Según publica el diario El País, se trata de las firmas Barraca Deambrosi, Gibur, Domingo Ghelfa (Pontevedra), Vulcania y Pancini, que se asociaron con fines anticompetitivos fijando cuotas de producción y acordando precios de venta de salsa de tomate.

El matutino agrega que las empresas están siendo notificadas de la sanción y está previsto que se les aplique una multa; la más severa podría llegar a casi unos 11 millones de pesos.

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía, comenzó a estudiar este hecho después de recibir en 2010 la denuncia de un productor que en primera instancia formó parte del cártel y luego decidió retirarse por tener diferencias con las otras cinco compañías que le impedían su crecimiento empresarial y que compitiera por precios, señala el matutino.

Ahora de todas formas las empresas pueden presentar descargos para intentar revertir la decisión de la comisión.