Los vecinos de Rocha presentaron un recurso para anular la resolución del proyecto del puerto de aguas profundas
La instalación de un puerto de aguas profundas entre los balnearios de La Pedrera y Cabo Polonio, en Rocha, generó reticencias entre los vecinos y los asiduos del lugar. Tal es así que presentaron un recurso de revocación a la resolución que emitieron el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Para conocer más sobre este tema, En Perspectiva dialogó con Carolina Neme, integrante de Gaia, una organización de abogados que trabaja por el derecho ambiental. La abogada considera que el procedimiento para tomar este tipo de resolución no es el adecuado, "ya que este tipo de emprendimiento requiere una autorización ambiental por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el organismo competente".
(emitido a las 7.45 Hs.)
EMILIANO COTELO:
Vecinos de la zona de El Palenque, en la costa de Rocha, presentaron un recurso solicitando la anulación de la resolución de Presidencia de la República de construir un puerto de aguas profundas, ya que entienden que viola principios y derechos legales básicos.
El escrito fue respaldado por Gaia, una organización liderada por abogados que trabaja por el derecho ambiental, y Movus, el Movimiento por un Uruguay Sustentable.
Con la doctora Carolina Neme, integrante de Gaia, estamos en contacto en este momento en En Perspectiva.
Cuéntenos a propósito de Gaia, es una organización que quizás los oyentes no conozcan.
CAROLINA NEME:
Gaia es una organización que surgió en 2009 a raíz de lo que se está dando no sólo en Uruguay, sino también en el resto del mundo, producto del desarrollo, de los avances tecnológicos y científicos que a veces no dan respuesta a las consecuencias que se están produciendo en el medio ambiente, y que generan conflictos sociales como este. El derecho ambiental es una herramienta para prevenir impactos ambientales que pueden ser graves, no sólo para la naturaleza en sí, sino también para la sociedad.
EC El 14 de junio se firmaron el decreto y dos resoluciones en las que se aprueba la instalación del puerto de aguas profundas en las costas del océano Atlántico, entre los kilómetro 236,500 y 242 de la ruta nacional número 10, o sea entre La Pedrera y Cabo Polonio. ¿Qué objetan ustedes de esta decisión del Gobierno?
CN Nosotros presentamos un recurso de revocación a la resolución que emitieron el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, habilitando este puerto. Esta resolución se basa en un informe de la Comisión Interministerial que estuvo estudiando la temática. Nosotros consideramos que este no es el procedimiento adecuado para tomar este tipo de resolución, ya que este tipo de emprendimiento requiere la autorización ambiental por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el organismo competente.
EC En la entrevista que realizamos en En Perspectiva con el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Pablo Genta, integrante de la Comisión Interministerial, él puntualizaba que ahora viene la etapa de los estudios de impacto ambiental, que eso está pendiente aún.
CN Sí, también se necesitan estudios ambientales para saber cual es el lugar más adecuado para realizar un emprendimiento de estas características, no solo del impacto ambiental de la construcción en sí misma.
EC Ustedes cuestionan la forma cómo se resolvió el lugar donde estará ubicado el puerto de aguas profundas.
CN Sí, la habilitación de un emprendimiento de esta envergadura en ese lugar.
EC ¿Ustedes están cuestionando las formas o el fondo? ¿Ustedes también objetan el lugar elegido?
CN Nosotros estamos cuestionando la forma que nos lleva al fondo, porque el procedimiento que se llevó adelante no es el correcto y ni el legalmente previsto por las leyes ambientales. Estamos cuestionando la decisión en sí, el procedimiento que nos lleva al fondo del asunto, porque si no hay fundamentos técnicos, no hay una resolución válida y en consecuencia es ilegal.
EC ¿Los vecinos rechazan que el puerto se haga allí?
CN Los vecinos y la gente que está directa o indirectamente afectada por el tema temen por perder su derecho a gozar de este espacio, no es un tema ambiental ni de salud solamente. Por eso accionan. Nosotros queremos discutir, desde el punto de vista técnico, si esa es la mejor ubicación, si el puerto tiene que ir ahí o no, si tiene que haber un puerto. En base a la información se discute y se toman decisiones. Hoy por hoy no hay elementos para tomar una posición de este tipo.
EC Si tenemos en cuenta el tipo de preocupaciones que están de por medio, más allá de la forma como procedió el Gobierno, ¿ustedes estarían dispuestos a aceptar alguna localización del puerto de aguas profundas en las costas de Rocha? Porque se podría sostener que la ubicación de un puerto en esas costas siempre implicaría una afectación.
CN Sí, cualquier emprendimiento lleva un impacto ambiental. El tema a discutir es qué emprendimiento, dónde y qué procedimiento se lleva adelante, porque si realmente se crea una discusión pública de este proyecto y se ven las distintas alternativas, se hacen audiencias públicas y se tratan todos los procedimientos que prevé la ley, se estaría haciendo el procedimiento correcto con el cual se está informando a la población sobre las alternativas para después tomar una decisión fundada.
EC Un mensaje de un oyente dice: "¿Cuál sería el lugar entonces? Cualquiera que se proponga va a ser rechazado por estas organizaciones, así no nos desarrollamos más".
CN En realidad nosotros no somos técnicos para decir si realmente se necesita un puerto y donde. La sociedad civil también tiene derecho a opinar. Después vienen las opiniones fundamentadas por parte de los técnicos. Nosotros tratamos de que se hagan bien los procedimientos y que, en base a la información que tiene la gente, se tomen posiciones. Queremos poner la discusión sobre la maesa porque la mayoría de la gente no sabe lo que está pasando.
EC ¿Cómo es el trámite del recurso que ustedes presentaron?
CN Nosotros presentamos un recurso solicitando la suspensión de esta resolución en la Asamblea General, que tiene un tiempo determinado para expedirse sobre el tema. De no hacerlo, se considera como aprobado, de ahí nuestro apuro porque se suspenda de manera inmediata la resolución. Es difícil que lo hagan, ya que es una resolución que ellos mismos emitieron.
EC ¿Qué pasa si no se acepta este recurso?
CN El Estado tiene un plazo legal de 150 días para pronunciarse, y si no lo hace esto pasa al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que vea si anula o no la resolución del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
EC ¿Cómo entra en su análisis el proyecto Aratirí? Porque días después de las resoluciones del Poder Ejecutivo hubo una reunión en la Torre Ejecutiva donde las autoridades recibieron a este grupo empresarial que había proyectado su terminal de aguas profundas en la zona de La Esmeralda (Rocha) y a quienes ahora se está convocando a que compatibilicen su proyecto con el puerto de aguas profundas que el Estado uruguayo impulsa, entre otras cosas porque Aratirí precisa una terminal portuaria de aguas profundas pronto.
CN Sí. Claramente Aratirí es el principal socio e interesado de este emprendimiento. El informe de la Comisión Interministerial dice que estos trámites se tienen que hacer lo más rápido posible porque Aratirí tiene que cumplir ciertos plazos y temen que el emprendimiento se caiga y pierdan interés.
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Foto: Archivo