Desconocidos lanzaron a primera hora de la mañana una bomba incendiaria en el local  de la Fundación de Cultura Universitaria ubicado en la calle 25 de Mayo, en la Ciudad Vieja.

"Algunos grupos han tomado esto de manera radical y de mala manera. En las primeras horas del día tiraron una bomba incendiaria contra la puerta de nuestra sede en la Ciudad Vieja", informó en el programa En Perspectiva el presidente de la Junta Directiva de la FCU, doctor Marcelo Vigo.

El atentado no tuvo consecuencia alguna. "Por suerte, un portero de otro edificio que logró ver el incendio que se estaba provocando y logró apagarlo y, posteriormente llamar a los Bomberos. Por suerte, no pasó a mayores", agregó Vigo.

Después de dos años de investigaciones, la Justicia del Crimen Organizado procesó ayer a 14 propietarios de locales por la venta sin permiso de copias de libros de texto universitarios. Y también, aparentemente, puso fin a una actividad notoriamente ilegal pero que estaba casi institucionalizada y se realizaba a la vista de todos.

El tema acaparó buena parte del debate público desde que en la mañana del pasado lunes Interpol allanó la Galería Montecarlo, a pocos metros de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y puso sobre el tapete la tensión muy delicada que existe entre los derechos de autor y los derechos de acceso a la educación y a la formación.

La actuación judicial se originó en una denuncia que hace dos años presentó la Fundación de Cultura Universitaria, la editorial responsable de muchos de los libros que eran fotocopiados ilegalmente. En un comunicado difundido ayer, esta institución sostuvo que la demanda no es contra los pequeños comerciantes, "sino contra verdaderas organizaciones empresariales que basan su actividad no solo en la evasión del pago de obligaciones fiscales sino en el abuso de la actividad e inversión de autores y editores, a costos inexplicables que ameritarán seguramente otras indagatorias".

"Por un lado están los derechos de autor, fotocopiar libros es un delito. La denuncia en particular contra estos comercios de la galería apunta a grandes empresas organizadas que la Justicia penal los sigue investigando hoy en día. En segundo lugar tenemos el tema del acceso. El fotocopiado ilegal de libros lo que termina redundando es en un encarecimiento de los libros", explicó Vigo.

"Para tener una idea. A la Facultad de Derecho ingresan unos 3.000 estudiantes. Nosotros los tirajes que solemos hacer andan en el entorno de los 300, 400. Muchas veces la segunda edición de los libros no se puede volver a hacer porque a la semana que sale, ya se está fotocopiando. En muchos casos ni siquiera se logra agotar la primera edición. Entonces, el costo de no vender esos libros se debe repartir entre los demás", añadió.

"A su vez, como cualquier impresión, en la medida que se editan menos cantidades, el costo por unidad aumenta".

"Somos una entidad sin fines de lucro y no se reparten utilidades, todo lo que se recauda se destina al año siguiente a la publicación de libros. En la medida de que se amplia la cantidad de ejemplares que se editan, es posible bajar costos porque la ganancia en la Fundación no es lo que interesa, sino todo lo contrario poder editar para que el costo pueda ser más accesible".