(emitido a las 8.57 Hs.)

ALEJANDRO ACLE:
La resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró la inconstitucionalidad de la ley que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) provocará en las próximas semanas una serie de efectos jurídicos sobre cuyos alcances todavía hay algunas dudas. Sin embargo, de lo que no hay dudas es que esa decisión de la Justicia provocó una cantidad de repercusiones políticas, que incluso están afectando la interna del Frente Amplio (FA).

Apenas difundido el documento con el cual la SCJ declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la ley que creó el ICIR, empezaron a escucharse las primeras repercusiones políticas y con ellas también los primeros chispazos.

Así habló el vicepresidente Danilo Astori, quien exigió que se respete al equipo económico que lidera el ministro Fernando Lorenzo: "Las cosas hay que hacerlas bien, porque si no, terminan mal como ha terminado el ICIR, que evidentemente, como lo señalamos en su oportunidad, tiene un problema de diseño. Al comienzo de este proceso, el ministro Fernando Lorenzo elaboró una alternativa –que para mí sigue siendo absolutamente válida como camino– que no exige la reforma de la Constitución, porque la Constitución no prohíbe gravar con impuestos a las grandes extensiones de tierra."

¿Cómo fueron recibidos estos reclamos por los demás sectores del FA? En particular, ¿cómo se observan en el Movimiento de Participación Popular (MPP)?

Vamos a consular al senador del MPP e integrante de la Mesa Política del FA, Ernesto Agazzi.

El tema de fondo de esta charla que teníamos planeado eran las repercusiones de la inconstitucionalidad del ICIR, pero no podemos dejar de lado lo que ocurrió anoche, el Consejo de Ministros extraordinario convocado de urgencia por el presidente Mujica y las posteriores declaraciones a la prensa en la que el mandatario reconoció que el Gobierno sufre un desgaste, que existen diferencias entre sus integrantes, aunque por otro lado aseguró que no hay ningún cambio de rumbo. ¿Cómo se leen en su sector todas estas vicisitudes del último día, estas declaraciones de Mujica?, ¿cómo las lee usted? Usted tiene esa doble condición de representante del MPP y de integrante de la Mesa Política del FA.

ERNESTO AGAZZI:
Sí, quizás estoy parado en una atalaya desde la cual veo varias cosas. En primer lugar, la reunión del Consejo de Ministros de anoche fue convocada por el presidente de la República, ninguno de nosotros sabía que había una reunión, todos lo supimos porque los medios de comunicación lo difundieron. En realidad no hubo conferencia de prensa, Mujica en la mesa donde se reunió con los ministros, haciendo gala de su estilo, de ser directo, franco, honesto, dijo que hay chisporroteos, que ha habido manifestaciones y que hay que tratar de ubicar las discusiones en el lugar que corresponde.

Como consideración política de esto, quiero decir que para nadie en el Uruguay es novedad que el FA es una fuerza política que está integrada por distintas corrientes ideológicas desde el día en que se firmó el acuerdo constitutivo. Una fuerza política –que es bastante extraordinaria– en la que había cristianos y marxistas, gente que venía de los partidos tradicionales y militares, como pasó en la historia del Frente. El Frente tuvo un mecanismo de tres etapas: cuando hay distintas visiones de un tema, se plantea; la segunda etapa es debatir seriamente y la tercera es, después de llegado a un acuerdo, unidad de acción. No es ninguna novedad que haya diferencias.

Quizás el estar en el ejercicio del Gobierno tiene tensiones particulares, porque hay que dar respuesta enseguida, y eso –está bien lo que dice el Pepe– desgasta. Desgasta porque capaz que no tenemos la tranquilidad de espíritu para tratar de hacer esas cosas bien, como se debe. El presidente convocó a sus ministros –tengo entendido que la reunión no terminó– y se hicieron los planteos que debían hacerse entre el señor presidente y sus secretarios.

AA - Quedó en un cuarto intermedio.

EA - Sí. Aprovecho para recordar que según la Constitución uruguaya los señores ministros son secretarios de Estado, la única persona que se elige en el Uruguay por voto popular es el señor presidente de la República. Así que le corresponde al señor presidente de la República ordenar el gallinero y discutir las cosas que se tenga que discutir.

Lo que me parece quizás una consideración política es que las decisiones de un Gobierno son del Gobierno, un gobierno no es una federación de ministerios. Porque si en cada ministerio hay una persona que manda, entonces nadie puede opinar de lo que se hace en salud, de lo que se hace en políticas sociales, de lo que se hace en agricultura, de lo que se hace en finanzas. No. Fernando Lorenzo es quien mejor lo explica, cuando va al Parlamento a presentar la Ley de Presupuesto, las rendiciones de cuentas, dice: "Esto no es un asunto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esto es un asunto del Gobierno". El MEF tiene que poner en línea las herramientas para llevar adelante las acciones que el Gobierno decide.

En ese sentido el Frente está dando una impronta distinta a esto en el Uruguay. Ahora todos sabemos que una vez por semana se reúnen los ministros y después se hace una conferencia de prensa. Pero además de eso, hasta el Presupuesto Nacional se organiza en áreas programáticas en cada una de las cuales participan distintos ministerios. El país no se organiza por ministerios, los ministerios son las oficinas especializadas que ponen lo suyo para llevar adelante programas de gobierno del Gobierno en su conjunto. Es bueno recordarlo, porque creo que la visión de que cada ministerio tiene un reyezuelo que toma sus decisiones independiente de los demás es una visión que ya fue en el Uruguay y en el mundo. Hoy las empresas funcionan así, los institutos académicos funcionan así y el Gobierno tiene que funcionar así.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Qué quiere decir con eso? Usted mencionaba que estos chisporroteos en el FA son algo habitual, sin embargo este parece ser un punto de inflexión, porque lo que está en juego es el rumbo económico.

EA - El equipo económico en el Uruguay lo constituyen el MEF, que tiene la Contaduría General y distintas unidades ejecutoras, el Banco Central del Uruguay (BCU), que tiene una parte importante que jugar en todo esto, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que según la Constitución de la República, artículo 230, tiene rango ministerial y se ocupa del planeamiento y los programas de gobierno, sobre todo en su despliegue territorial. El equipo económico es todo eso.

El área económica incluye acciones muy distintas que en otros países están asignadas a ministerios distintos. Brasil, por ejemplo, tiene un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Planificación y un Ministerio de Economía. El MEF actual antes en el Uruguay se llamaba Ministerio de Hacienda, se encargaba de la hacienda pública. Conviene hablar de estas cosas para tener claro que las políticas económicas se llevan adelante con las herramientas que manejan una multiplicidad de instancias organizativas del Estado, y no solo la OPP, no solo el BCU, no solo el MEF.

AA - El problema en todo caso fue que esas diferencias, que sí pueden ser naturales en cualquier gobierno, quedaron a la luz pública, salieron a través de los medios, cuando quizás lo más conveniente era que se dirimieran en la interna y después se eligiera un rumbo en particular.

Pero pasemos al tema de fondo que teníamos planteado. Sin entrar en los aspectos jurídicos de esta declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la ley que creó el ICIR, en primer lugar me interesa conocer cuál es su opinión, qué reflexión le merece esa decisión de la SCJ.

EA - Primero, la SCJ tomó una decisión en mayoría, porque el señor fiscal de Corte cuando les pasó el tema a los integrantes de la SCJ se la pasó con su opinión de que la ley es constitucional, y entre los integrantes de la SCJ también hay un integrante que opina que es constitucional [Ricardo Pérez Manrique] y cuatro (antes eran tres, después pasaron a ser cuatro) que consideran que es inconstitucional [Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Julio César Chala]. O sea que en el máximo nivel de la Justicia tenemos las dos bibliotecas, que esta ley es constitucional y que esta ley es inconstitucional. En un Estado de derecho me parece muy sano que la justicia pueda analizar esto en profundidad y dar su dictamen.

Esto no es novedad. Cuando se sancionó el IRPF pasó lo mismo, la SCJ sentenció que el IRPF para los jubilados era inconstitucional. Pero el hecho de que la SCJ se exprese y diga por qué es inconstitucional permite modificarlo. Por lo siguiente: es cometido del Poder Legislativo sancionar las leyes para el funcionamiento del Estado, y es cometido del Poder Ejecutivo, si está de acuerdo con esas leyes, promulgarlas y ponerlas a andar. Ahí tenemos dos poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Entonces le compete al Gobierno nacional y le compete al Poder Legislativo. Y, como decía Danilo, no están prohibidos los impuestos diferenciales. De hecho, los impuestos planos ya casi no existen, por los que todo el mundo tributa por igual, porque además están mal. En la teoría tributaria moderna todos los impuestos son progresivos, progresionales, hay muchas familias de esto. Y sobre la propiedad de la tierra también. Así que es algo lícito, no está impedido por nada, hay que encontrar la forma jurídica de expresarlo.

La SCJ dice que es inconstitucional porque hay una sobreimposición. Dice que sobre la tierra ya hay impuestos, como la Contribución Inmobiliaria rural, y se le pone un impuesto encima. Pero el artículo 297 de la Constitución habla de "los impuestos" sobre la propiedad inmueble rural. Permítame que me explaye un poco en esto. Cuando se modificó la Constitución del 52 para la Constitución del 67 este tema se discutió en profundidad. En representación del Partido Nacional (PN) hubo un grupo que trabajó en la reforma de la Constitución, [Salvador] Ferrer Serra opinaba que debían ser fuente de finanzas departamentales todas las contribuciones inmobiliarias sobre la tierra, sean urbanas, suburbanas o rurales, porque defendía fuentes genuinas para los gobiernos departamentales. El PN en aquel momento era gobierno, y además siempre tuvo mucho peso en el interior del país. El Partido Colorado (PC), en la boca de [Amílcar] Vasconcellos, cuestionaba esto, decía: si los impuestos sobre la tierra corresponden a los gobiernos departamentales, entonces en el Uruguay nunca se va a poder hacer una reforma agraria, porque una reforma agraria se hace sobre la base de imponer a la tierra.

Jiménez de Aréchaga toma esa discusión, y el dictamen de la SCJ se refiere a eso, porque nosotros tenemos una cosa medio dual. Se negoció eso, la Contribución Inmobiliaria Urbana corresponde a los gobiernos departamentales, la Contribución Inmobiliaria Suburbana corresponde a los gobiernos departamentales, que la administran, y en la Contribución Inmobiliaria Rural el sujeto activo es el gobierno departamental, pero se pueden establecer adicionales por ley nacional, "siempre que el volumen de la recaudación del impuesto adicional no sea superior al de la Contribución Inmobiliaria Rural". Eso es una negociación que hubo entre blancos y colorados en aquellos momentos para que en caso de que hubiera tributos nacionales, no fueran más que los departamentales.

Teniendo en cuenta eso que establece el 297, lo que establece el 298, las distintas visiones que hay en la SCJ –porque dentro del dictamen está la fundamentación del doctor Pérez Manrique, que discrepa con los otros–, es una tarea de arquitectura jurídica bastante simple. Se va a hacer lo mismo que con el IRPF a los jubilados, se van a tener en cuenta estos dictámenes para encontrar un impuesto que satisfaga esta crítica.

Pero hay un asunto central que no quiero dejar de mencionar: el tema del ICIR no es cómo se recaudan 60 millones de dólares, el tema del ICIR es desestimular la concentración de la propiedad de la tierra. Ese es el objetivo, entonces no sirve cualquier impuesto que recaude eso y dé satisfacción para hacer la caminería rural. La caminería rural es un derivado de un centro, que es desestimular la concentración de la tierra.

RA - En los últimos días la presidenta del FA [Mónica Xavier] escribió una columna en la que afirma: "Lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia mediante su fallo posiblemente proteja a estos grandes capitales, perjudicando al país y a su gente, que se verá limitado una vez más en las obras necesarias a realizar". ¿Coincide con esa opinión, también cree que con esta decisión la SCJ está protegiendo a los grandes capitales?

EA - Aunque no lo quiera. El resultado objetivo de esto es que, si no se sanciona la ley que corresponde, no se va a desestimular la concentración de la tierra, y hay gente que tiene extensiones muy importantes. El índice de Gini de la propiedad de la tierra es muchísimo más alto que el índice de Gini de los ingresos en el Uruguay, porque hay una distribución muy injusta. El Uruguay tiene censos desde 1908, si uno pone todos los censos de la estructura de la tierra desde 1908 hasta 2011 se va a encontrar con una cosa rarísima: hay 3.800, 3.900 –eso se mantiene– que son los grandes poseedores de tierra, y si uno mira los que litigaron ahora frente a la SCJ solicitando la inconstitucionalidad, ahí tiene los apellidos de los propietarios de las grandes extensiones de tierra en la historia del país. Yo no voy a mencionarlos, no corresponde, pero están los apellidos, tal cual. Entonces son los grandes propietarios que están defendiendo sus intereses, que tratan de no pagar el impuesto por concentrar la tierra. Pero en el Uruguay hubo un cambio político y ahora hemos decidido que los grandes tenedores de tierra van a ser desestimulados al menos para que no concentren más.

RA - El semanario Brecha y el diario La República publicaron una lista con algunos de esos nombres.

EA - Sí, son los grandes apellidos, los que eran antes la oligarquía terrateniente. Eso está cambiando mucho con la globalización, la entrada del Uruguay al mundo financiero y la apertura, ahora hay grandes terratenientes que no son uruguayos, que les están comprando a los terratenientes nuestros. Pero ese es otro tema.

AA - Con respecto a las visiones contrapuestas, a las varias bibliotecas que puede haber con respecto a la constitucionalidad o no del ICIR, a las que usted hacía referencia, mi duda tiene que ver con el proceso de elaboración de este impuesto. En su momento, en el Frente Líber Seregni (FLS) e incluso en el MEF se habían hecho advertencias fuertes sobre la inconveniencia de llevar adelante este impuesto, sin embargo terminó primando la línea impulsada por el equipo de economistas que asesoran al presidente Mujica, que trabajan en la órbita de la OPP. ¿Por qué no se tomaron en cuenta aquellas advertencias? ¿No se evaluó que podía pasar esto, con la consiguiente pérdida de tiempo –como ha dicho el propio vicepresidente Astori– que ahora se produce?

EA - Creo que conozco toda la discusión de este tema, desde sus inicios hasta el punto actual, y la voy a seguir conociendo porque voy a seguir participando. Recomiendo leer el acta de cuando el ministro Fernando Lorenzo concurrió al Parlamento a fundamentar el ICIR; el ICIR es un impuesto que propuso el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo discutió cómo construirlo –yo no estuve dentro del Poder Ejecutivo– a partir de una idea original de desestimular la concentración de tierra, pero que después incorporó, por iniciativa de Mujica, al Congreso de Intendentes, que en aquel momento también estaba discutiendo las patentes. Se complementó, y no sé quién fue el que propuso el segundo impuesto de esta ley, del que se habla poco, porque esta ley crea el ICIR, pero tiene un Impuesto a las Transacciones Inmobiliarias que va para el Instituto Nacional de Colonización.

Eso fue una negociación dentro del Gobierno y está firmado por todos los ministros. Así que para mí es una construcción de gobierno en la que debe de haber habido aportes diversos. Si hubiéramos tenido en cuenta las propuestas que llevaron al debate los compañeros de Asamblea Uruguay, no habría cambiado el dictamen de la SCJ. Si se hubieran incorporado las cosas que ellos proponían, la SCJ habría dicho lo mismo. Yo estuve en todas las discusiones con los compañeros.

Repito, es un tema interesante, no sé si vamos a tener tiempo de tomar un poco más en profundidad los aspectos de esto, pero me parece que cuando el Gobierno llega a un impuesto y después la SCJ lo cuestiona, hay que encontrar la manera de tener en cuenta lo que dice la SCJ. Hay un argumento que da el doctor Pérez Manrique, que es el siguiente: normalmente se habla de los poderes y la independencia de los poderes, pero es importante hablar también del equilibrio entre los poderes. Cualquiera de los tres poderes, que son independientes, tiene la obligación de ver cómo hace para construir junto con los demás. Incluso esto es un principio en las repúblicas: cuando se analiza la constitucionalidad de una ley se debe partir de la base de que todas las leyes son inconstitucionales, y solamente cuando tienen aspectos claramente contrarios a lo que dice la norma constitucional se las considera inconstitucionales. Esto es un principio establecido en Estados Unidos, quizás en Alemania es donde es más firme. Lo dice Pérez Manrique en su informe, que también el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tenemos la obligación de aportar al equilibrio de poderes para sacar adelante las leyes que el Gobierno decida.

RA - Usted decía que finalmente el ministro de Economía firmó el ICIR. Sin embargo hay quienes entienden que lo hizo por una cuestión de unidad de acción y que el FLS insistió sucesivamente en que este no era el mejor camino. De hecho, hay versiones que dicen que se dijo que esta vez se aceptaba, que hasta ahí llegaba. ¿Cómo ve eso? Puede interpretarse que el ministro lo hizo hasta por "buen frenteamplista", para no provocar mayores divisiones.

EA - Sí, como todos los que estamos en el Frente. Pero nosotros no ponemos por cuentagotas nuestros aportes para la unidad de acción o para el entendimiento, lo discutimos políticamente. Es bravo decir "yo pongo tantos puntitos y no voy a poner más", es como decir que se me terminaron las valencias, como las moléculas cuando se forman las sales. Me parece que todos los compañeros que integramos el FA tenemos la libertad de dar nuestro punto de vista sobre todas las cosas en todos los momentos.

***

AA - El Gobierno del FA está determinado a combatir la concentración de la tierra. Antes de meternos en las alternativas que ahora podrían empezar a discutirse, luego de que ha fracasado en principio el ICIR, sería bueno conocer cuál es el problema que ustedes observan desde el punto de vista filosófico con respecto a la concentración de la tierra.

EA - Es un problema de justicia por un lado, y por otro lado de proyecto de país, si queremos construir un país democrático. Vemos la economía nacional en general, pero en particular el sector agropecuario, al estilo de la lechería: familias rurales que administran los recursos naturales de la sociedad con eficiencia y responsablemente. En el mundo siempre la producción familiar es más eficiente que la producción de megaemprendimientos. Los megaemprendimientos se están dando en este momento en el mundo porque se están dando algunas circunstancias.

Hay un informe que se publicó ayer de la Cepal [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] y organismos internacionales, en el que participa también la FAO [Food and Agriculture Organization of the United Nations, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación], sobre lo que está pasando con la tierra, lo que está pasando en África, lo que está pasando en América Latina, e incluso menciona lo que está pasando en el Uruguay. Hay una tendencia a los megaemprendimientos por la abundancia de capitales financieros, lo que están diciendo los administradores de fondos, de capitales financieros, de fondos soberanos es que afincarse en los activos tierra es muy seguro, porque nunca baja el valor. Además hay oportunidades de comprarlos baratos por la crisis, que hace que muchos propietarios decidan vender sus fracciones, y eso favorece a los inversores. En el Uruguay tenemos inversiones del fondo de los bomberos de Nueva York, un fondo de los bomberos de Dallas, un fondo de los maestros de Suecia, un fondo de los profesores de Dinamarca, son fondos que existen y buscan cómo invertirse.

El proyecto de país definido en el programa de gobierno del Frente es un país de una democracia plena, también una democracia rural, y no son sostenibles los grandes emprendimientos. El trabajo de los grandísimos emprendimientos siempre se hace con mano de obra asalariada, y en el medio rural los emprendimientos empresariales con mano de obra asalariada siempre, a la larga, van a dar lugar a los emprendimientos con familias rurales, porque las familias rurales son más eficientes. Porque pagarle el sueldo a alguien para que esté ahí y reciba órdenes es menos eficiente administrando recursos naturales que una familia rural, que se reparte entre los integrantes de la familia, hace algunas cosas el hombre, hacen algunas cosas los hijos, se ocupan la madre y el padre mientras el hijo está estudiando, es mucho más flexible. Cómo se complementa es una biotecnología social. Eso está establecido en los trabajos del Banco Mundial.

AA - De todos modos, si bien puede estar establecido en los trabajos del Banco Mundial, usted está al tanto de que hay opiniones que van por otro lado, que dicen que, al contrario, las grandes empresas tienen un nivel de profesionalización al que quizás las empresas de naturaleza familiar no pueden llegar, que pueden por ejemplo cumplir con la normativa ambiental de manera más cabal que el pequeño productor. Tampoco es una discusión laudada.

EA - Te voy a decir los argumentos: tienen más economía de escala, que es importante, tienen acceso a fondos de financiamiento, que también es importante, porque muchas veces las familias rurales no tienen acceso a financiamiento, y eso les permite tener acceso a una tecnología de avanzada. Pero una cosa son los productores grandes y otra cosa son los megaemprendimientos, lo que nosotros queremos desestimular son los megaemprendimientos, que son cosas de decenas de miles de hectáreas. Otra cosa es un productor ganadero que tiene 2.000, 3.000 hectáreas. A un productor ganadero con 2.000, 3.000 hectáreas, el ICIR no lo va a afectar.

RA - En ese punto, volvamos a los aspectos tributarios, ¿cuál es el mejor planteo que ustedes encuentran que debe tomarse ahora que se conoce este fallo de inconstitucionalidad del ICIR? ¿Cuál es el camino?

EA - Primero, a quién le compete hacer eso. Yo todavía no recibí el dictamen formal de la SCJ como legislador, lo tuve porque está disponible en las páginas web. Sé que en el Poder Ejecutivo están trabajando en algunas alternativas frente a las observaciones de la SCJ. Para mí hay varias, yo tengo una opción A, una opción B y una opción C, pero no voy a empezar a discutirlas públicamente porque no corresponde, tendremos las instancias en las que discutiremos.

La SCJ dice que es una sobreimposición, se utiliza ese concepto, que es lo que establece el artículo 298 de la Constitución, que no puede haber sobretributación. Sin embargo, el ICIR, que se aplica además de la Contribución Inmobiliaria Rural, es un impuesto diferente, porque el sujeto pasivo de la Contribución Inmobiliaria Rural es el propietario, que paga una contribución por cada hectárea que tiene por el hecho de poseerla, y pagan todos los propietarios en función de la superficie que tienen. Ahí el fin es recaudatorio en función de la propiedad.

Pero el ICIR es un impuesto distinto, porque no pagan por el hecho de ser propietarios, es un impuesto destinado solamente a los que concentran, a los 1.200 propietarios en el Uruguay que concentran la tierra, de los cuales algunos son productores y otros no. Está destinado a un fin distinto, por tanto me parece que no es una sobretributación, es un impuesto diferente. Pero en fin, yo tengo una visión de agrónomo, no una visión de jurista.

RA - ¿Cómo ve iniciativas como las que se han planteado estos días, que manejaron el propio Astori y el FLS, a propósito de aquel planteo que ellos habían hecho inicialmente, que consiste en la reinstauración del impuesto al patrimonio para las grandes extensiones y el cobro de dos adicionales a la Contribución Inmobiliaria, el Impuesto de Primaria y un adicional a las extensiones de más de 10.000 hectáreas? ¿Cómo ve esa iniciativa, que es una de las que se están manejando?

EA - Si mantenemos el objetivo de castigar la concentración de la tierra, puede ser eso. El medio rural está excepcionado del Impuesto de Primaria, lo pagamos en la ciudad y en las zonas suburbanas, no en el medio rural. El Impuesto de Primaria desvirtúa el objetivo, porque pagan todos los propietarios. Mi punto de vista –que creo que es el punto de vista que establece el programa del Frente– es desestimular la concentración de la propiedad. En consecuencia, hay que desestimular las grandes concentraciones y no obtener 60 millones de dólares haciendo que paguen todos. Yo no estaría de acuerdo con un impuesto que tengan que pagar los medianos productores o los pequeños, o los medianos o los pequeños propietarios de la ciudad. No estoy de acuerdo.

RA - Ayer, a propósito de esta propuesta y de eso que usted está planteando, consultábamos al diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti, quien decía lo siguiente:

"Con el impuesto al patrimonio, por su propio diseño y por tener tasas progresionales, se pueden gravar perfectamente superficies mayores de 2.000 hectáreas, ya sea de propiedad o de explotación. Porque todos conocemos que el gran auge que ha tenido el agro últimamente muchas veces ha sido sobre la base de arrendar grandes superficies, fundamentalmente para todo el tema agrícola, y en particular granos, soja, sobre la base de arrendamiento. Esto permite no solamente evitar la concentración de la propiedad, que es un tema importante, sino también la concentración en la explotación de otro tipo de tenencias que no sean solamente la propiedad, y sí dejar de lado a los productores menores de 2.000 hectáreas, que era la base con la cual nos manejamos en el ICIR también".

¿Cómo lo ve?

EA - Hace un sándwich con propiedad y arrendamiento, eso no tiene nada que ver. Lo de ir por el Impuesto al Patrimonio es delicado, quisiera discutirlo con detalle, porque hay empresas que producen arándanos en 15 hectáreas que tienen más patrimonio que un productor ganadero de 2.500 hectáreas. Porque patrimonio no es solo la tierra, patrimonio son las instalaciones, son los equipos. Gravar todo el patrimonio es delicado, porque quizás estaríamos gravando algunas cosas que son buenas, que son inversiones importantes. Una empresa citrícola, por ejemplo, que tiene sus montes de citrus, que tiene sistemas de riego, que tiene todos los aparatos para la aspersión, que tiene el tratamiento fitosanitario, que tiene plantas de empaque y de clasificación, tiene un patrimonio importantísimo. Y tiene una cosa muy buena: una producción intensiva que genera muchos puestos de trabajo y que genera producción de exportaciones. Si esa empresa tiene un patrimonio 100 no la puedo tratar igual que a una empresa que tiene el mismo patrimonio pero tiene 10.000 hectáreas de campo con ganadería extensiva.

Habría que ponerse a trabajar, no es lo mismo impuesto al patrimonio que desestimular la concentración de la propiedad de la tierra. Pero yo no voy a discutir con Alfredo por la radio, como ustedes me preguntan yo les digo para que se entienda cuál es el enfoque nuestro, el enfoque nuestro es que haya menos concentración de la propiedad jurídica de la tierra, la nuda propiedad de la tierra. Porque puede haber empresas que utilicen mucha tierra, pero no tienen por qué tener necesariamente la propiedad jurídica.

De hecho en la forestación, por ejemplo, en este momento, que hay empresas muy grandes en el Uruguay, hay una tendencia a arrendar tierras para forestar y no a comprarlas. ¿A santo de qué, una empresa que en el mundo está especializada en el tratamiento de la celulosa, ya sea para producir papel, cartón, lo que quieras, va a clavar millones de dólares en propiedad jurídica de tierras si eso lo puede poner en capital productivo para producir lo que ella transforma? Lo he hablado con los empresarios forestales. Hay una tendencia, ¿por qué una empresa que se dedica a la cadena forestal tiene que dedicar una parte importante de sus activos a una cosa que no le da beneficio? Lo que le da beneficio es obtener pasta de celulosa, tratarla químicamente, procesarla, tener los productos intermedios, hacer la industrialización y venderla. Ese es su negocio, no es ser terrateniente. El problema es con la terratenencia, no con el patrimonio de las empresas.

AA - Para terminar, quiero preguntarle por algo a lo que usted hizo referencia hace unos minutos y que ahora es una interrogante que está llegando mucho de la audiencia. Si este gobierno quiere desestimular los megaemprendimientos, ¿por qué, por ejemplo, exonera de impuestos a iniciativas como Montes del Plata? ¿Hay una contradicción allí?

EA - No, porque hay una ley de inversiones que lo establece para determinados tipos de inversiones en el país, si la presentación del proyecto genera riqueza, genera puestos de trabajo. Es una inversión muy importante, son más de 1.000 millones de dólares en emprendimientos industriales, en la forestación ellos se afirman en una base forestal que ya existía, y me parece que eso es conveniente para el país, porque las inversiones son buenas para el país. Uno de los problemas que tenía el país estancado es que no tenía inversiones.

AA - Por lo tanto, puede haber megaemprendimientos positivos.

EA - Sí, hay megaemprendimientos positivos, si están alineados con las líneas del desarrollo nacional. Pero hay megaemprendimientos que no son positivos, más que megaemprendimientos, en latín se dice "latus fundus". No digo más.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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