La denuncia, que  partió del exagregado económico de la sede panameña en Montevideo Arístides Gómez, y apunta a la embajadora Digna Donado, está en conocimiento, según trascendió, de la Cancillería uruguaya.

Según informó el diario "La Prensa" de Panamá, Gómez presentó una querella penal contra la embajadora, al acusarla de ordenarle ir a la frontera entre Uruguay y Brasil e investigar los negocios de panameños que supuestamente se dedicaban al contrabando.

 El exfuncionario denunció que al negarse a realizar lo que consideró una "injerencia en los asuntos internos de Uruguay" fue destituido.
 
Un comunicado de la sede diplomática panameña reproducido por "Caras y Caretas" aseguró que toda la actuación de la Embajada se rigió por el artículo 3 de la Convención de Viena, que "permite a las sedes enterararse por todos los mdios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al Gobierno del Estado acreditante".
 
La versión de la Embajada es que se trató de un informe "estadístico y regular" sobre la instalación de empresas panameñas en Rivera y la importación  directa de productos de su país a los free shops de la zona.
 
Se aseguró además que el funcionario fue destituido mientras estaba de misión e Francia por temas que no se relacionan con este asunto.