(emitido a las 8:47 Hs.)

En agosto del año pasado se conoció una denuncia que conmovió durante varios días a la sociedad uruguaya.
 
Las primeras noticias, todavía con pocos detalles, aparecieron en los medios el 2 y el 3 de agosto, cuando se informó sobre un procedimiento sin antecedentes que acababa de realizar el Ministerio de Trabajo.

Se había recurrido por primera vez al auxilio de la policía para inspeccionar un hogar, una posibilidad prevista en la Ley de Trabajo Doméstico para verificar eventuales infracciones a las normas laborales. El ministro Eduardo Brenta explicó que se había dado este paso luego que los dueños de casa se negaran a facilitar el acceso de los inspectores. Además, calificó el hecho como grave. Así lo explicaba Brenta en su momento:

"Se concurrió en el día de hoy a una vivienda en la zona de Carrasco, con el apoyo de la Policía de Montevideo. Ahí se habilitó el ingreso a la vivienda y se constató la existencia de dos trabajadoras de origen boliviano, que tenían documentación pero se encontraban en forma ilegal. Al mismo tiempo no estaban obviamente registradas en la Seguridad Social ni en ningún ámbito".

Tres días después, el 6 de agosto, el caso tomó cuerpo a través de un comunicado de la ONG Cotidiano Mujer. El jueves 9, Búsqueda recogió buena parte de ese comunicado, incluyendo el nombre de la familia involucrada. Pero fue el viernes 10, en Brecha, cuando se publicó la investigación más extensa y espectacular.

El título principal del semanario era: "El Carrasco feudal".

La tapa mostraba el muro y el portón de entrada de una residencia de ese barrio de Montevideo. Y se hablaba de "trabajo esclavo" para definir el caso de dos empleadas domésticas de origen boliviano que cumplían "jornadas de hasta 18 horas diarias, sin visa de trabajo y sin leyes sociales". En páginas interiores se consignaba que vivían y se alimentaban en forma precaria, sin posibilidad de contacto con el exterior y que no podían irse del país ya que sus documentos les habían sido retirados. Además se agregaba que las dos mujeres habían llegado a Uruguay engañadas por una red de trata de personas que operaba con base en la ciudad de La Paz, Bolivia.

El reportaje tuvo una repercusión muy fuerte en distintos ámbitos, incluyendo las conversaciones en la calle y en las redes sociales. Además de lo chocante que era la situación en sí que tomaba estado público, también impactaban los apellidos de los dueños de casa, ambos vinculados a varias empresas reconocidas del medio, algunas del sector industrial y otras del comercio. Incluso llegó a organizarse una convocatoria para que la gente no comprara en las tiendas relacionadas con esa familia.

Pero de aquellos hechos han pasado ya nueve meses. Y seguramente ustedes se preguntan: ¿Qué desenlace tuvo el caso? ¿Qué pasó finalmente con las dos mujeres bolivianas?

En Perspectiva vamos a repasar y poner al día esta información.

Este caso tuvo varias derivaciones. Veamos en primer término qué sucedió en la justicia penal.

A fines de octubre del año pasado la familia denunciada fue indagada por el juez de Crimen Organizado Néstor Valetti.

El magistrado había abierto una investigación sobre la aparente existencia de una organización delictiva que traía al país ciudadanas bolivianas engañadas para trabajar en condiciones de semiesclavitud.

Desde el Poder Judicial se informó a En Perspectiva que la causa fue archivada por falta de pruebas. No pudo demostrarse la trata de personas ni que hubiera una organización destinada a tal fin.

De todas formas, sí quedó abierto otro expediente en la justicia laboral.

En ese ámbito las actuaciones han tenido idas y vueltas, según comentó Lilián Celiberti, dirigente de Cotidiano Mujer, la organización que apoyó a las inmigrantes en esta situación.

En Perspectiva quiso tener el testimonio de los dueños de casa, pero no fue posible. Desde su entorno se nos ratificó que las mujeres bolivianas nunca habían sido explotadas y que contaban con buenas condiciones de trabajo. Recordemos que, para dar fe de ello, en su momento la familia divulgó fotos de los dormitorios y las áreas de descanso utilizados por el personal en la residencia.

La familia sí admitió que las empleadas no estaban registradas ante el Banco de Previsión Social (BPS), aunque destacó que contaban con un seguro médico, como aclaró en octubre su abogado defensor, Jorge Pereira Schurman, en una nota del diario El Observador.

Lo cierto es que al día de hoy una de las mujeres reclama una deuda de 7.000 dólares y la otra 5.000 dólares.

Hubo varias audiencias de conciliación pero todavía sin acuerdos, según informó Lilián Celiberti. La responsable de Cotidiano Mujer dijo a En Perspectiva que la parte demandada ofreció pagarles dos sueldos, lo que fue rechazado por las demandantes.

Además, el reclamo es más amplio ya que se sumaron a la demanda otras señoras que sostienen haber trabajado antes en la casa de esta familia y solicitan cifras bastante más altas, entre 19.000 y 35.000 dólares, según pudo saber En Perspectiva.

Ahora, más allá de las alternativas en la justicia penal y la justicia laboral... ¿Qué fue de estas dos mujeres? ¿Cómo siguieron sus vidas? ¿Cuál fue su destino?

Tras la denuncia, las mujeres fueron atendidas y acompañadas por el Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Trata, que funciona en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). En el caso intervino, también, la Embajada de Bolivia.

Según Lilian Celiberti, una de las mujeres optó por retornar a su país a fines de 2012.

"Se coordinó con la Organización para Migrantes de Naciones Unidas. Ella quería regresar a su país, porque además tenía una niña pequeña, de nueve años, volvió acompañada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y estuvo bien, la iban a acompañar en La Paz para reinsertarla laboralmente", explicó Celiberti.

La otra ciudadana boliviana, la más joven, sigue aquí en Uruguay. Comenzó a trabajar en otra casa de familia, sin que desde entonces se haya presentado ningún tipo de problemas. Ella es controlada de forma regular por el Mides.

Y hubo otras consecuencias.

Para finalizar, Lilián Celiberti destacó un aspecto positivo de este caso. Fue tal su trascendencia, que luego de que tomara estado público creció claramente el promedio de regularización de domésticas extranjeras ante el BPS.
De acuerdo a los cálculos de Cotidiano Mujer, en Uruguay hay unas cien inmigrantes cumpliendo este tipo de servicio, principalmente de origen peruano.

***