis–, va a hacer que los adolescentes estén más tiempo internados que ahora, con lo cual la circulación de adolescentes se va a enlentecer.

EC - Usted destaca que no solamente va a haber más internados, sino que además esos internados van a permanecer más tiempo.

DS - Exacto. ¿Qué diferencia hay? Un estudio de hace cinco años que encuestó a todos los adolescentes privados de libertad que había en ese momento establecía que el 85% llevaba menos de seis meses privados de libertad, solo el 15% llevaba penas superiores a esa. Quiere decir que la regla era que pasaran menos de seis meses internados. Ahora la regla se invertiría y eso pasaría a ser el mínimo. Los efectos que puede tener esa mayor permanencia son difíciles de medir ahora, porque no tenemos datos, pero sin duda va a haber una población mucho mayor y va a permanecer por mucho más tiempo. Por lo cual ahí va a haber también un elemento de inflación en los números. No van a ser 200, como serían por imperio de la primera disposición, sino que, por imperio de la segunda, van a permanecer mucho más tiempo por imperio de la segunda disposición.
 
El último punto que hace que la situación sea grave es que el delito de rapiña –que, como vimos, es el que tiene mayor significación estadística y va a significar por sí solo 200 internados más– es el que más ha venido aumentando en los últimos años, sin parar. Yo digo en el trabajo que las fugas de los adolescentes no son una solución para el sistema. Es echarle querosén al fuego, porque el adolescente que se fuga sin cumplir nada o tras cumplir muy poco de la pena, vuelve. Lo primero que hace es cometer otro delito, entonces vuelve al INAU, de donde se vuelve a fugar. Hemos tenido adolescentes que han tenido seis procesos por rapiña en un año, no cumplen ninguna de las penas, salen, cometen delitos y vuelven a entrar. El 2009, que fue el año de más fugas, fue el año en que más rapiñas hicieron los adolescentes, superaron en números absolutos a las rapiñas de los adultos. Pese a que en la relación delitos cometidos por adultos–delitos cometidos por adolescentes, los adolescentes promedialmente son el 15% de los procesados y el 85% son adultos, en el rubro rapiñas estaban uno a uno. Esto demuestra que objetivamente cometían más rapiñas que los adultos, aunque se lo negaba. Se decía que era una impresión fruto de lo que trasmitía la prensa, una "sensación térmica".

EC - Usted dice que no era "sensación térmica".

DS - No, llegaron a cometer más y ahora están cabeza a cabeza. Pero en ambos sigue creciendo, adultos y adolescentes cometen cada vez más rapiñas, las últimas cifras, que son las del año pasado, hablan de 642 rapiñas. En el año récord, cuando superaron a los adultos, cometieron 595, y ya estamos en 642. Pasaron en el 2010 a 576 y en el 2011 a 642. Yo llevo mis estadísticas propias del juzgado donde trabajo, que es el de tercer turno, y solamente en el primer cuatrimestre de 2012 el aumento de procesados por rapiña en comparación con el primer cuatrimestre de 2012 fue de 58%. Pasamos de 58 procesados adolescentes a 92.

EC - Por lo tanto, si tenemos en cuenta también este factor, que la cantidad de rapiñas aumenta, hay que corregir los cálculos que había manejado antes.

DS – No, todo suma. Lo mínimo son 200, si existiera una sola disposición, si se sacara el mínimo de seis meses. Si simplemente se internara a todo el que rapiña pero sin ponerle un mínimo ya aumentamos en 200; si agregamos que está aumentando esto, es impredecible hasta dónde se puede llegar. Por eso aventuré que podemos llegar a cerca de 1.000 adolescentes privados de libertad, y seguro que a 800 vamos a llegar.

EC - Usted sigue con el análisis y prevé que pueden ocurrir hechos serios a partir de esa saturación.

DS - Sí, con menos de eso se destruyeron incontables veces los hogares del INAU. Incontables veces tuvimos episodios en que los funcionarios no querían aceptar más internos porque estaban superados largamente en su capacidad. Varias veces tuvimos adolescentes que fueron derivados a las comisarías, donde permanecieron a veces más de una semana, 10 días, adonde los funcionarios les llevaban la comida. O sea, lugares que están hechos para un alojamiento transitorio se transformaban en residencia permanente de los adolescentes. El gerente de la administración anterior llegó a pedirnos que los dejáramos en el carcelaje del juzgado –que también es para una detención provisoria de horas–, que ellos les llevaban comida. Con tal de no construir nuevos lugares cualquier cosa, porque existía la decisión política de no construir nuevos lugares.

EC - No es el caso en este momento.

DS - Exacto, cambió esa decisión política, y lo destaco, ese es el cambio importante. Pero están haciendo proyectos sin evaluar seriamente las consecuencias.

***

EC - A usted lo preocupa qué pasará a partir de esa saturación, de ese congestionamiento. Pero ¿necesariamente tenemos que ir a ese tipo de problemas? Por ejemplo, apuntan de la audiencia: "No se está considerando el efecto psicológico de que el joven sepa que si entra detenido ya no sale por un largo tiempo".

¿Qué dice a propósito de esto?

DS - Esto del efecto psicológico del aumento de las penas es un tema polémico tanto en adolescentes como en adultos. Yo veo lo que ellos dicen, en la práctica, mientras funcionó ese sistema de entrada y salida –la "puerta giratoria", como yo le digo– podíamos internar un adolescente el lunes y el viernes lo teníamos de vuelta en el juzgado. Era totalmente inoperante lo que hacíamos, estábamos robando la plata, como yo decía, porque estábamos trabajando al santo botón. Acá las cuatro patas tienen que funcionar a la vez, las cuatro patas son el Poder Judicial, la legislación, el aparato policial y el INAU. O todos caminamos juntos o el sistema no funciona.

EC - Se supone que una medida como esta disuade a los adolescentes.

DS - Sí y no, yo a veces quedo sorprendido de cómo ciertas cosas no disuaden. A veces los ejemplos concretos son mejores que mil palabras. El año pasado cayó un adolescente al juzgado que había participado en la rapiña a un almacén con armas de fuego. Cuando la empleada del almacén los ve venir se va para el fondo; el almacenero, que vivía en el fondo, sale con un arma de fuego, hay un intercambio de disparos y el almacenero se salva de pura casualidad, porque el disparo que tira el joven pega en el árbol. El almacenero acierta uno de los disparos, el muchacho corre unos metros, le dice al compañero: "Pará, pará que me dieron", cae allí y no se levanta más.

El compañero es detenido, llevado al juzgado. Se lo procesa, creo que estuvo cuatro o cinco meses privado de libertad, y al mes, dos meses, lo tenemos de vuelta en el juzgado por una rapiña con las mismas características, armas de fuego y todo. Hablamos con él y le decimos: "Pero escuchame, hace unos meses estuviste acá por algo similar, mataron a tu compañero al lado tuyo, o sea la muerte no es algo lejano ni hipotético, en tu caso fue algo real, y estás de vuelta haciendo lo mismo", "¿Y qué quiere que haga?", me dice. Si la posibilidad de la muerte no disuade a algunos adolescentes de seguir teniendo esas conductas, mucho menos lo hará el aumento de penas. Pero hay que reconocer que muchos adolescentes seguramente van a reflexionar cuando sepan que no les va a salir tan barato.

EC - Hay dos medidas disuasivas: el aumento del rigor de las penas y el hecho de que en el INAU ya no funciona la "puerta giratoria".

DS - Funciona a una velocidad menor. Si no funcionara, las fugas en vez ser de un 100%, 70%, 300 sobre una población de 400, tendrían que ser de 2, 3, 1%, que es lo que pasa en los países donde los sistemas de privación de libertad funcionan.

EC - A partir de estos cálculos que usted ha hecho y que leíamos en la carta que está publicada en Espectador.com, hicimos una consulta con el presidente del Sirpa, Ruben Villaverde. Y por un lado él hacía este mismo comentario del oyente: no se está teniendo en cuenta el efecto disuasorio de la medida, quizás haya que corregir esos números. Además agregaba otros factores, decía que el Sirpa está trabajando en algunas medidas tendientes a evitar la sobrepoblación, por ejemplo: 1) incorporación próximamente (en un mes y medio) de 300 funcionarios; 2) incorporación también próximamente de técnicos para trabajar con los menores; 3) fortalecimiento de los programas socioeducativos, lo que daría más opciones a los jueces antes que determinar directamente la privación de libertad; 4) antes de fin de año, a través de distintas obras, incorporar unas 230 plazas más, y hay más construcciones previstas para el año que viene.

¿Cómo observa este esquema de trabajo que se está siguiendo en el Sirpa?

DS - El esquema de trabajo me parece muy bien, coincido en todo. En cuanto a las expectativas de construir esas 230 plazas para fin de año, lo que le puedo decir es que a mediados del año pasado en una reunión que tuvimos con el directorio se nos dijo que en el primer semestre de este año iba a estar funcionando a pleno el megacentro para 300 y pico de internados. Nos mostraron los planos en una presentación de PowerPoint, precioso, pero estamos en el segundo semestre y eso ni siquiera se ha comenzado a construir. Entonces tengo mis serias dudas de que los plazos que él maneja se puedan cumplir, no por falta de voluntad política sino por las demoras burocráticas que todas estas cosas tienen, llamados a licitación, observaciones del Tribunal de Cuentas, etcétera, que hacen que las cosas se retarden un montón en el Estado.

Pero aunque eso se hiciera, sería para cubrir el déficit existente en materia de funcionarios, de plazas, pero no para alojar a una población de la magnitud de la que se nos vendría.

EC - ¿Entonces qué propone? ¿Hay que descartar este proyecto de ley?

DS - Primero hay que ser conscientes de los efectos que este proyecto de ley va a tener en el número de internados si se aprueba tal como está. Hasta ahora nadie lo había mencionado y me pareció mi deber moral ponerlo arriba de la mesa, que es lo que he hecho enviándole este documento. En segundo lugar, estoy de acuerdo en que se establezcan máximos y mínimos para los delitos, porque actualmente existe un único máximo de cinco años y de ahí para abajo se puede hacer lo que se quiera.

EC - Considera saludable lo que este proyecto de ley incluye, estas reformas de las que veníamos hablando: que para el caso de infracciones gravísimas cometidas por jóvenes de 15 a 18 años, la medida cautelar de privación de libertad sea preceptiva hasta el dictado de la sentencia; que las medidas privativas de libertad tengan una duración no inferior a 12 meses y que el cese de la privación de libertad solo pueda solicitarse una vez cumplida la mitad de la medida.

DS - La primera, que sea preceptiva en todos los casos, no estoy de acuerdo. Creo que hay que dejar una válvula de escape para que los jueces puedan hacer excepciones. Le leo un caso, un informe de un adolescente que se mandó junto con otro una rapiña a una estación de servicio con un arma de juguete:

"Vivo con mis padres, cursé hasta tercer año de liceo, no trabajo, no tengo antecedentes. Yo estaba con un compañero que lo conozco de hace tres semanas, él me dijo si quería manejar la moto Suzuki, ‘¿Me llevás a la estación de servicio para una rapiña?’, y que él me daba un dinero. Como yo manejo bien, por eso fue que me lo pidió. Yo estuve de acuerdo". "¿Desde cuándo lo conoce a su compañero?", "Del barrio, hace tres semanas, nos juntábamos en la esquina de 20 de Febrero y Vázquez Cores", "¿Antes usted participó de hechos de este tipo?", "No", "¿Qué iba a hacer con el dinero?", "Comprarme la ropa", "¿Usted tiene problemas de alimentación en su casa?", "No, pero yo quería buena ropa", "¿Qué le parece lo que usted hizo?", "Que está mal", "¿Se da cuenta que tuvo suerte?", "Sí" –porque le pegaron dos balazos–, "¿Por qué va a seguir estudiando?", "Quiero terminar el liceo, me fue bien hasta segundo, después tercero lo repetí varias veces", "¿Sus padres trabajan?", "Sí", "¿Cuántos disparos tiene usted?", "Dos" [...] "¿Se involucró en otras cosas?", "No", "¿Usted se arrepintió de lo que hizo?", "Cuando quedé tirado en el piso, yo estaba nervioso".

¿Le parece que la respuesta que le debe dar el sistema a este muchacho –primario, que estudiaba, que va a hacer un asalto medio improvisado con un arma de juguete, que recibe dos balazos– es mandarlo internado por seis meses? Yo creo que no, que con eso no le hacemos ningún bien a él ni tampoco a la sociedad.

EC - El argumento del propio Frente Amplio para habilitar esto de la internación como medida precautoria es que así se puede trabajar en la reeducación.

DS - Se puede trabajar también afuera en la rehabilitación, y en ambos casos se puede trabajar bien o mal. Creo que hay que mejorar todos los mecanismos de trabajo en la rehabilitación. Pero con esta clase de adolescentes hay que trabajar afuera, no mezclándolos con esa otra clase de adolescentes que han hecho del delito su modo de vida, un hábito, y que son la mayoría de los que ocupan las celdas del INAU.

EC - Así que usted no comparte una de las medidas.

DS - No, debería dejarse una válvula de escape, cosa que está prevista, según me dijo Zubía, en un proyecto del Partido Nacional en el que se invierte el principio: en vez de que el principio sea la privación de libertad en el menor de los casos posibles y durante el más breve tiempo posible que proceda, la regla en ciertos delitos pasa a ser la privación de libertad, pero puede haber excepciones que deberán ser debidamente fundadas por el juez. Con eso simplemente dejaríamos una válvula de escape que sería inferior al 33%, porque hoy ya al 66% los internan. A esos lo van a seguir internando, pero si logramos que ese otro tercio, que son 200 más por año solo por rapiña, en vez de 200 sean 100, y que los otros 100 vayan a estos programas, se habrá agravado la situación para esos 100 pero los otros 100 tendrán una posibilidad de recuperación afuera.

EC - ¿Le parece bien que la medida privativa de libertad sea no inferior a los 12 meses, ese mínimo le parece bien?

DS - En realidad el mínimo es de seis, porque el INAU hoy en día le está pidiendo la libertad a la mitad de la pena a todo el mundo, salvo excepciones. Pasa la mitad de la pena, y aunque no se haya hecho nada, aunque no haya ningún proceso en trámite, la piden. Esa orden quedó del directorio anterior, era otra forma de sacarse a los adolescentes de encima pensando que esa era la solución. "Hay superpoblación, vaciemos al INAU", y lo que hacía era sobrellenarlo, porque el que se va sin estar rehabilitado, vuelve. Vuelve al poco tiempo y vuelve a ocupar esa plaza por mucho más tiempo. Entonces entramos en un círculo perverso, que fue lo que pasó la vez pasada, cada vez se iba más gente y cada vez entraba más gente, porque se veía alentada.

Creo que en algún momento va a haber que aprobar este proyecto o un proyecto que establezca penas, para evitar inconsecuencias como las que le mencionaba antes, que acá en Montevideo le aplicamos una pena de seis meses de privación de libertad a un adolescente que comete una rapiña a mano armada en un almacén, y en Rosario por ese mismo delito le ponen cinco años, que es el plazo máximo. Entonces, ¿qué dejamos para el homicidio? Aparte, ¿es justo que a uno se le imponga una sanción de cinco años porque cometió el delito en un departamento y tiene determinado juez, y a otro le den seis por el mismo delito en otro departamento? No es sensato. Hay que regular esto para que no quede tan al libre arbitrio de los jueces. Pero siempre que se impongan mínimos de privación de libertad, sean de doce, seis, ocho, tiene que haber una válvula de escape para los jueces, para contemplar casos como este.

EC - ¿Y con respecto al problema que se generará con este proyecto, que usted advierte, de superpoblación en los centros de reclusión del INAU?

DS - Esa excepción no la va a evitar, va a disminuir la superpoblación porque va a evitar que algunos vayan para adentro.

EC - Entonces, ¿qué es lo que usted propone?

DS - Si se quiere aprobar un proyecto de estos, primero deben crearse las plazas necesarias para colocar de manera digna a los adolescentes que van a terminar internados por aplicación de esta norma. Mientras tanto eso no se puede hacer, sería un acto de grave irresponsabilidad política, a mi juicio.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Documento "Análisis de los efectos de algunas de las reformas propuestas con respecto a los adolescentes infractores", proporcionado por el Dr. Daniel Sayagués.

Datos sobre el total de adultos y adolescentes procesados en Montevideo de 2008 a 2010 y sobre el total de adultos y adolescentes condenados por hurtos y rapiñas en Montevideo de 2008 a 2011 (estudio del Dr. Daniel Sayagués)

Documento: Proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento que prevé que los menores que cometan delitos graves con violencia tengan una pena mínima de un año de reclusión (27/06/2012)