La ANEP presentó ante el Juzgado Letrado de Familia de 19° Turno el segundo informe cuatrimestral sobre las acciones emprendidas para cumplir con la sentencia de agosto del año pasado que, a pedido de varias organizaciones sociales, le ordenó a garantizar que todas las escuelas públicas del país cuenten con las normas de seguridad contra siniestros e incendios que exige la Dirección Nacional de Bomberos.

Según se anuncia, la regularización se ejecutará en cuatro etapas, comenzando por 1.135 escuelas rurales.

El organismo también informó sobre otras medidas adoptadas, como la designación de un coordinador entre la ANEP y la Dirección Nacional de Bomberos, el funcionamiento de una comisión integrada por representantes de los dos organismos a fin de atender la situación de las escuelas, la realización de un llamado a licitación para la adquisición de extintores y cartelería requerida para la habilitación, y la adopción de un instructivo interno para agilizar la presentación de las solicitudes de habilitación.

En el marco del seguimiento del cumplimiento de la sentencia, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Infancia, Adolescencia y Ciudadanía (IACI), y el Comité de los Derechos del Niño (CDN) plantearon ante la sede actuante un escrito que desembocó en una solicitud de la Justicia para que la ANEP brinde más información respecto a su plan de regularización.

El escrito presentado por las tres organizaciones que originalmente promovieron el proceso de amparo por el cual la justicia ordenó a la ANEP regular la situación de seguridad de las escuelas, señala:

Varias de las acciones emprendidas por la ANEP reflejan un avance respecto a la situación preexistente a la sentencia de agosto de 2012, en la que el organismo cuestionó la pertinencia del reclamo para que las escuelas contaran con las referidas normas de seguridad.

En momentos en que el tema de la seguridad edilicia de edificios públicos y comerciales adquiere relevancia en el debate público, CAinfo, IACI y CDN están exhortando a las autoridades nacionales, departamentales y al Parlamento a que se involucren en este tema para la búsqueda de soluciones que permitan regularizar la situación de las escuelas públicas en el menor plazo posible, atendiendo al carácter preventivo de las medidas exigidas por la Dirección Nacional de Bomberos y cuya pertinencia fue amparada por la justicia.