Perjudicados por Cammarota deben recurrir a la Justicia
Ministro de Turismo, Pedro Bordaberry: Nos reprochan que no le damos una solución, cuando eso no es posible. Es como si alguien compra una heladera en cuotas y no se la entregan: no hay previsiones presupuestales para resarcirlo, y corresponde que el damnificado inicie el debido proceso.
(Emitido a las 07.38)
ALFREDO DANTE:
El ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, sostuvo ayer que ninguna ley autoriza a su cartera a reembolsar a un privado por un conflicto con otro privado, en relación al cierre de la empresa Cammarota y Asociados.
Un grupo de damnificados por esta situación se hizo presente en el Palacio Legislativo, y uno de sus representantes dijo que no recibieron ninguna respuesta a sus reclamos por parte del Ministerio.
Estuvieron presentes unos 40 clientes de la empresa que esperaron al ministro, aunque sin poder encontrarse con él, ya que Bordaberry se retiró por la salida de atrás del anexo del Palacio Legislativo.
En la Comisión de la Cámara de Diputados, el ministro señaló que concurría para informar de lo actuado por su cartera, a la vez que manifestó que un Ministerio no debe resolver un conflicto entre privados.
Por su parte, los damnificados por Cammarota y Asociados manifestaron que no recibieron ninguna respuesta por parte del Ministerio a sus reclamos.
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Estamos en comunicación con el ministro Bordaberry. ¿Por qué no se reunió ayer con los damnificados de Cammarota y Asociados?
PEDRO BORDABERRY
No me gusta empezar por rectificaciones, pero me parece que tiene una muy mala intencionalidad la forma en que presentaron esto.
En primer lugar, yo no salgo ni entro por ninguna puerta en especial: salgo y entro por la puerta que está prevista para salir y entrar, y por la que he salido y entrado toda la vida cuando me ha invitado a concurrir la Comisión de Turismo del Parlamento.
No estaba previsto que me reuniera con ningún perjudicado por este tema. Usted sabe que, para ingresar al Palacio Legislativo, usted, yo o el que sea tenemos que pasar por las barreras de seguridad.
O sea que el que brindó esa información como que yo me fui sin enfrentar a cualquier persona no dijo lo cierto. La gente ha ido al Ministerio muchas veces, las veces que ha ido yo he bajado, he conversado con ellos, les he explicado cómo es la normativa legal, en todo momento he conversado, pero cantidad de veces, cantidad de veces. Cada vez que salgo y entro y alguien con algún problema que quiere hablar conmigo, me pongo a conversar con ellos y explico. Pero lo que pasa es que a veces se organiza algún tipo de reunión o de manifestación sin avisarme, y entonces a veces estoy y a veces no estoy. Ayer, me invitó la Comisión de Turismo del Parlamento a concurrir a determinada hora, a las dos de la tarde, y a las dos de la tarde yo estaba en la Comisión. Y cuando terminé me fui por donde entré. Además había estacionado el auto fuera del Palacio Legislativo; había ido con el subsecretario en su auto particular (era él quien manejaba), y salimos caminando del Palacio. Así que me gusta aclarar estas cosas.
AD - Le aclaro que no hay ninguna intencionalidad en la introducción de la entrevista; esa fue la imagen que les quedó a los damnificados: que el ministro se había ido por la puerta de atrás.
PB - Pero usted sabe que, si dice "Se fue por la puerta de atrás", queda feo ¿no? ¿Coincide conmigo en eso?
AD - Sí.
PB - Entonces, quiero decirle que no me fui por ninguna puerta [de atrás], nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Creo que ustedes tienen claro que, cuando tengo que dar explicaciones o conversar, o cuando tengo que reconocer si me equivoqué o no, no tengo problema en hacerlo. Creo que el de ayer no fue el caso. Quien me había convocado para reunirse conmigo, se reunió. Eso es así de claro.
AD - Bien. Usted ha reiterado ante la comisión los argumentos que ha manifestado públicamente: entiende que el Estado no está obligado a reembolsar a los privados, que este es un lío entre empresa y clientes, del cual el Ministerio no debe participar.
PB - Ayer aclaré a los diputados cómo son las normas legales, y no me hicieron ningún tipo de solicitud o pregunta al final discrepando con todo lo que dije.
Me invitaron a concurrir, fui, les dije cómo era la situación, los legisladores desconocían algunas normas específicas sobre el sector turístico... Por ejemplo, que los recursos tienen efecto suspensivo, por ejemplo la diferencia entre un aval y un depósito de dinero... Algunos de ellos pensaban que un aval era un depósito de dinero en el Ministerio, explicamos que no es así, explicamos cómo son las relaciones jurídicas que se dan en este caso, y además les explicamos que hay cosas que... Un diputado me preguntó qué va a hacer el Ministerio para obligar a la agencia a cumplir: lo que dijimos fue que en un Estado de Derecho, con el ordenamiento constitucional que existe en nuestro país, el Ministerio no puede obligar a una agencia de viajes a cumplir con los pasajes, porque en definitiva esa es función de la Justicia. Al haber separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, si alguien tiene que hacer cumplir una norma frente a un particular, el que tiene esa potestad es el Poder Judicial y no nosotros.
JOEL ROSENBERG:
¿Le sorprendió tanta desinformación básica en los legisladores?
PB - No, no; no creo que haya sido desinformación básica. Creo que como siempre, cuando a uno lo invitan y uno está trabajando en un sector específico, obviamente las normas son las que tenemos que seguir. Eso fue lo que se hizo: se informó de todo, incluso cómo había sido la situación.
Cuando alguien no cumple los requisitos formales en el Ministerio, lo que debemos hacer es iniciar el procedimiento dando al particular el derecho de defensa. También se nos preguntó "¿Y por qué no lo cerró enseguida?". Yo no puedo cerrarlo enseguida porque tengo que seguir un procedimiento legal, porque existe el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso, que debemos seguir siempre porque estamos en un Estado de Derecho. Esas son cosas básicas.
Y cuando se nos pregunta si el Ministerio puede reembolsar, también explicamos que los ministerios, el Estado, tienen un presupuesto que establece en qué pueden gastar el dinero, y la Ley de Presupuesto no establece que haya un dinero destinado a gente perjudicada en un contrato entre privados. Creo que eso es claro, ¿no?
AD - ¿No debería haberlo?
PB - No; yo creo que no. Creo que es muy bueno cómo está organizado el Uruguay, realmente. El Uruguay está organizado de manera que cuando a alguien se lo perjudica tiene que concurrir ante la Justicia y hacer valer sus derechos, esa es la situación.
Acá puede haber alguna confusión porque en el decreto que regula la actividad del Ministerio hay un requisito formal de exigir un aval. Pero se explicó que en todo contrato o garantía (y el aval es una garantía) existen dos relaciones: una principal entre la persona que se obliga a algo y la persona que debe cumplir, en este caso la agencia y quien le fue a comprar el pasaje; y una relación accesoria que necesita de la principal, que es la relación de garantía. Esta relación de garantía se entabla entre el avalista, que es la tercera empresa que debe avalar esas operación (ni siquiera es el Ministerio), y el perjudicado en el caso del siniestro. Lo que hace el Ministerio es requerir una determinada formalidad, que en este caso se había cumplido, avalando la situación. Me parece que ese es el tema.
AD - ¿Qué enseñanzas deja al Ministerio para el futuro este hecho puntual de Cammarota y Asociados? Por ejemplo ¿no debería aumentarse el aval de U$S 80.000?
PB - Estuvimos viendo juntos toda la normativa desde el año 1974, cuando se aprobó la ley 14.335 hasta nuestros días. El llamado aval o seguro turístico, en realidad, nació (la ley lo dice claramente) para garantizar las operaciones de turistas que ingresen al país; así nació y era bastante lógico que así fuera, porque si usted viene al país a pasar una semana, 15 días, y no le cumplen, es muy difícil que pueda quedarse, contratar un abogado, hacer un juicio que lleva mucho tiempo... Entonces, ese fue el nacimiento de la norma.
Después, en 1997, se dictó un decreto que fue más allá de la ley, y que estableció que también quedaban regulados quienes compraban pasajes en las agencias de viaje, englobando a los nacionales.
Lo que se había hecho inicialmente era tratar de solucionarle rápidamente a un turista que compra un servicio y que se va del país, después se amplió a este tipo de situaciones, está previsto en el decreto y hay que cumplirlo.
Pero digo una cosa: en este caso, todavía no se sabe pero el perjuicio, según las estimaciones que se está haciendo, es de entre 300 mil y 400 dólares. Habría que requerir, entonces, un aval de ese tipo. Pero una estafa puede ser mayor: de un millón, de dos millones; entonces ¿pedimos un aval de un millón o dos millones de dólares? En general, lo que se pide es una relación de cuatro a uno y en consecuencia, para tener una agencia de viajes, ¿debería tener un respaldo testimonial de cuatro o cinco millones de dólares? No podrían existir las agencias.
AD - ¿Por qué es fijo y no proporcional a los negocios que hace la agencia, la venta de pasajes por ejemplo?
PB - Pero ¿quién determina eso? ¿Cómo sabemos que mañana van a ir 100 personas y hoy van 20? Si yo vendo heladeras en cuotas, usted compra, y después yo no se las doy, ¿también tendrá que tener un aval? Si vendo autos y después no los entrego, ¿también tengo que tener un aval? Si usted es periodista, la radio le paga pero usted no hace su trabajo ¿también va a tener que llevar una aval a la radio que asegure que usted trabaja?
Yo creo que este es un principio equivocado que hay en Uruguay: como que todo el mundo es culpable antes de que se pruebe lo contrario. Creo que en un Estado de Derecho -y ayer se los decía también a los legisladores cuando me preguntaban por qué el Ministerio no le exigía- recordaba las clases de Derecho en la Facultad: en la antigua Prusia, cuando alguien no cumplía, la persona frente a la cual no cumplió estaba habilitada a ir con los amigos, entrar en la casa, pegarle piñazos y llevarse lo que tuviera ganas. Después fue evolucionando la cosa, y se autorizaba que, a quien debía algo y no cumplía, el acreedor le pusiera los zapatos encima de un brasero y quemárselos hasta que cumpliera. Por suerte el Estado de Derecho evolución hasta nuestros días, y en la actualidad tenemos leyes, códigos, Constitución, que dicen que ante un incumplimiento se debe proceder de determinada forma. Me parece que ese debería ser conceptualmente el camino, y no estar pensando en una cantidad de regulaciones que no son lo normal en esta actividad o en cualquier otra.
Entiendo la situación de la gente que está dolida, que obviamente hizo un gran esfuerzo y no se le cumplió el contrato. Parece bastante lógico que la gente haga esto, y normalmente la gente descarga su dolor y su bronca con quien aparece. En este caso, cuando van al Ministerio nosotros damos la cara, y después que uno da la cara la gente dice "Pero yo no tengo respuesta del Ministerio". Pero lo que tratamos de explicarles es que la respuesta legal es esa de la que estoy hablando.
AD - ¿Qué pasa con las restantes agencias? Trascendió en las últimas horas que una decena de empresas también serían pasibles de clausura por el Ministerio.
PB - Hay más de 350 agencias que están en forma, que cumplen, que tienen muchos años de cumplimiento: 350. Entonces no podemos hacer pagar a quienes cumplen los problemas de quien incumple. Con lo que usted me decía de subir los avales, le estaríamos aumentando el costo a esas agencias que sí cumplen.
Cuando llegó el momento de la renovación del aval, el Ministerio hizo lo que hace todos los años: revisa cuáles son las que no tienen el aval e inicia el procedimiento. De las 350 inició procedimientos a 39, 28 trajeron el aval y 11 no. Esas 11 -entre ellas esta- fueron clausuradas. La única que tuvo esta repercusión fue esta.
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Transcripción y edición: Jorge García Ramón