(emitido a las 7.50 Hs)

EMILIANO COTELO:
Más de 100 ginecólogos evalúan denunciar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que entienden como una presión por parte del Estado y en particular desde el subsecretario de Salud Leonel Briozzo para que revisen su intención de ampararse en la objeción de conciencia a efectos de no indicar abortos.

El anuncio fue formulado por el abogado Agustín Amonte, quien presentó el recurso de revocación y jerárquico contra la reglamentación de la ley que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo por entender que los profesionales están siendo vulnerados en su "derecho a la objeción de conciencia".

"Ante las constantes amenazas veladas que sufren estos médicos día a día por parte del Ministerio de Salud Pública, están tomando nota de las declaraciones de Briozzo y de todas las amenazas que viene realizando desde hace días", dijo Amonte hoy en el diario El Observador, aludiendo a la intención del Ministerio de Salud Pública de elaborar un procedimiento por el cual los médicos deban hacer una "justificación real" de cuál es su objeción de conciencia. Una "justificación real" que debería presentarse por escrito para que pudiera ser aceptada.

¿Cómo es esto? ¿De qué manera se produce este nuevo giro en este debate que sigue, desde hace días, planteado? Vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Justo Alonso, que es uno de los catedráticos en ginecotocología en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

¿Usted conoce a propósito de esta gestión y esta intención de llegar a recurrir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

JUSTO ALONSO:
No, me estoy enterando por usted, en realidad lo leí ayer en la prensa y yo me quiero desmarcar de esa posición porque no está en mi intención estar en el grupo que está liderando el doctor Amonte. Muy por el contrario, primero tengo que dejar en claro varias cosas. Yo soy amigo personal de Briozzo, fue residente mío y él se considera, y así lo ha dicho públicamente, mi discípulo y yo lo quiero como tal. Tanto Briozzo como yo, y yo particularmente en mi calidad de representante del Uruguay en el Comité Ejecutivo de la Comisión Internacional de Ginecología y Obstetricia, bregamos por lo mismo, que es la despenalización del aborto.

O sea que en eso coincidimos Briozzo y yo, y esta guerra mediática que se ha suscitado entre nosotros no es real. Briozzo y yo trabajamos codo a codo en el Hospital de la Mujer, Hospital Pereira Rossell, y los dos estamos buscando el mismo objetivo que es lograr que se despenalice el aborto de forma de disminuir la mortalidad materna por el aborto provocado. Cosa que por suerte en nuestro país, a base de un programa que instalamos conjuntamente financiado por la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, logramos que en los últimos años la mortalidad materna por aborto provocado en Uruguay descendiera prácticamente a cero.

Así que no está en mi intención y no voy a suscribir una propuesta como la que plantea el doctor Amonte.

EC – De todos modos, ¿cómo observa la preocupación de varios de sus colegas a propósito de esto que definen como presiones que estarían recibiendo del doctor Briozzo?

JA – Personalmente he participado por lo menos en dos instancias en las cuales el doctor Briozzo ha realizado ese tipo de presiones. En una de ellas inclusive llegó a decir que aquel médico que no se atuviera a lo que dice la ley podría ser objeto de denuncia por mala praxis, lo cual no ha caído muy bien en los ginecólogos.

Pero se está armando un problema entre Briozzo y yo que no es tal, somos amigos personales, nos vemos todo el día en el Hospital y que el objetivo que buscamos los dos es el mismo, que es lograr que se despenalice el aborto independientemente de las posiciones filosóficas y religiosas que cada uno pueda tener, yo particularmente soy ateo, así que no tengo una posición religiosa en relación a esto. Creo que todos estamos en contra del aborto, todos los médicos estamos en contra del aborto, inclusive aquella pobre mujer que por algún motivo se ve en la necesidad de realizarse un aborto también está en contra del aborto y generalmente cuando se produce un aborto, muchas veces lo lamentan toda la vida y es una cicatriz que les queda en el alma para siempre.

EC – Usted dice que quiere aclarar que no hay un enfrentamiento entre usted y el doctor Briozzo.

JA – De ninguna forma.

EC – De todos modos, por lo visto, usted tiene algunas discrepancias con la forma en que se está procediendo desde el Ministerio de Salud Pública.

JA – Sí, la discrepancia que yo tengo es específicamente sobre la forma en que se está procediendo no solamente con el Ministerio de Salud Pública, sino estoy en contra de la forma en que esta ley fue redactada.

La ley fue redactada en el Parlamento, yo la última vez que concurrí al Parlamento, que fui citado para dar mi opinión en relación al aborto, fue hace unos cinco años. Esta ley se generó en el Parlamento sin consultar a los ginecólogos, que los somos los que tenemos que ser el brazo activo de una ley en este sentido. Nchos ginecólogos estamos en contra de la forma en cómo fue redactada esta ley.

C – Por ejemplo, ¿qué es lo que objetan del texto? Un par de ejemplos.

JA – Un par de ejemplos, primero la ley parecería asumir que los ginecólogos no tenemos la capacidad de discernir cuáles son las pacientes que requieren apoyo psicológico o inclusive una visita a un asistente social. La mayoría de los ginecólogos en este país tenemos la suficiente preparación para darnos cuenta cuál es esa mujer que precisa un apoyo psicológico y cuál es la que no precisa un apoyo psicológico. Es más, el apoyo psicológico en la mayoría de los casos los ginecólogos estamos perfectamente capacitados para realizarlo sin necesidad de la concurrencia de un psicólogo como otro miembro de un equipo.

Ocurre lo mismo en el caso de un asistente social, son muy pocos los casos en los que se requiere la concurrencia de un asistente social.

EC – Lo que usted dice entonces es que la ley complicó las cosas al establecer ese procedimiento por el cual después de la consulta con el ginecólogo la mujer debe ir a una consulta con un grupo multidisciplinario.

JA – No solamente complicó las cosas, sino que además genera un nuevo problema que es la exposición de la mujer que en el ámbito del secreto profesional manifiesta a su ginecólogo su deseo de interrumpir el embarazo. Los ginecólogos estamos muy preparados en cómo manejar esa situación, para ofrecer alternativas a la mujer, o confirmar que el embarazo está dentro del útero; uno de cada 100 embarazos es un embarazo ectópico y si la mujer utiliza medicamentos para interrumpir el embarazo en un embarazo ectópico no va a tener efecto e inclusive puede ser muy perjudicial para ella.

En muchos casos también si una mujer que está antes de las 12 semanas se hace una ecografía... tengan en cuenta que uno de cada seis embarazos resulta en un aborto espontáneo antes de las 12 semanas. Sin duda cuando un médico, un ginecólogo, va a aconsejar a una mujer, que es nuestro deber, debemos aconsejar a nuestras pacientes el mejor camino a seguir, asesorarla, y por supuesto respetar la autonomía de la paciente cuando ella toma su decisión.

EC – ¿Otra diferencia, otra discrepancia que usted tenga con el texto de la ley?

JA – Va de la mano de esa, el hecho de tener que llenar un formulario en el cual se pone el número de cédula de la mujer que solicita la interrupción del embarazo ya transforma la confidencialidad en un evento mucho menos tangible, porque ahí pasa por manos de administrativos. A esa paciente, según el texto de la ley, se la debe pasar a una comisión que va a estar en las clínicas de salud sexual y reproductiva, y de esa forma se puede estigmatizar a la mujer que desee interrumpir voluntariamente su embarazo porque va a tener que estar en una policlínica donde todo el mundo sabe que las que van a esa policlínica son las mujeres que se van a producir un aborto.

Mi lucha es por mantener la confidencialidad de la situación y debo nuevamente aclarar que estoy en total concordancia con el espíritu del doctor Briozzo, más como representante de la FIGO, que es una política de la FIGO que viene siguiendo hace mucho tiempo, que es la política de reducción de daños y que coincide además con los resultados que se han obtenido en todos los países en que se ha despenalizado adecuadamente el aborto; que han resultado en una disminución del número de abortos provocados y en una disminución de la tasa de mortalidad materna por aborto provocado.

EC – Usted entiende que hay que modificar la ley, entonces.

JA – Si, yo creo que esa ley debe ser modificada, esa ley fue realizada en el Parlamento por políticos, la mayoría de los cuales no son médicos, y no sé si hay algún ginecólogo en el Parlamento. El Parlamento redactó esta ley en forma relativamente apresurada sin la discusión correspondiente. Fíjese que este es un problema que estamos discutiendo en Uruguay desde hace 80 años.

EC – Ahora, doctor Alonso, por discrepancias parecidas a la suya parece que hay colegas suyos, ginecólogos, que están invocando la objeción de conciencia para no tener que participar de estos procedimientos. Eso es lo que se dice desde el Ministerio de Salud Pública, se señala que en realidad la cifra de los trámites de objeción de conciencia está inflada por razones que no son las razones de fondo que son las que en principio están previstas en la ley para esa excepción. Y ahí viene una parte de la polémica que está planteada, ¿cómo observa usted esto que se dice desde el Ministerio?

JA – Creo que en parte de lo que dice el doctor Briozzo tiene razón, pero el asunto es que la ley, el decreto reglamentario, no nos deja otro camino.

EC – ¿Para usted efectivamente está pasando eso? ¿Hay ginecólogos que están invocando la objeción de conciencia como única salida que les queda para no tener que participar de procedimientos que no comparten?

JA – Si, porque si no el único otro camino que nos quedaría sería la desobediencia civil, o sea, desobedecer una ley, entonces en mi opinión la mayoría de los ginecólogos que estamos invocando objeción de conciencia lo hacemos porque es el único camino que la ley nos ha dejado para no aplicar esta ley.

EC – Ahora, el doctor Briozzo dice que hay que atacar este problema que se ha planteado y por ejemplo se maneja la posibilidad de modificar la ley o la modificación a efectos de que el ginecólogo tenga que fundamentar, por escrito y de manera profunda, cuál es esa objeción de conciencia, para que no se utilice la herramienta de objeción de conciencia en casos en los que no es eso lo que está en juego.

JA – Bueno, pero eso ya es un terreno mucho más escabroso, porque la objeción de conciencia ya lleva implícito que uno no tiene que fundamentar el motivo de la objeción de conciencia.

EC – Para usted no sería necesario.

JA – No, no solo sería necesario sino que sería contraproducente porque no es procedente que uno tenga que fundamentar una objeción de conciencia porque la objeción de conciencia puede ser algo tan sencillo como que a mí no me da la gana, o porque yo soy budista, o porque yo soy católico o porque mi conciencia no lo permite.

También está el otro punto, dese cuenta que hay muchos departamentos en el interior de nuestro país en los cuales hay pocos ginecólogos y hay departamentos enteros en los cuales todos los ginecólogos han esgrimido el argumento de la objeción de conciencia. Y yo asumo que eso ocurre porque ninguno de mis colegas de algunos departamentos del interior quiere ser señalado por su comunidad como el médico que realiza abortos. Entonces eso, en algunos departamentos en los cuales todos han hecho objeción de conciencia si existiera alguno que no lo hiciera, probablemente también va a estigmatizar a ese médico como el médico abortero.

Entonces lo que dice Briozzo tiene razón, muchos médicos se están escudando en el único resquicio que la ley nos permite, que es el camino de la objeción de conciencia para eludir tener que realizar las acciones que están reglamentadas en este decreto reglamentario y yo personalmente también lo he hecho por ese mismo camino, porque sino el otro camino que me queda es realizar una desobediencia civil.

EC – O sea, usted fue uno de los ginecólogos que invocó objeción de conciencia.

JA – Yo invoqué objeción de conciencia en las instituciones donde trabajo porque estoy en contra de la ley, pero aclaro nuevamente, yo estoy a favor de la despenalización del aborto.

EC – Y entonces, ¿cómo se resuelve esta crisis que está quedando planteada? Porque desde el Ministerio se insiste con realizar giras informativas, donde el propio doctor Briozzo y otros jerarcas de la cartera explican cuál es el contenido de la ley, y cuáles son los alcances de la objeción de conciencia, que entienden se han deformado; o incluso se maneja esta otra posibilidad, de modificar la reglamentación para que haya que fundamentar por escrito la objeción de conciencia. Cuando esto ha quedado planteado en estos términos, ¿cómo se arregla? Porque los ginecólogos a su vez, varios de ellos dicen, acá nos están presionando, etcétera.

JA – Sí, es evidente que los ginecólogos nos estamos sintiendo presionados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública en aplicar un procedimiento en el cual no estamos de acuerdo y fundamentalmente un procedimiento para el cual no se nos ha consultado, ni siquiera individualmente, y tampoco en la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay. En ninguna instancia se pidió la opinión de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, que nuclea todos los ginecólogos del país. Tampoco se pidió la opinión de las otras dos cátedras de la Facultad de Medicina que como usted sabe son tres.

EC – ¿Qué es lo que usted está reclamando entonces? ¿Diálogo, que se abra un nuevo diálogo?

JA – Yo creo que el camino correcto para salir de este "empantanamient"o en el que estamos es que el Poder Ejecutivo recapacite, que el Poder Ejecutivo haga un estudio profundo de los motivos por el cual hemos llegado a este callejón sin salida y realice un nuevo decreto. O, lo mejor aún, sería que volviera al Parlamento y teniendo en cuenta la opinión de los ginecólogos que somos los efectores del procedimiento, se redactara una ley que contemple estos aspectos que incluyen mantener la autonomía de la paciente, la confidencialidad que merecen nuestras pacientes y que actuemos de acuerdo a lo que propone la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, es decir, despenalizar el aborto en el ámbito de la intimidad de la consulta con el ginecólogo, con el asesoramiento del ginecólogo que va en pro de la beneficencia y de la no maleficencia.

Este decreto lo que genera por sí mismo ya es una maleficencia porque se estigmatiza no solamente a la mujer que manifiesta su deseo de interrumpir el embarazo sino también se puede estigmatizar a aquellos ginecólogos que aceptan sin el único camino que tenemos para no aceptarlo, que es la interposición de la objeción de conciencia, de aplicar un decreto que está redactado en forma equivocada y sin tener en cuenta a cosas realmente muy importantes y muy preciadas para nuestra profesión.