(emitido a las 7.49 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Por estas horas ASSE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, se apresta a enviar las intimaciones a los funcionarios del Hospital Vilardebó y del centro auxiliar de Ciudad del Plata para que desocupen esos locales ocupados y se presenten en sus puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo el gremio redobla la apuesta y adelanta que, si los desalojan, irán a la huelga general en todo el país.

El decreto de esencialidad sobre los servicios de salud pública que fue emitido anteayer quiso ponerle fin a este conflicto, pero por lo visto en estas horas, no hizo más que agregar tensiones.

Las conversaciones que mantuvieron ayer el Gobierno y el PIT-CNT, que como mediador solicitó que el decreto fuera retirado, no arrojaron resultados. Si bien hasta el momento el Poder Ejecutivo no maneja la posibilidad de ordenar el desalojo por la fuerza, sí se ajustaron los detalles de las sanciones de aquellos funcionarios que no acaten la resolución. Concretamente, serán objeto de un sumario administrativo que derivará en la destitución; este mecanismo se disparará al cuarto día de desobediencia.

Con esta amenaza de sanciones ahí, arriba de la mesa, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los dirigentes sindicales?, ¿qué esperan del Gobierno para que se puedan levantar las medidas? Vamos a conversar con el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Pablo Cabrera.

¿Cuál es el panorama a esta hora, cuando son las 7.50?

PABLO CABRERA:
Para nosotros sigue siendo lo mismo de estos días: las ocupaciones con total normalidad tanto en Vilardebó como en el centro de salud de Ciudad del Plata. Los compañeros luego de las últimas informaciones, reunidos en las asambleas y lo que ha sido una discusión permanente, se mantienen muy firmes. El planteo siempre fue abrir un espacio real de negociación, tener elementos claros para poder analizar y visualizar la posibilidad de la salida del conflicto y a partir de ahí, sí, llevar adelante la suspensión de las medidas mientras se negocia. Esto no ha sucedido y por esta razón las medidas se mantienen en la totalidad en que fueron definidas desde el primer momento.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Cómo vieron esta convocatoria de ASSE a que se presenten a trabajar en su régimen habitual todos los funcionarios que están ocupando porque de lo contrario comenzarán a sancionarlos?

PC – Nosotros estuvimos también analizando ese aspecto previamente, ya que existía a nivel de la opinión pública la posibilidad de que sucediera eso. Como primera instancia los compañeros están trabajando, asisten a sus horarios y mantienen no solamente la carga horaria normal sino que en la mayoría de los casos es muy superior ya que aportan a lo que es el trabajo solidario con otros compañeros para mantener esa atención que nosotros nos comprometimos a dar desde el primer día. Lo que hace al carácter de la esencialidad está más que cubierto porque la verdadera esencialidad de los servicios tiene que ver con la atención en las emergencias, en las urgencias y los pacientes internados. Y con respecto estrictamente al decreto de esencialidad, habría que llevarlo a un análisis más profundo ya que en lo que hace a la propia redacción del decreto tiene algunos elementos que terminan siendo un tanto contradictorios. Por ejemplo, lleva la esencialidad a la totalidad de los servicios de ASSE, incluyendo con esto la conserjería, los servicios tercerizados, y Uruguay ya ha transitado hace muchos años por una situación parecida donde la OIT [Organización Internacional del Trabajo] le recomendó a Uruguay como país que tenía que revisar esas conductas. Porque si bien el derecho a la salud es un derecho fundamental que todos reivindicamos y que obviamente está por sobre todos, el derecho a la huelga también es un derecho fundamental de la gente y mientras no se superponga uno con otro no se podría estar apelando a decretos de esta magnitud. En ese sentido cuando el sindicato, a pesar de las medidas que toma, sigue adelante marcando los servicios que tienen que ver con la atención a la vida, habría que entrar a revisar esas conductas que ha tomado y determinado el Poder Ejecutivo en las últimas horas para intentar resolver un conflicto que no se resuelve de esa manera.

RA – El Poder Ejecutivo entiende que como el decreto de esencialidad abarca a todos los servicios, no se está cumpliendo con eso. ¿Qué servicios concretamente están afectando?

PC – Los servicios que se afectan actualmente son los servicios de policlínica, que son servicios de coordinación y por lo tanto se pueden rever, como sucede en cualquier tipo de medida que analizamos a lo largo de la historia de los conflictos en particular de la salud. Al atender el aspecto fundamental de las urgencias y los pacientes internados –y nosotros lo hemos hecho extensivo también a la atención de coordinación cuando son pacientes oncológicos–, se reduce a un mínimo lo que concretamente no se presta. Porque además en el caso del Vilardebó muchas de las situaciones de pacientes con coordinaciones se trata de resolver de la misma manera y la Farmacia, que es uno de los lugares clave, le brinda la medicación a los pacientes a pesar de estar el hospital ocupado. Por lo tanto, nosotros por el lado asistencial tenemos la tranquilidad [de que estamos cumpliendo], y de hecho el propio Ministerio de Salud Pública en más de una oportunidad envió inspecciones que han corroborado que asistencialmente se sigue tratando a los pacientes de la misma manera.

EC – Me interesa saber por qué se llegó a esta situación, por qué se tensó tanto la relación entre el sindicato y el Poder Ejecutivo. Estaba repasando hoy la prensa y veía por ejemplo en Búsqueda que el viernes pasado representantes del Poder Ejecutivo le habían comunicado a la FFSP que tenía una propuesta basada en la redistribución de 30 millones de pesos de los recursos asignados a la salud, pero se condicionó la presentación a que hubiera un acuerdo en cuanto a no tomar más medidas hasta la próxima reunión bipartita que estaba fijada para el martes pasado. Sin embargo, un día antes de ese encuentro, los sindicatos ocuparon un segundo centro, ya estaba ocupado el Hospital Vilardebó, que el Poder Ejecutivo entendía que debía dejarse en esa situación, no actuar, por lo delicado de ese instituto, pero se ocupó otro, el centro de salud de Ciudad del Plata, y eso llevó al Gobierno a cortar el diálogo. ¿Por qué se tomó esa segunda medida de ocupación?

PC – Primero hay que analizar un poquito la historia, porque realmente en esto se va en juego las decisiones que toman todas las partes. Nosotros desde la semana anterior, después de un plenario a través del PIT-CNT, se intentó tener contactos para visualizar una posible salida sin llegar previamente a lo que eran las ocupaciones. Cuando comienza la primera ocupación, que recordemos fue en Jardines del Hipódromo, continuamos intentando tener diálogo. Nunca pudimos acceder a lo que es realmente la negociación colectiva, tal cual está planteado en la propia ley de negociación colectiva del sector público.

EC – ¿Pero existió efectivamente esta notificación de que existía una propuesta, pero la condición era no ocupar más?

PC – No, a eso me refería con los tiempos, porque es fundamental para que la gente entienda. Se ha tomado como que nosotros hemos rechazado cosas que en realidad nunca tuvimos sobre la mesa porque nunca existió un diálogo dentro de la negociación colectiva real. Además de eso nosotros sí nos hicimos presentes en el Ministerio de Trabajo, le presentamos una propuesta por escrito y a partir de ahí se nos dijo: "serán convocados a una reunión y el Gobierno en primera instancia tratará de estudiar lo que es la propuesta". Inmediatamente después de eso comenzamos automáticamente a llamar todos los días a referentes del Ministerio de Trabajo para situar la reunión tan importante que la gente estaba esperando. Transcurrió una semana sin ningún tipo de respuesta, sin saber realmente si contábamos con esa reunión o no, y luego de una semana obviamente que la sensibilidad de la gente también pesa y el planteo fue el siguiente: nosotros ya teníamos definido un cronograma, la ocupación de Ciudad del Plata estaba ya determinada, y nosotros el día viernes ya teníamos el anuncio, se había hecho formalmente, la opinión pública lo tenía presente, los trabajadores estaban ya organizados para esto. Luego, el fin de semana, se platea la posibilidad de tener una reunión el día martes. Estos tiempos son tiempos que realmente son muy complejos y por esta razón se articula el día lunes la segunda ocupación porque obviamente que ante la demora, ante el hecho concreto de no encontrar una mesa de negociación real, desde el lado de la organización sindical también hay presiones lógicas que llevan a determinar las medidas que se van tomando.

EC – Llama la atención que además de esto que usted está señalando hubo otro factor. Ustedes anunciaron que en caso de que se los desalojara, se retirarían, dejarían las instituciones sin personal, algo que en el Gobierno entienden que no tiene antecedentes, que es de una gravedad enorme. ¿De dónde salió esta otra medida, esta otra decisión?

PC – No, el tema también tiene una interpretación. En los medios a veces cuando uno intenta dar una explicación el tiempo es corto. Si uno está ocupando, mientras está ocupando uno es responsable del lugar. En el momento en que viene la fuerza policial y desaloja al personal, en el momento en que se es desalojado está todo el personal afuera, porque obviamente que hasta el último de los que está adentro está ocupando. Entonces en ese tiempo hay un tiempo asistencial nulo, a razón de que quién se hace responsable de los pacientes mientras se desaloja al personal que está adentro.

EC – ¿Pero siempre se hace así?, ocupaciones de locales de salud pública, de ASSE, ha habido varias en la historia y no se produce ese vacío del cual usted está hablando.

PC – Claro, porque nunca hemos sido desalojados por el Ministerio del Interior, en todas las oportunidades hemos sido nosotros los que definimos que vamos a salir. Definimos con total normalidad cómo se produce la desocupación, porque también hay un proceso de carácter administrativo que exige la presencia de los escribanos que corroboran de que institucionalmente está todo como la autoridad lo dejó antes de la ocupación. Entonces en todo ese proceso se mantiene el funcionariado siempre trabajando, se da toda la situación a la inversa, se le entrega a las autoridades lo que es la responsabilidad del centro y se continúa.

En este caso no hay una mediación de ese espacio porque el poder policial ingresa al recinto y retira a la gente. Ante eso lo que nosotros estábamos diciendo era que no es necesario, si llegamos a dialogar, tenemos una mesa de trabajo, no hay necesidad de que intervenga la fuerza policial, y podemos continuar de la misma manera.

Fue un llamado de atención para que se entendiera la lógica de lo que se pretendía hacer con un desalojo por la fuerza policial.

RA – Y ahora entonces, en este punto del conflicto en el que por ahora el Gobierno no utiliza la fuerza policial pero sí manda estas sanciones, ¿qué medidas, qué pasos piensan seguir ustedes?

EC – Parecería que el Gobierno está siguiendo una estrategia de dejar un margen de tiempo desde la notificación donde al cuarto día es que empiezan los sumarios administrativos que pueden derivar en destitución. Hay como un lapso para que el sindicato razone y responda, ¿qué va a pasar?

PC – Yo creo que tenemos que situarnos también en la madurez general, en la responsabilidad que desde cada uno de los lugares tenemos, y en por qué razón no pensar en la instalación de una mesa real de discusión, con elementos, y de esa manera poder terminar con esta etapa en la cual todos estamos buscando poder tener ese espacio, tener la capacidad de diálogo y apelar a un aspecto central que es la ley de negociación colectiva. Se ha polarizado el conflicto de una manera que ha sido muy compleja, y en este caso del lado del sindicato los compañeros plantean con mucha claridad que el proceso de deterioro que se ha dado no permite avanzar si no hay desde el otro lado algún paso hacia adelante. Tenemos que recordar que este conflicto comienza con el incumplimiento del convenio celebrado el año anterior, donde todas las partes, el Ejecutivo en su conjunto, se responsabilizó de determinadas cosas que en el proceder del 2013 no se cumplieron, por lo tanto hay un primer elemento de situación sensible por la cual la gente ya define un conflicto. Si se le suma además las carencias actuales, la falta de una negociación real para resolver las cosas, obviamente que hoy es el Gobierno el que tiene la palabra pero no es a través de las medidas, sino a través del diálogo, y eso es lo que pretendemos construir.

EC – Está bien, pero las sanciones que se están previendo son muy severas. Estaba mirando el detalle: quienes incumplan con la intimación deberán adecuarse a un cronograma de descuentos que es el siguiente, por lo menos tal cual se aplicó en el caso de la Intendencia con Adeom [Asociación de Empleados y Obreros Municipales] en el año 2010. El primer día de desacato, hoy, los trabajadores serán castigados con cinco días de suspensión sin goce de sueldo; al segundo día se los sanciona con siete días más de suspensión; y cuando se concrete la tercera jornada de falta se suman ocho días más, lo que totaliza descuentos por 20 jornales. Entonces, ¿esto no lleva a que ustedes resuelvan rápido un cambio?

PC – Nosotros vamos a resolver, de hecho nos vamos a juntar ahora en la mañana, y vamos a discutir. Pero imagínese también un tema que para nosotros no es menor, y que agrega sensibilidad a esta situación: de todo esto siempre nos estamos informando a través de la prensa. Usted tiene una información que yo formalmente desde ASSE no tengo. Estas cosas también son graves porque la formalidad en los procesos es muy importante, y queremos también aclarar situaciones y poder darle luz a los problemas. Todo el proceso desde que se empezó a discutir la esencialidad, desde los procesos de si había desocupación o no, lo que significó la discusión del directorio de ASSE, lo que usted me está planteando ahora, todo ha sido a través de los medios y formalmente no existe comunicación si no hasta el último momento con el sindicato. Nosotros creemos que las vías son totalmente al revés.

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Foto: archivo

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