(emitido a las 8.50 Hs.)

ALEJANDRO ACLE:
La posibilidad de que se amplíe el número de operadores de televisión para abonados mediante el ingreso de dos multinacionales al sector, como la mexicana Claro y la española Movistar, ha desatado una verdadera guerra en ese ámbito.

Después de que a comienzos de mes el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) revocara una decisión del Poder Ejecutivo que en febrero de 2009 quitó una licencia para ofrecer televisión satelital a Claro, se removió el avispero. Claro indicó que en tres meses podría estar ofreciendo el servicio, y su competidora en telefonía celular, Movistar, planteó algo similar. Ambas ofrecerán televisión satelital, algo que hoy solo da DirecTV y puede abarcar todo el territorio.

Los cableoperadores del interior, agrupados en la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), advirtieron que están en juego 15.000 puestos de trabajo y la identidad local. La Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu) fue más allá y presentó un recurso ante la Ursec (Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación) para que no se autorice a operar a Claro y a Movistar.

¿Qué es lo que se espera con esa impugnación? ¿Qué razones aduce Andebu para intentar frenar el ingreso de competidores al mercado? ¿Qué puede pasar si finalmente Claro y Movistar logran ofrecer un servicio de televisión satelital?

Esas son algunas de las preguntas que le vamos a plantear al doctor Rafael Inchausti, presidente de Andebu.

Para empezar, ¿cuál es la realidad del mercado de televisión por cable hoy en nuestro país? Porque es un servicio que ha penetrado mucho en el último tiempo; de hecho, casi la mitad de los hogares en el Uruguay tiene algún tipo de televisión para abonados, según las últimas cifras oficiales.

RAFAEL INCHAUSTI:
Sí, es cierto. La realidad de la televisión para abonados es compleja, el servicio se presta básicamente de acuerdo a la reglamentación original; el decreto 349/90 preveía que el servicio se prestara con un permiso en cada circunscripción territorial. Es decir que inicialmente las empresas estaban autorizadas a operar el servicio de televisión para abonados en una localidad o en una ciudad o en un área de servicio limitada. Recién cuando ingresó al mercado la empresa DirecTV esta realidad cambió, fue la primera empresa a la que se le permitió operar en todo el territorio del país con una sola licencia.

Ese hecho significó un cambio importantísimo en la lógica de la prestación de servicios. La lógica indicaba, de acuerdo al régimen que se había establecido inicialmente, que existía una multiplicidad de operadores en todo el país, cada uno de los cuales con un área territorial de servicio delimitada. Así lo establecieron las normas originales, lo estableció también el reglamento de licencia de telecomunicaciones, que en varias de sus disposiciones establece que los servicios de telecomunicaciones se prestan en áreas territoriales delimitadas, en áreas de servicio geográficas delimitadas. El primer cambio importante en esa lógica ocurrió cuando se autorizó a la empresa multinacional DirecTV a operar en todo el territorio del país. En este momento nos encontramos ante una situación similar, en la medida en que Claro también podría estar autorizada a operar en todo el territorio del país.

ROMINA ANDRIOLI:
Repasemos los antecedentes de esta disputa planteada a partir de la posibilidad de que las multinacionales Claro, por medio de Telmex, y Movistar, por medio de Telefónica, ingresen al mercado y comiencen a ofrecer la televisión satelital para todo el país.

En 2008 Claro le solicitó a la Ursec el permiso para ofrecer este servicio de televisión satelital en todo el país y el organismo le dio la habilitación. Pero poco tiempo después, el Poder Ejecutivo, mediante una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), revocó esa autorización argumentando que el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez privilegiaría el Plan Cardales que tenía previsto, por lo tanto, la empresa Claro se vio impedida de ofrecer el servicio.

Claro obviamente discrepó con esa resolución del Poder Ejecutivo y presentó un recurso ante el TCA. A principios de febrero de este año, finalmente y luego de tres años, el TCA falló a favor de Claro argumentando que no había lugar para la resolución del Poder Ejecutivo que le había anulado el permiso. Días después de que se conociera la sentencia del TCA, la empresa Claro anunció que tiene previsto comenzar a ofrecer el servicio de televisión satelital en 90 y 120 días, argumentando que quedó vigente la habilitación que la Ursec le había dado en 2009.

Con este panorama, ¿cómo tomaron en Andebu, que agrupa a los canales de televisión abierta y cableoperadores de Montevideo y el interior, este fallo del TCA que revoca la decisión del Poder Ejecutivo de quitarle a Claro la licencia para operar?

RI - A raíz de la difusión que tuvo en la prensa esta situación, los cableoperadores asociados a Andebu se enteraron de esta situación, de la solicitud de Claro en el 2008 para prestar servicio de televisión satelital, de la revocación posterior que había realizado el Poder Ejecutivo por medio del MIEM, de los recursos administrativos y la posterior acción de nulidad que había presentado la empresa Claro. Hay que mencionar que la anulación que dictaminó el TCA refiere al acto de revocación del Poder Ejecutivo. Es decir, lo que estaba en análisis en ese procedimiento era la legitimidad del acto revocatorio, nunca se analizó la legitimidad del primer acto, el acto de concesión, de autorización de la licencia.

RA - Que le dio la Ursec.

RI - Que le dio la Ursec. Hay una discusión doctrinaria en cuanto a los efectos que puede tener la sentencia del TCA, si tiene efectos constitutivos o declarativos. Parte de la doctrina dice que tiene efectos solamente declarativos, por lo cual el Estado debería dictar un nuevo acto en el sentido de o bien otorgar nuevamente la licencia o bien revocarla por razones distintas de las que utilizó en el 2009 el Poder Ejecutivo, ya que en aquel momento se mencionó como motivo el Plan Cardales, y el TCA consideró que eso no correspondía. Pero otra parte de la doctrina entiende que tiene un efecto constitutivo, es decir que la medida es autoejecutable y que en ese caso revive la autorización original. Esta es la posición que sostiene Claro.

RA - Es decir que a partir de esta sentencia del TCA se volvería a la situación que estaba planteaba en 2009 cuando la Ursec le dio la habilitación a Claro. Ese es el planteo de la empresa Claro.

RI - Frente a ese planteo, los cableoperadores –y Andebu lo respalda– plantean que si se entiende que renace la autorización, también debe entenderse que renacen las posibilidades de los afectados de oponerse a ella. En la medida en que no se otorgó vista en su momento, tal como indica el procedimiento administrativo, el decreto 500/91, de la petición que había presentado Claro a la Ursec en el 2008 para prestar el servicio, no se dio noticia a los potencialmente afectados. Tampoco se notificó personalmente la resolución de la Ursec a los operadores del país, que son 200 –no son una barbaridad–, ni se publicó esa resolución, los afectados nunca tuvieron posibilidad de oponer sus defensas o de presentar sus impugnaciones. Por lo cual no les corrió plazo y en este momento se encuentran habilitados para presentar sus recursos administrativos contra esa resolución que los afecta. Eso se ha hecho.

RA - ¿Qué es concretamente lo que presentaron ante la Ursec una vez que se conoció este fallo?

RI - Los operadores presentaron recursos administrativos, ya van presentados más de 40 recursos por operadores afiliados a Andebu y a CUTA haciendo notar distintas irregularidades que se cometieron en el momento de otorgar esa licencia. En primer lugar, no se otorgó vista de las actuaciones a los afectados, no se notificó la resolución ni se publicó; esas son irregularidades formales. Y por otro lado también existieron irregularidades sustanciales, como que en el proceso de trámite de adjudicación de esta licencia no se transitó por los mecanismos de llamados públicos y presentaciones públicas, que está previsto en las normas que son aplicables, y en el acto de autorización no se identifica quiénes son las personas físicas integrantes de la sociedad licenciataria, Frimay SA.

Solo se indica que Frimay SA está integrada por un solo accionista, que es una sociedad de responsabilidad limitada que se llama Metro Retholdings Ltda, de la cual el único dato que se aporta es quiénes son sus directores. No se aporta el dato de quiénes son los directores de Frimay, es decir que la sociedad autorizada, Frimay SA, no da cuenta de quiénes son las personas físicas que la integran ni tampoco de quiénes son sus directores. Por tanto también nos encontramos frente a una severa irregularidad en el acto de adjudicación. Esas son las dos principales razones sustanciales que encontramos –puede haber más–, además de las irregularidades formales, que son las que mencioné antes.

RA - ¿Han tenido contacto con el Poder Ejecutivo por este tema, a partir de esos aspectos que usted plantea, por ejemplo?

RI - Sí, ha habido contactos con el MIEM interesándonos por esta situación. De parte del Estado existe preocupación porque la situación colide con los planes de desarrollo del sector que tenía pensados el Poder Ejecutivo.

RA - Eso es lo que les han trasmitido a ustedes.

RI - Sí.

RA - ¿Qué puede pasar a partir de este recurso? ¿Es concretamente lo que presentaron ante la Ursec?

RI - Sí, el recurso administrativo va a tener que seguir el procedimiento previsto en el decreto 500, es decir que la Ursec y el Poder Ejecutivo tendrán un plazo de 180 días para tomar resolución expresa; si no lo hacen, vencido ese plazo se considera que se produce una denegatoria ficta, lo cual habilita, en el plazo siguiente de 60 días, a presentar la acción de nulidad ante el TCA. En este caso la acción de nulidad y todo el proceso impugnatorio referirían a la autorización original y no a la revocación que realizó en el 2009 el Poder Ejecutivo, que fue el núcleo del proceso que transitó la empresa Claro.

RA - ¿Qué sucede en el caso de Movistar, que a raíz del fallo del TCA pide a la Ursec la autorización para operar y también podría ofrecer este servicio de televisión satelital?

RI - El caso de Movistar me parece mucho más grave que el de Claro. La empresa Movistar no cuenta con autorización en este momento, si bien ha presentado su solicitud. La gravedad de la situación radica en que existen, ya instalados a todo a lo largo y ancho del país, una enorme cantidad de decodificadores ilegales, los conocidos AZ box, AZ América, etcétera, que operan con base en el servicio que presta la empresa Telefónica en otros países. Es decir que reciben la señal satelital que la empresa Telefónica presta con autorización en Brasil, en Chile y otros países. Esos equipos decodificadores, que en este momento están funcionando de manera ilegal y respecto a los cuales se han hecho acciones judiciales, se han incautado embarques y se ha procedido a la destrucción de muchos lotes, operan violando las medidas de protección que la empresa Telefónica ha implementado mediante un software de la empresa Nagravisión para eludir esos mecanismos y captar las señales ilegalmente.

La gravedad de la situación radica en que ya existen en el país una enorme cantidad de aparatos de este tipo instalados. La empresa Telefónica no ha hecho absolutamente nada para impedir la proliferación de este tipo de aparatos, a pesar de que están violando los derechos de la propia empresa, de la titularidad de las señales que se emiten para otros países, pero que también se reciben vía satélite en Uruguay. Por tanto, si el gobierno le adjudicara una licencia, se estaría procediendo sobre la base de una ilegalidad, una ilegitimidad anterior, convalidando una situación sumamente irregular en la medida en que el inicio de las operaciones de Movistar estaría obviamente facilitado por la previa introducción de todos estos decodificadores que fueron instalados de forma ilegal.

AA - Yendo al tema de fondo, ¿qué efecto tendría para ustedes el ingreso de estas dos empresas, Claro y Movistar, al mercado de televisión para abonados? ¿Dónde estaría el perjuicio, según ustedes?

RI - Como decía al principio, el perjuicio principal es que solamente las empresas internacionales estarían habilitadas a prestar un servicio en todo el país. Los operadores nacionales están limitados a prestar un servicio en ciudades, localidades o pequeños pueblos, solamente las empresas multinacionales estarían autorizadas a prestar un servicio con una sola licencia en todo el país. Estaríamos hablando de DirecTV, Claro y Telefónica, empresas multinacionales que tienen millones de abonados en el conjunto de países en los que operan, frente a pequeños operadores que siempre estuvieron limitados, se les restringió su desarrollo en el país, ya que siempre estuvieron limitados a operar en un área delimitada.

Es decir, no es que los operadores uruguayos no tengan posibilidades de prestar servicios en todo el país, hoy las tecnologías tanto satelitales como alámbricas permiten que un solo operador preste servicio en todo el país. Supongamos que a un operador se le permitiera prestar un servicio por vía alámbrica, lo podría hacer perfectamente, enlazando mediante conexiones de fibra óptica e incluso inalámbricas, vía microondas, distintas localidades podría prestar un servicio de televisión para abonados en muchas localidades, y perfectamente podría hacerlo en todo el país. Y también existen posibilidades hoy día –y en la época en que se le dio autorización a DirecTV– de que operadores uruguayos presten servicio satelital en todo el país. Sin embargo esas autorizaciones solamente se otorgaron a empresas multinacionales, mientras que a las empresas uruguayas se las restringe a prestar un servicio en una pequeña localidad, o bien, en el caso de Montevideo, en la principal ciudad del país, la capital, pero siempre restringidos al departamento y a la ciudad de Montevideo.

RA - Varios oyentes van por el lado de los beneficios para el consumidor. ¿No cree que beneficiaría al consumidor el ingreso de dos nuevos operadores, tal como pasó en el mercado de telefonía celular, por ejemplo, cuando ingresó Claro, cuando ingresó Movistar?

RI - Por alguna razón nos encontramos en un sector que está sometido a regulación, no es un sector que esté abierto a la libre competencia. Y tiene particularmente una unidad reguladora que vela por la salud de este sector, de este mercado. Es decir que tendrá que ser la Ursec la que evalúe si es conveniente que existan operadores de este tipo, con este tipo de licencias, y la cantidad de operadores que pueden operar en un mercado concreto. De acuerdo con la reglamentación actual, las licencias se otorgan a demanda, pero siempre con autorización de la Ursec y del Poder Ejecutivo. En el pasado han existido situaciones en que la Ursec ha dispuesto que en una determinada localidad, incluso en localidades pequeñas del interior, es posible que existan varios operadores, pero no satura una misma plaza con infinidad de operadores. La Ursec determina "en esta plaza pueden operar en buenas condiciones, en condiciones de prestar un buen servicio, dos, tres, cuatro operadores". Eso es lo que tienen que determinar la Ursec y el Poder Ejecutivo en un mercado que se encuentra regulado, que no está abierto a la libre competencia.
    
RA - Estaba mirando declaraciones de Fernando Leis, director de marketing de Movistar, quien dijo días atrás al diario El País que, "como ocurrió con la telefonía celular, la competencia dinamizará el mercado, generando más inclusión, mejorando la calidad de los servicios y reduciendo los precios. Pensamos que el mercado de la TV para abonados se podrá expandir y a precios más competitivos". ¿Qué dice usted de estos argumentos?

RI - Creo que la televisión para abonados tiene precios muy competitivos en este momento si los comparamos con precios internacionales, por la cantidad y calidad de las señales que se ofrecen y también por la calidad del servicio. Creo que la televisión para abonados ofrece hoy en el Uruguay una prestación muy competitiva. El riesgo de que ingresen estos grandes operadores al mercado uruguayo viene por el lado de que ya cuentan en los mercados mundiales en los que operan con millones de abonados, el mercado uruguayo es un mercado completamente marginal para estas empresas, ya tienen contratados los derechos de trasmisión de las señales con volúmenes muy importantes, ya tienen realizadas las inversiones en equipamientos.

Por tanto, introducir su servicio en el Uruguay no les implicaría mayores costos, más bien costos mínimos, en la medida en que tampoco, por su sistema de operación, están obligados a realizar inversiones en redes ni en estaciones cabeceras ni en contratación y capacitación de personal. Solamente importando equipamientos y derivando su instalación a instaladores independientes –incluso el propio usuario podría instalar el equipamiento, porque no se requiere una gran habilidad para hacerlo– esas empresas pueden tener una importante penetración inicial mediante el ofrecimiento de precios atractivos a lo mejor al principio, hasta que consigan desplazar del mercado a los operadores existentes. En ese momento estarán en condiciones de imponer las condiciones comerciales que más las favorezcan, es decir, modificar los precios o modificar las condiciones de servicio.

Empresas que operan de esta forma han recibido denuncias de competencia desleal en muchos países. De acuerdo con las referencias que tengo, los precios que está manejando internacionalmente la empresa Claro, por ejemplo, se encuentran claramente por debajo de los costos razonables que puede tener un servicio de acuerdo a la cantidad de señales que presta y el tipo de servicio que ofrece.

AA - Hace un tiempo los cableoperadores reclamaban que se los autorizara a ofrecer internet a través de cable coaxial, a lo que el Poder Ejecutivo no accedió y hubo quejas de que no se los dejaba competir. ¿No hay una contradicción entre esa situación y este caso en que se busca impedir que entren nuevos competidores?

RI - Creo que es legítimo que los operadores de telecomunicaciones traten de extender sus servicios y el tipo de servicio que prestan hacia distintas modalidades. El operador de televisión para abonados puede tener aspiraciones de que se le autorice el servicio de datos o incluso servicio de telefonía, es legítimo que realice sus planteamientos frente a las autoridades para solicitar este tipo de permiso. También es legítimo que el Poder Ejecutivo, plantee, diseñe y proyecte el plan de comunicaciones que desea implementar en el país y el tipo de servicios que habilitará a prestar a cada una de las empresas. En esa medida tenemos entendido que el Poder Ejecutivo ha mantenido una decisión de no autorizar la convergencia de servicios en las empresas de comunicaciones y que esa va a seguir siendo su política.

Tampoco existe una contradicción en la medida en que si bien existen empresas que desearían prestar ese tipo de servicios, también hay otras que no quieren avanzar por ese camino, que buscan la utilización de otro tipo de plataforma de comunicación para desarrollar el servicio que prestan dentro del alcance de las licencias que tienen autorizadas. Eso va en las decisiones empresariales que quiera llevar adelante cada empresa, cada emprendimiento, y también va en las decisiones del Poder Ejecutivo, en la medida en que nos encontramos en un mercado que está regulado y que tiene una autoridad de regulación que es la Ursec.

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AA - Varios mensajes están llegando de la audiencia, sobre todo con respecto a lo que significa para el usuario esta posibilidad de abrir el mercado de operadores. Por ejemplo:

"En Fray Bentos hay un solo operador de cable, la grilla de canales y la calidad de la imagen es horrible".

"Bienvenida la competencia, si no, no hay mejora".

"Creo que los usuarios tenemos derecho a elegir qué ver. La verdad es que ahora la mayoría de los cables, al menos en el interior, son un desastre. Los operadores de Andebu han mantenido una oferta rígida y para muchos usuarios hasta arbitraria, deben venir nuevos operadores y generar competencia real. Los que no se adapten desaparecerán, como les ha pasado a tantas empresas".

"A quien hay que defender es al usuario, la parte débil de la relación de consumo", dice Eduardo del Centro.

Estos mensajes no son una encuesta oficial, pero marcan una tendencia, hay varios usuarios que no están satisfechos con el servicio que se está brindando actualmente.

RA - Teniendo en cuenta que en Montevideo hay tres canales privados que a su vez tienen una empresa de televisión para abonados cada uno y que en conjunto tienen otro más, ¿no está demasiado concentrado el mercado de la televisión hoy en día?

RI - Desde el ingreso de la multinacional DirecTV nadie puede decir que el mercado de la televisión para abonados tenga un monopolio en ningún lado. Yo escuchaba el mensaje del oyente de Fray Bentos que decía que hay un solo operador; en ningún lado del país hay un solo operador de televisión para abonados en la medida en que la empresa DirecTV opera en todo el país. En esa medida, todos los usuarios tienen por lo menos una opción.

Con respecto a Montevideo, la oferta de servicios está compuesta por seis empresas, son operadores de televisión para abonados Nuevo Siglo, Montecable, TCC, está también la empresa Multiseñal, está Cablevisión, y está DirecTV. Es decir que hay una oferta bastante importante de operadores, a los que se suman hoy en día distintas propuestas de consumo a través de otras plataformas, como internet, que está creciendo cada vez más. Ya sea en forma legal, como la propuesta norteamericana Netflix, como en forma ilegal, la descarga de productos audiovisuales a través de los servicios de internet es cada vez más importante y es una realidad con la que conviven todos los operadores de televisión para abonados y también los de televisión abierta, la radio.

Por tanto, la propuesta de contenidos culturales, y en este caso específicamente audiovisuales, es cada vez más importante, es una realidad con la que conviven los operadores y que está impuesta en toda la sociedad. Creo que no podemos hablar hoy día de que existe una gran limitación o siquiera de que existan limitaciones en las posibilidades de las personas, de los ciudadanos, de los usuarios de los servicios de acceder a contenidos audiovisuales, en la medida en que el desarrollo tecnológico y la existencia de múltiples plataformas de comunicación, incluso dispositivos que uno puede utilizar en cualquier lado, los dispositivos móviles, permiten recibir estos contenidos a requerimiento de cada uno.

AA - Hay un mensaje que va en otra línea. "En ciudades como San Francisco, Los Ángeles, hay solo uno o máximo dos operadores de televisión para abonados, y eso que Estados Unidos es la cuna de la competencia. Igual en Europa". Por otro lado, el gerente general de nuevo Siglo, Andrés Ham, cuestionaba que el proceso de autorización de Claro fue poco transparente, ya que no surgió de un llamado público a interesados. Pero ¿no pasó lo mismo con las ondas que se les concedieron a los canales de televisión abierta? Si en ese caso no hubo un llamado público, ¿por qué ahora sí debe haberlo?

RI - Nos estamos remontando 50 años atrás, cuando la realidad de la televisión era completamente otra. Es decir, había gente que cuestionaba, personas importantes que cuestionaban la posibilidad de desarrollo de ese nuevo servicio de comunicación que recién estaba naciendo. La televisión en aquel momento era un servicio completamente irrelevante, marginal, al que nadie apostaba, poca gente apostaba por su futuro. Tanto es así que fue naciendo vinculada a las radios como una propuesta complementaria, incluso experimental. Creo que no podemos ni remotamente comparar las situaciones de la televisión hace 50 años con la realidad que tenemos hoy en el mundo de las comunicaciones, y sobre todo con los procedimientos de otorgamiento de permisos que han ido evolucionando sustancialmente en los últimos años.

La existencia de unidades reguladoras, de autoridades de regulación de los servicios de comunicaciones es muy reciente en todo el mundo, no tienen más de 15 años en ningún lugar del mundo, nacieron en Europa, en Estados Unidos, y adquirieron cada vez más fuerza en función del desarrollo vertiginoso que ha tenido el sector de las comunicaciones en los últimos años. Pero me parece que no es ni remotamente comparable una situación de procedimientos de adjudicación de autorizaciones, de permisos de operación que ocurrieron hace 50 años con el mundo de las comunicaciones actual.

RA - Si finalmente se concreta el ingreso de Claro y Movistar al mercado de la televisión para abonados, ¿qué otro paso puede dar Andebu?, ¿qué camino les queda? Porque mientras ustedes presentaron este recurso ante la Ursec, que está corriendo, Claro sigue por el momento con sus planes, y de acuerdo a los plazos que ha manejado, en 90 días podría comenzar a prestar el servicio.

RI - Sí, en el recurso administrativo que presentaron las empresas se solicita también que se dé efecto suspensivo, que se suspendan los efectos de la autorización, que se suspenda la autorización que tendría Claro.

RA - ¿Eso en qué plazo podría concretarse?

RI - Es parte del análisis que tiene que hacer la Ursec en primera instancia, y luego el Poder Ejecutivo deberá decir si otorga esa petición que han hecho los operadores al presentar su recurso de que se suspendan los efectos de la medida. La suspensión no es de oficio, no es imperativa, es una resolución que podrían tomar la Ursec o el Poder Ejecutivo en la medida en que transcurran los procedimientos. Puede también no hacerlo, habitualmente no se otorga la suspensión del acto cuando se presenta un recurso administrativo. La Ursec o el Poder Ejecutivo podrían no conceder esa suspensión, y en esa medida se podría considerar, como interpreta Claro, que la autorización está vigente y que puede empezar a llevar adelante sus primeras acciones.

RA - En ese caso, ¿cuáles serían los efectos concretos de que Claro y Movistar ingresaran al mercado? ¿Pueden llegar a cerrar empresas de cableoperadores del interior del país? ¿Pueden estar en juego puestos de trabajo, por ejemplo?

RI - Creo que sí, que hay que tener en cuenta esos efectos. En el Uruguay existen más de 200 operadores de televisión para abonados en el régimen de prestación de servicio en un área geográfica delimitada. En esa medida, el operador actual, el operador local, no tiene mucho margen de movimiento, porque no puede acceder a prestar servicio en ningún otro lado que donde lo está prestando. Es decir que sus márgenes serán o bien adecuar sus precios o el tipo de servicio que presta, o bien bajar la cortina si no puede hacerlo. Eso no ha sucedido, al menos no tengo conocimiento de que haya sucedido en estos años. Las empresas siempre han encontrado alguna forma de adecuar su funcionamiento para enfrentar las nuevas realidades. Lo hicieron cuando DirecTV ingresó al mercado, lo han hecho para enfrentar la proliferación de los decodificadores ilegales, que es muy importante en el interior del país.

RA - Hay oyentes que plantean que eso terminaría siendo un beneficio para el usuario.

RI - No sé si es un beneficio, porque si cambian un operador por otro se quedarían de vuelta con un solo operador que tendría la posibilidad de determinar por sí solo cuáles son el servicio y el precio que les va a ofrecer.

RA - No me refería a la desaparición, sino a que las empresas podrían readaptarse y reducir los costos y cambiar el servicio que vienen ofreciendo actualmente.

RI - Sí, y a lo mejor ese cambio de servicio implica prestar un servicio de peor calidad que el que prestan hoy, porque si los costos no lo permiten, a lo mejor tienen que reducir la cantidad de señales o tienen que reducir la atención al usuario. En definitiva podría caer la calidad del servicio, que es uno de los aspectos más importantes y uno de los aspectos que tiene que cuidar la Ursec: velar por la satisfacción del usuario. En esa medida –volvemos a lo que decía antes–, deberán ser la Ursec o el Poder Ejecutivo quienes determinen qué capacidad tiene nuestro mercado para absorber nuevos operadores y de qué características deberían ser esos operadores para mantener la salud del mercado.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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Foto: andebu.org.uy