La mujer había sido condenada en su país a más de 3000 años de prisión por terrorismo, pero en virtud de una ley de 1973 sobre acumulación de penas se fijó la duración de su detención en 30 años.

En 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado Español por haber aplicado retroactivamente la ley y postergado la liberación de esta militante de ETA, que por aplicación del sistema de reducción de penas, podría haber salido en libertad en 2008.

La Audiencia Nacional española postergó su liberación invocando una jurisprudencia que estipula que los beneficios deben aplicarse por condena y no sobre el límite de encarcelamiento de 30 años.

En su decisión, el Tribunal señala que la aplicación retroactiva de una ley "sólo es admitida cuando el cambio legislativo es favorable acusado" y por tanto España viola el artículo 7 de la Convención Europea por el cual "no hay pena sin ley que la establezca". El pasado viernes 25 la Audiencia decretó la libertad de un segundo etarra también beneficiado por el fallo del Tribunal Europeo.

La Suprema Corte recordó la polémica que en Uruguay se centró en la aprobación en incorporación en el Derecho de los "crímenes de lesa humanidad", luego que fueron cometidos dichos delitos.

La corporación compara el reciente fallo europeo para resaltar que las reglas que establecen su imprescriptibilidad no pueden ser aplicadas porque sería conferir a dichas normas penales carácter retroactivo, en contravención a las normas y principios constitucionales.

La SCJ sostiene que, al igual, que ocurrió meses atrás en Montevideo, las voces de algunos operadores políticos en España cuestionaron las decisiones del Tribunal Europeo y de la Audiencia Nacional. "Esa sentencia no me gusta nada. Me parece injusta y equivocada", afirmó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La corporación recoge estas declaraciones para sostener que "las similitudes con nuestro país están a la vista".