(emitido a las 7.50 Hs.)

EMILIANO COTELO:
En Tacuarembó, un grupo de activistas que se opone a la minería metalífera a cielo abierto reunió más de 12.000 firmas que buscan prohibir esa actividad en ese departamento.

El mecanismo en que se amparan los integrantes desde el movimiento "Tacuarembó por la vida y el agua" es el derecho de iniciativa ante los órganos del gobierno departamental previsto en la Constitución, que requiere la presentación de las firmas del 15% del padrón electoral de la localidad para que la Junta Departamental apruebe una medida, en este caso sería la prohibición de la minería, o para que ésta sea sometida a consulta popular, justamente, en el departamento.

¿Cómo es esto?, ¿desde cuándo están trabajando?, ¿cuáles son los próximos planes? Vamos a conversar con uno de los referentes del grupo Tacuarembó por la vida y el agua, Sebastián Ríos, que está en línea telefónica.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Por qué y cómo surgió esta iniciativa de juntar firmas para prohibir la minería a cielo abierto en Tacuarembó?

SEBASTIÁN RÍOS:
Hace aproximadamente dos años atrás un núcleo de gurises que forman parte de una radio comunitaria de Tacuarembó que se llama La Candela empezaron a alertar sobre el tema, a trabajarlo, a difundirlo. Invitaron a los vecinos de Cerro Chato, que se habían empezado a mover con el tema de Aratirí, realizaron algunas conferencias, se organizó en ese momento la venida del fiscal [Enrique] Viana a Tacuarembó. Nos fuimos desayunando que el tema de la minería a cielo abierto trascendía Aratirí, que en Tacuarembó también teníamos miles de hectáreas pedidas para minería, hoy se habla de unas 300.000. Entonces nos desayunamos que era un tema que nos tocaba también a nosotros y de la gravedad que podía llegar a tener continuar y acelerar ese proceso, no solo del punto de vista del impacto ambiental sino lo que podía generar en cuanto a desplazamiento de gente del campo, además de amenazar también un montón de fuentes de trabajo. Por ejemplo el propio frigorífico, que hace tiempo que viene teniendo problemas de stock de ganado. Pero además Tacuarembó es una ciudad que vive de las veterinarias, los escritorios rurales. Es una ciudad que ha vivido históricamente de proporcionarle servicios a la ganadería y en los últimos años también a la forestación.

RA – Pero, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen en torno a los efectos de la minería a cielo abierto?

SR – Consideramos que la minería a cielo abierto no es una buena idea, no es un buen negocio, porque genera un trabajo durante un corto período de tiempo. Si uno lee por ejemplo el proyecto que presenta Aratirí a la Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente] la propia empresa habla de unos 12 años y deja el recurso suelo destruido, estamos hablando de cráteres que andan en torno a una superficie de 100 hectáreas que pueden llegar a tener 400 o 500 de profundidad. Eso no se recupera, es una cuestión de sentido común, con un cráter ahí no se puede hacer absolutamente más nada. Eso produce desplazamiento de población rural que hoy está trabajando. Hay que tener en cuenta que Uruguay no es un desierto, sino un país que el 90% de su territorio o más es productivo, tenemos un ecosistema de pradera donde se trabaja, se vive, se produce. Y además no afecta solamente el peón rural que está en el campo, que estamos de acuerdo en que está en una situación históricamente de explotación, sino que también afecta a todo lo que genera la cadena cárnica, que va desde el peón rural pero también va desde el camionero que transporta el ganado y todos los servicios que le da la ciudad, las veterinarias, los escritorios rurales, y el frigorífico, que en Tacuarembó es la principal fuente de trabajo, la principal industria que tenemos hace años acá es el Frigorífico Tacuarembó, que en los últimos años ha tenido ese problema.

Entonces este movimiento es en defensa del trabajo, de la vida, porque por ejemplo en Tacuarembó hay 300.000 hectáreas pedidas y algunas de las zonas pedidas son las quebradas del norte, zona de Valle Edén, donde son las nacientes del río Tacuarembó, de donde sacamos agua para la ciudad.

EC – Ustedes optaron por el camino de la recolección de firmas, ¿podemos explicar de qué se trata, por qué fueron por ese lado?

SR – Empezamos a estudiar e investigar desde el punto de vista legal qué posibilidades teníamos. Obviamente la primera idea que surgió fue la de un referéndum nacional para hacer una reforma constitucional, pero claro, eso ya no dependía solo de Tacuarembó, sino de la voluntad de todo un movimiento nacional del cual formamos parte, pero que todavía se consideraba que no estaba lo suficientemente maduro, que no había crecido lo suficiente, para llevar adelante tamaña campaña, con todo lo que implica. Ahí descubrimos, alguien nos comentó, que había un mecanismo que nunca se había usado de llevar adelante un plebiscito departamental. Empezamos a averiguar un poco, vimos que efectivamente era así, que estaba previsto en el artículo 305 de la Constitución y también en la ley orgánica municipal del año 35, que consiste en juntar firmas con el 15% del padrón electoral del departamento presentando en este caso una nueva ordenanza.

EC – Y en el caso de la movilización de ustedes, ¿qué es lo que proponen, cuál es esa ordenanza?

SR – Dicho sintéticamente prohíbe el desarrollo de la minería a cielo abierto en todo el territorio del departamento y lo declara área de reserva ambiental.

EC – O sea: ustedes aspiran a que la Junta Departamental con el gobierno departamental, con la intendencia, ejecuten esa prohibición.

SR – Exactamente, una vez que tengamos las firmas se presentan a la Junta Departamental, que tiene un plazo de 60 días en el que puede aprobar esa ordenanza, que en este caso prohibiría el desarrollo de la minería metalífera a cielo abierto. Si la Junta lo aprueba la ordenanza queda aprobada y no hay necesidad de plebiscito, si no la aprueba, pasa al intendente y él, en otros 60 días, lo único que tiene que hacer es el trámite de llamar al plebiscito.

EC – Ustedes ya pasaron las 12.000 firmas, ¿cuántas precisan para que se ponga en marcha todo este mecanismo?

SR – Esa es una de las dudas que tenemos. Le hemos elevado a la Corte Electoral una carta haciéndole una serie de preguntas, una de ellas es esa, cuál es exactamente el número de firmas que son el 15% del padrón electoral. El número que tenemos a priori, que nos han dado de boca, es de 10.750 firmas, ya estamos en 12.000, por lo que consideramos que ya hemos superado ampliamente ese número y que ya estaríamos en condiciones de presentar las papeletas.

El motivo por el cual no lo hemos hecho es porque la Corte Electoral, a pesar que hace 50 días que enviamos esta carta, el 4 de abril, lamentablemente todavía no nos ha respondido. En la carta preguntamos, entre otras cosas, si las firmas se presentan directamente en la Junta Departamental o en la Corte Electoral y de ahí pasan a la Junta Departamental, o qué tipo de documentación tiene que acompañar a las papeletas, o en el caso por ejemplo de papeletas anuladas qué tipo de procedimientos hay que hacer o presentar para recurrir esa papeleta anulada. Una serie de preguntas del tipo burocrático, formal, para poder iniciar el procedimiento.

RA – ¿Cómo se coordinan con otros departamentos que están llevando a cabo iniciativas similares? En el caso de Rivera, Lavalleja, incluso Treinta y Tres, también, han recolectado firmas. ¿Hay una coordinación entre todos los departamentos, más allá de que en este caso las firmas que se requieren para una eventual consulta popular sean específicamente para el departamento?

SR – Nosotros formamos parte de la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales. Para que la gente identifique, son quienes organizan las marchas que se han hecho en Montevideo, la última fue hace pocos días, el 10 de mayo. Las propuestas de plebiscitos departamentales se plantearon en la primera asamblea, que fue en Tacuarembó el 11 de agosto del año pasado, ahí se planteo esa posibilidad y hubo varios departamentos que decidieron iniciar por ese camino. O sea, las decisiones fueron en conjunto, formamos parte de un movimiento nacional, no nos consideramos aparte, y ahí como bien decías tú tanto en Rivera como en Lavalleja como en Tacuarembó se inició el proceso de juntar firmas. En Treinta y Tres también, pero la diferencia es que las firmas no estaban atadas al mecanismo del plebiscito, las firmas que se presentaron el 17 de mayo pasado al intendente y a otras autoridades eran simplemente un petitorio con casi 5.000 firmas.

EC – En el caso de Tacuarembó en concreto, ¿qué saben ustedes del ambiente en la Junta Departamental? Si se fuera por ese camino, si el tema se tratara en la Junta, ¿qué pasaría?

SR – Ahí aparentemente hay un buen ambiente, no se puede adelantar con seguridad ninguna hipótesis. A partir del pronunciamiento de Alianza Nacional ahí en Montevideo cuando se definió que no iban a apoyar la ley de minería que proponía el gobierno en Diputados entramos a pensar en un ambiente más favorable en Tacuarembó.

EC – Una cosa es no aprobar el proyecto que va a regular la minería de gran porte, otra cosa es prohibir ese tipo de minería en un determinado departamento. ¿Por qué ustedes entienden que mejoró la posibilidad de su planteo?

SR – Estamos de acuerdo, son cosas diferentes, pero de alguna forma hay por lo menos una visión crítica a que no se desarrolle la minería de cualquier forma, eso ya por lo menos es un primer paso. Hace algún tiempo los cuatro partidos políticos en forma unánime estaban de acuerdo con la minería a cielo abierto, hoy por hoy por lo menos se genera un quiebre político en ese sentido y si bien la ley seguramente será aprobada ahora en el Senado por lo menos no va a ser planteado como una política de Estado donde todos los partidos estén de acuerdo.

La lectura que hacernos nosotros es que eso es producto de la movilización social, no solo del mecanismo de juntar firmas que se está haciendo en cada departamento sino también en las grandes movilizaciones sociales que se han hecho en Montevideo. De hecho el día mismo de la votación en Diputados algunos diputados mencionaron el caso de Tacuarembó como elemento a tener en cuenta a la hora de aprobar esa ley.

Hay un vínculo, no está claro lo que van a hacer pero sí por lo menos han modificado esa primera postura. La principal figura que tenemos en Tacuarembó es el senador Eber da Rosa de Alianza Nacional, que en Tacuarembó se dice que vuelve nuevamente a candidatearse para intendente. Él ha salido en los medios locales no diciendo directamente no a la minería, pero sí teniendo un sentido bastante crítico; y sabemos que en general los ediles llevan adelante lo que proponen los caudillos, por decirlo de alguna manera. Después falta saber qué va a hacer el sector de lo que sería el Herrerismo, Unidad Nacional y Aire Fresco. Acá en Tacuarembó el 75% de la gente votó al Partido Nacional, o sea que esto se define por lo que haga el Partido Nacional, el Frente Amplio tiene solo siete ediles y el Partido Colorado un edil. El Partido Colorado ya sabemos que va a apoyar nuestra propuesta, seguramente los siete ediles del Frente Amplio no van a estar de acuerdo con lo que nosotros proponemos, y va a definir el Partido Nacional porque tiene la gran mayoría. Aparentemente hay muy buen ambiente, pero es muy difícil especular con eso porque no se sabe a último momento qué decisiones políticas se pueden tomar, que valoraciones pueden tomar.

***

Foto: Flickr.com/frenteaaratiri