(Emitido a las 07.42)

EMILIANO COTELO:
Sigue sin clarificarse la situación de la Dirección General Impositiva (DGI), en conflicto desde hace 34 días. El sindicato de sus funcionarios decidió ayer en asamblea declararse en sesión permanente y no atender al público. La gremial continúa a la espera de precisiones del ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie, a propósito de la reglamentación de la reforma de la repartición. El sindicato intentará reunirse hoy con el presidente de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, senador Eleuterio Fernández Huidobro, para plantearle sus inquietudes.

La continuación del paro afecta a empresas contribuyentes, y complica las cosas al gobierno en la medida en que se retrasa la percepción de ingresos por tributos.

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Estamos en comunicación con el presidente de la Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI), Jorge Leymonié. ¿Efectivamente, hoy no habrá atención al público?

JORGE LEYMONIÉ:
Exactamente. Habernos declarado en asamblea permanente determina que no atendamos público tampoco hoy.

EC - ¿Hasta cuándo continuarán con esta medida?

JL - Nos hemos planteado, creo que con bastante tino, esta forma de movilización de manera de poder recibir o aportar diariamente los elementos que en definitiva puedan plantear o resolver esta situación (que estamos embarcados en resolver), y no atarnos a medidas de mayor trascendencia.

EC - Pero ¿qué quiere decir eso? Hoy hay paro; ¿mañana ...?

JL - Quiere decir que estamos esperando una respuesta del Ministerio... Dicho sea de paso, estamos con mucha bronca porque sentimos que se sigue tomando el pelo no sólo a los funcionarios sino al conjunto de la sociedad, a través de compromisos que adopta el Ministerio y que después no cumple.

EC - ¿Qué compromiso no se habría cumplido?

JL - El viernes pasado tuvimos la reunión con el ministro para exponer nuestra posición respecto a este proyecto de reglamentación, sobre aquellos artículos que más nos rechinaban, y el ministro quedó comprometido a trabajar el fin de semana haciendo algunos ajustes, y el lunes darnos una respuesta. Estamos a miércoles y todavía en veremos.

La asamblea permanente, entonces, significa eso.

EC - Alfie viaja hoy a Washington para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Entonces?

JL - Y bueno: ese es el entonces para nosotros.

EC - Si los recibe el subsecretario, Alvaro Rosas, ¿está bien?

JL - Ayer, por ejemplo, estuvimos haciendo todos los esfuerzos para conseguir conversar con el subsecretario, cosa que fue imposible. Estuvimos llamando al Ministerio incluso hasta última hora, estuvimos en contacto con su secretaria, dejamos nuestros teléfonos a disposición para recibir una respuesta sobre lo que estaba pasando, pero lamentablemente el ministro y el subsecretario se fueron y seguimos en las mismas.

EC - Vayamos al fondo del asunto. ¿Cuál es el problema que les plantea esta reestructura?

JL - El tema es complejo pero, brevemente: se aprobó el año pasado la ley de mejora de gestión, que generó el régimen de exclusividad y de incompatibilidad, partidas extraordinarias, y la afectación de hasta un 25% del aumento real de la recaudación, establecidos en el artículo 2º de la ley 17.706. Eso fue lo que el Parlamento votó...

EC - El régimen de exclusividad y de incompatibilidad suena razonable.

JL - Es un principio que este sindicato ha defendido. Porque por ahí ha quedado flotando como que ese sería el problema de los funcionarios. Todo lo contrario: estamos desde hace muchísimos años exigiendo al gobierno que asuma sus responsabilidades...

EC - Es un viejo problema de la DGI en el Uruguay: que sus funcionarios (entre ellos sus inspectores) puedan terminar trabajando para las mismas empresas que son objeto de controles.

JL - Es evidente. En este momento es cuando aparece a flote pero estamos ante una gran hipocresía del Estado durante muchos años. Se aprobó en 1967 una ley que fue circunstancial, para ese momento, y al año siguiente ya estaba totalmente desvirtuada.

EC - Ustedes comparten, entonces, los principios de esta reestructura. ¿Cuál es el inconveniente?

JL - Claro. Estamos de acuerdo con la exclusividad, con la incompatibilidad; creemos que hay que marcar la cancha, pero que ante la actual realidad, evidentemente la implantación de un régimen de exclusividad significa que esa exclusividad debe tener un valor.

EC - ¿Eso no estaba previsto?

JL - Para nosotros era un tema de una cierta resolución durante todo el proceso de reglamentación que se efectuó dentro de la DGI. El propio contador Zaidensztadt organizó en noviembre pasado unas jornadas en el Parque de Vacaciones de UTE con algunos asesores de la Comunidad Europea -particularmente de España- después (hace dos meses) un par de conferencistas de la Dirección Fiscal francesa... Todo un clima de generación de cambios que entró en la organización durante este año. Estuvimos ...

EC - Pero ¿estaba previsto mejorar las remuneraciones a cambio de esa exclusividad?

JL - Por supuesto: la propia ley lo dice. Por lo tanto, durante este año, participamos en algunas instancias de reglamentación en la propia DGI, tratando de impulsar nuestra opinión y nuestras posiciones, acordamos algunas cosas entre las cuales está el tema de la exclusividad y las incompatibilidades, y también se generó un consenso respecto a valores de esta exclusividad.

Pero este proyecto que salió del Ministerio da vuelta en varios aspectos la filosofía que durante nueve meses se estuvo generando en la propia DGI. Usted me preguntará qué pasó entre el proyecto que salió de la DGI y el que viene del Ministerio. Bueno: para nosotros también es una incongruencia, porque el propio director general de la Impositiva es parte del Poder Ejecutivo, y no podemos aceptar que durante nueve meses se haya embarcado a toda una organización, se haya inculcado el cambio (todos sabemos que los cambios generan resistencia), se involucró a toda la organización, y luego aparece un proyecto del Ministerio que en gran parte no respeta la filosofía que todos los funcionarios conocimos durante este proceso.

EC - ¿Cuántos son los funcionarios involucrados en esta reestructura, técnicos y administrativos?

JL - Somos 1.300 funcionarios, en números redondos. Esa es la plantilla de funcionarios de la DGI hoy.

EC - ¿Cuál es el estado actual de la reestructura: ya está redactada y es inamovible?

JL - Hemos tenido acceso al proyecto de decreto de reglamentación de la ley. Es cierto también que parte de todo este complicado tema de la DGI está muy vinculado a la falta de información, a la no transparencia a la hora de informar qué se está haciendo. Este es un tema importante no sólo para la DGI sino para el Estado y para la sociedad: estamos hablando de qué oficina va a tener el país, su principal caja recaudadora, qué transparencia, qué condiciones internas se van a generar para cumplir eficientemente con la tarea... Creo que eso debería ser cristalino, que todo el mundo debería tener acceso a la información. Como nosotros la hemos logrado en cuentagotas y por los recursos más diferentes, nunca en forma oficial, tenemos este proyecto que apareció. No sabemos si se va a modificar. El ministro se comprometió a que se iba a ajustar y modificar, y que nos iba a dar una respuesta. Hoy no la tenemos, y por lo tanto hemos determinado el estado de asamblea permanente para ir valorando día a día y para exigir responsabilidades porque a esta altura... Es anacrónico que estemos hablando de una reforma en la DGI a 40 días de las elecciones.

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Transcripción y edición: Jorge García Ramón