(emitido a las 7.47 Hs.)

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EMILIANO COTELO:
Acabamos de escuchar parte del spot publicitario en el que varios comunicadores conocidos convocan a apoyar la prohibición de la megaminería en todo el territorio nacional. Ayer comenzó a rodar la campaña de recolección de firmas que pretende plebiscitar esta iniciativa junto con las próximas elecciones nacionales.

Se busca que la Constitución incluya la prohibición expresa de este tipo de explotación. Quien promueve este cambio es el Movimiento Pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto, integrado por distintas organizaciones sociales que se presentan como independientes de cualquier sector político.

La iniciativa se lanza después de que varios gobiernos departamentales salieran a reivindicar sus potestades para regular en esta materia prohibiendo esta actividad en sus territorios, algo que a su vez es muy discutido. Existen dos bibliotecas a propósito de si una intendencia puede pasar por arriba de leyes nacionales con su marco normativo.

La campaña debe reunir 260.000 firmas antes del 30 de abril para que se habilite la consulta popular.

Para conocer más sobre esta campaña vamos a conversar con uno de los referentes, Víctor Bacchetta, periodista especializado en temas medioambientales.

ROMINA ANDRIOLI:
¿Qué es el Movimiento por un Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto?

VICTOR BACCHETTA:
Es una gran alianza de grupos ciudadanos, movimientos sociales, personalidades. Es un movimiento estrictamente ciudadano, inclusive una característica es que no son en su mayoría organizaciones de gran historia, sino grupos que se han constituido en el curso de estos últimos tres años para desarrollar esta movilización contra estos proyecto de minería de metales a cielo abierto y de gran escala que nos parecen un despropósito para el país.

RA – Y ustedes se declaran independientes de cualquier sector político, ¿no hay figuras políticas que estén vinculadas al movimiento?

VB – Hay ediles y legisladores que participan a título personal e individual. Nosotros no incluimos en el movimiento sectores político-partidarios como tales, ese ha sido un criterio para las marchas nacionales y locales que se han hecho relacionadas con este movimiento. Lo vamos a seguir manteniendo así.

EC – ¿A qué partidos pertenecen esos ediles y legisladores que usted dice que participan del movimiento?

VB – Los que están integrándolo en la actualidad son del Partido Nacional, del Partido Colorado y algún agrupamiento menor; son fundamentalmente de esos sectores.

EC – Es muy factible que este movimiento sea identificado como de oposición, ¿usted qué dice?

VB – La naturaleza de oposición es inevitable en la medida en que el Gobierno actual se ha pronunciado decididamente a favor de los proyectos que nosotros cuestionamos. Inclusive cuestionamos que haya pronunciamientos de las autoridades tan favorables cuando el procedimiento de evaluación, y particularmente la evaluación ambiental y social de estos proyectos, está en su curso. Es el caso de Aratirí por ejemplo, hay reuniones del Consejo de Ministros donde se habla a favor del tema, el presidente hace declaraciones en el mismo sentido y nosotros que conocemos el expediente de Aratirí en la Dirección Nacional de Medio Ambiente [Dinama] sabemos que por ese procedimiento -que es el legal constituido- está lejos de ser aprobado.

EC – ¿El enemigo de este movimiento es Aratirí?

VB – El enemigo es Aratirí en el sentido de que es el proyecto de mayor envergadura planteado y posible. Porque lo primero que nos preguntamos es ¿cuál es la razón del artillero?, si tiene munición; ¿nosotros tenemos riquezas minerales significativas como para justificar un supuesto desarrollo o una diversificación de la matriz productiva en esa dirección?, creemos que no. Los estudios geológicos hechos a lo largo del siglo pasado muestran que tenemos pequeños yacimientos y de bajo tenor en la composición. Solo una coyuntura especulativa internacional con el precio de los metales ha significado que algunas empresitas -porque no son empresas significativas en la minería mundial- aparezcan en Uruguay para un negocio de ocasión, en un corto tiempo, porque las coyunturas especulativas son cortas, ya el precio del hierro está descendiendo. Entonces, lo más grande que está planteado es Aratirí, pero no es solo eso, también es la explotación del oro que se está pretendiendo expandir en ocho departamentos del país. Eso para nosotros no tiene sustento, son proyectos de meses que significan un aporte efímero en términos de empleo e incluso económico para el país. No significan una perspectiva de desarrollo estratégico.

RA – Pero yendo a Aratirí concretamente, ¿qué hay de los beneficios que se menciona que podría tener este tipo de actividad en algunas zonas, por ejemplo como decía usted en materia de empleos, de salarios, de exportaciones?

VB – Con las cifras oficiales que existen hemos demostrado que en materia de empleo, tanto del empleo existente en la zona como del que proveería Aratirí en su fase de operación, el aporte sería nulo o negativo. No estamos hablando de zonas desérticas o semi-desérticas, en el del distrito minero de Aratirí particularmente es un área en la que según, informes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se encuentran pequeños y medianos productores; un promedio de 500 hectáreas son de productores familiares asentados en la zona. La instalación de una mina con estas características significa el desplazamiento de una población que está asentada en la zona y es una zona productiva.

En cuanto al aporte económico, a partir de lo aprobado con la Ley de Minería de Gran Porte, Aratirí por seis o siete años no va a pagar un solo impuesto porque se le permite descontar todas las inversiones hechas hasta el momento que inicia la explotación. Entonces, ¿cuál es el aporte real? Oficialmente nunca se ha dicho que la minera pueda ser un aporte de más de 500 millones de dólares anuales, pero para la historia de un país por cinco, diez o quince años, un aporte de ese tipo, ¿es significativo para el desarrollo?

EC – Por ahí podríamos profundizar en las razones de esta campaña, en la oposición a la megaminería que ustedes están planteando. Lo hago a partir de uno de los mensajes que llegaron desde la audiencia después de que pusimos al aire el spot publicitario. Dice: "Lamentable la propaganda para el plebiscito por la minería. Puro eslogan sin ninguna base real";, porque ese spot plantea "Decile no a la megaminería a cielo abierto";, "Decile sí a la vida";, "Por un Uruguay sustentable para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos";, ¿dónde está la gravedad para ustedes?

VB – Naturalmente que un spot tiene que lanzar consignas, pero si algo hemos hecho en estos últimos tres años es una difusión intensa de la información. En primer lugar hemos usado muchísimo la Ley de Acceso a la Información Pública para no hacer críticas infundadas, para basarnos en los documentos oficiales y no en simples declaraciones de la empresa o de algunas autoridades que después vemos que no se corresponden con las propuestas reales. En particular yo me he dedicado a editar el Observatorio Minero del Uruguay, un sitio web donde publicamos los análisis de los estudios presentados por las empresas en la Dinama con datos absolutamente documentados.

Una cosa es un spot publicitario, que todos sabemos que van a presentar consignas, y otra cosa son los fundamentos que tenemos para lanzarnos en esta iniciativa que son ampliamente conocidos también. No es novedad que hayamos iniciando la campaña el día de ayer, hace tres años que venimos trabajando en esto.

RA – ¿Qué lo llevó a impulsar esta convocatoria de carácter nacional que busca reformar la Constitución? ¿Cómo se relaciona con las iniciativas que han surgido a nivel departamental? ¿Es en respuesta a esas dudas que se han dado respecto al alcance que podrían tener esas medidas departamentales?

VB – Por una parte, con respecto a las decisiones departamentales se puede decir que hay dudas. Pero desde nuestro ángulo esas decisiones están firmemente fundadas porque estos Gobiernos tienen desde la Constitución y por la Ley de Ordenamiento Territorial de 2008 atribuciones exclusivas en la asignación de usos del suelo en su territorio. O sea, las normativas que se están aplicando en algunas juntas departamentales serán incorporadas a las directrices de ordenamiento territorial del departamento y se inscriben así en la Ley de Ordenamiento Territorial.

RA – A pesar de eso, ¿por qué promueven esta convocatoria de carácter nacional?

VB – Porque tratamos de responder a una inquietud que la población nos ha planteado. Cuando estábamos recogiendo firmas en Tacuarembó o Lavalleja, en esas fiestas gauchas que son tradicionales en esos departamentos y a donde va gente de otros lugares, nos decían "¿y nosotros no podemos firmar?";. Entonces tratamos de responder a una inquietud real que hay en el interior del país. Es una de las características de este movimiento, surge más del interior que de la capital, cuando otros movimientos que puedan considerarse similares surgían desde la capital.

Esto no sustituye ni responde a las decisiones departamentales sino que las complementa, decisiones que están absolutamente fundadas. Inclusive nosotros encontramos una decisión del Tribunal en lo Contencioso Administrativo (TCA) que refería a un litigio entre una arenera que quería sacar arena en Montevideo, había obtenido la autorización de la Dinama y de la Dirección Nacional de Minería y Geología [Dinamige] pero la Intendencia de Montevideo se lo prohibió. Eso fue recurrido y llegó al TCA, que dictaminó que la Intendencia tenía atribuciones para decidir porque las competencias en estos casos no son excluyentes sino concurrentes. Además de la decisión de los organismos nacionales tiene que existir la decisión departamental complementaria.

RA – ¿Cómo piensan llegar a las 260.000 firmas que se necesitan para habilitar esta consulta popular? Hay oyentes que nos están preguntando dónde se puede firmar.

VB – Esto también está muy vinculado a las características de este movimiento: es una movilización de grupos ciudadanos en los departamentos, muy descentralizada. Nosotros buscamos darle una estructura común a través de un sitio web específico, exclusivo sobre la campaña, donde se dan las orientaciones para llenar las papeletas, dónde recogerlas, dónde entregarlas, inclusive se puede bajar la papeleta por internet y firmarlo, y después entregarlo o enviarlo a los lugares de recolección. Eso está en el sitio web uruguayciudadanossinmegamineria.org, allí damos las instrucciones y vamos a ir generando en cada lugar una dirección para recoger las papeletas.

Quiero aclarar lo siguiente: nosotros no nos jugamos todo o nada a llegar en el mes de abril.

EC – Sí, ¿qué pasa si no alcanzan las firmas necesarias?

VB – Vamos a seguir, porque el objetivo principal de esta campaña es mostrar la adhesión que tiene en el país de núcleos muy importante de la ciudadanía que quieren opinar y decidir sobre proyectos de esta envergadura. Nosotros lo dijimos en las comisiones parlamentarias cuando se discutía la ley de minería: ninguno de los partidos políticos representados tuvo una propuesta de esta envergadura en las últimas elecciones, nosotros pensamos que decisiones de este porte tienen que ser adoptadas en una consulta ciudadana. La campaña que estamos haciendo quiere expresar es eso.

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Foto: uruguayciudadanossinmegamineria.org