El organismo, que pidió integrar la comisión asesora que velará por la aplicación de la ley, señaló el punto más crítico que no se identifiquen a menores a través de los medios de comunicación.

Varias ONG integradas en la Coalición para una Comunicación Democrática (CCD) destacaron como un avance la normativa, aunque pidieron una mayor regulación en varios aspectos.

La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados sigue recibiendo delegaciones para conocer la opinión de los distintos sectores sociales y políticos acerca de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A esos efectos compareció el directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), que dio su postura en los aspectos de la normativa que refieren a su competencia.

Uno de los puntos centrales en ese sentido es la regulación que el proyecto establece sobre los menores como participantes o destinatarios de acciones de publicidad a través de los medios de comunicación, uno de los aspectos más polémicos de la ley.

Las limitaciones que varios artículos establecen han recibido críticas desde sectores fundamentalmente vinculados a esta actividad.

Más allá de reconocer los distintos enfoques que pueda haber sobre el tema, la postura del INAU es clara al respecto. Su vicepresidente, Jorge Ferrando, dijo a los legisladores que "no nos parece que los niños tenga que ser objeto de la publicidad no participar en ella, salvo en situaciones muy específicas".

Para el jerarca, salvo algunas campañas o acciones muy especiales, la publicidad siempre está orientada al consumo y por lo tanto no comparten que "niños y niñas sean destinatarios de esta publicidad que busca incentivar pautas de consumo o incidir en sus madres o padres en el consumo que se les ofrece".

Otro de los puntos críticos señalados por el INAU es la fiscalización de los contenidos de los medios audiovisuales en lo que refiere a la minoridad infractora. "Seguimos notando con mucha frecuencia que se sigue identificando a niños y niñas en situación de vulnerabilidad por problemas de adicciones, en situación de calle o lo que fuere. "Pese a contactos con periodistas, sigue siendo ese hoy un problema", dijo Ferrando.

Para moderar esta temática específica, el presidente del INAU Javier Salsamendi consideró apropiado que la integración de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, prevista en el proyecto para velar por su aplicación, incluya a alguien del organismo.

La Comisión de Industria también recibió los planteos de la CCD, integrada por diversas organizaciones sociales, que participaron en su momento en la elaboración del proyecto de ley.

El periodista Edison Lanza consideró que dicha regulación es una deuda que tiene el Parlamento y el Gobierno con la democracia," porque seguimos regidos por una ley aprobada durante la dictadura, que tiene una filosofía contraria a los principios democráticos y, además, una cantidad de omisiones, lagunas y falta de precisión en muchos aspectos, que ha ambientado a algunos excesos o abusos en la comunicación."

La CCD comparte en todos sus términos la filosofía en cuanto a las garantías y la defensa para el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas y la sociedad en general, así como la independencia editorial.

De todas formas, marcó en el debe algunos aspectos que deberían estar incluidos, entre otros la regulación de los contenidos que se emitan a través de Internet.

La CCD pidió la revocación de las licencias a aquellos que utilicen testaferros para controlar medios de comunicación y que en los primeros 180 días de vigencia de la ley, el Consejo de Comunicación Audiovisual realice una auditoría para determinar qué grupos económicos exceden los límites legales de concentración.

Cuestiona que los miembros de este CCA sean designados por el Poder Ejecutivo, que de esta forma diseñará la política y regulará también su aplicación.

Finalmente, Lanza consideró grave lo dispuesto por el artículo 99, que refiere a las condiciones requeridas para ser titular de un medio de comunicación.

El artículo establece que no puede ser titular de un medio de comunicación un juez, legislador, policía o militar en actividad, ni quien desempeñe cargos políticos o de particular confianza; eso lo compartimos. También se trata de prevenir la concentración por lazos familiares o societarios, con sociedades extranjeras, etcétera. Pero en el artículo 99 se agrega que "no serán aplicables a aquellos servicios de comunicación cuyos titulares hayan obtenido la autorización o licencia correspondiente con anterioridad a la vigencia de la presente ley".

Entonces," tal como está redactado, el artículo les da inmunidad absoluta y para siempre a aquellos que ya tienen una licencia".

La CCD está integrada también por el Colectivo Ovejas Negras, cuyo representante marcó su posición en cuanto a que los medios deben contemplar en su programación expresiones y acciones afirmativas e inclusivas a favor de personas o grupos sujetos de discriminación e intolerancia".

En ese sentido dijeron que las personas de diversidad sexual – lesbianas, gays, trans o bisexuales – aparezcan en los medios, "porque así como son formadores de opinión perpetúan prejuicios y fomentan valores".

Para Ovejas Negras, también las mujeres, particularmente las niñas, se ven afectadas como audiencia ante la carencia de promoción en la pantalla televisiva de hábitos igualitarios."Muchas veces, las mujeres están sobrerrepresentadas en el ámbito privado como cuidadoras del hogar. Esto no representa la realidad, que es mucho más generosa de lo que hoy aparece en televisión. Las mujeres ocupan cargos públicos, trabajan, no solo ejercen funciones en el hogar."

El colectivo también pidió que se marque en forma explícita que a través de los mensajes publicitarios no se lesione la dignidad de las mujeres, de las personas LGTB, de los afrodescendientes, de las personas con discapacidad.

"Imaginemos un niño afrodescendiente que cuando ve la publicidad solo ve gente afrodescendiente sirviendo, en lugares de desigualdad. Intentemos evitar que los mensajes que circulan a través de la publicidad no sean discriminatorios ni un obstáculo para el desarrollo libre de las personas".