Desde la SIP se marcó que lo "confuso" de la normativa habilita a incidir "peligrosamente" en los contenidos de los medios de comunicación.

El Poder Ejecutivo definió la iniciativa como "moderna" y "garantista" sobre derechos de expresión y acceso a la comunicación. Dijo esperar el "máximo apoyo" social y político.

El viceministro de Industria Edgardo Ortuño fue el encargado de defender ayer el proyecto de ley de "Servicios de Comunicación Audiovisual", en una actividad organizada este viernes en el Parlamento en el marco de las 200 ediciones del semanario batllista "Opinar".

El articulado comenzó a discutirse oficialmente la semana pasada, en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados.

Ortuño debió observar como desde toda la oposición se cuestionó en duros términos el proyecto.

El senador colorado José Amorín (Proba) dijo que esta ley marcará "si en los próximos años seguiremos viviendo en un país con absoluta libertad de prensa, como existe hoy en Uruguay".

Cuestionó al presidente José Mujica en sentido de haber afirmado primero que si recibía una iniciativa como ésta "la tiraría a la basura", para acto seguido enviar un proyecto de 183 artículos denso y confuso, que va en línea con lo que discuten "países expertos en perseguir a quienes piensan distinto: Venezuela, Ecuador y sobre todo Argentina".

Amorín dijo que esta ley "ataca el corazón" de la libertad de prensa" en el Uruguay y criticó que la falta de precisión en lo que establece el articulado con respecto a regulación de contenidos "habilita a los que vayan a controlar a hacer lo que les parezca".

Llamó la atención con que el proyecto no se aplique a los contenidos en Internet, y al mismo tiempo se les prohíba brindar este servicio a los preemisarios de televisión por cable, con lo que ANTEL quedaría como un claro beneficiario de una posición claramente monopólica.

Amorín dijo que el país está "ante un problema serio, y lo mejor que puede hacer Mujica por Uruguay es retirar esta ley".

El senador nacionalista Gustavo Penadés (Herrerismo) anunció que su partido no votará la ley, que debió discutirse en un ámbito político representativo, incluyendo los preemisarios de radio y televisión.

Por su parte, para el presidente del Partido Independiente Pablo Mieres el problema radica en lo que es la concepción de lo que se tenga por democracia.

Calificó este proyecto como un paso irreversible, si se aprueba, en contra de la libertad de expresión y marcó su disgusto con la "inequidad manifiesta" de el artículo que otorga publicidad electoral gratuita en función de los resultados previos, con lo que claramente perjudicará a las minorías.

Ortuño se limitó a leer parte del articulado , donde el principio central es "la libertad de expresión, el derecho de la ciudadanía al acceso universal de la información, y la transparencia en la adjudicación y regulación de los medios.

Destacó la nueva institucionalidad que se creará a partir de la aprobación de este proyecto, que dijo "no estará destinada a la censura".

Ortuño hizo énfasis en la apuesta que se hace a que los medios aumenten la producción nacional, y dijo esperar que la iniciativa reúna "grandes mayorías en el Parlamento y en la sociedad en su conjunto".

La mesa estaba integrada también por el periodista Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda y presidente del Comité de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Paolillo describió el proyecto como "por lo menos confuso" y señaló que "cuando existen confusiones, estas siempre abren paso a la censura".

El periodista dijo que la iniciativa exhibe dos posiciones contrapuestas en lo que es la potestad del Estado para intervenir en los contenidos de los medios.

Por un lado se dice que la libertad de expresión es preexistente al Estado, pero al mismo tiempo se dice que las telecomunicaciones son estratégicas para el país.

Esta visión, sostuvo, es la misma que sostenía la dictadura.