La causa se abrió por el fallecimiento de Walter Alejandro Maulucci, que en abril de 2009 murió chocar su moto contra el acoplado que cortaba el paso en el paraje de Arroyo Verde, sobre la ruta internacional 136, en víspera de una marcha contra el funcionamiento de la planta de pasta de celulosa en Fray Bentos.

 Los defensores de los asambleístas reclamaron la revocatoria del procesamiento, mientras que el Fiscal pidió la falta de mérito para dos de los cuatro involucrados.

El juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, procesó a los asambleístas Miguel González, Miguel Pérez, María Alicia Rivero y Enrique Reiche, pero en la Cámara el fiscal Ricardo Alvarez dijo que Rivero y Reiche eran "visitantes ocasionales de Arroyo Verde y hacían un aporte testimonial a la Asamblea de Gualeguaychú", en tanto que mantuvo la acusación contra Pérez y González.
 
Luis Leissa, abogado de los asambleístas, cuestionó que el juez Federal "ponga en los asambleístas el deber de controlar el tránsito, cuando en realidad esta tarea le corresponde a Gendarmería, no sólo en función de lo que establece la Ley Nacional de Tránsito, sino además porque ese era el rol que le había asignado el Juez Federal cuando se denunció que había un corte de ruta".

El asambleísta Miguel Pérez, que quedó procesado y espera la resolución de su situación en la Justicia, se preguntó "dónde está la Justicia, que me va a condenar a mí, solamente porque estaba en el lugar del accidente", y agregó que "fue una desgracia lamentable. Yo soy un ciudadano común de esta ciudad, que me empecé a comprometer cuando vimos lo que se venía para nuestra zona".

 "Yo no tengo miedo, sólo malestar porque el estado no me representó como lo tuvo que haber hecho. Pero tristemente no ocurrió, y hoy estoy en esta situación. Respecto al riesgo si pierdo mi casa por esta demanda, terminaré viviendo en una carpa en el municipio de Gualeguaychú, pidiendo justicia" advirtió Pérez.