(emitido a las 7.48 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Con el respaldo de la Unión Europea, el Ielsur, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, presentó ayer un Observatorio que se propone analizar el impacto del uso de armas de fuego en nuestro país.

Primero deberá recopilar y sistematizar la información disponible que se encuentra disgregada y en muchos casos desactualizada. El objetivo final, según se anunció, es la creación de un plan nacional de desarme civil.

Para conocer un poco más a propósito de este proyecto es que estamos en comunicación en este momento con uno de los directores de Ielsur, el doctor Luis Pedernera.

Empecemos por ubicar el tema, ¿por qué ustedes lo eligen para trabajar de esta manera, con un observatorio?

LUIS PEDERNERA:
Ielsur desde el año 2000 viene trabajando en temas de violencia y especialmente violencia armada, forma parte de una red internacional por el desarme y una red latinoamericana. En esta oportunidad, en un llamado que realizó la Unión Europea el año pasado en el marco de una convocatoria sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, desde Ielsur se pensó que era el momento oportuno para abordar esta temática, que muchas veces por la dificultad de financiamiento se aborda puntualmente en aspectos normativos y de sensibilización, de manera integral. Nosotros nos presentamos en esa licitación y fue uno de los cinco proyectos ganadores en esa instancia. Esa es un poco la idea fuerza, a nosotros nos permite instalar un debate de un tema que desde nuestra perspectiva y la de muchos actores es preocupante, pero que es escasamente visualizado como un tema que tiene que exacerbar nuestra preocupación.

EC – En cuanto a las cifras ustedes dieron ayer algunas, primarias, que llaman la atención y colocan a nuestro país en una situación inesperada para muchos, ¿no?

LP – Nosotros hemos participado en reuniones en estas coordinaciones internacionales, y Uruguay ha sido siempre un país en donde llama la atención el alto número de armas registradas para la población que tenemos y para ser un país que no presenta conflictos ni internos ni externos. Tenemos armas registradas que rondan las 600 mil, más exactamente son 584.112 armas a diciembre del 2012 según datos oficiales del Servicio de Material de Armamento. Hay órganos internacionales que siguen este tema y hacen proyecciones sobre cifras negras. Si bien estas proyecciones no son extrapolables a todos los países sin solución de continuidad, si las predicciones de las cifras negras se cumplen para el país nosotros tendríamos, en el umbral más bajo, un arma en el mercado ilegal por cada arma registrada, lo que nos situaría en una posición de un arma cada tres habitantes.

EC – ¿Y eso cómo es en la comparación internacional?

LP – Y eso en la comparación internacional nos pone en una situación similar a la de un país como Irak en donde hay un conflicto armado, patente y latente. Pero además nos coloca en una posición similar a la de países como Colombia y Brasil, en donde el número de armas en manos de la población es alto pero obedece a patrones de comportamiento que tienen que ver en Brasil claramente el narcotráfico o las bandas armadas, y en Colombia con un conflicto interno que lleva décadas.

Ese sería un poco el panorama. Sin querer ser alarmistas sino tratando de que el problema se enfoque desde una perspectiva integral, en caso de que en Uruguay se desarrollara un escenario eventual de conflicto, la potencialidad de letalidad de la presencia de armas es altamente preocupante.

También nos llamaba la atención algunos datos del año 2000 de Salud Pública del Hospital Pereira Rossell. En su momento el doctor [Osvaldo] Bello realizó un registro y ahí planteaba su preocupación por el ingreso de niños a la emergencia del Pereira Rossell heridos por armas de fuego. Hay otros datos que nosotros ahora los empezamos a sistematizar, a partir del contacto que entablamos al comienzo del proyecto con el Ministerio de Salud Pública (MSP), y por ejemplo dentro de las muertes provocadas en Uruguay las 578 personas que aparecen registradas en el MSP que se quitaron la vida, 185 lo hicieron con armas de fuego.

EC – ¿Esas son cifras de cuándo?

LP – Del año pasado. Según datos del Ministerio del Interior –ayer el director del Observatorio de Criminalidad [Javier Donnángelo] en la presentación del proyecto lo confirmaba– en Uruguay del número total de homicidios que se produjo en todo el país durante el 2012 el 60% fue realizado con armas de fuego. Si nos concentramos en Montevideo, esa cifra trepa al 70%. Esos datos son los que a nosotros nos preocuparon, entonces se plantea la propuesta, que incluye generar campañas de sensibilización en las que van a participar niños.

Estamos avanzando en conversaciones con el Servicio de Material de Armamento para que la destrucción de armas que realiza anualmente el próximo año se pueda hacer en un espacio abierto, porque eso genera un impacto visual bien importante. Pero además queremos copiar alguna experiencia que ha sido buena acá cerquita, en Mendoza desde hace un par de años un grupo de artistas luego de la destrucción de armas construye obras de arte que hoy recorren el mundo y además se ubican en lugares simbólicos de Mendoza. Nosotros en el proyecto nos planteamos impulsar este tipo de propuestas.

Y, por último, el abordar integralmente la discusión de un anteproyecto de ley que tome en cuenta todos estos aspectos, porque hay algo en lo que los técnicos que trabajan en estos temas están de acuerdo: tenemos una legislación dispersa, inorgánica y poblada de leyes, reglamentos y circulares. Hoy en el Parlamento hay un proyecto de ley en debate, acaba de pasar de Senadores a Diputados, aborda algunos aspectos puntuales...

EC – Sí, es un proyecto que impulsó el Ministerio del Interior y que lo que hace es castigar la tenencia ilegal y el tráfico de armas de fuego.

LP – Exactamente, ese proyecto hace una cosa que Uruguay tenía pendiente desde hace un par de años: alinear una parte de su legislación a un tratado interamericano que es la Cifta [Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados], que exigía a nuestros estados tipificar el delito de tráfico de armas. Nosotros hasta hoy no tenemos tipificada esa conducta delictiva. Es decir, se puede traficar y no va a ser parte de la persecución penal. El proyecto ese hoy aborda algunos aspectos, nosotros pensamos que se debe profundizar aún más. Si por ejemplo los uruguayos supiéramos que desde un decreto de la época del 70 hoy legisladores, directores de entes autónomos, de servicios descentralizados, el director de la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto], pueden tener armas sin haber tramitado el título habilitante, que se denomina TATA... En Uruguay hay personas que pueden tener un arma sin haber cumplido los requisitos que la ley exige.

EC – Esa es una disposición "escondida", poca gente la conoce, ¿y usted dice que habría que transparentarla y eventualmente derogarla?

LP – Obviamente, tenemos que avanzar en alinear nuestra legislación a los estándares internacionales y plantear claramente que el arma no es un derecho de la persona sino una concesión del Estado para determinadas situaciones particulares, puede ser un coleccionista, puede ser un cazador, puede ser por motivos de seguridad que usa el arma. Queremos que todas esas cosas se instalen en la agenda en este período en el cual tenemos la posibilidad porque tenemos recursos, porque eso de alguna forma va a redundar en mejor calidad de vida.

EC – Lo primero que ustedes proponen es un Observatorio.

LP – Uno de los componentes del proyecto es el Observatorio.

EC – ¿Qué tipo de información van a recolectar y analizar en ese Observatorio?

LP – Ya en este momento estamos recopilando información de diferentes agencias del Estado desde el Ministerio de Defensa, el Registro Nacional de Armas, el Ministerio del Interior, el de Salud Pública, el de Desarrollo Social, y también queremos recopilar información que surja de expedientes judiciales. En ese proceso estamos, pero por ejemplo para el fin del período nos planteamos en el ámbito de la salud un objetivo similar a lo que hoy hace Unasev [Unidad Nacional de Seguridad Vial]: hacer una proyección del costo en términos del producto bruto interno que tiene el impacto de las lesiones y las muertes por arma de fuego en Uruguay, porque nuestras primeras sospechas son que se número es elevado y preocupante.

EC – Por otro lado, ¿van a investigar las razones por las cuales Uruguay tiene una presencia tan fuerte de armas en la población? Supongo yo que hay una cierta insatisfacción con la inseguridad reinante, con la seguridad que ofrecen los servicios de la policía, ¿hay algo de eso de por medio, o no?

LP – Seguramente, porque en el fondo también nosotros queremos que las agencias encargadas de la seguridad sean las legítimas en el ejercicio de la violencia y el control, que se lo haga de acuerdo a los estándares internacionales, que sean agencias creíbles, porque todo esto va de la mano para que la gente sea desalentada en la adquisición de un arma. Ayer uno de los datos que planteaba el director del Observatorio en la presentación del informe es que a contrapelo de una afirmación que dice que el arma se adquiere para brindar seguridad, el 50% de las armas incautadas en procedimientos policiales están legalmente registradas pero en algún momento y por alguna razón, un hurto puede ser, terminan involucradas en hechos delictivos. Hay una falsa creencia de que yo tengo un arma y la adquiero para que me brinde seguridad, pero según los estudios internacionales seguramente ese arma nunca sea utilizada para defenderse y si se la usa se usa de mala manera, provocando algún tipo de pérdida lamentable.

EC – De algún modo usted con estos ejemplos está dando algunas pautas de por dónde vendría otra de las líneas de trabajo que ustedes van a impulsar que es la de la campaña de sensibilización. ¿Cuáles son los "problemas" que genera esta presencia tan alta de armas de fuego entre la población uruguaya?

LP – Sí. Es imposible realizar campañas de desarme y leyes de control de armas sin sensibilizar a la población. Hay que trabajar con la comunidad en generar conocimiento que tire abajo ciertos mitos que generalmente vienen del norte, de países como Estados Unidos.

EC – ¿Y cuándo se llegaría al plan nacional de desarme en sí?

LP – Ayer en la presentación del proyecto hubo una manifestación explícita del director  de Derechos Humanos de Cancillería [Federico Perazza] de retomar una comisión interministerial para retomar el seguimiento del UNPoA, el programa de acción de las Naciones Unidas para el desarme. En el año 2006 el presidente Tabaré Vázquez creó una comisión interministerial en la que las ONG participábamos como observadores que estaba integrada también por el Poder Judicial. Ahí estábamos todos, los ministerios de Economía, Salud, Educación, Interior, Defensa, y se discutía sobre políticas de control de armas, se actualizaba la información. En determinado momento esa comisión por h o por b dejó de funcionar. Bueno, ayer hubo una explicitación de la Dirección de Derechos Humanos [de cancillería] de retomar ese tema porque en el tiempo que se trabajó se hizo con muy buenos resultados. Ese sería un ámbito especial y privilegiado para empezar a discutir un programa nacional de desarme. La idea de Ielsur es potenciar el funcionamiento de esta comisión y canalizarlo a través de esa instancia, que es una de las más calificadas que tenemos en el país

EC – Ya hay alguna iniciativa que está preparándose. El Ministerio del Interior y Antel manejan la posibilidad de canjear armas de fuego por tablets.  Esa es una de las ideas...

LP – Sí, (cambiar un arma por) una ceibalita o una bicicleta. Esa experiencia es tomada de lo que ha ocurrido en Argentina y en Brasil. En Argentina el recambio de armas se realizó por efectivo, por dinero, en Brasil fue por algo similar a lo que está ocurriendo aquí en el país.

Las campañas de desarme generalmente apuntan no a desarmar a las bandas armadas o los delincuentes, sino a la población. Porque uno de los datos que más surgen es que la mayoría de los accidentes se producen en el ámbito doméstico. En Brasil esto era muy sintomático: producto de embotellamientos y discusiones acaloradas de por qué se detenían los autos, quienes tenía un arma la gaveta la disparaban, generando actos de violencia que terminaban con la lesión o la vida de otra persona. A partir de la campaña de desarme de Brasil la cifra de esos accidentes bajó y redujo gastos de PBI en salud que han sido reconocidos por la comunidad internacional.

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