Esta semana el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, propuso nuevamente usar marihuana con fines terapéuticos en las cárceles. El objetivo de la medida sería mitigar "el consumo de pasta base, que es uno de los principales problemas" del sistema. De acuerdo a lo publicado por El Observador, el hacinamiento, que ocupó el primer lugar en la agenda del Instituto Nacional de Rehabilitación, "estaría solucionado hasta 2020". En el nuevo escenario, aparecen dos nuevas prioridades: hacer un seguimiento minucioso del uso de la fuerza policial y mejorar el sistema de salud. En paralelo, otros cambios se gestan lentamente al interior de las cárceles uruguayas, entre ellos, la reglamentación de la atención religiosa para las personas privadas de libertad. Este mes concluyó el período de prueba de 90 días en el cual el Instituto Nacional de Rehabilitación aplicó de manera provisoria un protocolo de atención religiosa en el Comcar. Por estos días se está confeccionando un estudio evaluando los resultados de la aplicación de ese marco normativo y se espera que concluida esta etapa, la firma del ministro del Interior Eduardo Bonomi le confiera al protocolo carácter nacional. Una investigación realizada por Serpaj encontró que el 26 por ciento de la población privada de la libertad practica alguna religión. ¿Cuál es la importancia de tener un protocolo nacional para la atención religiosa en cárceles? ¿Cuál es la realidad espiritual de las personas privadas de libertad? ¿Cuánto puede aportar esto en el bastardeado objetivo de rehabilitación que anhela el sistema carcelario? Son preguntas que pensamos responder en entrevista con el presbítero Javier Galdona, director de la Vicaría de la Solidaridad de la Arquidiócesis de Montevideo de la que depende la Pastoral Penitenciaria Católica.