(emitido a las 7.48 Hs.)

EMILIANO COTELO:
300 personas según algunas crónicas, 400 según otras, marcharon en la tarde de ayer desde la Plaza Cagancha hasta la Torre Ejecutiva bajo la consigna "Por la vida y la seguridad".

Esta movilización había sido convocada por la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay a raíz del asesinato de Bruno Apa, pistero de 24 años que trabajaba en la estación de servicio en la Rambla y Comercio, en un hecho ocurrido la semana pasada en el que además otro empleado resultó herido de bala.

A la convocatoria original se sumaron la patronal de taxis, los comercios afiliados a Cambadu [Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay] y varias cámaras empresariales. También participaron familiares del joven fallecido y otros funcionarios de estaciones de servicios.

"Políticos hagan algo", "No más asesinatos", "Sí a la vida", eran algunas de las consignas que podían leerse en las pancartas de los manifestantes.

La marcha llegó hasta un vallado que se había colocado para impedir el acceso al edificio de Presidencia. Allí las autoridades de la Unión de Vendedores de Nafta lograron entregarle a un integrante de la custodia una carta en la que varias cámaras le solicitan una audiencia al presidente José Mujica.

Vamos a conversar con el secretario de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, Jorge Bonino.

En primer lugar, ¿cómo evalúan ustedes la respuesta que tuvo el llamado? Porque yo daba los números, 300, 400 personas, da la impresión de que ustedes debían esperar más, ¿no?

JORGE BONINO:
No necesariamente, no se trataba de un tema de cantidad. Obviamente que cuanta más gente participara mejor, pero no es fácil una convocatoria de este tipo en esta época del año, tampoco es habitual que instituciones empresariales hagan este tipo de convocatorias, y menos en forma conjunta. Esto nace en forma espontánea, la semana pasada, como una reacción ante la muerte de Bruno, y también la época del año era complicada, pero creíamos que no podíamos quedarnos callados, sin hacer nada. Entendimos que más allá de la cantidad de gente que concurriera, importaba que fuera de una manera representativa en cuanto a quienes participaban. Y eso lo fue, porque no solo hubo representante de las distintas instituciones convocantes, sino también de algún sindicato, como el caso de la UNTMRA [Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines], que es el sindicato vinculado justamente a la actividad de las estaciones de servicio, y también funcionarios pisteros, en forma no sé si individual o representando a la UNTMRA, que se les identificaba claramente porque estaban vestidos con sus uniformes.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Cuál fue el espíritu de esta marcha concretamente? ¿A qué apuntaban?

JB – Apuntamos a decir "bueno, hasta acá soportamos, de acá en más hay que hacer algo porque no se soporta más". La presión que estamos sintiendo, no es solo lo que trasciende públicamente, no es solo aquellas situaciones extremas, como el caso de este asesinato, o heridos, lesionados graves, no son los temas que llegan a los medios. Nosotros padecemos diariamente situaciones complicadas que no solo se traducen en robos, en rapiñas, en agresiones.

RA – ¿A qué se refiere?

JB – A acciones de patoterismo prácticamente. Acá se presentan los delincuentes y dicen que son delincuentes, "vamos a volver", le dicen a los pisteros "sabemos a la hora que salís, sabemos la parada donde te tomás [el ómnibus], sabemos donde vivis". O sea, son actitudes mafiosas que van más allá del hecho puntual, cuando se concreta el robo o la agresión, sino que hay permanentemente amenazas, y eso no trasciende, muchas veces no se ve reflejado en denuncias, pero está ocurriendo permanentemente.

RA – ¿Qué aspectos tienen en cuenta ustedes para lidiar con esa situación?

JB – Es muy difícil, hay un conjunto de acciones que deberían tomarse desde distintos ámbitos, creemos que los poderes del Estado están fallando. No es responsabilidad de un único poder ni de un único ministerio, creemos que este problema atañe a todo el Estado y a toda la sociedad.

Nuestra intención es ponernos a trabajar en forma conjunta y cuanto más organizaciones lo hagamos, mejor. No ya para presionar y reclamar, sino también para proponer. Vamos a poner nuestros asesores en materia jurídica para ayudar si hay que hacerle legislación especial. También vamos a contratar asesores en materia de seguridad, poner a disposición de los poderes públicos todo lo que podamos para que de alguna manera este tema empiece a tener solución.

No hay soluciones mágicas, sabemos que no se van a poder tomar medidas que pongan fin al problema de un día para el otro, pero si algún día no empezamos con acciones fuertes y concretas jamás lo vamos a parar, por el contrario, este tema va a seguir creciendo cada vez más.

RA – ¿Por dónde pasan esas medidas concretas que debería tomar el Gobierno para combatir estas situaciones que usted describía anteriormente?

JB – Hay muchas acciones, algunas apuntan a disuadir la acción de los delincuentes, hay otras que son para buscar elementos que eviten que resulte atractivo el hacer una rapiña, por ejemplo el quitar efectivo de plaza mediante el sistema de remesas, mediante la real multiplicación del uso de tarjetas de débito y crédito, ese es un aspecto.

Otro aspecto es el de la vigilancia, el del aumento de las cámaras de seguridad, el del monitoreo de dichas cámaras, muchas cosas.

Y por otro lado está la legislación, en cuanto no solo a la existencia de las leyes sino a la aplicación de las mismas, porque si una persona es identificada como causante de determinado delito, es detenido y resulta que a las pocas horas está en la calle y termina cometiendo otra rapiña, un asesinato o hiriendo a alguien, es porque realmente esto en algún lado está fallando. Y creemos que está fallando en varios lados.

RA – Ayer el presidente de Ancap [Raul Sendic] planteaba que está bajo estudio la implementación de una tarjeta de precarga para las estaciones de servicio que permitiría pagar el combustible sin utilizar efectivo. ¿Cómo ven este tipo de iniciativas? ¿Cuánto ayudaría a combatir esta situación? En principio incluso esto sería simplemente para las estaciones de servicio, y ustedes están planteando algo más allá de eso.

JB – Exacto, en el caso de las estaciones de servicio podría servir. Incluso hace ya más de un año que se trató el tema en una convocatoria que en su momento, a raíz de planteos diversos que habíamos hecho, hizo el subsecretario del Interior [Jorge Vázquez]. Se hizo una mesa de trabajo multidisciplinaria donde participaron muchos organismos del Estado. No se avanzó nada en ese año porque aparecieron elementos de costos que eran muy caros, otros que eran difíciles de instrumentar del punto de vista práctico, tecnológico. Paralelamente se tomaron medidas que iban a contrapelo de lo que se buscaba porque había muchas estaciones de servicio que contaban con cajeros del Banco República donde se podía depositar directamente el efectivo, y si bien había un trasiego mínimo de ese dinero, había una forma de ir depositando rápido. El Banco República hace un año decidió, por razones de costos, cancelar la operativa de depósitos y dejar solo para el retiro de dinero. En esa reunión se le pidió al Banco República por parte de las autoridades que revieran la medida, el Banco República dijo que lo iba a hacer, no lo hizo, dijo luego que buscaran soluciones para que solo las estaciones pudieran depositar y de esa manera minimizar los costos, tampoco se hizo porque ahí se invocaron problemas tecnológicos para hacerlo.

En Uruguay parece que hay muchísimas ideas pero todo es imposible de hacer, en todas partes del mundo las cosas se hacen y acá parece que todo se traba, en algún momento quedan trabadas las soluciones.

EC – Bonino, los oyentes también aportan preguntas e ideas. Tengo un mensaje de Daniel de Punta Gorda que dice que después de cierta hora las estaciones de servicio deberían aceptar solo tarjetas y el cliente debería "atenderse a sí mismo", el pistero debería estar ubicado detrás de una mampara de seguridad. Después de esa hora no manejar dinero, y agrega, "no es con medidas policiales que se va a contener la cosa solamente, también los comercios deben cambiar la forma de atender al público". ¿Qué dice usted de un mecanismo como este?

JB – Es posible y es viable, tiene que tener un carácter generalizado, o sea, cuando queda librado a la posibilidad de que lo haga individualmente cada uno, es muy difícil, porque además hay comercios de distintos tamaños, la gran mayoría de ellos pequeños, y son medidas muy costosas, porque parecen sencillas pero no lo es. O sea, se pueden hacer pero son muy costosas, entonces se buscó a través de esa participación de organismos del Estado soluciones que pudieran, ya sea abaratar costos en la medida que se pudieran hacer por ejemplo compras masivas, buscar sistemas de financiamiento, buscar soluciones que viabilizaran desde el punto de vista económico.

EC – ¿Pero usted dice que es costoso un sistema como este, que desde de cierta hora solo se acepte el pago con tarjeta de crédito y el pistero no realice la carga, sino que la haga el propio automovilista y el pistero esté atrás de una mampara de seguridad? ¿Usted dice que ese es muy costoso?

JB – Sí, es igual que el sistema que tienen los Abitab. Tenés que tener un sistema de vidrios blindados especiales, además hay un tema de instalación que no todas las estaciones cuentan, de comunicación entre surtidores y esa cabina para que habilite el despacho hasta cierto monto. Porque tiene que haber un prepago o una tarjeta de crédito dejada como se usa en Estados Unidos y en Europa para que hasta ese monto se cargue. Son sistemas que se puede instalar sin ningún problema, pero tienen su costo importante, entonces, no es que estemos buscando que alguien pague eso, sino que se viabilice ya sea financieramente, mediante exoneración de impuestos. Hay soluciones pero tienen que tener un carácter generalizado, porque si eso lo hacen tres o cuatro comercios, y los demás no porque no pueden hacerlo, lo único que vamos a estar es concentrando la delincuencia, focalizándola en unos comercios.

EC – Por otro lado, Alberto, un oyente muy vinculado a las tecnologías de la información, insiste con un mecanismo que ya comienza a aplicarse en el Uruguay, que es el pago vía teléfono celular, se saca el dinero, se terminan los robos y no se necesitan guardias.

JB – Eso también se ha manejado, ahí hay un problema que todavía no han resuelto los ingenieros, eso quedó en manos también de Antel que lo estudió junto con Ancap. El problema en ese caso es de seguridad por el riesgo de explosión en las estaciones de servicio. O sea, los teléfonos celulares generan micro chispas que uno no las ve, y que dentro de un área de seguridad que es la próxima a los surtidores, existe el riesgo de explosión. Se ha manejado esa posibilidad, pero en muchas partes del mundo se usa y no ha habido problemas, en otros lados está prohibido, en Uruguay está dentro de las restricciones el uso de celular, han visto que en las estaciones de servicio existen carteles que dicen que no se puede usar el celular, aunque la gente no lo respeta, pero el riesgo existe. Pero obviamente que se puede instrumentar eso, es una forma más que válida.

RA – Bonino, usted el tema del monitoreo de las cámaras de seguridad que le van a pedir al Gobierno. ¿A qué se refería?

JB – Los delincuentes en algún momento, si hay un lugar por el que pasan, es por la estación de servicio, no porque vayan a robar la estación, sino porque se desplazan en motos, en autos, y tienen que cargar combustible. Las estaciones de servicio son un punto de observación, generalmente están ubicadas en esquinas de tránsito importante donde hay paradas de ómnibus y demás, entonces creemos que son un punto de observación, de prevención no solo para las estaciones de servicio sino para los barrios en general y los demás comercios circundantes.

RA – ¿Plantean que se incorpore al monitoreo que se hace de las cámaras que están en lugares públicos?

JB – Exactamente.

RA – Por último, ¿cómo va a continuar trabajando esta unión de gremiales que surgió en estos últimos días por este tipo de reclamos?

JB – Por un lado vamos a esperar la respuesta del pedido de audiencia del señor presidente, pero paralelamente vamos a establecer una fecha de reunión que vamos a oficiar estos días y a invitar a que participen más entidades por medio de sus respectivos representantes a fin de establecer los próximos pasos.

Pero también vamos a solicitar audiencia a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Legislativo y mientras se van concretando esas entrevistas vamos a avanzar en la definición de propuestas concretas.

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Foto: EFE