(emitido a las 7.49 Hs.)

EMILIANO COTELO:
Ayer se generó una expectativa importante en los juzgados de la calle Misiones. Se presentaban ante la Justicia las siete personas para las cuales el fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento por los incidentes ocurridos el 15 de febrero en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuando la jueza Mariana Mota juraba ante los ministros para pasar de un juzgado penal a otro en la esfera civil. En esa ocasión decenas de manifestantes se congregaron para manifestar su rechazo a ese traslado.

Por aquellos hechos el fiscal Zubía pidió el procesamiento con privación de libertad por el delito de atentado especialmente agravado para cuatro militantes: Irma Leites, de Plenaria Memoria y Justicia, Jorge Zabalza, exguerrillero tupamaro, Álvaro Jaume, de la Asamblea Nacional Permanente por la Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, y Patricia Borda, profesora de secundaria militante de ADES [Asociación de Docentes de Educación Secundaria]. Además el fiscal Zubía solicitó el procesamiento pero sin prisión para el secretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo [Adeom], Aníbal Varela, y los activistas Eduardo Jaume y Diego Jaume.

Según se informó al término de las actuaciones, la jueza Gabriela Merialdo va a tomarse los 45 días que tiene para expedirse.

¿Cómo transcurrieron las cosas ayer?, ¿de qué se trataba, de qué se discutió? Vamos a conversarlo con el doctor Juan Fagúndez, abogado penalista que defiende a tres de los implicados, Jorge Zabalza, Álvaro Jaume y Diego Jaume.

¿En qué consistía exactamente la jornada de ayer? Se especulaba incluso con que los convocados pudieran quedar presos. ¿Esa posibilidad existía ayer?

JUAN FAGÚNDEZ:
Existía porque es la audiencia ratificatoria, así se llama, que básicamente es la última intervención de la defensa con sus partes antes de que el juez decida si procesa o no. Si ayer lo hubiera decidido y algún procesamiento fuera con prisión o con medidas, esas ya se empiezan a ejecutar desde el momento. Como usted bien decía al principio existe un plazo de hasta 45 días para resolver y la jueza nos comunicó que si bien pretendía hacerlo antes de ese plazo iba a tomarse unos días.

EC – ¿Por qué?, ¿la jueza entiende que este es un caso especial?

JF – Entiende que tiene ciertas aristas que hay que estudiarlas muy bien y además los defensores hicimos nuestros argumentos.

ROMINA ANDRIOLI:
Yendo a eso, ¿por dónde pasan los alegatos de sus defendidos?, ¿qué fue lo que planteó concretamente usted ayer en el juzgado?

JF – Yo lo separé en capítulos y básicamente hablamos de la judicialización de la protesta, de la politización de la justicia penal, de la primacía del derecho de reunión y la libertad de expresión sobre otros bienes jurídicos, de los errores de la vista fiscal y de la improcedencia del delito de atentado en el sentido de que las características que presenta este delito no se dieron en la realidad y por lo tanto no es pasible de castigarse por esa figura que pide el fiscal.

RA – ¿Podemos ir detallando cada uno de estos puntos?

JF – Con respecto a la judicialización de la protesta hacemos un análisis ya desde el principio de la presentación de la causa en tanto la misma fue caratulada como ocupación y desocupación del edificio de la SCJ. Hacemos hincapié en que esta manera de presentarse demuestra cierta tendencia a considerar que allí hubo una intención de ocupar un edificio cuando no fue así.

RA – ¿Y qué fue lo que hubo para ustedes en ese momento?

JF – Una protesta social. Ese signo que aparece desde los comienzos está tergiversando la realidad. Por lo tanto analizamos también desde el punto de vista jurídico, que es nuestra función, cómo esa manera de catalogar el tema se escapa del concepto jurídico de ocupar, que no tiene nada que ver con lo que sucedió. Ocupar puede ser tenido como extensión del derecho de huelga así como puede ser una de las características en el cometimiento de la usurpación de inmuebles, pero no tiene nada que ver con lo que se estaba estudiando acá.

RA – ¿Y yendo a otro de los puntos que usted planteaba?

JF – En la politización de la justicia penal introducimos el tema a través de la pretensión de la judicialización de la protesta social y cómo esto politiza el sistema penal. En este sentido: "se utiliza a la agencia represora –esto se lo estoy leyendo del acta que se tomó ayer– para intentar castigar el descontento de un sector social frente a una decisión judicial que se resume en la demora del comienzo de un acto público. Podríamos atribuirle varias finalidades a estas acciones, como por ejemplo la de sistematizar el descontento o controlar a la población con la amenaza penal frente a acciones del gobierno o de sus funcionarios que puedan llevar a manifestaciones públicas, etcétera. Lo realmente importante es determinar las consecuencias de que el derecho penal a través de sus operadores tome de la realidad eventos como los de autos para castigarlos como delitos. Consideramos que las consecuencias serían nefastas, quedaría de manifiesto un derecho penal autoritario, no ya considerando enemigo al delincuente sino considerando delincuente enemigo al que discrepa con resoluciones de funcionarios del Estado y de los poderes que lo conforman. El derecho penal extendería su función represiva del delito a la de la discrepancia y el pensamiento. Si este Poder Judicial pretende convertirse en víctima y juez al mismo tiempo, dejará de ser garantía de los ciudadanos de esta república". Y sigue, pero básicamente ese es el sentido de la politización de la justicia penal.

Sobre la primacía del derecho de reunión y la libertad de expresión, lo que se plasmó ayer en la declaración fue que a veces existen choques de normas y de bienes jurídicos. Esto es, considerar que un acto pueda terminar en un atentado o manifestar y encuadrar la conducta del acto como extensión o parte del derecho de expresión y de reunión también consagrado constitucionalmente. En esa lucha de bienes jurídicos la ponderación que se hace es teniendo cuenta el interés general también plasmado en la Constitución. De ese enfrentamiento en la protección de algunos bienes jurídicos la propia SCJ últimamente ha dado preponderancia al derecho de la libre expresión. Entonces lo que ponemos en este capítulo básicamente es el análisis, sopesamos ese interés en proteger o en este caso el tranquilo desarrollo de un acto público, contra soportar una protesta en el lugar donde se va a desarrollar el acto. Entonces decimos básicamente que también es por el propio honor y respeto que se merecen los ministros de la SCJ que parte del ejercicio de esas condiciones de honor y respeto pase por soportar que la gente presente allí, en el edificio de la SCJ, la protesta. Y son los ministros los que en sus sentencias muchas veces han defendido la primacía de este derecho a la libre expresión, interpretando que así lo quiso el constituyente como valor sostenedor de la república. En definitiva le es exigible a tan importante cargo escuchar la crítica del pueblo respecto del cual representa la garantía de igualdad y protección de sus derechos. Un poco eso es este capítulo.

RA – Por otro lado veía en las crónicas de esta mañana que usted mencionó que hubo errores en el procedimiento policial que se aplicó en aquel momento que incidieron en cómo se sucedieron los hechos. ¿Cuáles considera que fueron los errores?

JF – Eso es lo que se ve en toda la película de los hechos de ese día. El patio de la Corte se llena de gente por diferentes razones, la primera es porque había gente acompañando a la jueza Mota y a otros jueces que juraban, y porque después cuando el doctor [Raúl] Oxandabarat intentó cerrar las puertas entre la gente que estaba afuera –eso está dicho ayer también, que no quería entrar, ¿y por qué no quería entrar?, porque estaba afuera– empezó un murmullo: "Mirá, nos cierran las puertas, ¿qué está pasando?", y automáticamente, sin ser instigados, sin un plan de suspender la ceremonia, sin nada de lo ficciona el fiscal en la vista, la gente entra.

Ahí hay un segundo momento y esa gente que entra sí termina de llenar el lugar, eso sería sobre las 11.30, más o menos. La SCJ no había comenzado el acto y ahora sentía el murmullo y la presencia de gente, fue alertada de que estaba lleno y empezaron los aplausos y el "Se escucha, se escucha, arriba los que luchan", y todo eso. Entonces dispone que se desaloje la sala. Primer operativo policial que se ve en la tele, no con subtítulos que permitan separar esto, pero la realidad indica lo siguiente: consta de aproximadamente de seis policías con cascos y escudos que aparecen de repente de una puerta lateral empujando a la gente hacia las escaleras. Este operativo dura un minuto, un minuto y pico, y la gente –que estaba absolutamente tranquila, está declarado– cuando la empiezan a empujar comienza a ponerse mal en el sentido de que están recibiendo la violencia del cuerpo policial en el patio de la SCJ.

RA – Sin embargo, por ejemplo, en la vista del fiscal Zubía señala que debe resaltarse la ponderada acción policial que pese a las provocaciones reiteradas de los manifestantes allí presentes se mantuvo dentro de los límites más acotados.

JF – Eso es una visión ideológica de un procedimiento que yo nunca vi. En la televisión está: empujan a la gente y la gente empuja los escudos, porque la policía empujaba a la gente sobre la gente, no había espacio para caminar para atrás. ¿De qué estamos hablando?, ¿de qué ponderación estamos hablando cuando mandan a seis policías, que no tienen nada que ver, a empujar a 200 personas?, ¿qué ponderación hay ahí? ¿Cómo un fiscal, un tipo grande, con experiencia, puede decir que fue ponderado eso, y está filmado? Lo que está haciendo el fiscal es tergiversar la situación y decir absolutamente al revés lo que pasó. Ahí hubo un mal procedimiento policial para desalojar la SCJ que generó violencia, esa es la realidad y eso es lo que está filmado a color.

RA – Para ir redondeando, ¿cuáles son los próximos pasos?

JF – Esperar qué va a decidir la jueza, que puede decidir tres cosas: continuar la investigación un poco más diligenciando a algún medio de prueba que considere necesario, procesar o archivar. Yo creo que la primera parte no, creo que la jueza acabará por determinar el procesamiento de las personas, de todas, de algunas, y el archivo de la causa respecto de todas o ninguna, eso creo que es lo que va a pasar acá.

RA – Usted en el medio no va a solicitar, como hicieron algunos defensores, la citación de la jueza Mariana Mota, por ejemplo, a declarar como testigo.

JF – No, no. Se nos ocurrieron algunas cosas pero mis representados consideraron que ya con la vista fiscal estaba todo lo necesario arriba de la mesa como para que la jueza decida en el sentido que estime que corresponde. Básicamente acá el contradictorio se define entre si esto es una protesta que molestó a la corte y retrasó el acto tres horas y merece ser tipificado como delito, o si esto fue una protesta que demoró cierto tiempo en desalojarse, dos horas y media, y eso merece ser delito.

Yo quiero hacer dos aclaraciones. La primera es sobre lo que dijo que Zabalza, porque lo he escuchado de boca de varios periodistas y hoy también. Ellos dicen que Zabalza estaba diciendo "hay que suspender el acto". Zabalza pide suspender el acto para sacar a la gente de la Corte, no para que no se haga, y un jefe de policía lo ratificó en el juzgado. Lo que está en las actas y está declarado es que él dice: "Habría que suspender el acto" y pide al jefe de policía: "¿No le parece? En una o dos horas sacamos a toda la gente y listo". El policía va, hace la consulta y cuando vuelve le dice: "Tienen cinco minutos para irse", y la gente se fue en tres. Esto ya era avanzado el tiempo, casi dos horas, por eso le digo que eran dos horas y media mientras que se fue la gente. Fueron minutos, ahí fue el segundo operativo, se ordena un cordón que divide a la gente y la va sacando de a poco.

Y lo otro que quería decir, porque ayer me llamó mucha gente con esto y para que vea, es que tal vez el fiscal mantenga la visión de las cosas pero ayer hubo otro ejemplo muy importante sobre cómo está actuando la policía. Se cortó todo el perímetro del juzgado, históricamente cuando se corta el perímetro del juzgado, en el sentido de vallados porque traen narcotraficantes o a alguna figura importante, o lo que fuere, se hace el acceso de las camionetas contramano, o sea, Misiones desde el norte hacia el sur. Esto es porque siempre está despejado, igual que ayer, la gente suele concentrarse en la esquina de 25 de mayo y Misiones. Ayer inmediatamente de que habíamos entrado al juzgado se escucharon ruidos y quejas y todo lo demás. Después nos venimos a enterar de que alguien, distraídamente o no, intentó meter un furgón policial entre toda la gente. Y eso, según la crónica de algún diario, hizo estallar a la gente y protestar y todo lo demás, creo que hay un diario que lo titula "Asonada en la puerta del juzgado". O sea, parece escrita por el fiscal la nota también, porque es la policía la que mete el furgón arriba de la gente, la gente protesta y sin embargo se le echa a la gente la culpa de ser violenta.

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