El caso uruguayo está en la agenda tanto de gobiernos como de medios internacionales, que ponen sus ojos hoy en la región.
 
El objetivo declarado por el presidente José Mujica de abrir un debate amplio en la región sobre la posible legalización de la producción y venta de marihuana con el fin de contener los efectos del narcotráfico parece haberse cumplido.
 
Existe un reconocimiento sobre la necesidad de volver de rediscutir un nuevo diseño de lucha contra la drogas, ya que se considera que el esquema prohibicionista no solo fracasó, sino que en realidad contribuyó al auge de las organizaciones narcotraficantes.
 
Así lo expresa parte de la exposición de motivos del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envío la semana pasada, cuyo único artículo pone en manos del Estado todo lo concerniente a producción, comercialización, distribución y control de consumo del cannabis.

Es que Uruguay, según se indica en el último Informe Mundial sobre Drogas de Naciones Unidas, es el mayor consumidor de marihuana de América Latina y el tercero del continente, con un 5,6% de su población adulta.
 
Hasta el momento, ningún país de la región declaró estar dispuesto a promover una iniciativa como la uruguaya. Pese a ello, el debate está en mayor o menor medida instalado en toda la región.
 
Así lo consignaron en la última semana diversos medios latinoamericanos, que trazaron un panorama de sus respectivos países.
 
En Chile, por ejemplo, esta semana comenzó a discutirse en el Parlamento un proyecto que autoriza el cultivo para consumo personal y terapéutico, y que despenaliza la tenencia en pequeñas cantidades.
 
La iniciativa corre por cuenta de senadores socialistas, entre ellos Ricardo Lagos Weber, hijo del expresidente de ese país.

Argentina también se apresta a discutir en su Parlamento un proyecto para despenalizar la tenencia para uso privado,  promovida por el propio jefe de Gabinete del Gobierno, Aníbal Fernández. En este país está autorizado el consumo en privado por parte de adultos, aunque la tenencia recibe una pena de hasta seis años de prisión, que si es para consumo personal se reduce a dos meses.
 
En Colombia está prohibida la tenencia y consumo superior a 20 gramos de marihuana. El presidente Juan Manuel Santos se declaró dispuesto a discutir la iniciativa de Mujica, aunque dijo que si no se hace a nivel regional no solucionará nada.
 
En Brasil el consumo de marihuana está penado, aunque a diferencia de otras drogas no incluye penas de prisión siempre que se trate de pequeñas cantidades.
 
Allí la despenalización está desde hace años en el centro del debate.
 
Paraguay, que es uno de los principales productores regionales, pena la tenencia de cualquier droga y un proyecto de despenalización en 2009 no prosperó.
 
México despenalizó hace dos años el consumo personal de cualquier droga.
 
En Ecuador, una iniciativa a estudio pretende despenalizar el consumo hasta ciertos volúmenes, ya que hoy solo la tenencia de marihuana recibe hasta dos años de prisión.
 
En Perú el consumo personal no tiene sanción pero la tenencia puede recibir hasta 8 años de cárcel, mientras que Bolivia están absolutamente prohibidos ambos, con penas de entre 10 a  25 años.
 
Venezuela permite el consumo personal aunque también penaliza la tenencia. El ministro del Interior de ese país, Tareck El Aissami, dijo hace pocas semanas que la propuesta de Mujica es "una trampa".
 
En tanto en Cuba, la pena por tenencia de marihuana va desde 15 años de prisión hasta incluso cadena perpetua.
 
Luego que el New York Times, la revista Time y otros medios de primera línea a nivel internacional trataran el tema, la cadena CNN puso sus ojos en el proyecto uruguayo.
 
Entrevistó a los diputados Julio Bango (Partido Socialista, Frente Amplio) y Pablo Iturralde (Alianza Nacional, Partido Nacional), ambos integrantes de la Comisión de Adicciones que tiene a estudio tanto la iniciativa del Gobierno como otras tres que prevén el autocultivo.
 
El legislador socialista discprepó en parte con el Gobierno al señalar que este es un tema principalmente de salud, más que económico. Llamó a dar un debate sin banalizar las distintas alternativas sobre la mesa. 
 
Por su parte, el nacionalista Iturralde dijo que en principio no está contra de la legalización de la marihuana, aunque criticó la "improvisación" del proyecto planteado por el Ejecutivo.
 
Iturralde marcó que el verdadero problema está representado por la pasta base, tema en el que el Gobierno debe tener una política concreta.
 
En las últimas horas además, un ministro de la Suprema Corte de Justicia dijo ver con buenos ojos la iniciativa.
 
En rueda de prensa la pasada semana, Ricardo Pérez Manrique dijo que la política de control por sobre el "no prohibicionismo" podría solucionar parte de los problemas que hoy tiene el país.
 
La última encuesta encargada por el Ministerio del Interior muestra que creció el respaldo a la iniciativa, luego que estudios iniciales indicaron que el 60% de los uruguayos se mostraban críticos con que el Estado asumiera la regulación de la producción y consumo de marihuana.

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