Marina Morelli, abogada e integrante de Mujer Ahora, recordó a El Espectador que la acción de petición fue el fruto de "un largo proceso de trabajo", que detectó "graves deficiencias en el sistema jurídico respecto a la enorme brecha entre lo que era la previsión normativa y su aplicación". Es decir, en la aplicación de la ley 17.514 que regula el proceso de violencia doméstica en Uruguay.

Como resultado "muchas veces las víctimas que recurrían al sistema, terminaban en una situación de mayor vulnerabilidad. Una de las prácticas detectadas tenían que ver con que no había forma de explicar, desde el punto de vista jurídico, porque los magistrados ejecutaban ciertas prácticas como por ejemplo la confrontación de la víctima y el agresor".

Morelli explicó que la respuesta de la SCJ "fue altamente positiva ya que hicieron lugar a todos los puntos concernientes a prácticas que se deben erradicar y también a dictar una acordada, que tiene valor obligatorio para los jueces".

Respecto al anuncio del ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, quien dijo que la polémica generada entorno a la implementación del sistema de tobilleras electrónicas para agresores de violencia doméstica se debió a "un error en la comunicación" entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, la abogada señaló que desde la organización lo valoraron "en su justa medida".

"Para nosotros es muy importante que no se confunda el aparato electrónico con la medida cautelar, ya que el aparato solo avisa si la persona viola o no esa medida. No constituye en sí mismo una medida cautelar. No todas las situaciones ameritan la colocación de este dispositivo. Debe existir una valoración seria del riesgo. Confiamos en el uso de estos dispositivos como en el uso de todos los mecanismos para que las medidas cautelares sean efectivamente cumplidas", añadió.