(emitido a las 8.58 Hs.)

EMILIANO COTELO:
"Quieren desalentar esa lucha y cuentan con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Yo creo que es un síntoma de que en el Poder Judicial en estado latente hay unas cuantas larvas de terrorismo de Estado que sacan la cabecita de vez en cuando y persiguen a la misma gente que persiguieron en nuestra época."

"Hace 40 años, un 7 de setiembre, el papá del señor fiscal sacó a nueve compañeros del penal de Libertad, entre los cuales estaba yo, y nos metió en un pozo durante 11 años en estado de total aislamiento (...) Así que el recuerdo que yo tengo del padre del señor fiscal no es muy agradable."

Las frases pertenecen a Jorge Zabalza, y fueron dichas la semana pasada cuando el exdirigente del MLN cuestionaba el pedido de procesamiento realizado por el fiscal Gustavo Zubía para siete militantes a raíz de los disturbios ocurridos en la sede de la SCJ a mediados de febrero. En la misma línea se expresó la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, quien considera que "se le están haciendo mandados a la SCJ y a la impunidad".

La jueza Gabriela Merialdo tiene plazo hasta fines de octubre para expedirse sobre el pedido de la fiscalía para que cuatro personas sean procesadas con privación de libertad por el delito de "atentado especialmente agravado". Ellas son Irma Leites, Jorge Zabalza, Álvaro Jaume y Patricia Borda. Además, Zubía pidió el procesamiento, pero sin privación de libertad, para Aníbal Varela, Eduardo Jaume y Diego Jaume.

¿Por qué solicita este tipo de procesamientos? ¿Cómo observa las reacciones que ha generado su decisión?

Vamos a conversar con el doctor Gustavo Zubía, fiscal en lo penal de 8º turno.

¿Por qué elige estos pedidos de procesamiento de estos siete militantes?

GUSTAVO ZUBÍA:
Por la selección que realiza todo fiscal cuando lleva a cabo una indagatoria y llega a la conclusión de que puede centrar la responsabilidad en determinadas personas. Cuando han sucedido eventos en espectáculos públicos, eventos de violencia que tanto conocemos, a veces no se puede detener a una gran cantidad de personas o identificar o saber qué realizó cada una de ellas, entonces es con una cantidad menor que se puede identificar y saber.

Por otra parte, en este tema a mi juicio ha habido muchas falsedades. Tengo que decirlo con todas las letras, en principio no quise hablar hace una semana, pero a esta altura del partido y frente al silencio general que hay, no precisamente de quienes me imputan todas las maldades del mundo, sino de otros operadores de todo nuestro sistema y nuestro andamiaje republicano democrático. En principio porque no eran 300 las personas que estaban causando desórdenes dentro de la SCJ.

EC - ¿Ha podido sacar la cuenta a partir de los videos?

GZ - No, imposible sacar una cuenta matemática; es una cuenta de aproximación. Hubo una gran cantidad, quizás sí 300 personas, en el exterior de la Corte; luego esas personas ingresan a la Corte, donde hay determinado tipo de manifestaciones, pero frente al razonamiento que hicieron funcionarios de la Corte y funcionarios policiales que estaban en el lugar de que no se podía continuar con esa actividad impidente del acto, hubo gente que se retiró voluntariamente. Incluso en los videos se observan insultos de quienes se quedaron a quienes se retiraron. Los insultos tuvieron aquella mañana, mediodía y principios de horas de la tarde del 15 de febrero múltiples destinatarios, algunos eran los ministros de la SCJ, otro destinatario era el señor presidente de la República, otros destinatarios eran los funcionarios policiales y otros destinatarios fueron aquellos que decidieron apartarse cuando la violencia empezó a cobrar una forma física que, creo yo, hubo personas que no pensaron. Incluso había colegas, abogados conocidos por mí que se hicieron presentes en el acto con toda la legitimidad de expresar una solidaridad, pero aquello se fue desvirtuando y pienso que ese desvirtuar fue producto de determinadas personas que comenzaron, insistieron y mantuvieron una violencia que no se conocía –que yo sepa, y de acuerdo a lo que nos han declarado testigos– en el interior de la SCJ.

EC - Ya hizo una respuesta general, ahora me gustaría hilar un poco más fino. Veamos en primer lugar el delito que usted elige, atentado. Según el Código Penal, artículo 171: "Se comete atentado usando violencia o amenaza contra un funcionario público con algunos de los siguientes fines: el de impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo; el de estorbarle su libre ejercicio; el de obtener su renuncia; la prepotencia, el odio o el menosprecio. El delito se castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría". ¿Por qué lo aplica a esto que ocurrió el 15 de febrero?

GZ - Porque debo aplicar lo que las normas penales prevén, tratando de tener la garantía de que la conducta efectivamente se adecue a la norma. En el escrito de varias carillas –que sería interesante en algún momento manejarlo en su totalidad por ustedes los periodistas– estudio la posibilidad de que existan algunas figuras penales de mayor gravedad que el delito que solicito, entre las que se encuentra el delito de sedición. Sucede que también tengo que razonar y manejarme en beneficio de los justiciables –a pesar de que parece una ironía frente a los insultos permanentes y los agravios, agravios a personas de mi familia que murieron hace más de 15 años, que tuvieron actividad en hechos de relevancia en la vida política nacional hace 38 años–, dentro de las mayores garantías. Y entre el delito de sedición, que es un delito de mayor gravedad y que apunta a tutelar el bien jurídico orden político interno del Estado, y el delito de atentado, que es muy semejante al delito de sedición pero que apunta a tutelar otros bienes, en este caso el correcto funcionamiento de la administración pública y de la SCJ, debo tener la ponderación y el equilibrio de ver a qué bien jurídico se adecua. Y llegué a la conclusión, en el acierto o en el error, de que el delito que correspondería y oportunamente veremos tipificar es otro, en este caso la conducta de estas personas que ejercían violencias, amenazas...

EC - ¿Con qué fin?

GZ - Había varias finalidades. Si usted lee lo que el delito de atentado supone, hay varias finalidades y creo que casi todas encartan en lo que sucedió. Pero la básica, la sustantiva era la de obstar o impedir el libre ejercicio de las autoridades. Permítame algún ejemplito de estos de boliche –no de boliche en el sentido peyorativo, sino de la vida cotidiana–: cuando determinadas personas –y no estoy comparando con este caso, sino nada más que a los efectos ejemplificatorios de lo que son las figuras penales– entran a rapiñar, el rapiñero no comete el acto formal –y cada vez menos, ahora se utilizan otras terminologías– de decir: "Arriba las manos, esto es un asalto, queremos llevarnos el dinero". El rapiñero comete una serie de figuras penales, comienza de repente con un hurto, o termina con un hurto, porque ya ha cesado la violencia, y entre medio hay amenazas, violencia privada, privación de libertad. Esas figuras, lo que en materia jurídica llamamos el "iter criminis", el "itinerario delictivo", se van como sumando unas sobre otras, se van superponiendo unas sobre otras y el operador luego tiene que ver la macrosituación.

Acá sucede algo semejante, hubo una cantidad de situaciones dispares, hubo violencias que se ejercieron sobre funcionarios policiales, violencias que se ejercieron sobre funcionarios administrativos de la Corte, violencia que se ejerció sobre los ministros de la Corte y violencia que se ejerció incluso entre los grupos de participantes en aquel momento por los insultos que se proferían. Hay que desentrañar, y no es fácil en estos actos multitudinarios, lo que adentro sucedió. Otras figuras más graves habrían podido imputarse, pero preferí una figura que no es por supuesto tan grave, a los efectos de tener la equidad y la ponderación que un asunto de tal magnitud requería.

EC - Le planteo algunas de las objeciones, de las respuestas que han dado los involucrados. En primer lugar: "De ningún modo pretendíamos impedir el acto de asunción de los nuevos jueces; de lo que se trataba era de una protesta". ¿Qué dice?

GZ - Hubo personas que dijeron que la finalidad –está grabado, está filmado, está repetido– que tenían en aquel momento era impedir la sesión, impedir el acto, "que esto se suspenda", "que no juren los 14", "que vengan otro día".

EC - El doctor Juan Fagúndez, abogado de Jorge Zabalza, cuando lo entrevistamos la semana pasada destacaba que si bien hay un momento en el que Zabalza plantea que hay que suspender el acto, lo está solicitando para sacar a la gente de la Corte, no para que el acto no tenga lugar, sino para poder liberar el espacio.

GZ - A ver si le hago el silencio de la duración necesaria para que mi respuesta tenga ese contenido emocional que le quiero dar. (Silencio.) No comparto con el doctor Fagúndez lo que está diciendo. Pero le pido lo siguiente, no quiero hacer en este estado una especie de recurso de revisión de lo que solicité. Creo que el espectador neutro o neutral o no neutral en términos ideológicos, pero sí en términos de escuchar a todos los operadores, puede sacar sus conclusiones muy fácil de los argumentos que se están manejando.

EC - En todo caso, dos aspectos más que han estado en discusión...

GZ - Le pediría ir a lo macro, no a lo micro, que es esta discusión.

EC - Enseguida podemos ir a lo macro, pero hay un punto...

GZ - Déjeme terminar. No es porque me falten argumentos; como sobran los argumentos me parece ocioso estar discutiendo lo que ha dicho el doctor Fagúndez, incluso en forma insultante, con otros abogados patrocinantes; han perdido un estilo que tenemos que mantener –porque lo formal también afecta todo esto– para un Estado republicano democrático. Lo estamos perdiendo.

EC - Dos apuntes más. "En todo caso, los responsables fuimos decenas de personas, y no siete como son los que ahora está pidiéndose que sean procesados." ¿Qué responde sobre eso?

GZ - Respondo que pueden aparecer otras personas. Y si aparecen otras personas y se entiende que son responsables, no tengo por qué protegerlas, si cometieron delito tendrán que ser sancionadas. El tema es que en aquella oportunidad, primero, de los 300 que estamos hablando fueron un grupo muchísimo más reducido los que ejercieron estas violencias de las que estamos hablando. Y segundo, con muy buen tino la doctora Merialdo en aquel momento y frente al tipo de situación que se estaba manteniendo en la SCJ, poder de un Estado, dentro de él, dijo "no se efectúen detenciones", porque una detención iba a generar un ambiente de violencia multiplicado por quince. Y se manejaron por policía, que es el órgano que asesora y que ayuda, auxilia al Poder Judicial en la identificación de responsables de delitos. Se manejaron los videos, en la indagatoria que llevamos a cabo existieron fotografías de personas no identificadas y los operadores judiciales les solicitamos a los indagados que nos dijeran si las reconocían. Y esos mismos indagados dijeron "no los conocemos". Yo no tengo la capacidad de salir por 18 con las fotos que obran en mi poder a tratar de reconocer a las personas. Me pueden exigir que hable mandarín, me pueden exigir que camine en un solo pie, me pueden exigir que mire con un solo ojo, pero es difícil vivir la vida en forma irracional.

EC - Y hay otra objeción que elijo para plantearle, que es más general. Dicen: "Con la denuncia que presentó contra nosotros la SCJ se busca criminalizar la protesta política y social, y en particular nuestro rechazo a las posiciones que ha sostenido la SCJ en temas relativos a la ley de caducidad, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad de la ley que anulaba justamente la ley de caducidad. Se sostiene responde a órdenes del Poder Ejecutivo, para quien Irma Leites, Jorge Zabalza y quienes los acompañan en estas movilizaciones son vistos como una molestia por su posicionamiento crítico ubicado en una postura de ultraizquierda. Dicen que al Poder Ejecutivo le molesta el reclamo de estas organizaciones por verdad y justicia para violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura". Según Zabalza, "en este gobierno ha habido un clima de olvido y perdón que hace que el fiscal se sienta respaldado". Este es un gran resumen.

GZ - Son tantas cosas que necesitaríamos alguna hora de la tarde. Primero, hay ahí posturas de tipo político que no me interesan ni debo ingresar a calificar. La única que destaco es la absoluta mentira, con todas las letras que tiene "mentira", de que yo haya recibido la más mínima orden o presión de actuar. Hay gente que me conoce, y si no me conoce me ha visto actuar en muchísimas oportunidades porque ya soy un fiscal viejo, y aun gente que no ha compartido conmigo una cantidad de cosas sabe que no se me impone ninguna dirección. Los problemas que existan por fuera y entre personas que tienen un pasado común no me interesan. Yo fui un fiscal que estaba de turno aquel 15 de febrero y fui llamado por el sistema judicial, de acuerdo con mi función, a operar y se me pusieron una cantidad de elementos para que tuviera que decidir. Y yo ya no me pregunto a esta altura del partido como fiscal, ahora le pregunto a usted como periodista, porque usted vio videos, usted los vio, como los vio todo el país; entonces tratar de extraer de aquello que todos vimos que ahí no pasaba nada me parece un extremo insostenible. Si empezamos a discutir civilizadamente si lo que pasó era el 171 o el 173 del Código Penal, o el 143 o el número que quiera, me parece perfecto, pero tratar de derivar la discusión sustantiva y jurídica, que es la que corresponde, hacia temas de otra magnitud me parece un absurdo.

EC - Por último, ¿cuánto de ideológico hay en su visión de estos casos? Porque, dice Zabalza: "De la misma forma que (Zubía) persigue a hurgadores y a personas que trabajan en los semáforos, también nos está persiguiendo ahora a nosotros. Es un hombre que tiene una visión ultrafascista de la sociedad", y habla de la "continuidad" entre su actitud y la de su padre, el general Eduardo Zubía, durante la dictadura.

GZ - Lo dije en otra oportunidad, el amigo Sigmund Freud, el brujo de Viena, sostenía en aquellos análisis psicoanalíticos, que algunos están demodés y otros siguen en carrera, que uno les imputa a los demás zonas que no quiere ver en sí mismo. De ideológico nada. Algunos operadores olvidan que yo he pedido procesamientos de intendentes en actividad, oficiales superiores del Ejército en actividad, ediles en actividad y empresarios con salarios de más de 50.000 dólares por supuesto que en actividad. Si nos queremos olvidar de eso y nos queremos centrar en los hurgadores y en los menores infractores, perfecto, cada uno ve de la misa la parte que le interesa, pero si quiere hablamos y largo de procesamientos que he solicitado de personas que tienen "una gran prestancia social". Parece que no interesa acordarse de ellos.

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EC - El doctor Gustavo Zubía y su pedido de siete procesamientos a raíz de los disturbios del 15 de febrero en la sede de la Suprema Corte de Justicia, con él estamos conversando esta mañana en En Perspectiva.

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EC - ¿Cómo observa las repercusiones que este caso y el trámite que está teniendo en la Justicia vienen generando a nivel político?

GZ - Una de las razones de mi presencia hoy, de haber aceptado su amable invitación y hacer la entrevista, es que estoy sintiendo un silencio ensordecedor. Un silencio que me parece que no es que no esté acorde con el pedido de dictamen del fiscal –yo soporto, para eso tengo lomo, no en gran cantidad, pero tengo lomo de viejo–, hay un tema institucional acá. Acá se le pega al línea para influir sobre el árbitro. Yo soy el línea, acá hay una persona, una distinguida magistrada que está llamada a decidir en este punto, una magistrada con la que hemos tenido en el pasado discrepancias y he tenido que interponer recursos, entendiendo que no es lo correcto y ella a su vez entendiendo que el fiscal no había hecho la solicitud pertinente. Es decir, la diferencia, la discrepancia es lo diario en el sistema judicial, pero esa magistrada tiene que tomar intervención en un tema en el que a cada uno de los operadores que han estado vinculados con los hechos se lo golpea, se lo insulta, se lo denigra, los propios letrados patrocinantes de las personas a las que estamos haciendo referencia denigran e insultan permanentemente a los operadores, en mi caso. Y se puede suponer entonces, por una inferencia mediata, que llegado el momento en que se tomen decisiones que puedan no ser agradables a las personas, que son ciudadanos como todos en esta República y tienen que acatar las decisiones judiciales, pueden tomar medidas que tampoco van a ser agradables para los terceros operadores.

EC - ¿Por qué hace este análisis cuando le preguntaba por la repercusión política?

GZ - Porque el sistema judicial está enfrascado, está metido, está imbricado con toda la estructura del Estado, y la estructura del Estado es básicamente política, pero no político-partidaria, es un concepto político mucho más profundo. Si el sistema judicial fue desconocido en febrero, en la sede de su cabeza y se accionó sobre las personas que están en su órgano director, del Poder Judicial; si el miércoles pasado a un magistrado que tenía que tomar intervención en estos asuntos se le hace una manifestación en la puerta del juzgado y se impide que la policía llegue con los vehículos –por otros temas que no eran los temas que nos ocupan–; si a mí en lo particular se me insulta por intermedio de la prensa o en lo personal –yo he recibido insultos directos de personas apostadas en la puerta del juzgado–, ¿adónde vamos? Esa es la pregunta que me hago. ¿Cómo los operadores del sistema judicial podemos trabajar y no existen voces –con excepción de las que el señor presidente de la República emitió, que me parecieron oportunas, algunas no las terminé de dilucidar todavía en su totalidad– que digan no que el fiscal tiene razón o deja de tener razón, eso es absolutamente pueril, sino "respetemos las reglas de un Estado civilizado de derecho"?

EC - A usted lo preocupa ese silencio.

GZ - Me preocupa, porque acá, tanto a la Corte en aquella oportunidad como a una espera que tiene que ser pacífica para la resolución del juez... Imagínese que en la sala de un juzgado un juez tiene que resolver, a veces los jueces tienen que decidir en las 48 horas que todos sabemos, el fiscal le pide una solicitud de procesamiento, el juez tiene que decidir en dos horas porque se le vence el plazo, y que en la sala de espera de ese juzgado estuviera un grupo de 60 personas gritando, insultando, impidiendo el tránsito. No sería lo más acorde para el sistema, estamos de acuerdo. Como a veces comentábamos, cuando yo estaba en menores infractores, sobre los grupos de familiares en las puertas de los juzgados que también gritaban, insultaban, presionaban. ¿Debemos aceptar ese clima resignados, como que no hay otra posibilidad? Creo que hay un llamamiento y ese es el motivo de mi presencia acá hoy.

EC - También es cierto que el fiscal y el juez por definición tienen que estar acostumbrados a las presiones y tienen que ser impermeables a esas presiones. Entonces la pregunta podría ser: ¿cuál es el límite de la presión?

GZ - El límite de la presión es el que marca el derecho. La pregunta es: ¿podemos sostener que una persona debe ser insultada, debe impedirse el tránsito de los funcionarios públicos en la puerta del juzgado, debe accionarse también mediante presiones, gritos o insultos sobre otros magistrados? Creo que ese límite no tiene por qué manejarse como lógico y racional. En este momento en las redes existen todo tipo de fotos, dibujos de los magistrados implicados con expresiones absolutamente insultantes y denostantes. Así que no nos chupemos el dedo, no seamos inocentes, esto es algo que tiene una finalidad, no es una explosión meramente emocional.

EC - A usted lo preocupa la forma como está siendo presionado el Poder Judicial en este caso en particular.

GZ - Sí, porque yo ya no soy presionable, ya emití mi dictamen, a mí ya me insultaron antes de que emitiera el dictamen, por lo tanto mi dictamen está arriba de la mesa. Pero en este momento hay una señora magistrada que tiene que emitir su dictamen, y su fotografía, sus datos personales están circulando en las redes sociales y no precisamente en forma de una discusión calmada.

EC - A usted lo preocupan esas presiones, lo preocupa el silencio en el sistema político; ¿tiene una interpretación de este silencio?

GZ - No, por ahora estoy simplemente observando. Y lo que observo es que hace más de una semana que incluso en lo que llamamos la "prensa grande" de este país están circulando todas estas versiones denigrantes, denostantes, presiones sobre los operadores. Si yo soy un fiscal y me han presionado, me han dicho lo que debo hacer, estoy en la línea de la responsabilidad penal; se está diciendo entonces que el operador es un operador delincuencial, porque el fiscal tiene que tener independencia en estos temas, no se le puede marcar la cancha. Entonces estamos tirando imputaciones, insultos, y creo que no tengo por qué responder yo, el que está escuchando en este momento se puede hacer una composición de lugar acerca de si ese es el clima en que se debe trabajar en este país.

EC - Usted señalaba recién que repercusiones a nivel político prácticamente no hubo, y destacaba la excepción del presidente Mujica.

GZ - No, yo sé que usted engloba todo en lo político, yo sería un poquito más aséptico, no es la palabra "político" en el sentido de político partidario o político de quien está en el ejercicio de un cargo nítidamente político. Creo que es más amplio, no ha habido manifestaciones de otros sectores que creo que deben estar permanentemente muy atentos al devenir de estas cuestiones judiciales y a preservar lo judicial de cualquier tipo de intervención o de influencia. Es más amplio el concepto que le manejo.

EC - ¿Y cómo vio lo que dijo el presidente Mujica? Algo ya comentó, Mujica dijo el viernes en su audición de M24: "Es cosa buena que los actores políticos no procuremos mezclar a la justicia en nuestras vicisitudes y crispaciones de carácter político. Es una vieja lección, pero, como tantas cosas, los hombres estamos expuestos a caer en viejos errores". Habló de la separación de poderes y agregó: "La justicia, para bien o para mal, está totalmente separada del Ejecutivo y el Legislativo, lo mismo pasa con las fiscalías, que son autónomas e independientes, y obviamente cuando la justicia decide, a través de la alta Corte de Justicia, es conocido que el Poder Ejecutivo ha tenido fallos adversos más de una vez y como tal ha tenido que acatar. Se puede discrepar, pero discrepar no significa que se pueda no acatar".

GZ - Como le dije recién, me parecen correctas las manifestaciones del presidente, son manifestaciones diría de tapa de libro, es decir, ya Carrara, hace cientos de años, sostenía: cuando la política entra por la puerta, la justicia huye despavorida por la ventana. Parece que cuando un operador fiscal tiene que decidir en un sentido o en otro siempre se le va a poder imputar una intencionalidad política, y digo en este momento –y lo digo por mi honor– que eso en absoluto estuvo en la tapa cuando me tomé el trabajo de estudiar este expediente. Cuando en otras oportunidades tuve que pedir procesamientos de algunas personalidades que no precisamente pertenecían a la izquierda obviamente se me imputó una intencionalidad de signo contrario. Ahora que –yo no elegí estar de turno el 15 de febrero– tengo que pedir estas responsabilidades por evidentes actos, de los cuales a cualquier persona desprevenida, del mero hecho de ver los videos le surge una conclusión, por pedir estas responsabilidades se me está imputando toda esa caterva. Como le decía hoy, mi padre falleció hace 15 años y hace 38 años de que tuvo la última intervención, entonces estar removiendo permanentemente y tratando de sacar intencionalidades de aquellos barros es algo que me parece absolutamente menor y no hace a la convivencia democrática y republicana.

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EC - La del estribo: se conoció ayer una carta abierta de Irma Leites –se publicó en el fin de semana pero tomó estado público más amplio ayer– en la que señala que si se le ordena cumplir prisión domiciliaria no va a acatar el fallo judicial. Sostiene: "mi casa no es una cárcel sino un espacio de libertad". Usted efectivamente maneja que en el caso de Irma Leites el procesamiento pueda ser con privación de libertad –no con prisión, privación de libertad–, lo que da pie a esta posibilidad, la de la prisión domiciliaria. ¿Qué dice de una reacción como esta?

GZ - Que toda persona procesada tiene la opción, en caso de que se le ofrezca en sustitución de la prisión una medida de otra magnitud, de afectar la elección. Esa libertad no se la coarto a nadie, y además no sería yo sino el sistema judicial, es la jueza la que tiene que tomar la decisión. Jueza a la que estimo que en este momento no se le están dando los elementos de estabilidad, más allá de que descuento que es una persona con mucho carácter y con mucho temple para hacer frente a las vicisitudes que estamos viviendo.

EC - ¿Qué pasa si...?

GZ - Es una opción, el indagado o el procesado en ese caso dice "no quiero la prisión domiciliaria" y tendrá la opción –y me parece una opción perfectamente respetable– de decir "quiero ir a prisión". En este caso yo comprendería las razones.

EC - ¿Comprendería las razones?

GZ - Lo dejo ahí. ¿Usted decía que era la última pregunta? Me hizo tres al hilo.

EC - Hagamos una más; ¿tiene respuesta para esta pregunta?

GZ - No, comprendería las razones que tiene todo indagado de optar, en sustitución de la prisión domiciliaria, por la prisión. Por la misma razón –ya que me tira verdes y yo recojo maduras– de que alguno de los abogados defensores dijo que acá el fiscal se equivoca en el mamarracho de su dictamen, que en lugar de pedir el delito de atentado tendría que haber pedido el delito de sedición, diez veces más grave. Misterios de la naturaleza. En el Discovery hay algún programa "Misterios de la naturaleza", porque los letrados patrocinantes, en una forma que yo por lo menos en muchísimos años de ejercicio profesional no había observado hasta ahora, solicitan imputaciones o estiman que son las imputaciones más gravosas las que deben aplicarse.

EC - ¿Qué está sugiriendo? ¿Que hay un afán de victimización?

GZ - No, no; digo nada más misterios de la naturaleza. Discovery, 20.30; se lo recomiendo.

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Transcripción: María Lila Ltaif

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