(emitido a las 8.47 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Bajo el lema "Yo no voto, ¿y vos?" una veintena de organizaciones sociales lanzaron la semana pasada una campaña ciudadana que invita a que no se participe en la jornada de adhesión del domingo 23, la jornada en la que se resolverá en las urnas si se convoca o no a un referéndum sobre la ley que despenalizó el aborto en determinadas circunstancias.

La denominan campaña "en defensa de los servicios de aborto legal y seguro", y en ella sostienen que la norma aprobada por el Parlamento asegura los servicios sanitarios a las mujeres y saca de la clandestinidad al aborto. Los convocantes añaden que la ley no promueve el aborto sino que atiende a una realidad del país.

Pero vamos a conocer qué acciones van a emprender en estos 13 días que restan para la jornada de adhesión. Para eso Romina Andrioli está en comunicación con la coordinadora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas.

ROMINA ANDRIOLI:
¿En qué consiste esta campaña que lanzaron el jueves pasado en el paraninfo de la Universidad de la República?, ¿qué medidas están desarrollando concretamente?

LILIÁN ABRACINSKAS:
Esto dependerá de cada una de las organizaciones convocantes porque no hay fondos para llevar una campaña ciudadana, dado que lo que somos es ciudadanía organizada. Lo que pasa que hay organizaciones muy fuertes, como son la Federación de Funcionarios de Salud Pública, la de funcionarios del sistema mutual, está COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado; hay múltiples organizaciones de base local, como Colectivo La Pitanga, de derechos humanos, y las feministas y de mujeres que desde hace muchos años hemos puesto esta problemática sobre el tapete. Por lo tanto se trata fundamentalmente de informar a la ciudadanía que a lo que se convoca el 23 es a sumar adhesiones para derogar esta ley, para poner esta ley a referéndum para derogarla. Es importante que aquella gente que desde hace muchos años sabe que esta problemática no es deseada... nadie busca embarazarse para abortar, sino que es a la inversa, frente a un embarazo no deseado, una de las alternativas que tiene la mujer es la interrupción. La interrupción del embarazo ha estado históricamente condenada a la clandestinidad, y desde hace muchos años que venimos haciendo un esfuerzo enorme desde la ciudadanía para el cambio de la ley.

Ustedes saben que el trayecto ha sido complicado, en el 2008 se había conseguido una ley integral de atención a la salud sexual y reproductiva en sus múltiples dimensiones, incluido el aborto, que fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez, y en esta última legislatura hubo todo un tránsito parlamentario con negociaciones que terminaron llegando a una ley que en realidad mantiene el delito de aborto pero amplía la exención de la pena y establece un mecanismo bastante riguroso –riguroso de más, te diría– para poder acceder al aborto seguro en el sistema de salud. Es una ley de mínima pero es una ley que da respuesta a lo que el país viene reclamando desde hace muchos años.

RA – Sí, en un principio cuando se discutió esta ley ustedes incluso plantearon sus discrepancias con que se optara por este camino, que consideraban intermedio, en relación a lo que implicaría una despenalización total del aborto o una legalización.

LA – Sí, exactamente. Pero es lo que tenemos, es una respuesta de mínima pero es la única respuesta en la cual podemos transitar para que efectivamente el sistema de salud de respuesta a una problemática. Además de las que tiene que dar el sistema educativo con la educación sexual, la sociedad en su conjunto en términos de modificar la forma de ejercer maternidades y paternidades que siguen siendo muchas veces muy irresponsables y que no cumplen con el compromiso de lo que significa traer hijos e hijas al mundo. Hay mucho que cambiar en la sociedad para que cada niño y niña que nazca en este país tenga garantizado un entorno que le permita desarrollarse adecuadamente.

Por lo tanto te digo, hay mucho para hacer, lo que tenemos es una ley de mínima que da respuesta básica a una problemática, por lo tanto derogarla vuelve a ser no dar respuesta a una problemática y simplemente es una nueva forma de imponer por ley lo que pueden ser creencias de personas al resto de la ciudadanía. Nosotros entendemos que un Estado laico como el Uruguay tiene que tener legislaciones que contengan la multiplicidad de decisiones, posiciones, filosofías, que conviven en nuestra sociedad, con respecto a este y a muchos otros temas.

RA – ¿Y qué percepción tienen de cómo se está plantando la sociedad uruguaya ante esta convocatoria del 23?, ¿entienden que hay información sobre lo que es esa jornada?

LA – No, lamentablemente lo que hay es una polarización nuevamente en esto de que quien vota defiende la vida. Hay una campaña por teléfono que están llevando adelante los grupos que impulsan la derogación, que es una suerte de consulta que te dice que si vos querés defender la vida de mujeres y niños pulsá el 2 ... La idea es volver a polarizar algo que lejos de ser polarizable en realidad da cuenta de una complejidad de decisiones que una tiene que tomar en su vida que en realidad muchas veces no quisiera estar en esa situación. El embarazo no deseado es una de esas situaciones a las que en realidad ninguna mujer querría enfrentarse, esa es la verdad. Ahora, la posibilidad de enfrentarse a un embarazo, sin planificarlo, sin desearlo y sin quererlo, son muchas. MYSU acaba de hacer una encuesta de hogares y nos encontramos con una cifra que realmente es un alarmante, 40% de las mujeres entre 15 y 49 años tiene enormes dificultades de poder negociar con su pareja el uso de métodos anticonceptivos y de preservativos, por lo tanto estas mujeres tienen amplias probabilidades de enfrentarse a un embarazo que no planifican, no desean o no pueden continuar. Entonces no estamos hablando de un supuesto, estamos hablando de algo que transita en la realidad de nuestro país y que el país necesita imperiosamente darle respuesta. El año pasado se murieron dos mujeres en edad reproductiva en este país por tener que resolver esto en el circuito clandestino. Y demorar las decisiones afecta siempre, una y otra vez, a las mujeres viviendo en situaciones de mayor vulnerabilidad.

A mí me parece ya tan obvio, porque llevamos tantos años discutiendo esto, que volver a poner el debate en el simplismo quién defiende a la vida, quién no la defiende... que me perdonen, pero no creo que haya nadie en este país que tenga el derecho de juzgar quién defiende o quién no defiende.

RA – ¿Qué le diría por ejemplo a quien está a favor de la ley actualmente, pero de todas formas plantea que va a ir a votar el 23 porque entiende que es una buena cosa que se resuelva a través de una instancia de referéndum? Hoy cuando anunciábamos las acciones de la comisión proreferéndum estaba mirando que ellos van a apuntar a eso, a que el domingo 23 no es una convocatoria en la que haya que pronunciarse sobre la despenalización del aborto o si sobre se está a favor o en contra. Plantean que es para manifestar la voluntad de que sea toda la ciudadanía la que decida si está de acuerdo o no con la ley en una instancia posterior, obligatoria, a la convocará la Corte Electoral a mediados de octubre.

LA – Yo creo que eso no es exacto: la convocatoria es a juntar adhesiones para derogar la ley. Quienes impulsan la consulta lo que realmente impulsan es la derogación de la ley, y esto hay que decirlo claro. No es una forma dirimir democráticamente porque se ponga a consulta, yo personalmente creo que se confunde el medio con el fin. La herramienta es la consulta ciudadana, ahora, eso no lo hace más democrático, podemos apelar a la consulta ciudadana para llevar cosas horribles como podría ser, no sé, la pena de muerte. Creo que estamos confundiendo una cosa con la otra. La iniciativa es para derogar la ley, tiene que ver con aquellas organizaciones y grupos que no están de acuerdo con el aborto ni aún muchas veces cuando corre riesgo la vida de la mujer. Sino es también de alguna forma intentar engañar a la gente.

Que después haya gente que crea que estos temas se deberían dirimir plebiscitándolos, la hay; pero yo en ese sentido digo: entonces no pongamos una mala ley a plebiscitarla. A mí no me gusta esta ley porque creo que es una ley confusa, mal hecha, que terminó siendo una negociación parlamentaria de tomas y dacas, no es la ley que considero que el país debería tener. Pero también entiendo que derogar los servicios de aborto seguro no es una respuesta, entonces, ¿qué hago?, ¿ratifico una mala ley?, no, me parece horrible ratificar una mala ley; ¿la derogo?, ¿para qué?, ¿para volver años atrás nuevamente a empezar a ver cuándo debatimos una respuesta a esto mientras los abortos siguen transitando la cotidianeidad de las personas?, no. No me parece una alternativa, no creo que porque sea una herramienta que existe convierta al país en algo más democrático. Yo tengo una concepción de que la democracia es generar igualdad de condiciones para todas las personas para que puedan ejercer con responsabilidad sus derechos. Esa es la democracia a la cual yo aspiro, y en ese sentido lo que quiero es que esta ley, mala –quien la aprobó se hará cargo en las próximas elecciones de lo que hizo–, realmente sea implementada en todo el país.

Ese es el problema que tenemos hoy, esta ley, aún con todas sus deficiencias, no termina garantizándole a las mujeres el acceso en todo el país porque entre otras cosas tenemos que en Salto, por ejemplo, la totalidad de los ginecólogos y obstetras objetaron conciencia, cuando eso significa obstaculizarle a las mujeres salteñas el acceder a un servicio que se lo ha otorgado la ley. Ese para mí es el problema más grave que tiene el país hoy, que el sistema responda a lo que se deroga por ley. Por lo tanto me parece que estamos otra vez tratando de alargar algo que es imperioso. Yo, que hace más de 25 años que formo parte de la ciudadanía organizada que puso este tema en el tapete, considero que seguir postergándolo con chicanas políticas no le hace bien a la ciudadanía, no es una buena respuesta a la ciudadanía organizada, y menos aún para las mujeres, que en este país todavía nos falta mucho para tener condiciones para poder ser ciudadanas plenas, entre otras cosas no tener que estar sometidas muchas veces a relaciones sexuales abusivas.

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