(emitido a las 8.42 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La semana pasada hubo varios procesamientos con prisión de madres de menores involucrados en hechos delictivos. A todas ellas se les imputó omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. En principio las reacciones en la sociedad fueron por el lado de la aprobación, varios mensajes de nuestros oyentes decían: "está bien", "las familias de esos jóvenes deben hacerse responsables por las aberraciones que cometen sus hijos, incluso homicidios", pero con el correr de las horas esas sentencias terminaron reabriendo un viejo debate: si la justicia toma o no en consideración el contexto familiar en el que están insertas esas mujeres y sus hijos.

En declaraciones al diario El País este domingo el vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Jorge Ferrando, advertía que en su mayoría se trata de madres solas, que deben llevar adelante un hogar en el que hay otros hijos y con los padres ausentes. Por eso, opinó que debería recurrirse más asiduamente a medidas alternativas a la prisión, como por ejemplo la realización de trabajos comunitarios, cursos de atención para padres, o incluso atención psicológica.

¿Cómo maneja estos casos la Justicia?, ¿cuáles son los criterios? Vamos a conversarlo con uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, exministro del Tribunal de Apelaciones de Familia y quien desarrolló buena parte de su carrera como juez de Familia.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Qué tan habitual es que un juez determine la prisión para las madres o los padres de jóvenes que cometen delitos bajo esta figura de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad?, porque de alguna forma llama la atención la cantidad de fallos que se han acumulado ahora, en estos últimos días.

RICARDO PÉREZ MANRIQUE:
Este delito de omisión de los deberes de la patria potestad fue creado por la Ley de Seguridad Pública del año 72, en la época pre dictadura, y ha sido raramente aplicado por nuestros tribunales tanto en la versión del 279, que es la aplicada concretamente, como la del 279 A, que es por la omisión de los deberes por la patria potestad por incumplimiento de las pensiones alimenticias. Se contaban en los últimos años unos siete casos hasta que irrumpieron estos últimos procesamientos de la semana pasada.

EC – Incluso ahora mismo hay alguna otra resolución pendiente, en el caso de los menores que protagonizaron el asalto al correo el lunes pasado.

RPM – Efectivamente, debemos decir que la ley 19.055, que es la última modificación al Código de la Niñez y la Adolescencia, estableció que para los casos de adolescentes de entre 15 y 17 años que cometen delitos gravísimos preceptivamente el juez de adolescentes debe remitir los antecedentes a la justicia penal de adultos para analizar si hay o no responsabilidad penal de los padres por la omisión de los deberes de la patria potestad. O sea que la ley de alguna manera está abriendo la competencia a los jueces penales para que analicen estas situaciones.

EC – ¿Y cómo considera usted estas observaciones que se han hecho desde el INAU el fin de semana?, eso de que quizás haya sí que responsabilizar por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, pero no por la vía de un procesamiento con prisión.

RPM – Me gustaría hacer algunas consideraciones. El derecho penal en todas las situaciones de la vida es el último recurso del que dispone la sociedad para sancionar una conducta. Se supone que antes, sobre todo en estos aspectos tan particulares, deben de haber acciones de parte del Estado y de la sociedad que impidan la aplicación del derecho penal en forma directa. En realidad estos casos –y lo vemos en la mayoría de los expedientes de adolescentes infractores–, un chico que llega a esta situación de cometer una rapiña o un homicidio, o a veces otros delitos graves, lleva sobre sí la carga de una serie de rupturas y la primera es la disfuncionalidad familiar. Tampoco podemos omitir que hay casos en los cuales esa ruptura con la familia se produce a partir de la propia conducta del adolescente o de con quienes se vincula. Es decir, no todos los padres son responsables penalmente de lo que hacen sus hijos, yo entiendo que estas figuras deben reservarse para aquellos en los cuales realmente hay una actitud dolosa, o sea, de irresponsabilidad de los padres. Por ejemplo aquellos padres que saben que su hijo comete rapiñas y viven del producto de esos delitos.

EC – Claro, pero supongamos esa hipótesis, puede ocurrir que quien tiene esa actitud pasiva, digamos, o de tolerancia, sea una madre que tiene que enfrentar el día a día de ese hogar sola. Porque el padre se fue, está preso, o algo por el estilo, la madre tiene una enorme carga sobre sí misma, más de una vez son muchos hijos en esa casa, y resulta que después termina siendo castigada y mandada a prisión.

RPM – Exacto, comparto absolutamente esa preocupación.

EC – Alguien pregunta desde la audiencia: "¿Y por qué no se busca al padre, que ese sí que está omiso en esos casos de los deberes inherentes a la patria potestad?".

RPM – En muchos de estos casos, yo diría que en la mayoría de los casos que pueden merecer una sanción penal, el padre es el primer ausente. Son madres que se hacen cargo de varios hijos, como usted dice, y la solución de la prisión de estas madres yo creo que agrava el problema porque deja a los otros hijos sin ningún tipo de protección. Creo que aquí, primero, la respuesta penal tendría que ser realmente la última respuesta; segundo, en caso de tener que aplicar en los casos extremos la respuesta penal habría que pensar en cuál es el objetivo de la aplicación. En estos casos no se puede satisfacer la demanda de reproche penal exclusivamente con el encarcelamiento, sino que el objetivo de esta medida tiene que ser responsabilizar y responsabilizar asumiendo realmente cuál es el rol de padre o de madre que a cada uno le corresponde. Hay que trabajar mucho en el tema de dar soporte con políticas sociales, con acciones de responsabilización como puede ser perfectamente desde el trabajo comunitario hasta la concurrencia por ejemplo a instancias de reflexión sobre cuál es el rol como padre o madre y cuál es la función que se debe cumplir en la sociedad.

A mí lo que me preocupa es que estos chicos, y eso vuelvo a repetir, lo vemos continuamente en los expedientes, cargan sobre sí varias rupturas familiares. Yo recuerdo en este caso una situación en la cual un chico de 17 años que era consumidor de pasta base era hijo de una mujer consumidora de pasta base que a su vez tenía un concubino de 19 años consumidor... Uno debe preguntarse si realmente la respuesta penal pura y dura, como se está proclamando por algunos sectores de la sociedad, tiene algún sentido cuando hay que empezar allí a trabajar en un profundo proceso de reconstrucción de subjetividad.

RA – Pero yendo a eso, ¿usted cree que en la medida en que se comience a determinar la responsabilidad penal de los padres eso puede incidir en una baja en la cantidad de delitos cometidos por estos menores?

RPM – Bueno, primero habría que ver si esto se consolida como tendencia, son muy pocos casos por ahora, vuelvo a repetir: siete con anterioridad, y creo que tres o cuatro ahora, habría que ver si esto se consolida como tendencia. Ahora, los efectos que creo que va a tener es que puede ser que mucha gente se preocupe por qué hacen los hijos. Pero también puede ser que, como hay muchos casos y he oído que alguno de los últimos tiene que ver con esto, una persona que tiene varios hijos a su cargo, varios niños, tiene que salir a ganarse el pan y de repente los deja a cargo de los mayores. En realidad esa persona no está cometiendo ningún acto doloso sino que está en la medida de sus posibilidades tratando de sustentar a su familia, y no puede...

Vamos a trasladarlo a otro nivel, porque acá estamos planteándonos la situación de gente con problemas de inserción social, con dificultades económicas, etcétera, pero todos sabemos que en el otro extremo de la sociedad hay lo que denomino el abandono de cuello blanco, es decir, aquel caso en el cual los padres están hiper ocupados y cubren al chico de actividades a los efectos de suplantar el tiempo que no le dedican, y durante ese tiempo ese chico puede, y de hecho pasa, cometer delitos de distintos tipos y ahí no se piensa en responsabilizar.

Me parece que es muy difícil cuando uno está inserto en una coyuntura como la actual, en la cual todo el mundo reclama seguridad y que se vislumbra que las personas menores de edad son como un enemigo público. Hay que tener mucho cuidado en generalizar las soluciones y hay que reservar, vuelvo a repetir, la respuesta penal para casos puntuales, concretos, que realmente solamente puedan ser atendidos mediante la respuesta penal y esa respuesta penal tiene que ser una respuesta restaurativa, creativa, de las condiciones necesarias para que esas personas asuman realmente sus responsabilidades como progenitores. Porque de otra manera vamos a estar cayendo en el castigo por el castigo mismo, sin resultados constructivos para la sociedad y para las personas involucradas, que es lo que creo que en definitiva interesa.

EC – Ahí, en esa línea que usted marca, todavía tenemos que saber qué pasa con la evaluación que se hace de la pena que se aplica, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que sea la cárcel, si la cárcel es efectivamente una instancia de recuperación, de rehabilitación para esa madre; suponiendo que sean medidas alternativas, cuál es el efecto que producen. Eso tiene que medirse, ¿usted está conforme con las herramientas de medición que existen para esos efectos?

RPM – En materia penal hay una sola herramienta de medición, no digo válida, pero sí objetiva, que es el tema de la reincidencia. Entonces yo me planteo, yo a esa persona la tengo detenida equis cantidad de tiempo, la tengo encerrada en la cárcel, sin contacto con sus hijos –porque uno va a estar eventualmente cumpliendo una medida de privación de la libertad y los más pequeños o están a cargo de un familiar o tienen que ir al INAU porque no tienen quién se haga cargo de ellos–, esa persona aislada, ¿qué posibilidades tiene de asumir su responsabilidad como padre o como madre? Y si aplicamos una medida alternativa yo creo que ahí sí el juez tiene una posibilidad a través de los informes técnicos que se hagan respecto al cumplimiento de la medida alternativa y ver si esa persona paulatinamente empieza a asumir sus responsabilidades.

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