Entrevistas

Las iniciativas para reactivar Paylana pueden quedar en suspenso hasta fin de año

En una visita a la planta de Paylana en Paysandú, el presidente José Mujica reafirmó su apoyo para que la cooperativa se haga cargo de la fábrica. Semanas atrás hubo una subasta pública de los activos pertenecientes a Paylana en la que el Banco República (BROU) pagó 2.600.000 dólares y se convirtió en el principal adquirente de inmuebles y máquinas. Se estima que el BROU realizará un llamado a quienes estén interesados en comprar los bienes obtenidos en el remate. Una de las posibilidades es que la cooperativa de trabajadores se quede con ellos. También se denunció que obreros de Paylana se habían agrupado en las puertas de la sede de la Asociación de Rematadores e impidieron el ingreso a algunos interesados. Para conocer más sobre esta denuncia, En Perspectiva entrevistó al abogado Fernando Cabrera, responsable del servicio jurídico de la Liga de Defensa Comercial. Cabrera afirmó que en un remate con muchos oferentes, los acreedores salen más beneficiados, "pero un remate tiene que asegurar el libre acceso a cualquiera que quiera ir a mirar, a pujar o participar, sino, no es una subasta pública", dijo. A partir de la denuncia, el juzgado puede anular el remate e iniciar una etapa de investigación de los hechos, lo cual retrasaría la reactivación de la planta.




(emitido a las 7.47 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El presidente José Mujica visitó este miércoles la planta de Paylana, en Paysandú, y confirmó el compromiso del Gobierno de apoyar a la cooperativa de extrabajadores para que puedan hacerse cargo de la fábrica.

Mujica definió Paylana como "un pedazo de la historia industrial del Uruguay, y ni que decir algo emblemático para Paysandú. Hay una decisión de carácter político, apostamos a poner el hombro cuando los trabajadores deciden y cuando afrontan todas las dificultades de transformarse en patrones de sí mismos", siguió diciendo el mandatario.

También dio una noticia: "estoy en condiciones de comunicarle a la gente que el Banco República decidió aceptar un ofrecimiento que le hizo el Fondo de Desarrollo (Fondes), que es hacerse cargo de la plata que puso el Banco República en el remate de los activos de Paylana, que tuvo lugar hace pocos días, y también de los costos. O sea, el Fondes pasaría eventualmente a ser el propietario de esos activos", dijo Mujica.

El lunes 13 hubo una subasta pública de activos pertenecientes a Paylana donde el Banco República terminó siendo el adquirente, pagando 2.600.0000 dólares por el inmueble y máquinas. Se supone que el Banco República, el principal acreedor de Paylana, va a hacer un llamado a interesados en comprarle esos bienes que obtuvo en el remate. Se espera que haya varios interesados y que el Banco República elija la oferta más conveniente. Una de las posibilidades es que la cooperativa de trabajadores se quede con ellos.

Hasta ahora se había hablado que la cooperativa pujara por esos bienes, utilizando un crédito otorgado por el Fondes, recientemente creado. Ahora Mujica propone que el Fondes compre los bienes, "una solución más inteligente –dice- para que los trabajadores no arranquen ahorcados con una cuenta que iba a ser difícil de remontar. Si bien la propiedad del inmueble sería del Fondes, la fábrica terminaría siendo utilizada por la cooperativa". No dio más detalles al respecto.

Mientras tanto está pendiente el cuestionamiento a la subasta del inmueble y la maquinaria pertenecientes a Paylana. Algunos interesados en participar en el remate denunciaron públicamente que el ingreso les había sido impedido por algunos de los obreros de Paylana que se habían agrupado en las puertas de la sede de la Asociación de Rematadores donde se concretaba esa operación.

Hubo testimonios que salieron en la prensa, se habló de que algunas de esas personas presentarían recursos. El viernes pasado la Liga de Defensa Comercial,  integrante de la Comisión de Acreedores de Paylana, pidió a la Justicia la nulidad del remate en defensa del instrumento de la subasta y por razones éticas, según señala la crónica esta mañana del semanario Búsqueda.

¿Cómo viene el proceso de liquidación de Paylana y de la eventual reapertura con la actividad a cargo de los ex empleados? Vamos a preguntárselo al doctor Fernando Cabrera, abogado, responsable del servicio jurídico de la Liga de Defensa Comercial.

¿Cuál fue el trámite que hicieron?

FERNANDO CABRERA:
Ni bien salieron las versiones de prensa e imágenes televisivas, nos presentamos en el juzgado solicitando que la sindicatura y el mejor postor, o sea la Asociación Uruguaya de Peritos y el Banco República, aclararan si efectivamente habían sucedido esos hechos.

El juzgado hizo lugar, dio traslado de nuestra solicitud. El Banco República señaló que si bien tuvieron algunas dificultades para ingresar al local donde se hacía el remate, pudieron entrar, y no hubo mayores inconvenientes.

En el otro escrito la sindicatura señala que ellos mismos tuvieron dificultades para acceder. Hasta que no se identificaron como síndico y la gente que estaba en la puerta corroboró que era real, no podían ingresar. Podrían haber existido hechos contrarios a derecho y en definitiva dejan la puerta abierta admitiendo de que son reales las versiones de prensa.

En base a estos elementos, la Liga de Defensa Comercial se presentó el 24 de agosto solicitando la nulidad de la subasta.

EC – ¿Cuál es el interés de la Liga de Defensa Comercial en esa subasta?

FC – Nosotros somos integrantes de la Comisión de Acreedores, un instituto dentro del proceso concursal que se forma cuando están presentes más de la mitad del pasivo quirografario con derecho de voto del deudor.

EC – Sí, está en curso lo que antes se llamaba concordato de Paylana.

FC – Exacto. Está en trámite el concurso de Paylana. Dentro de ese concurso se reunieron los acreedores quirografarios con derecho de voto, y más del 90 por ciento resolvió la formación de la Comisión de Acreedores, uno de esos integrantes es la Liga de Defensa Comercial. De acuerdo a la ley 18.387, Ley de Concursos, esta comisión tiene dentro de sus cometidos velar por la regularidad de los procedimientos.

EC – Se supone que un remate en el que participaran más oferentes es más beneficioso para los acreedores, ¿está bien ese razonamiento?

FC – Sí, eso es lo que debería suceder.

EC – Si hay más oferentes, hay puja. El precio de los bienes sube y por lo tanto se obtiene más dinero para pagarle a los acreedores.

FC – Sí, es correcto. Pero un remate tiene que asegurar el libre acceso a cualquiera que quiera ir a mirar, a pujar o participar, sino no es una subasta pública. Esos son los argumentos que nos llevaron a comparecer, dando cuenta de que no se hizo un remate en condiciones normales y regulares.

No nos olvidemos que el Banco República es el principal acreedor con prenda e hipoteca que estaba ejecutando sus garantías, y como tal hacía uso de una prerrogativa que le da el Código General del Proceso para comprar con su propio crédito. Es decir, está exonerado de pagar la seña y puede compensar con el crédito que tiene.

EC – Si el Banco República es el comprador, como aparentemente ocurrió, no pone dinero.

FC – Exactamente.

EC – Descuenta de lo que Paylana le debe al Banco República.

FC – Exacto, paga los gastos del remate, los honorarios del rematador, pero no pone los 2.650.000 dólares, lo compensa con su crédito. Es un procedimiento muy utilizado. Lo particular en este caso fueron los hechos que se registraron en la puerta del lugar del remate.

EC – A partir de lo que señaló el síndico de Paylana, el representante de la Asociación Uruguaya de Peritos, su preocupación es cómo se desarrolló el remate, el procedimiento no habría tenido las garantías del caso y se presentan ante la Justicia. ¿Qué debe hacer la Justicia?

FC – Como no hay un procedimiento fijo establecido en la Ley de Concursos tiene que aplicarse la normativa supletoria, que es el Código General del Proceso. La jueza tiene que dar un plazo de seis días, tanto a la Asociación de Peritos como al Banco República, de nuestra demanda de nulidad. Nosotros presentamos una demanda formal con pruebas, hechos, derechos petitorios, como establece la ley, y ellos tienen que contestar en los mismos términos. Pueden tomar diferentes actitudes. O bien se allana a nuestra solicitud, asumen que existieron hechos de violencia que impidieron el ingreso de terceros, con lo cual el juzgado decreta la nulidad de la subasta; o de lo contrario controvierten lo que nosotros dijimos y se abre una etapa de pruebas, se convoca a una audiencia, se citan a los testigos, y finalmente termina con la resolución del juzgado anulando o no el remate.

EC – ¿Cuánto tiempo puede llevar esto?

FC – Tienen seis días. Cuando venza este traslado, que todavía no ha sido notificado, vamos a tener claro el panorama. Estamos hablando de un escenario de unos muy pocos días, si ellos se allanan la próxima semana ya se está dictando una resolución anulatoria. Ahora, si alguno entiende que no existieron hechos de violencia, el procedimiento no va a estar resuelto sino hasta fin de año.

EC – ¿Eso implicaría que quedarían en suspensos las iniciativas que se están manejando a propósito de la reactivación de la planta?

FC – Sí, porque no puede quedarse aprobado el remate. A raíz de nuestra presentación de la existencia de hechos de violencia el juzgado de concursos de oficio remitió un testimonio del expediente al juzgado penal.

EC – La otra posibilidad es que se declare nulo el remate y se lo haga de nuevo. ¿Eso podría ser rápido?

FC – Sí. Eso sería lo más rápido.

***  
Foto: Archivo