(emitido a las 7.48 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Unos 32.558 pagos de asignaciones familiares dejarán de hacerse si las familias correspondientes no certifican que envían a sus hijos al sistema educativo.

Los resultados surgen del cruzamiento de datos que ha efectuado la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con el Banco de Previsión Social (BPS). Este número, 32.558 beneficiarios, corresponde al 6% del total y además el 71% de estos casos en presunta infracción corresponde a jóvenes de entre 13 y 17 años.

La noticia ha tenido una repercusión muy fuerte por los datos, por los números que se han conocido, pero además porque hace mucho tiempo que se hablaba de la posibilidad de aplicar este tipo de "sanciones" a quienes no están remitiendo a sus hijos para cumplir con la obligatoriedad de la enseñanza primaria y secundaria tal cual rige en nuestro país.

Vamos a profundizar en esta novedad, vamos a conversar con el consejero Javier Landoni, vicepresidente de la ANEP.

ROMINA ANDRIOLI:
Para empezar, me parece importante aclarar, esos 32.558 casos, ¿de qué estamos hablando específicamente, a qué tipo de jóvenes comprende concretamente?

JAVIER LANDONI:
En primer lugar quiero destacar que es un hecho histórico, un desafío para la educación pública, cruzar datos con el BPS. Esto implica efectivamente cumplir con lo que tanto tiempo ha reclamado la sociedad uruguaya de que cada individuo que tiene un derecho con eso tiene una obligación. Por tanto en el caso de los padres el derecho es cobrar la asignación y el deber que sus hijos concurran a los centros de estudio. Hoy sabemos quiénes son y queremos saber dónde están. Creo que ese es un hecho realmente histórico y un desafío para la educación pública a los efectos de esperar a esos jóvenes que concurran a los centros educativos.

EC – Sin duda que es histórico, pero también cuesta entender cómo se demoró tanto en la era donde nos encontramos, donde la informática ha avanzado y penetrado de manera tan fuerte en la administración pública, cómo este cruzamiento no se pudo hacer antes.

JL – En realidad el hecho de demorar no implica que no estemos a tiempo. Yo creo que sí, que es de larga data el hecho de tener el ejercicio de este derecho y conjuntamente la prestación de concurrir al centro educativo. Es probable que si los desarrollos hubieran sido más temprano podríamos haber tenido estos datos en otros tiempos, pero yo siempre miro el medio vaso lleno y creo que hoy es una oportunidad de encontrarlos y decirles que tienen un lugar en la educación pública.

RA – Volviendo a la pregunta que yo le hacía, ¿en qué situación están respecto al sistema educativo estos 32.500 casos?

JL – Es un primer abordaje, ahora con estos datos vamos a seguir trabajando, pero en primera instancia decimos que esos jóvenes no están concurriendo a la educación, por tanto no sabemos si trabajan o si están en la educación privada, por ejemplo.

RA – Pero cuando dice que no están concurriendo, ¿exactamente qué quiere decir, que tuvieron faltas en estos últimos tiempos, que abandonaron el último tiempo, o que no estaban registrados directamente?

JL – Estamos hablando de matrícula, es decir, no están inscriptos hoy, por lo tanto queremos saber dónde están.

RA – Contrastan los datos del BPS de prestaciones de asignación familiar con registro de matrícula en el sistema educativo.

JL – Quiénes se inscribieron y no se inscribieron hoy en el sistema educativo.

EC – Pasemos en limpio, porque hubo distintas versiones a propósito de estos números. Estamos hablando entonces de 32.558 niños o adolescentes que este año no se inscribieron.

JL – Este año no se inscribieron, no están en los registros de la educación pública uruguaya, por lo tanto tenemos que saber dónde están y ofrecerles un lugar. Porque ese es otro desafío, nosotros ayer en el Codicen [Consejo Directivo Central] resolvimos instruir a todos los inspectores y directores de los centros educativos: si los jóvenes se acercan a los centros educativos, cosa que esperamos, hacer una preinscripción y desde allí plantear algunas propuestas educativas que permitan tener el primer enganche con la educación –que ese es el gran desafío– con propuestas de capacitaciones, de cursos básicos, que permitan esa aproximación, que es posible a esta altura del año.

EC – Una precisión, usted acaba de decir que ayer tomaron esta decisión de ofrecer oportunidades a estos jóvenes si se acercan a los centros educativos. ¿Se va a depender entonces de lo que estos jóvenes y estas familias hagan?, porque otro camino posible es ir a buscarlos, ¿no?

JL – Bueno, ese es un gran desafío. La educación pública ya viene en ese proceso de ir a buscarlos con propuestas educativas y con psicólogos, asistentes sociales, convenios con el Mides [Ministerio de Desarrollo Social], es un desafío importante que no es nuevo para la educación. Pero de todas formas, la población en su conjunto, a pesar de a veces no recordarlo fuertemente, sabe que si recibe la prestación del BPS tiene que concurrir al centro educativo, por tanto nosotros aspiramos a que los padres y los propios jóvenes se acerquen a los centros y se inscriban, a efectos de ir a ocupar el lugar que por derecho tienen, ya que la educación es un derecho que todos tenemos.

EC – ¿Pero no está previsto ir a buscarlos? Tengo acá por ejemplo un mensaje que viene de la audiencia y que a propósito del término que usted utilizaba de momento histórico dice: "Mi madre en los años 40 pasaba lista de los chicos que dejaban de concurrir a clase y salían a buscar a los padres".

JL – Pero eso se realiza, yo le digo que fui muchos años director de un centro educativo y también hacíamos una especie de control con una ficha que mandaba el BPS, y por supuesto que lo hacemos siempre. Pero estamos hablando de ese núcleo duro que ha ocupado durante mucho tiempo a toda la educación y al Estado en general. Vamos a hacer las dos acciones, una es en primer lugar la asistencia de los propios jóvenes a inscribirse, estamos hablando de una población de distintas edades, y a otros, ubicarlos y por supuesto ir a buscarlos con los instrumentos que la educación ya tiene.

EC – En el caso de que efectivamente comparezcan, teniendo en cuenta que estamos a mitad de año, ¿qué alternativas educativas se le puede ofrecer?

JL – Es lo que les hablaba hoy, existen propuestas educativas que pueden ser en primer lugar saber cuál es su trayectoria educativa, capaz que el joven se puede ubicar con distintas acciones en un curso regular de larga data, o si no, con propuestas que son semestrales, particularmente a nivel de la educación técnico-profesional, capacitaciones que tienen algunos componentes importantes que pueden ser el primer vínculo para que el joven se acerque a la educación a esta altura del año. Existe una variedad muy amplia de propuestas educativas cortas que tienen un fuerte componente en idioma español y en matemáticas y algún espacio de taller que puede permitir que el joven a lo mejor encuentre su vocación y se entienda que es pertinente para su vida ejercer este derecho que todos tenemos a la educación pública.

RA – ¿Cómo van a seguir trabajando de acá en adelante? Porque, como decíamos, estas son asignaciones que se estaban pagando y no correspondían porque los jóvenes no estaban ni siquiera inscriptos en el sistema educativo actualmente. ¿Qué pasa con las inasistencias que se registren? ¿Cuándo se comienza efectivamente a controlar las faltas al sistema educativo?

JL – Este hecho tiene dos etapas, uno es este que es el cruzamiento con la matrícula, es decir, quiénes están inscriptos, y en el mes de julio se va a hacer un nuevo relevamiento de los jóvenes para saber, a través del control de inasistencias, si están concurriendo o no al centro educativo.

Yo insisto, tenemos que trabajar mucho para entender que cualquier prestación tiene a cargo una obligación, que es concurrir al centro educativo. Creo que con esto nosotros estamos educando a la población en su conjunto.

RA – Con respecto a eso, usted decía que ahora en una próxima etapa se va a controlar la inasistencia, ¿cuáles son los criterios para fijar la inasistencia?, ¿a partir de cuándo, de qué cantidad de faltas, se le suspende la asignación familiar?

JL – Estamos hablando en la educación media de alrededor del 20% de inasistencia al mes de julio y en primaria ustedes saben que existe una campaña muy fuerte de la cero falta, por supuesto eximiendo lo que son faltas justificadas por enfermedad, etcétera, el joven con una falta no justificada va a tener ese aviso.

Yo quiero aclarar que hoy no se corta ninguna prestación, lo que estamos haciendo es suspenderla hasta tanto el joven o la familia de alguna manera certifique por qué no está yendo al centro educativo. Una vez que sepamos que el joven realmente comienza a concurrir, la prestación se vuelve a poner en funcionamiento.

RA – ¿Y se puede cobrar incluso con retroactividad?

JL – No, con retroactividad no. Este trabajo que está haciendo la ANEP lo viene haciendo desde larga data, es público y notorio. Es la preocupación de la ciudadanía en su conjunto por los jóvenes que no trabajan ni estudian, por eso hablo de una oportunidad, para el joven pero también para la educación pública, de ponerse claramente en la línea de saber dónde están esos jóvenes, que son un número muy importante para la cantidad de jóvenes que existe en el Uruguay.

EC – Anotan los oyentes que una causa posible de inasistencia, incluso de no inscripción, es que el joven se encuentre en dependencias del INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] debido a algún tipo de infracciones que haya cometido, ¿ustedes contemplan efectivamente esa posibilidad?

JL – Y sí, existen propuestas educativas que se desarrollan en el INAU, hay un programa educativo para jóvenes que se encuentran allí y otros que tienen la posibilidad de concurrir a los centros lo deben hacer. Yo creo que no es una cuestión nueva el trabajar profundamente para bajar el número de inasistencias y creo que este es un instrumento –por eso hablo de que es histórico– que nos va a permitir dar una herramienta más para seguir trabajando con estos jóvenes que ya todos sabíamos que no estaban, que había un número importante de jóvenes que no concurrían a los centros educativos.

EC – Pero mi pregunta apuntaba a si ustedes tienen forma de cruzar la información con la de los listados de jóvenes que se encuentran recluidos en dependencias del INAU.

JL – Estamos trabajando para poder diseñar distintos instrumentos que nos permitan ubicar dónde está el joven. Si ese joven está en esa dependencia como plantea la audiencia, lo iremos a buscar y le vamos a ofrecer propuestas que le puedan ayudar además a salir de esa situación. Estamos convencidos de que la educación es una herramienta muy válida para que esos jóvenes que se encuentran en esa situación vuelvan a reinsertarse socialmente.

EC – Para terminar, Claudia, que es una oyente que se presenta como docente de Montevideo pregunta: "¿Alcanza con exigir un mínimo de asistencia? ¿No tendría que exigirse también un mínimo de suficiencia en el desempeño educativo?".

JL – Yo coincido con Claudia, me parece que la segunda etapa tiene que ver a lo mejor con el rendimiento de los estudiantes. Es una cuestión bastante difícil, pero eso estuvo planteado, estuvo en la discusión, el tema de acompañar la inasistencia con el desempeño del joven dentro del sistema. Nosotros tenemos que trabajar mucho para que el joven se quede y aprenda y ese es el desafío que tenemos hoy en la educación pública, yo le decía además que es una preocupación de la educación en su conjunto, de todos los profesores, el hecho de poder rescatar a esos jóvenes y darles la oportunidad que se merecen.

Insisto, es una oportunidad y un desafío de poner a punto la educación pública para recibir a estos jóvenes que tienen el derecho a tener una educación de calidad y que les va a permitir salir de esa situación en la que hoy se encuentran.

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