(emitido a las 8.43 Hs.)

EMILIANO COTELO:
¿Qué papel deberían jugar las intendencias y los municipios en las políticas de seguridad pública? ¿Es posible que los gobiernos locales tengan algún tipo de potestad y atribuciones en este tema que se ha vuelto tan sensible para la sociedad en los últimos tiempos, tanto acá como en buena parte del mundo?

Sobre esta cuestión vamos a conversar esta mañana con el doctor Daniel Cuenca, argentino, abogado penalista, profesor universitario, exjuez en lo penal y exministro de Seguridad Pública en el gobierno de la provincia de Santa Fe, cuando esta estaba encabezada por el socialista Hermes Binner.

El doctor Daniel Cuenca reflexionó sobre este tema y contó su propia experiencia la semana pasada, cuando visitó nuestro país y expuso en una conferencia que organizaba el diputado de Alianza Nacional Jorge Gandini, precandidato a la Intendencia en la capital.

¿Por qué no solo los gobiernos nacionales, sino también los gobiernos locales, deben involucrarse en las políticas de seguridad pública?

DANIEL CUENCA:
En primer lugar es bueno aclarar algo en el marco de la política. En los últimos 20 años los políticos recién están estableciendo un interés en el tema seguridad; los políticos en general, como un tema político de política pública de gestión y no como siempre ha sido, un problema de política policial.

EC - Es interesante esa observación, capaz que no todos tenemos conciencia de eso. ¿Podría explicar un poco mejor ese contexto?

DC - Desde siempre se ha entendido que la seguridad es un problema de controles policiales, de performances policiales, de estrategias de la policía, y que la política entraba a colaborar en esto cuando había que dar un mayor presupuesto, había que dar un mejor equipamiento, un entrenamiento. Es decir, la política colaboraba estructuralmente y dejaba que la autonomía policial dirimiera los problemas de seguridad en la calle, tanto de prevención como de represión. Siempre se entendió a la seguridad como un tema con una vinculación menor con lo militar, por lo tanto la estructuración de todas las políticas de seguridad demandaban organismos policiales.

Esto no es así, estructuralmente no debe ser así, por lo tanto con buen tino, creo, en los últimos 20 años se ha empezado a trabajar en adentrarse en el esquema político para establecer políticas de seguridad a partir de la civilidad del gobierno, y la policía pasa a ser un instrumento muy importante, necesario, pero dentro de las políticas que se enmarcan en el gobierno civil. Allí empezamos a trabajar con mayor presencia de dirección política en la diagramación de la seguridad, y hoy modernamente todavía tenemos un gran debate. Esto es lo positivo, por eso respondí a la invitación de los amigos uruguayos la semana pasada para compartir con ellos algún debate sobre esto, porque esto se está imponiendo y discutiendo en todos lados, en cuanto a que las intendencias, los gobiernos vecinales también participen en los diagramas de seguridad. Se parte de que el vecino a quien primero le va a hacer un reclamo es al jefe de los vecinos, que es el intendente, el presidente comunal, que es el más cercano que conoce el barrio.

EC - Sí, pero hasta hace poco el intendente o el jefe comunal lo que hacía era recurrir a la policía.

DC - Ese es el viejo esquema que hay que discutir para ir dejando de lado. Yo sostengo que la seguridad es un marco más en el que hay que desarrollar políticas, así como lo es la salud, como lo es la obra pública, como lo es el bienestar social, son todas políticas que desarrolla un gobierno con un programa de gobierno. Por eso uno intenta discutir esto en el ámbito donde debe ser, que es el ámbito civil de la institución política. Por eso romper estos esquemas cuesta y bienvenido que se pueda debatir.

EC - Si entiendo bien, uno de los factores que llevan a pensar en que los gobiernos locales incidan y tengan participación en las políticas de seguridad es el hecho de que la criminalidad no se desarrolla de manera homogénea en todo el territorio de un país, por ejemplo, o que incluso dentro de una región puede haber situaciones a su vez diferentes, con lo que no estaría nada mal mirar a nivel de los municipios. ¿Ese es uno de los motivos?

DC - Sí, muy buena apreciación, ese es uno de los motivos. Las políticas de seguridad deben ser regionales. Nadie mejor que el vecino que conoce lo que está pasando en su barrio. Siempre decimos –con la gravedad que tiene en nuestra provincia, un problema argentino, de las grandes urbes– con respecto al tema del avance de la droga, que los vecinos son los que conocen dónde se vende y dónde se expende. Y yo digo que así como lo conoce el vecino lo tienen que conocer luego el edil, el concejal y también el intendente. De ello tiene que establecerse luego una política estratégica de represión de ese lugar donde se vende droga, porque lo conocen y porque pueden establecer todos los mecanismos de represión en su caso y a su vez los mecanismos de prevención en otros.

El Municipio hoy tiene muchas facultades administrativas a partir del poder de policía que tiene, puede colaborar. En un primer avance estamos pensando que debe haber una gran complementación entre la actividad del Municipio y la actividad de seguridad, dependa de quien dependa.

EC - Ese es uno de los puntos que usted marcaba en su charla de la semana pasada. Algo que es absolutamente elemental: hay temáticas, aspectos incluso de lo que podríamos llamar criminalidad que son muy difíciles de acotar a una esfera del Estado, es muy difícil decir "esto termina en el gobierno nacional", en Argentina "el gobierno provincial no tiene nada que ver" o "el gobierno municipal no tiene nada que ver". Hay temáticas que cruzan y que es necesario coordinar.

DC - Así es. Hay que tener algún grado de altruismo político y hablar de una política de Estado en la que lo primordial es la gente y los planes pasan por dar un mejor servicio a la gente. Hay que sentar a los distintos estamentos y establecer estrategias básicas. Las políticas de seguridad solo tienen que apuntar a la paz, la paz social se logra con acuerdos en el Estado, en cualquiera de sus órbitas, por eso la Municipalidad también tiene que intervenir, porque a su vez es el lugar más accesible para el ciudadano. Insistimos mucho en el debate en que debe participar, tiene una participación muy importante en cualquier diseño de política de seguridad.

EC - ¿Podríamos bajar a tierra esto, podríamos ver algunos ejemplos concretos en los que el aporte de las intendencias o de los municipios puede ser efectivo para mejorar la situación de seguridad pública?

DC - Hoy detrás de la criminalidad subyace lo que se denomina economía delictiva. De la economía delictiva, de la venta del repuesto robado de un auto podemos llegar a un homicidio, y el repuesto robado de un auto se está vendiendo quizás en un desarmadero o en un comercio que vende ilegalmente repuestos. A este comercio legal que vende repuestos puede entrar la Municipalidad a hacer sus inspecciones, puede fiscalizar si está vendiendo correctamente, puede entrar a los galpones donde haya mercadería depositada. Con eso atrás estamos rompiendo un comercio que pudo empezar con el homicidio de una persona al robarle la moto, moto que fue luego desarmada y vendida. Quizás a veces de una manera alegre el ciudadano que compra mercadería robada que nació con un homicidio.

Lo mismo con otro delito grande como es la trata de personas, un delito a nivel mundial, que normalmente funciona a partir de bares o de cabarés o como se llamen, lugares que requieren habilitación municipal. Si los inspectores municipales pueden participar en la habilitación y control del funcionamiento es muy fácil ligar esto con una política de seguridad, porque entran a lugares donde se están cometiendo delitos o donde hay rastros del delito.

Le di dos ejemplos muy puntuales de delitos graves, de los muchos más que puede haber.

EC - ¿Otros?

DC - El control vehicular, que es un control que puntualmente tiene que hacer el Municipio. La circulación con documentación de vehículos y el control en las calles, el control de las carreras –llamadas "picadas"– clandestinas que existen todos los días, todo esto lo hace cualquier municipio. En un accidente de tránsito la custodia del accidente, del escenario de tránsito, la tiene que hacer un inspector municipal, y despejemos la zona de policías que tienen otra seguridad. Es decir, pensemos a la policía como una institución puntual de disuasión y represión del delito donde hay peligro.

EC - ¿A la policía o al municipio?

DC - A la policía dejémosla para combatir el delito, al municipio otorguémosle un montón de funciones en las que pueda sustituir a la policía y en las que no es necesario tener un policía. Me comentaban el desgraciado hecho que tuvieron la semana pasada y que para acordonar las calles y dirigir el tránsito también había patrulleros. Una brigada de inspectores municipales puede tranquilamente ordenar el tránsito en un momento difícil como ese y no tener que estar usando policías. Esto es coordinación, una de las múltiples cosas diarias que puede realizar el marco policial.

EC - Menciona varios aspectos concretos que ya forman parte de las atribuciones de los gobiernos locales, y que ahora hace falta dar un paso más, planificarlos y ejecutarlos incorporándoles ese factor de la seguridad pública.

DC - Así es. Es más, quizás el Municipio esté haciendo muchas cosas autónomamente, sin ligazón con una finalidad de política de seguridad. Las está haciendo porque tiene esas facultades y no las liga con un marco de posibilidad de seguridad. Hay que sentarse, hay que juntarse en esto y establecer lineamientos básicos, sin perjuicio de –esto no lo hablamos la otra semana porque era acotado el tema– que la Municipalidad también puede trabajar en líneas de prevención. La Municipalidad puede detectar lugares conflictivos y trabajar en la prevención situacional –esto es, trabajar anticipando conductas delictivas–, porque nadie mejor que los vecinos y los núcleos vecinales para evaluar dónde están los problemas y cuáles son las carencias. Entonces muchas políticas sociales pueden ser canalizadas conjuntamente con la Intendencia en un factor de prevención. En esto siempre cuento que hay que romper el concepto estricto de seguridad, de asimilarla solamente a la represión y organización policial, para asimilarla a un concepto amplio en el que intervienen muchos estamentos del Estado. Aquí la Intendencia y el gobierno central pueden trabajar en la prevención, y esto es muy importante porque se mete también el Municipio a ayudar para que no surjan nuevas conductas delictivas.

EC - En ese sentido usted manejó más ejemplos en la conferencia de la semana pasada. Uno, una medida tan elemental como prohibir el estacionamiento de motos frente a sucursales bancarias.

DC - Sí, eso es una facultad municipal que puede hacer valer cualquier inspector municipal. Porque esto facilita cualquier acto delictivo. Según la localidad donde estemos trabajando, el lugar donde estemos trabajando y con una mesa en común, hay que formar un diseño, una estrategia en la que el Municipio y fuerza central puedan trabajar en prevención así como también en disuasión en determinados casos y dejando siempre la represión policial. No hay una quita de facultades, sino que hay una complementación de funciones.

EC - Citó también el caso del trazado de las calles, si vamos a considerar por ejemplo un asentamiento irregular. La Intendencia, el gobierno local, es quien resuelve en esa materia, y quizás cuando se toman esas decisiones se las mira solamente desde algún ángulo o algunos ángulos y no se incorpora el factor seguridad pública. ¿Cómo entraría el factor seguridad pública en ese aspecto en particular?

DC - En un asentamiento irregular a veces hay que tomar decisiones que no son del todo fáciles, pero el reordenamiento de un ordenamiento irregular no es una actitud tan invasiva del Estado que pueda ser rechazada. Con un reordenamiento de calles es factible que entre no solo el patrullero en una emergencia, sino que entre la ambulancia, que entren los servicios públicos y que sea un acceso fácil evitando que se transforme en un fuerte, en una zona inaccesible, en un lugar oculto. Estas son políticas de planificación.

Sin que sea un asentamiento irregular, cuando se planea un barrio uno ve públicamente: se va a habilitar un barrio en tal sector con tantas casas, va a haber tales servicios, va a haber servicio médico. Y no se piensa si hay una dependencia policial que por la extensión del terreno ya debería ser necesaria en la zona, no se planifica que también haya un destacamento en un plan estratégico de asentamientos policiales. Cuando surge la necesidad ya está construido el barrio, no hay un lugar clave para el destacamento allí. Esto se debe tomar con proporciones, tanta gente, tantos policías, la cercanía del lugar; luego son soluciones tardías que se podían haber previsto si el Municipio también hubiera pensado en el aspecto seguridad.

EC - En estos ejemplos que hemos ido comentando y que usted ha ido manejando nos movemos en acciones que ya estamos acostumbrados a que desarrolle una Intendencia o un gobierno municipal. Pero usted también propone avanzar en otras que hoy no se llevan adelante. Recién hablaba de la posibilidad de intervenir más expresamente en prevención. ¿Qué más?

DC - En prevención sostengo que la seguridad no es un término policial, es un término de política del Estado en la que intervienen todos sus estamentos. Por lo tanto una zona conflictiva tiene que ser abordada no desde una órbita central sino desde una órbita local con los actores locales en coparticipación con estructuras nacionales cuando es necesario. Porque para tratar al vecino no hay nada mejor que otro vecino y que el vecino se trate en su barrio, por lo tanto al barrio lo conocen los vecinos y sus representantes. Entonces es una política de base lo que uno entiende adecuado en cuanto a las necesidades.

A su vez, si tenemos que ahondar en algún marco de mayor decisión política dentro de un municipio, puede ir de mayor a menor, desde la creación de un espacio político especial, esto es, de alguna dirección, alguna secretaría, algún estamento que se ocupe en el área municipal, hasta la experiencia de tener algún cuerpo civil no armado de funcionarios que también trabajen en el área seguridad.

EC - ¿Es posible pensar en una policía municipal?

DC - Una guardia municipal, no es policía en el aspecto de armas ni de uso de la fuerza pública, pero sí un estamento intermedio específico para ayudar en todas aquellas cosas que no requieren una actividad específica policial, no requieren el uso del arma, no requieren el uso de una represión legal en casos determinados y que puede colaborar.

Hoy en Argentina no es menor el tema de discusión, no se ha llegado todavía a definir concretamente, pero en cualquier jornada de seguridad se habla de la creación de policías municipales; no de esto que le estoy contando que es otra cosa, es una guardia municipal no armada. Hoy se está discutiendo concretamente aquí y en muchos lugares de Argentina la posibilidad de creación de una policía distrital, independiente de la que pueda funcionar en las provincias, la policía provincial. En grandes ciudades ya se ha instalado como debate –todavía estamos en la etapa de discusión– la creación de una policía de proximidad propia, una policía municipal, que sí reemplazaría lo que sería una policía provincial como son todas nuestras policías.

Por tanto desde el Municipio, con todos estos pequeños ejemplos que le voy dando, hay un montón de cosas para hacer, por eso celebro que se haya empezado a discutir en el país hermano la posibilidad. Después los uruguayos sabrán cómo amoldar a su idiosincrasia muchas de estas cosas, pero estoy contento de que se puedan debatir cuestiones que hacen a definir que hay una política de seguridad hecha por políticos y que a su vez estos políticos también sean municipales.

EC - El caso argentino es un ejemplo de cómo se ha ido cambiando en esta materia. Usted mismo es un ejemplo en la medida en que fue quien estrenó el Ministerio de Seguridad Pública en la provincia de Santa Fe.

DC - Así es, fue la primera decisión política, y como decisión política importantísima, porque veníamos de direcciones de seguridad, de subsecretarías de seguridad, y ya antes de asumir el gobierno Binner veníamos trabajando en un programa pensando esto de lo que estamos hablando, que tiene que haber un área específica con una conducción política del marco de seguridad y que la fuerza policial estuviera acompañando el proceso. En el 2007 me tocó crear el Ministerio de Seguridad como un marco especial de espacio político donde se pueda discutir. No es fácil, esto no cambia de un día para el otro las cosas, pero responsabiliza al Estado a partir de la creación de planes, a partir de estrategias y a partir de que la civilidad sea quien conduzca la seguridad. La seguridad no es una cuestión militar y mucho menos policial, la policía tiene que trabajar conjuntamente con el diseño de Estado que quiera darle el gobierno de turno.

EC - Por supuesto que en su caso estamos hablando de la experiencia argentina, que tiene una estructura institucional diferente de la de nuestro país, yo recién citaba que usted fue el primer ministro de Seguridad Pública que tuvo la provincia de Santa Fe. En Uruguay no tenemos provincias, tenemos departamentos, es otra historia, pero lo que usted está comentando es lo que ha ido acumulando en su propia gestión, el conocimiento que tiene de lo que es trasladar una temática que en principio se ve como solo de la esfera del gobierno nacional a un primer nivel de gobierno local, el de las provincias. Aunque también después en el caso de Santa Fe se ha ido bajando más hacia lo local todavía.

DC - Así es, Santa Fe tiene más de tres millones y medio de habitantes, y Rosario, donde yo vivo, es la ciudad donde hoy se está discutiendo la posibilidad de lograr un marco de autonomía. Ahí hay un problemita constitucional nuestro, pero si se logra un marco de autonomía algunos sectores están pensando en la posibilidad de crear una policía propia, una policía municipal. Está en pleno debate, esto que estamos hablando aquí lo estamos trabajando ya con un nivel de posibilidad de creación de una nueva fuerza. La Municipalidad de Rosario en cuanto a la mecánica de trabajo ya tiene una subsecretaría de Seguridad, en los últimos años se han ido creando estos estamentos políticos y se está en plena tarea de acomodar esto.

Es un tema nuevo para todos, un tema que a veces produce un cierto rechazo, hay bastante desconocimiento, es un tema nuevo para todos, incluso para los que venimos trabajando en esto desde hace mucho tiempo, porque no hay suficientes experiencias y ejemplos que se puedan tomar. Cualquier ejemplo necesita funcionar y necesita un tiempo de evaluación, y los tiempos son todos muy cortos, con lo cual viene muy bien que nos escuchemos todos y saquemos las mejores conclusiones y que después se empiecen a hacer las experiencias que cada político zonal quiera practicar.

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EC - Las intendencias y los municipios ¿qué papel pueden jugar en las políticas de seguridad pública? Este es el tema del cual estamos charlando esta mañana con el doctor Daniel Cuenca, que hoy es asesor del gobierno de la provincia de Santa Fe en seguridad pública, pero que antes fue el primer ministro de Seguridad Pública que tuvo esa provincia entre los años 2007 y 2009, cuando la encabezaba el socialista Hermes Binner.

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EC - Vamos a incorporar al diputado Jorge Gandini, que fue quien invitó al doctor Cuenca para que se hiciera presente la semana pasada en Uruguay para dictar la conferencia que motivó esta entrevista.

Usted, que además de diputado es hoy precandidato a intendente, ¿por qué tiene interés en estas reflexiones, en esta experiencia de la provincia de Santa Fe? ¿En qué está pensando desde el punto de vista de su programa de gobierno?

JORGE GANDINI:
Estamos pensando en instalar este debate para romper ese bloqueo conceptual que siempre ha dicho que la seguridad es una tarea indelegable del Poder Ejecutivo, porque también lo son la salud y la educación, y hay policlínicas municipales que cumplen una tarea muy importante en materia de atención primaria y hay intendencias muy activas en materia de educación no formal. Sin embargo siempre se dijo que la seguridad es una tarea de la Policía nacional, que corresponde al Poder Ejecutivo, y no se distingue entre dos tareas fundamentales en materia de seguridad como concepto. La represión y el orden público son indelegables, le pertenecen al Poder Ejecutivo, sin embargo la prevención puede realizarse a partir de otros ámbitos, en particular del municipal. De hecho, el alumbrado público, que está en manos de las intendencias departamentales, es una función que hace a la seguridad, donde hay más iluminación hay menos delito, por eso los delincuentes intentan romper las luces del alumbrado público para poder ocultarse y desarrollar actividades delictivas o predelictivas.

Nos parece interesante empezar a pensar en una mirada transversal, que las intendencias tengan la posibilidad de coordinar sus servicios no generando necesariamente en todos los casos una respuesta institucional, pero sí una respuesta capaz de coordinar con otros servicios la mirada de la seguridad en tanto prevención.

EC - Justamente, ¿qué sería lo nuevo en el caso de Montevideo? Se lo consulto a partir de algunos mensajes que han venido llegando de los oyentes desde temprano. Por ejemplo, Miguel dice: "A través de las mesas locales de convivencia y seguridad ciudadana el rol del Municipio ya está siendo fundamental por medio de la integración de concejales municipales y vecinales. Es una experiencia riquísima, los invitamos a conocerla en el caso del Municipio CH".

JG - Es así, lo que pasa es que en la Intendencia no hay un interlocutor que sea capaz de trasladar con la mirada departamental el aporte que se puede hacer. Pensamos que en la Intendencia tiene que haber una dirección de seguridad y prevención que coordine; por ejemplo, en muchos barrios la gente nos pide que hagamos trámites para que corten los pastizales y yuyales que hay al costado de las calles donde se ocultan los delincuentes. Es una tarea municipal, pero la Intendencia no la mira como tal. Hace pocos días estuvimos en la zona aledaña al corredor Garzón, donde se abrieron y ensancharon calles como Santa Lucía y Llupes y la Intendencia estableció nuevas paradas. Pero las estableció con cabeza de transporte público, entonces los vecinos nos piden cambiarlas porque están ubicadas en lugares riesgosos por las actividades que ahí ocurren en la noche, nos dicen "la gente no puede salir a las cinco de la mañana a trabajar en la fábrica ni puede volver de noche de estudiar o trabajar, necesitamos que cambien esas paradas de lugar, que las iluminen". Eso es una tarea que la Intendencia no piensa con esa perspectiva.

Cuenca decía recién abrir calles, esa es una de las demandas más importantes. Los semáforos se habilitan y están prendidos toda la noche, pero hay esquinas donde a determinada hora tendrían que estar tintineando o directamente apagados, porque parar en un semáforo en algunos lugares es peligroso, de hecho los conductores toman el riesgo de cruzar con la roja, no quieren detenerse allí. Esa es una cabeza de seguridad que hay que imponer.

Pensamos también en establecer la posibilidad de una guardia urbana, que es una suerte de policía amigable, mucho más cercana, que hace algunas tareas que quizás hoy hace la Inspección de Tránsito, pero lateralmente y en función del tránsito, y que deberían estar en manos de un cuerpo especializado, bien uniformado, equipado, con comunicación, de cooperación con la policía y de ayuda al vecino. Custodiar espacios públicos, prever que no haya gente durmiendo en lugares de disfrute colectivo que terminan siendo cerrados porque hay un grupo de personas que viven, cocinan, tienen sus enseres debajo de las hamacas o duermen en los bancos e impiden que toda esa zona sea de disfrute colectivo. Esas cosas ¿hoy quién las hace? No las hace un inspector municipal, ¿quién las hace? ¿Dónde denuncia el vecino? Esas mesas a veces generan un planteo que llevan los concejales a la Intendencia con mucha dificultad, pero no hay una mirada de seguridad incorporada a la gestión de la Intendencia, que nos parece que es perfectamente posible, apta y que colabora con la seguridad pública.

EC - Otra de las opiniones o aportes de los oyentes. Dice Álvaro: "Ustedes parecen no conocer las políticas que se desarrollan aquí desde hace 20 años con relación a estos temas. ¿Conocen las coordinaciones entre Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social e Intendencia respecto a seguridad pública? ¿Registraron la reciente visita de Antanas Mockus –el exalcalde colombiano– y de Corpovisionarios en un proyecto que se desarrolla en coordinación entre el ministerio e intendencias, especialmente en el área metropolitana?". ¿Qué dice a propósito de esto que ya se está haciendo en este terreno?

JG – Lo conocemos perfectamente, lo que no conocemos son los resultados, es decir, no vemos involucrada a la Intendencia como debe estar. El otro día en la conferencia que dio Cuenca se hicieron presentes el subjefe de Policía de Montevideo y algunos comisarios institucionalmente a acompañar y escuchar. Y luego alguno de ellos nos comentaba: "Qué bien que nos hubiera venido una guardia urbana que nos hubiera ayudado a acordonar esa zona y que no fueran patrulleros y policías los que tenían que impedir el acceso y desviar el tránsito". Porque no hay coordinación de hecho, porque frente a un accidente de tránsito aparece normalmente antes la Policía de Tránsito que los inspectores municipales que están en algún lugar haciendo otra cosa. Hay una intención, pero hay como un complejo al mismo tiempo de no querer avanzar más allá. Nosotros proponemos dar un paso más, sin cuestionar las cosas que se hacen. Antanas Mockus estuvo en Uruguay, hizo buenas cosas, creo que el doctor Cuenca fue asesor en su momento también de Antanas Mockus, me parece que hay una buena intención, pero hay que dar un paso más y por eso queríamos poner este tema en debate.

EC - Otra de las preguntas: "¿Qué pasa con el marco constitucional? ¿Es posible que los gobiernos departamentales o municipales avancen en materia de seguridad pública?".

JG - Es imposible tener una policía municipal con funciones de policía como tal, eso está reservado por la Constitución al Poder Ejecutivo y la represión es una tarea indelegable.

EC - Algunos oyentes remiten al artículo 262 de la Constitución que dice: "El gobierno y la administración de los departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un intendente".

JG - Es así. Pero el concepto que tenemos de seguridad no abarca la prevención, como le decía, cambiar una parada, abrir una calle, dirigir el alumbrado en determinada zona, cuidar los espacios públicos, ayudar a la gente en sus métodos de prevención, poner alarmas públicas, como tienen algunas ciudades, alarmas vecinales, son tareas de prevención, y sobre todo incorporar tecnología. La tecnología que a veces se incorpora en cámaras pensando en el tránsito es funcional y se puede potenciar muchísimo si la Intendencia coordina los comercios, los edificios colocando sus cámaras hacia fuera y ayuda a conectarlos entre sí para tener mayor información para sí, pero sobre todo para darle mayor información a la Policía nacional. La tarea de prevención y cooperación no está desarrollada y no es una función que la Constitución impida.

EC - Para usted pasa por la creación de institucionalidad en esa materia.

JG - Tiene que haber alguien que le dé esa mirada, que se preocupe, que a cada una de las funciones le incorpore esa visión de seguridad. No solo son cuestiones estrictamente vinculadas a la tarea del tránsito o de la iluminación o del cortado del pasto en los espacios verdes o de la vialidad. Una institucionalidad de poco aparato pero muy transversal, que sea capaz de poner esa visión en las distintas funciones, es importante.

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EC - El tema de la conferencia era en principio "qué papel tienen las intendencias y los municipios en las políticas de seguridad pública", pero el doctor Daniel Cuenca también incorporó otro tipo de reflexiones, que vale la pena compartir.

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EC - El doctor Daniel Cuenca es abogado, especialista en derecho penal, pero además profesor universitario, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Rosario, profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad del Litoral de Santa Fe, ha sido juez en lo penal y ha tenido una experiencia de gobierno, fue el primer ministro de Seguridad Pública que tuvo la provincia de Santa Fe bajo el mandato del socialista Hermes Binner.
    
En su disertación fue muy enfático en los cambios que ha tenido la criminalidad en los últimos 30 años. Señalaba que cuando estudió y al poco tiempo de recibirse concurría a las cárceles como parte de su práctica profesional, y que hoy como docente prácticamente no puede mandar a sus alumnos a que hagan ese mismo tipo de tareas. Es un ejemplo de cómo cambiaron las cárceles. ¿A qué aludía con esta tendencia nueva, con lo que se ha modificado el delito en estos años?

DC - Ha habido un cambio en la población penal, se sigue una tendencia que no se puede revertir, que es la de trabajar el sistema penal siempre sobre un sector determinado, los más vulnerables, que se va repitiendo, y van cambiando las condiciones sociales. La aparición del delito no es una construcción mágica, la prevención apunta a lo que hablaba antes, a disminuir la producción de delito para el futuro, esa es una política anticipatoria que habría que practicar. Hoy algunas condiciones sociales han ido cambiando negativamente, ha aumentado el grado de violencia. El mismo delito que hace 20 años se estudiaba con una relativa intimidación o abuso, hoy es un delito violento que puede terminar con una lesión grave o la muerte de una víctima. Hay un menosprecio muy puntual en esto a partir de una falta de respeto a la vida. Entonces se hace cada vez más difícil el marco de disuasión en el caso determinado o puntualmente en el caso de represión, porque puntualmente hay respuestas. Es lógico que la ciudadanía sienta temor, sienta temor por su vida, que es lo más básico y elemental, entonces esto se va trasuntando en una escalada de violencia que es parte de lo que uno ve todos los días.

EC - Usted decía "cambió el ser criminal", y además advertía del desarrollo que ha alcanzado determinado tipo de organizaciones criminales cuyo poder incluso llega a desafiar al del propio Estado.

DC - Sí, ha cambiado negativamente, si uno tiene una visión negativa, como la que tengo yo, de la función de las cárceles, a pesar de que la Constitución o la filosofía nos mande establecer un marco de recuperación de la persona, mientras no se tomen políticas más activas esto no es más que un ideal y mientras tengamos prisiones superpobladas la prisión solo servirá para alimentar más violencia y más odio, con lo cual en vez de ayudar a la persona, que sería algún intento que tendría que hacer el Estado, lo que estamos haciendo es empeorar su situación y provocando aún más violencia. Hoy la cárcel, si no tiene una adecuación, una estructura adecuada, un tratamiento adecuado, es una producción de violencia, una producción de criminalidad. Y esa es una respuesta del Estado. Parecería que es un círculo vicioso, y si uno no toma definiciones en este aspecto se va seguir reproduciendo violencia. Es decir, hablamos de mayores penas, ¿mayores penas para qué?, para mayores encierros; ¿mayores encierros para qué?, para mayor sufrimiento, pareciera que debemos esconder una falta de respuesta final en esto, ¿para qué todo esto?

Si a la cárcel le queremos dar un sentido de intento de recuperación hay que intentarlo, yo a veces soy escéptico en esto, pero hay que intentar que la cárcel por lo menos esté a la altura de la estructura para ver cómo se puede llegar a cumplir esa premisa que es la recuperación, la readaptación del condenado. Mientras no se dé esto, es difícil. Igualmente –y esto en modo general nos pasa a toda América Latina–, mientras no tengamos sistemas de justicia ágiles la mayoría de las personas presas van a estar en condición preventiva, por lo tanto son presos sin condena. Lo cual es un grave déficit del Poder Judicial, no estar a la altura de las circunstancias para tener juicios rápidos y respuestas rápidas.

EC - Me llamó la atención también que a propósito de estos cambios en la criminalidad que se han producido en los últimos años, en las últimas dos o tres décadas, usted dijo, medio en broma, medio en serio, que después de haber ejercido el cargo de ministro de Seguridad Pública tendría que quemar la mitad de su biblioteca. ¿Qué significa esto?

DC - Era una frase para ejemplificar la visión de alguien que viene de la facultad, del trabajo, de la teoría, cuando llega a la gestión. En la facultad no nos enseñan gestión pública. Podemos estar muy bien dotados de ideas, muy bien estructurados en ideas, pero no nos enseñan la gestión. Y muchos libros están basados en modelos teóricos que se contraponen con una gestión, porque han sido escritos por eruditos, y nos han servido a muchos de nosotros para formarnos. Yo lo decía en broma, porque decía que con esa mitad de la biblioteca yo no podía gestionar, o que cuando uno cae en el marco de la gestión tiene que entender que hay que adaptar esa mitad de la biblioteca quizás a la otra mitad, o hay que buscar soluciones propias. Ahí está la capacidad de toda la biblioteca para adoptar medidas. Pero bajarlo de un libro en forma directa se hace muy difícil, no nos enseñan gestión, uno se nutre de muchas de las ideas que encuentra en un libro, estudia y eso hace bien.

No podría decir que podría prescindir de esa mitad de la biblioteca si no la hubiera estudiado, pero cuando uno quiere llevarla a la práctica parece que muchas de las cosas estuvieran pensadas para un ser ideal. Como le decía recién, esto de la recuperación, la readaptación social del condenado parecería una filosofía ideal de vida, pareciera que tras equis tiempo en la cárcel sacamos un hombre nuevo. Sobre esto se han escrito bibliotecas enteras, la teoría de la pena. Yo era docente también de esta materia y dejé de serlo por falta de convencimiento. La pena no cambia, la modificación no es lo que nos enseñaron en los libros, el ser humano pasa por otro lado. A eso me refería, como diciendo que uno tiene que aprender mucho, a pesar de leer tiene que aprender muchísimo, y se aprende gestionando.

Son modestísimas opiniones de alguien que ha estudiado y trabajado que les cuenta a otros parte de la gestión y los invita a reflexionar localmente. Uno viene de afuera, por ahí muchas de estas cosas están revalidadas en otro lado o tienen buenos ejemplos, pero después hay que buscar el debate y la idea local que siempre va a ser más productiva que cualquier proyecto traído de afuera.

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Foto: web del gobierno de la provincia de Santa Fe

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Transcripción: María Lila Ltaif