Pese a que el Parlamento aprobó la ley el 28 de diciembre de 2012 y el Poder Ejecutivo la reglamentó el 22 de febrero, no se han podido entregar las 135 solicitudes recibidas hasta este momento, informó El Observador. 

Barrera explicó a El Espectador que el problema es que los casos de las personas que se han presentado "no están resueltos" por lo tanto "no hay una sentencia judicial" y los partes policiales son imprecisos.

La presidenta de la asociación relató que el caso de su hijo, quien fue asesinado a los 30 años en un intento de rapiña en 2009, "es uno de los aproximadamente 800 que no están resueltos".

Por su parte, la representante empresarial en el directorio del BPS, Elvira Domínguez, dijo a El Observador que el directorio envió el proyecto de un nuevo decreto al Poder Ejecutivo para la creación de una comisión especial asesora, integrada por BPS, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, encargada de estudiar e informar sobre las solicitudes presentadas.