(emitido a las 7.49 Hs.)

EMILIANO COTELO:
La muerte de un joven provocada por un efectivo de la Guardia Republicana el lunes pasado en la zona de Santa Catalina conmovió al país y sacudió a la propia Policía. Ustedes conocen lo que vino después: el autor de los disparos fue procesado por homicidio y otros tres policías quedaron a disposición de la Justicia. Pero más allá de las responsabilidades individuales que le caben a los agentes, este hecho abrió un debate muy fuerte porque se suma a otros que se han venido dando en los últimos meses y que hablan de excesos cometidos por funcionarios policiales. En algunos casos con resultados de muerte, pero en otros con denuncias que incluso han ido a parar a la Justicia a propósito de malos tratos, ya sea verbales, como físicos.

Hoy el matutino la diaria agrega otra perla a este collar. La noticia aparece en la página 2 y dice que la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó una denuncia penal por una golpiza policial a una joven en el propio barrio de Santa Catalina, horas posteriores al homicidio de Sergio Lemos.

Hemos escuchado varios puntos de vista en estos días en En Perspectiva, en particular escuchamos al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. ¿Qué dicen los propios policías?, ¿qué dicen los gremios que los representan? Vamos a conversar con el Sindicato Único Policial del Uruguay, estamos con Miguel Barrios, es estudiante de derecho, dirigente y secretario de Asuntos Legales de este sindicato.

En primer lugar una pregunta general: ¿qué reacción tiene el sindicato?, ¿cómo observa un hecho como el de la semana pasada?

MIGUEL BARRIOS:
Con mucha preocupación. Nosotros esperábamos con mucha atención el fallo judicial y algunas pericias, que en ese momento la jueza había diligenciado, y otras que el Ministerio del Interior había aportado en las dos investigaciones administrativas que se habían instruido.

EC – Sí, ¿y entonces?

MB – Lo observamos con mucha preocupación. No es un hecho menor que haya un procesamiento por homicidio simple en el marco de un procedimiento policial. Eso indica que la jueza tenía elementos de convicción suficientes que fueron recabados por la investigación policial, pero no deja de ser un hecho grave. Más allá de la segunda lectura que se le pueda dar sobre que la Policía, como manifestó el ministro, se investiga a sí misma. Es un hecho grave en sí mismo, la pérdida de una vida en el marco de un procedimiento policial en esas circunstancias, que resultaron probadas en la Justicia.

EC – Usted dice que es grave. Todos coincidimos en que es grave, pero me interesa verlo desde el lado de los policías.

MB – El procesamiento con prisión es el inicio de un procesamiento judicial. Eso no indica que en las subsiguientes pericias o investigaciones que realice la Justicia, así tanto como el Ministerio del Interior -que aparentemente se muestra con una convicción que a veces asombra sobre ciertos puntos que no se demuestran probados para la Justicia-, esto no quiere decir que haya más procesamientos, o incluso menos, si la carátula cambia o hay otros elementos de convicción que inclinan a la magistrada a cambiar su fallo.

EC – No logro que usted avance un poco más en la evaluación de los hechos, porque estamos hablando de policías que cometerían abusos. Por supuesto que tiene razón, acá hay un procesamiento, esto no indica todavía nada definitivo, pero se suma a una larga serie de noticias de los últimos tiempos. Por mencionar un caso, pienso en lo que ocurrió el miércoles 23, en el Comcar, cuando funcionarios policiales reprimieron un motín y hubo dos presos muertos. Según dijo el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, si no hubo más muertos fue casualidad, porque estos funcionarios utilizaron armas con munición letal, disparando desde la azotea de un módulo a otro, donde estaban ubicados los presos en rebeldía. Se disparó de manera horizontal, o sea que pudo haber efectivamente más víctimas. Hubo más heridos.

Podría mencionar esto o las denuncias sobre malos tratos en el propio barrio Santa Catalina. ¿Cómo observa todo esto un sindicato como el suyo?

MB – Las denuncias contra los funcionarios policiales que intervienen en los procedimientos son casi moneda corriente. Generalmente se encausan por la Dirección de Asuntos Internos, allí se despliegan investigaciones administrativas sobre el marco del procedimiento en cada caso, evidentemente, como nosotros, ellos tampoco generalizan, van caso a caso resolviendo y viendo las particularidades de cada uno. Muchas de estas investigaciones, que se inician y que ahora toman una notoriedad pública, no terminan en un resultado administrativo que merezca reproches a los trabajadores policiales. Hay otras veces que sí, en que se prueba algún exceso, alguna irregularidad desde el punto de vista administrativo -hablo de las normas de procedimiento policial-. Pero muchas veces no resulta en eso.

Contestando su pregunta sobre la serie de denuncias que se empezaron a hacer ahora. No, yo le digo que es moneda corriente el tema de que hay personas que sienten que se le vulneraron sus derechos y que en su derecho mismo concurren y hacen la denuncia. Esto de la Institución de Derechos Humanos es nuevo en el sentido de que la denuncia es encausada en el 0800 5000 o en Asuntos Internos. Veremos qué resuelve la Institución, al que además le tenemos mucha confianza.

EC – ¿Pero ustedes no tienen la preocupación por la actuación policial? No le estoy hablando de la actuación en general, con estas consideraciones no estoy incluyendo a todos los agentes, pero da la sensación que hay funcionarios con una cierta tendencia a sobrepasar los límites legales de su accionar.

MB – Preocupación siempre. Primero porque en muchos casos se trata de trabajadores policiales que están dentro de nuestra organización, y segundo porque aunque a veces no se trate de esos trabajadores, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando las autoridades públicas -sean de cargos estatales o figuras públicas- hacen declaraciones y generalizan, aunque sea a un grupo mínimo, echan un manto de oscuridad sobre el trabajo del resto de los funcionarios. Hablamos de 26.000 policías que trabajan de forma ejecutiva en la calle, entonces una declaración general, aunque sea menor, tensiona la relación entre el habitante y el trabajador policial. Sin duda que nos genera preocupación.

EC – ¿Pero a ustedes les genera preocupación las declaraciones que hacen las autoridades, por ejemplo el ministro del Interior, o los hechos?

MB – Los hechos primero que nada, por una razón muy simple: nosotros insistimos en que ciertas particularidades que tiene la formación del trabajador policial hoy en día deben tener otra profundidad.

EC – Ahora sí estamos yendo un poco más al fondo del asunto. ¿Ustedes entienden que hay problemas de formación en la Policía, de nerviosismo, de que hay funcionarios que se sienten presionados, eventualmente atemorizados? ¿Por qué ocurren estos hechos de los que estamos hablando con tanta frecuencia?

MB – Se pueden hacer esas lecturas, puede haber casos donde un exceso de nervios puede jugarle una mala pasada al trabajador policial. También puede haber una mala interpretación de la normativa policial. Nosotros poníamos como ejemplo el caso de Aeroparque, en Canelones, donde se trata de detener un vehículo a través de los disparos policiales. Allí la lectura más objetiva para nosotros es el artículo 20, literal d, de la ley de procedimiento policial, que habla de cómo se detienen o inmovilizan vehículos que no respeten el alto policial, y no cumplan ante las orientaciones que haga la Policía una vez que se identifica como tal o está uniformada y por tanto identificada en un vehículo policial. Ese marco habla de la detención, pero la detención e inmovilización de vehículos se aplica por ejemplo tirando una cadena de miguelitos -elementos que se usan para detonar las llantas-, haciendo una barrera de contención con vehículos, usando el propio patrullero para sacar al vehículo de la ruta; pero no disparando, eso viene en el artículo 23 y siguientes, que hablan del uso de la fuerza y particularmente del uso del arma de fuego. Es decir, se podría profundizar en la formación integral de los trabajadores policiales, pero lo que pasa es que siempre, y esto ustedes lo van a ver en los próximos meses o años, cuando no se profundizan los conceptos hay cosas que evidentemente van a salir mal o se van a interpretar mal. De ambas partes, a veces los trabajadores policiales interpretan mal las normas que tienen que aplicar y otras veces hay personas que creen que la policía no tiene derecho a hacer, por ejemplo, una incomunicaicón policial las primeras dos horas de detención. Entonces eso genera una denuncia en Asuntos Internos, que despliega su investigación administrativa, cita a los funcionarios, incluso tiene capacidad de detención para investigar, y resulta que efectivamente estaban bien aplicadas las normas. Serían esos dos casos.

EC – Me pregunto qué hace una institución como la que usted representa, el Sindicato Único de Policías del Uruguay con sus afiliados, para promover la actuación policial de acuerdo a las normas vigentes. Y por otro lado, una actuación inquieta, preocupada, por no alterar el vínculo entre la institución y la sociedad.

MB – Cuando se empezó a trabajar sobre ese tema con detalle, dentro de la institución se pactó no defender delitos infames, como violencia doméstica o violaciones, que no responden a errores de procedimiento. El sindicato ya tiene claro y pactado con los trabajadores afiliados que esos casos no son defendibles para la organización. En los casos que tienen que ver con delitos directamente se comunica a Asuntos Internos cuando se detecta, y esto no solo a nivel de los trabajadores, sino también de los superiores. Cuando encontramos a un superior que toma decisiones o da órdenes contra el derecho que tiene que regir dentro del procedimiento policial, radicamos la denuncia directamente. También los casos de corrupción se denuncian en Asuntos Internos.

Quizás ustedes no lo sepan, pero eso termina en las manos del ministro, quien termina decidiendo sobre esa investigación que Asuntos Internos culmina.

EC – Usted está marcando límites, en qué casos el sindicato no defiende a sus afiliados. Pero yo le estaba preguntando por algo distinto, por políticas activas que el sindicato siga o haya resuelto seguir para colaborar con las autoridades, con el Ministerio del Interior, con la Jefatura de Policía, en la mejora del servicio y en especial de la relación del policía con la sociedad.

MB – Hemos elevado tres proyectos articulados que tienen que ver con una mejor instrucción de los funcionarios, una mejor capacitación, una mejor manera de evaluarlos, y también insistimos con el criterio de la capacitación permanente. Quiere decir que el Ministerio del Interior tiene la estructura, los medios, para capacitar a los funcionarios policiales todo el tiempo en todo el territorio. Hoy a través de una simple computadora, se hizo a través del Plan Ceibal, se puede ir descargando información y actualizando a los funcionarios en cada medida de cada orden. Esto todavía no avanzó, hay una luz en el Ministerio que se prendió, que lo están haciendo para ciertos cursos en particular, pero no sobre la normativa y la legislación policial. Habíamos propuesto que a los trabajadores policiales se los instruyera en la lectura profunda de las normas, que se les acercara un poco más con algunos actores del Poder Judicial para que ajustaran los conceptos jurídicos que tienen que aplicar a la hora de los procedimientos, y que a la hora de ser evaluados no lo hicieran por un ejercicio de la memoria. En una evaluación después de un curso o concurso va a encontrar a un trabajador policial sentado que recibe unas preguntas que tiene que copiar y unas respuestas que son casi automáticas, nos parece un horror. En este caso nosotros proponíamos el formulario de triple o cuádruple posibilidad de respuesta para una sola pregunta. ¿Por qué?, porque esto obliga al funcionario policial a razonar y no solamente usar la memoria, que es lo que sucede hoy y que lleva a veces a confundir por esta repetición de fórmulas hechas en las respuestas, lo que implica que no se está razonando, que no se están considerando elementos que podrían virar grados la actuación policial. Tanto sea en la respuesta verbal que se le da a la persona, como el uso o no de la fuerza, cuándo corresponde o no.

EC – Son propuestas interesantes, pero yo estaba apuntando a lo que el sindicato puede hacer por sí mismo con sus afiliados, el sindicato trabajando hacia adentro con sus afiliados, no esperando que las autoridades, el Ministerio o la Jefatura, lo hagan.

MB – En ese sentido, uno de los factores que altera y es potenciador de todos los errores policiales es el estrés. El acumulativo del día a día de la función, el que se adquiere dentro de la unidad, en el roce con los compañeros o con la autoridad que tenga como jefe de unidad o mandos medios, y también con las situaciones de alto estrés, procedimientos como el que se vivió en Santa Catalina pero sin ese resultado. Hablamos de enfrentamientos donde los trabajadores policiales continúan en la tarea y no se hace una evaluación psicológica o se le dan días de licencia para que descompriman y reciban un tratamiento psicológico adecuado. En ese sentido esta organización, en acuerdo con la Jefatura de Policía de Florida, el 12 tiene un evento al que van a concurrir dos grado 5 en el manejo de estrés y factores de riesgo laboral para promover una charla abierta a todos los funcionarios, sin que se cobre ingreso o entrada. Esta va a ser la primera de una serie de muchas que se van a empezar a instruir e implementar por parte de la organización a los efectos de darle herramientas a esos trabajadores: para mostrarle al Ministerio cómo y que es posible hacerlo, y bajar los niveles de estrés que hacen las veces de potenciadores de los errores de los procedimientos.

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Foto: Archivo