Esto ocurre a  pesar de que hace dos meses el juez federal Sebastián Casanello pidió a ese país -a través de la Cancillería-datos sobre la compra de un campo en las playas de José Ignacio por 15 millones de dólares.
 
Así lo afirmó la diputada nacional argentina Graciela Ocaña, luego de informarse del trámite de la causa en Montevideo.

"Tememos que la cancillería argentina esté encubriendo y demorando para que no llegue aquí la información sobre la operatoria y no permita que lleguen y se envíen datos a Uruguay", dijo la legisladora a La Nación, en una entrevista publicada este domingo.

El martes, Ocaña  se presentará junto con el diputado de la UCR  Manuel Garrido en el juzgado de Casanello para hacer este planteo y  adjuntar además una ampliación de la denuncia que hicieron en Uruguay sobre los movimientos de dinero de Báez y los misteriosos vuelos de aviones vinculados al empresario.

La investigación es en torno a la  compra del campo El Entrevero,  150 hectáreas con costa de mar, en las afueras de Punta del Este.

Esa operación la inició Leonardo Fariña, el valijero del rodete, esposo de Karina Jelinek; el empresario Maximiliano Acosta, amigo suyo; el abogado de Lázaro Báez, Manuel Pérez Gadín, y Oscar Osvaldo Guthux, que fue hasta 2010 gerente de finanzas de Valle Mitre, el grupo vinculado a Báez, que administra el Hotel Alto Calafate, perteneciente a la presidenta Cristina Kirchner.

La sospecha es que el campo lo compró en verdad Báez, mediante testaferros, y que Fariña se habría quedado con parte del dinero entregado para la operación.

La justicia uruguaya investiga si hay allí lavado de dinero. La causa la maneja el fiscal antimafia Juan Gómez, especializado en crimen organizado, y la jueza Adriana de los Santos.

Ellos rastrearon la ruta del dinero de la operación y establecieron cómo llegaron las transferencias de dólares a Uruguay. Ese hallazgo permitirá reconstruir la ruta del dinero hasta el dueño de la plata.
"Los abogados de Báez y de Pérez Gadín están preocupados por las noticias que llegan desde Uruguay", dijo a La Nación un allegado.

Ocaña dijo que "la justicia uruguaya ha avanzado en la determinación de la compra de campos con dinero proveniente de la Argentina. Sumando a ello que estaría establecida la ruta del dinero, con el detalle de las cuentas y los bancos que habrían intervenido en esa operación de lavado de dinero. Esto es lo más significativo" señaló.

La legisladora se mostró preocupada por que la información entre ambos países no fluya y se trabe en la cancillería argentina.

La justicia uruguaya -que actúa por denuncia de Ocaña y Garrido- envió el 31 de mayo pasado dos exhortos a Casanello pidiendo información sobre la causa en que investiga a Báez, pero esos escritos nunca llegaron al juzgado argentino.
 
El juez Casanello, por su parte, envió el 14 de junio exhortos a la justicia uruguaya con pedidos de información sobre la compra de El Entrevero, pero esa información nunca llegó al juzgado uruguayo.
Casanello les había pedido información a la Inspección General de Justicia, al Registro de la Propiedad y al Colegio de Escribanos de Uruguay.

"La cooperación internacional es central para investigar los delitos vinculados con la corrupción estatal. Hubo otros antecedentes, como el exhorto emitido en la justicia suiza, solicitando información sobre las causas judiciales abiertas en la Argentina vinculadas a Hugo Moyano y familiares, que nunca fueron tramitados con demoras", dijo Ocaña.

Y pidió "corroborar urgentemente y aclarar cuáles son los motivos de la demora, ya que las respuestas pueden sumar elementos sustanciales para el esclarecimiento de los hechos investigados en nuestro país y en Uruguay".

Ocaña y Garrido se presentaron ante la justicia uruguaya para ampliar sus denuncias contra Lázaro Báez, con nuevos hallazgos conocidos en el último mes sobre sus negocios. Les advirtieron a las autoridades uruguayas que Báez reconoció ante la AFIP cómo recibía valijas con dinero desde Uruguay, que llegaban en Buquebus o en avión y eran enviadas a Río Gallegos, como publicó la nacion. Además les informaron sobre los dictámenes del fiscal José María Campagnolli, que reconstruyeron una red de lavado de dinero, supuestamente ligada a Báez, con sociedades en una docena de países, incluido Uruguay.