La Justicia continúa este lunes con las indagatorias por el homicidio de un repartidor de supergás, ocurrido este sábado. El hecho se produjo sobre el mediodía del sábado, en la zona de Cerro Norte. El repartidor iba en una camioneta con su compañero cuando tres personas lo detuvieron y le pidieron el dinero apuntándolo con un arma.

El hombre se resistió y quiso acelerar su marcha, por lo que uno de los asaltantes le disparó a quemarropa en el pecho. Después, los rapiñeros escaparon del lugar. El compañero del conductor lo llevó de inmediato al Centro Coordinador del Cerro donde poco después el trabajador de 31 años falleció.

Por este caso fueron arrestados dos menores (uno de 11 años y otro de 13), sus madres y un mayor, que volverán a ser interrogados este lunes en diferentes juzgados. Otro menor que participó en los hechos está prófugo y es sospechoso de haber efectuado el disparo que terminó con la vida del repartidor.

"Yo como defensor de adolescentes puedo afirmar que casos como estos, en donde participan menores de esta edad (11 años), son algo muy excepcional. El problema está en que, por debajo de los 13 años, la ley presume que no son concientes de lo que hacen" por lo que "son irresponsables penalmente".

En Uruguay existen "tres regímenes, el primero es para mayores de 18 años que es la responsabilidad plena. Esto se aplica a las penas del Código Penal, luego está la franja de 13 a 17 años que son los adolescentes con responsabilidad penal atenuada a la de los adultos" pero "los menores de 13 años son irresponsables penalmente, se supone que no cometen delitos, que no son concientes de lo que hacen, no se le aplican penas".

Esto, aclaró Sayagués, "ocurre en todos los países por las convenciones vigentes. Si alguien mata, comete delito, es sometido a este sistema porque, en algún punto había que fijar un límite y la legislación lo marcó en 13 años".

En estos casos el especialista explicó que "no se le da cuenta al juez de adolescentes sino que se recurre a los jueces de familia que están especializados de manera más cercana a estos casos".

"Como no se puede decir que con menos de 13 años comenten delitos, tampoco se puede decir que infringen leyes. Por tanto, cuando se habla de estos casos la redacción legal buscó términos menos enérgicos que indican que estos menores vulneraron derechos de terceros".

Normalmente, según el tenor de los hechos, "el juez de familia especializado dispone dárselo a un responsable familiar o lo interna en una dependencia de protección del INAU, que no es un centro de privación de libertad", aclaró el abogado defensor.

Consultado sobre cual es el rol de los padres en todos estos hechos, Sayagués contestó: "Los padres no tienen responsabilidad práctica en los actos que sus hijos cometen. Hay una responsabilidad civil por los daños que ellos cometan pero en general son gurises que se han ido del control de sus padres. La ley puede responsabilizar a los padres por omisión inherente a los deberes de la patria potestad. Ahí el juez debería ver con el fiscal el detalle de los hechos para evaluar si hubo un descuido genérico de la vida de los hijos".

Al cierre de sus declaraciones Sayagués puntualizó que "es un error" creer que este tipo de situaciones se resuelven con la baja de edad de imputabilidad. Este es "un caso excepcional y llama mucho la atención, generando gran repercusión" ahora bien, "esto no se puede vincular con la baja de edad de imputabilidad. Ese proyecto prevé aplicar las sanciones de los mayores a los jóvenes de entre 16 y 17 años, eso no roza a los niños", concluyó.

La transcripción de esta entrevista estará disponible en las próximas horas aquí.