Los militantes ambientalistas Álvaro, Diego y Eduardo Jaume, la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, la docente Patricia Borda, el secretario general de Adeom Aníbal Varela y el extupamaro Jorge Zabalza irán en la tarde de este lunes a sede judicial para presentar la apelación al procesamienento en su contra dictado por la jueza penal Gabriela Merialdo.

La semana pasada la magistrada les tipificó un delito de "asonada" por su participación en la movilización que febrero pasado se hizo en la Suprema Corte de Justicia para protestar por el traslado a la órbita civil de la jueza penal Mariana Mota, que investigaba 50 causas vinculadas a los Derechos Humanos.

Si bien no se trató de un enfrentamiento grave, los forcejeos con la Policía y las protestas en el interior de la sed de la corporación motivaron la suspensión momentánea de la ceremonia, en la cual también debían jurar otros magistrados. Por este motivo es que Merialdo los procesó.

En comunicado difundido en las últimas horas, estas siete personas insistieron en que fueron "seleccionadas" por la magistrada entre los "varios cientos" que ese día "expresaron libremente su rechazo al traslado de la jueza Mota, decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia para endentecer la investigación de los delitos de lesa humanidad que se sustanciaban en el juzgado a su cargo".

Los activistas aseguran que los procesamientos dictados por Merialdo – que curiosamente también fue trasladada recientemente a la órbita civil, pero en su caso por propio pedido – "lesiona la libertad de los ciudadanos para manifestar su pensamiento y opiniones, valor esencial para la vida democrática de los pueblos y, en especial, para continuar la lucha por Verdad y Justicia".

La apelación será presentada a las 17 horas en el juzgado de la calle Misiones. Los procesados van más allá y "exigen" a la SCJ que declare inconstitucional la resolución de Merialdo.

Se convoca además "a las organizaciones sociales y a los ciudadanos que entiendan necesario defender la libre expresión de las ideas", a acompañar y respaldar la presentación de los recursos en la tarde de este lunes.

El PIT CNT, sindicatos de la educación y varias organizaciones vinculadas con los Derechos Humanos exigieron este viernes "la revocación del auto de procesamiento" contra los siete activistas.

En una declaración conjunta que incluyó también a organizaciones como Madres y Familiares de de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, Crysol, Serpaj o la Fundación Mario Benedetti, los colectivos consideraron "desmesurados y gravísimos los procesamientos por episodios que no sólo no constituyen delito sino que interpretándolos jurídicamente de esta manera se vulnera la libertad de expresión".

También el FA se sumó al rechazo a los procesamientos. El viernes pasado la Mesa Política había expresado "su preocupación por este tipo de dictámenes que podrían llegar a lesionar el legítimo derecho a manifestarse que debe ser garantizado en una sociedad democrática", en una declaración aprobada por mayoría.

La Fenapes, que había convocado el jueves pasado a un paro general por 24 horas en repudio al fallo de Merialdo, analizará en las próximas nuevas medidas para exigir su revocación.