(emitido a las 7.50 Hs.)

EMILIANO COTELO:
El presidente José Mujica se mostró preocupado por los juicios que enfrenta el Estado y el lunes, en el Consejo de Ministros, ordenó a las oficinas jurídicas de los organismos públicos elaborar una lista detallada de las demandas que se tramitan ante la Justicia. Sin embargo, según dice hoy el diario El Observador, el Ministerio de Educación y Cultura creó hace seis años una oficina para realizar esa tarea y todavía no la ha finalizado.

Este, el de los juicios contra el Estado, es un tema que vuelve cada tanto, genera sus horas de preocupación y luego desaparece. ¿Cuánto puede ayudar esto de que haya información completa, al día, eventualmente online, disponible en internet, para que pueda ser consultada en la medida que evolucionan incluso, los juicios? ¿Qué se puede hacer a partir de esa información compilada y analizada? Es la pregunta que ahora queda sobre la mesa a partir de esta iniciativa.

Ustedes han estado enviándonos una serie de mensajes a propósito de este asunto. Uno de ellos vino de Alfonso de Pocitos, que empezaba diciendo: "Fui abogado del Estado, los problemas judiciales nacían por inconsultas e injurídicas decisiones de las autoridades". Me dejó pensando esa observación partida además de la experiencia de este profesional, por eso optamos por llamarlo y con él estamos en comunicación en este momento.

Alfonso de Pocitos es Alfonso Viera, ¿verdad?

ALFONSO VIERA:
Sí, correcto.

EC – Usted tiene experiencia como abogado del Estado concretamente en la Aduana.

AV – Sí, estoy jubilado hace más de diez años de la administración pública.

EC – ¿Y qué es lo que le dice esa trayectoria a propósito de este problema, el de los juicios contra el Estado?

AV – Lo que me dice es lo de que alguna manera incluí en el texto del mensaje y se refiere a que las autoridades muchas veces toman decisiones que en definitiva no han sido consultadas, o cuando ha sido consultado el jerarca no se encuentra satisfecho con la opinión jurídica y procede según su parecer. Cuando nosotros tenemos que pasar a intervenir en el asunto en una vía contenciosa, en una reclamación, no podemos modificar la situación de hecho previa, de manera que nos vemos prisioneros de lo que ha sucedido con anterioridad y las posibilidades de una defensa exitosa se hacen difíciles.

EC – Es interesante este aspecto, lo que usted dice es que muchas veces las decisiones de gobierno, o de organismos de gobierno, parten de una debilidad desde el punto de vista jurídico generada porque por ejemplo no se consultó a los profesionales que tiene esa propia dependencia.

AV – Claro, yo en una oportunidad le dije a un colega que después pasó a ser director nacional de la unidad ejecutora en la que me desempeñaba que la mejor manera de no tener juicios y de no ser objeto de reclamaciones por los particulares era que la institución se condujera de acuerdo a derecho. Esas palabras mías fueron mal recibidas por el que después pasó a ser jerarca máximo de la unidad ejecutora.

EC – ¿Fueron mal recibidas? ¿Qué quiere decir, qué implicó para usted?

AV – De la misma manera en que hay medicina preventiva hay también ejercicio del derecho en forma preventiva para evitar estas situaciones litigiosas.

EC – Y usted dice que no fue bien recibido su planteo, ¿qué quiere decir?

AV – Que le molestó. Muchas veces prefieren que los asesores sean simplemente confirmadores o ratificadores de sus intenciones. Y el asesor bueno es el que muchas veces advierte que no debe tomar esa decisión que tiene ya elaborada.

EC – ¿Y no es que siempre hay dos bibliotecas entre los abogados...?

AV – El derecho no es una ciencia exacta.

EC – Se lo digo para provocar un poco la conversación, porque puede pensarse que sí, que siempre va a haber una forma de defender jurídicamente tal o cual resolución impulsada por un jerarca.

AV – Claro, y a eso es a lo que recurrimos, porque nosotros no dejamos de patrocinar al Estado en el juicio. Lo patrocinamos de cualquier manera y buscamos los rincones posibles en los que podemos amparar la situación de la institución a la que estamos defendiendo. Pero de cualquier manera, si bien existe eso tan popular de que hay más de una biblioteca, simplemente se trata de un conjunto normativo que hay que interpretar y no todas las interpretaciones coinciden, uno está contando con menores elementos por lo que se ha vivido con anterioridad al planteo del juicio, con menores elementos para poder hacer una defensa con mayor eficacia.

EC – De esta manera usted defiende la posición de los abogados, de los asesores de las distintas dependencias del Estado porque sostiene que muchas veces tienen que pelear en condiciones muy desiguales en un juicio.

AV – Exacto, sintéticamente usted lo acaba de decir muy correctamente, a eso me refiero. No es que quiera hacer una tonta defensa corporativa, de ninguna manera, pero sí estoy transmitiendo lo que me ha tocado vivir.

ROMINA ANDRIOLI:
Recién usted me comentaba fuera de micrófono que le había llamado la atención algunos de los mensajes de los oyentes que habíamos leído respecto a que esa crítica que se le hacía de que hay abogados del Estado que juegan incluso para la contraparte, ¿qué era concretamente a lo que se refería?

AV – Sí, eso ya es completamente disparatado. Además puedo agregar que si bien fui abogado del Estado también en el ejercicio particular de la profesión me ha tocado ser abogado contra el Estado, y en las situaciones que he vivido puedo afirmar que desconocía quiénes eran los colegas pero actuaron muy correctamente y con mucho empeño en poner todas las armas jurídicas posibles en defensa de la institución estatal que estaban patrocinando.

EC – De todos modos yo recuerdo casos en los que los abogados del Estado procedieron con descuido o con negligencia y facilitaron las cosas ya con el trámite en curso, con el juicio en curso.

AV – Sí, por eso le digo que yo no estoy pretendiendo defender al 100% de los colegas que se han desempeñado defendiendo al Estado, también he conocido  y en forma muy directa algún mal desempeño de colegas.

EC – Algún oyente pregunta: el hecho de que un abogado defienda mal al Estado, o no lo defienda, ¿no se califica como mala praxis, no debería asumir responsabilidad ese profesional?

AV – Por supuesto, como cualquier funcionario público. Si se advierte que hubo realmente una culpa grave –no estamos hablando del dolo, pero sí una culpa grave en la forma en que se desempeñó su actuación– tiene responsabilidad. Incluso yo le puedo decir que en una oportunidad me tocó, asesorando y refiriéndome al desempeño de un colega de la institución en la que yo estaba, solicitar el sumario de ese colega que posteriormente fue destituido. No me estoy refiriendo a una especie de amparo generalizado para todos los colegas, que no corresponde ni en esta profesión ni en ninguna profesión, ni en ningún oficio, ni en ninguna labor que se desempeñe en cualquier nivel y en cualquier espacio.

RA – ¿Cómo es la situación en los organismos públicos respecto a la exclusividad? Porque hay un oyente que plantea: soy abogado, los colegas del Estado no tienen exclusividad en la mayoría de los casos y están más preocupados por sus asuntos particulares que por el Estado, ¿cómo es eso?

AV – Bueno, se refiere a que no hay dedicación total o full time...

RA – Claro, pero ¿qué es lo más común en los organismos públicos, que el abogado que ejerce en un organismo público tenga exclusividad o no se establecen ese tipo de restricciones?

AV – No, lo más común es que no tenga exclusividad, hasta donde yo conozco.
EC – Y eso es un problema.

AV – Esa es la situación más común. Es un problema que deberían consultar, ya ayer hicieron una consulta sobre otros aspectos del proceder y funcionamiento de la función pública, deberían consultar con Conrado Ramos, que me parece una persona con mucha autoridad.

EC – En el caso suyo, ¿cómo fue? Porque usted hablaba hace un rato que le tocó representar al sector privado en algún juicio contra el Estado, ¿cómo fue eso?

AV – Sí, en un juicio contra la Universidad de la República y en un juicio después contra UTE, y el desempeño de los colegas fue excelente.

EC – Pero en ese momento, ¿usted seguía trabajando en la Aduana?

AV – En el caso de la Universidad de la República estaba trabajando en la Aduana, no lo estuve en esa otra situación contra UTE, que por otra parte el juicio lo ganó UTE.

EC – Y para terminar, ¿cómo observa usted lo que también critican algunos oyentes con sus mensajes, el hecho de que ante un juicio complicado en determinada instancia la oficina, la dependencia correspondiente, termine recurriendo a abogados externos, estudios jurídicos instalados en plaza, a efectos de salvar la posición en esa demanda?

AV – Sí, eso nunca me ha parecido que sea correcto por parte de las oficinas correspondientes del Estado, porque en todas ellas hay abogados buenos, malos, regulares, como en todas las profesiones, y se deja de lado a abogados que pueden defender perfectamente buscando estudios de algunos colegas que tienen determinado prestigio y de alguna manera lucen más a la luz pública. Pero no lo veo necesario.

RA – ¿No es a veces también por una cuestión de especialidad que se debe recurrir a estos casos? Yo hablaba recién con un abogado que me planteaba eso, que a veces se va a buscar a un abogado afuera porque el juicio comprende determinado asunto que no es de la especialidad. La repartición pública, me decía, no siempre cuenta con el abogado especializado en determinado tema que de repente otro estudio jurídico sí.

AV – No descarto esa hipótesis, pero en general los abogados de una institución pública conocen mucho más de cerca y por la propia experiencia cuáles son los marcos normativas dentro de los cuales se desenvuelve la actividad de esa institución pública.

RA – Sí, la mayoría están especializados en derecho administrativo, ¿verdad?

AV – Eso es la base.

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