(emitido a las 8.34 Hs.)

ALEJANDRO ACLE:
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó ayer que un juez penal fue amenazado de muerte por parte de delincuentes vinculados a una investigación que el magistrado tenía en curso. El hecho generó una gran preocupación al más alto nivel judicial y político.

La amenaza calificada como real trascendió ayer en una nota del semanario Búsqueda y motivó una reunión entre los ministros de la corporación y el director nacional de Policía, Julio Guarteche. Que un magistrado sea amenazado de esa forma no es algo habitual en nuestro país y por eso, para conocer más sobre este caso, estamos en comunicación en este momento con el vocero de la SCJ, el doctor Raúl Oxandabarat.

¿Cuál es el grado de preocupación, de alerta, que existe en la corporación ante esta noticia?

RAÚL OXANDABARAT:
En el día de ayer el presidente de la SCJ, doctor [Jorge] Ruibal Pino, fue muy parco a solicitud de algunos medios de prensa que pretendían su declaración en relación a este hecho. Reconoció que efectivamente la SCJ estaba preocupada por este hecho, sin perjuicio de que había asumido una actitud de expectativa; la SCJ estaba esperando la dilucidación del tema mediante la investigación que está llevando adelante la Policía Nacional. Esto en realidad afecta a uno de los 21 jueces penales que trabajan en la capital del país, este juez penal estaba trabajando en una investigación concreta cuyos detalles no han sido difundidos por la SCJ, y alguno de los involucrados en esa organización se resolvió a realizar esta amenaza que se ha calificado como una amenaza con aspectos serios, con riesgo para la vida o eventualmente para la integridad del magistrado, lo que nosotros llamamos una amenaza verosímil. Por esa razón la Policía Nacional cuando es convocada por el juez, una vez que el juez ha determinado realmente la verosimilitud de esa amenaza, realiza básicamente dos operativas: una de ellas, tratar de determinar el origen de la amenaza y en caso de que sea posible identificar al responsable de la misma, y la otra tiene que ver más que nada con preservar la integridad de ese operador judicial que ha sido objeto de la amenaza. Ambos aspectos son cuestiones técnicas que resuelve la propia policía y que en definitiva acuerda con el juez para brindarle las garantías y permitir que este funcionario del Estado pueda continuar con su labor como lo hizo el juez del que estamos hablando.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Ha habido casos similares que usted recuerde? Esto tomó estado público, pero quizás no es la primera vez que sucede.

RO – En absoluto, desafortunadamente no es la primera vez que un juez uruguayo recibe una amenaza que tiene estas características de verosimilitud. Nosotros cuando hablamos de estas cosas, y para ilustrar a la audiencia en ese sentido, señalamos la simple razón de que los jueces trabajan en un ámbito conflictivo. Porque cuando hablamos de la justicia hablamos de conflictos a la interna de la comunidad que se dirimen en los tribunales, en definitiva es eso lo que implica la tarea de la justicia, dar solución a conflictos entre personas que no se ponen de acuerdo en cuanto al derecho que debe aplicarse. Esto ocurre en todos los campos de la actividad de la justicia pero muy especialmente en el campo de la justicia penal, donde el peso de la resolución del juez es el más duro porque en definitiva un juez puede resolver la sanción que consiste en la privación de la libertad y por lo tanto en un daño importantísimo a la persona que es considerada responsable de determinada conducta delictiva. Muchas veces la reacción en estos casos puede ser de amenaza en el sentido de injuriar al juez, de plantear determinadas inconductas al momento de tomar conocimiento de su resolución, etcétera.

RA – ¿Pero hasta ahora era eso lo más frecuente?

RO – Por eso digo, los jueces tienen la obligación de separar una cosa de la otra. Una cosa es la reacción que pueda tener la persona alcanzada por la resolución del magistrado, que es una reacción de catarsis, de tratar de mostrar su disconformidad frente a la situación y otra es la cuestión que hoy nos ocupa, que es una amenaza concreta que tiene un objetivo claro y que tiende a obstruir el funcionamiento de la justicia y a intentar amedrentar a los funcionarios encargados de impartir ley y orden. Esa es la razón por la cual este tipo de amenazas en concreto se toma muy en serio y desata el mecanismo que en este caso ha desatado de, insisto, investigación por parte de la Policía Nacional para determinar el origen de la amenaza y además el cuidado necesario de la integridad del funcionario que ha sido amenazado. Por fortuna, la mayor parte de las veces no son este tipo último de amenazas, las que preocupan, pero cuando surgen realmente la corte muestra preocupación.

Alguien ha consultado si realmente este tipo de amenazas están siendo más comunes que antes o no. Lo cierto es que si bien no es posible porque no se lleva una estadística en relación a eso, lo que sí podemos decir es que está causando cada vez más preocupación porque uno de los aspectos que se ha sumado en los últimos años es la constatación de que determinadas conductas que antes solo eran habituales en otros países de la región como podían ser México y Colombia, comienzan a tomar forma, a engendrarse entre las comunidades delictivas de nuestro país.

RA – ¿De qué tipo de conductas está hablando?

RO – Hablamos de este tipo de conductas que suceden cuando el crimen que es organizado –porque en realidad es un crimen cometido por grupos delictivos, ustedes han escuchado a nivel público el tema de grupos delictivos con alto poder de fuego, con mucho alcance en lo que tiene que ver con sus acciones– comienza a pensar en la posibilidad de tener este tipo de conducta para intentar amedrentar a las autoridades públicas en lo que tiene que ver con la persecución de determinado tipo de delitos. Esto no es nuevo, lo ha dicho en su momento el actual fiscal de corte, lo han dicho algunos jueces penales, algún otro académico, etcétera. Es cierto que no es nuevo, pero sí existe una preocupación creciente en lo que tiene que ver con ese tipo de actitudes de estos grupos organizados. Y esta es la razón por la cual, ocurriendo esto, hace pocos días existe esta alerta y esta preocupación de la que habló el presidente de la corte y se han tomado las medidas que se han tomado.

AA – Y con respecto a este caso, ¿se puede revelar cuál fue la amenaza concreta?, ¿fue un llamado, un mensaje?

RO – En cuanto a la vía de la amenaza nosotros concretamente lo desconocemos y esto es porque, como les había señalado al principio, el propio presidente de la corte entendió que lo más prudente era trabajar con sigilo y discreción en lo que tiene que ver con la divulgación de la información en relación a eso. Por eso nosotros manejamos muy poca información, la que nos fue permitido y se nos instruyó para manejar, y esa es la razón por la cual no podría explayarme en detalles en el sentido que ustedes están solicitando.

AA – Se anunció después de la reunión de ayer que se va a trabajar en un protocolo de seguridad para los jueces en particular, ¿eso ya está en camino, puede dar algún detalle más?

RO – Esto es una línea de trabajo que ya se viene desarrollando con anterioridad y también tiene que ver con la coordinación del esfuerzo de los poderes judiciales de Iberoamérica, que se reúnen en forma periódica en lo que se llama Cumbres de los Poderes Judiciales, que ya habían planteado este tema preocupante en relación a la integridad de los magistrados, especialmente de aquellos que trabajan en los casos más complejos. Por lo tanto habíamos mencionado que prácticas en otros países de alguna forma eran más graves que en el nuestro, porque nosotros estamos hablando de amenazas y en otros países ya están hablando de que se han concretado esas amenazas, por ejemplo con el homicidio de los magistrados que estaban investigando ese tipo de asuntos, y hablo concretamente de México o de Colombia. A nivel de Iberoamérica las supremas cortes, preocupadas también por ese tema, están trabajando en la elaboración de un protocolo de seguridad común que sirva como modelo para implantarlo en cada uno de los países si es que se considera oportuno. Respecto de esa situación fue que uno de los ministros de la corte recordó ese trabajo que se viene llevando adelante y además nos recordó también la actualidad del tema que hoy nos preocupa.

RA – ¿Cree que este hecho de que se estén incrementando este tipo de amenazas puede tener algún efecto concreto en la actividad de los jueces penales?

RO – En realidad no lo ha tenido, todo lo contrario, en este caso se han tomado las medidas para que el juez que fue amenazado pudiera continuar con su trabajo como realmente lo hizo. La idea, y es un poco lo que pretendemos transmitir mediante este tipo de intervenciones, es que la ciudadanía puede estar tranquila de que el sistema de justicia va a continuar trabajando y operando con absoluta normalidad sin que este tipo de acontecimientos termine siendo una medida de amedrentamiento que obligue a algún juez a apartarse o a no cumplir con aquella misión que le han confiado la Constitución y la ley. Todo lo contrario, la justicia continúa en absoluta situación de funcionamiento, el funcionamiento es absolutamente normal y todos los ciudadanos pueden estar seguros de que los jueces van a cumplir con su misión y el que lo requiera, porque en definitiva se trata de eso, de que los ciudadanos puedan requerir una solución de justicia a la institución, la va a obtener como corresponde con todas las garantías.

AA – Hoy el semanario Brecha publica una entrevista al secretario Antilavado, Carlos Díaz, que es consultado por otro tema, pero en un momento de la charla él sostiene que la dimensión que ha tomado en este momento el crimen organizado pone en peligro al propio Estado y para su análisis cita a un autor que ha estudiado el fenómeno a nivel mundial y que define tres etapas que tienen que ver con el accionar del crimen organizado. La primera, según sostiene Díaz, es la etapa "depredatoria", así le llama, que es cuando actúan las bandas; la segunda es la "parasitaria", en la que el crimen organizado adquiere cierto poder de presión sobre algunos organismos del Estado a los que neutraliza para la toma de decisiones; y la tercera es la "simbiótica", en la que el crimen organizado dirige al Estado. Si usted comparte más o menos este esquema, este análisis, ¿en qué etapa cree que está Uruguay?, el secretario Antilavado Carlos Díaz se le pregunta y el declina contestar, dice: "yo no se lo voy a decir, dedúzcalo usted". Pero siguiendo este esquema, ¿podría contestarlo?

RO – Comprendo perfectamente cuál es el sentido del esquema, en algún momento creo haber leído alguna cosa similar, pero creo que mi respuesta iría en el mismo sentido que la del secretario, pero no por un tema de estar impedido de hacerlo, sino realmente porque carezco del conocimiento necesario para emitir un juicio en ese sentido. Afortunadamente hay muchos profesionales en nuestro país, algunos servidores públicos y otros profesionales independientes, que se han especializado en estos temas y podrían creo que con mucha autoridad contestar una consulta de esta naturaleza. Realmente no me considero lo suficientemente informado y con el suficiente conocimiento para poder contestar con autoridad una consulta de esta naturaleza, por eso les voy a pedir que me eximan de tener que darles una respuesta.

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