El abogado de la familia Nicolás Pereira indicó a El Espectador que la cifra surge por el daño moral que sufrió la familia por una muerte que las autoridades reconocieron que pudo ser evitada.

"Consideramos que un daño tan grande como es la pérdida de un ser querido, en estas circunstancias que se dio, por el estado público que tomó la causa, por el estado de impotencia que sufren los familiares al ver que entró a la sala de partos estando todo bien y luego sale muerta; la pérdida del bebé, que se pierde de la madre para toda la vida, el resto de los hijos son adolescentes y han tenido daños psicológicos importantes. Tienen todo el derecho a reclamar", dijo.

Pereira señaló que en la demanda se consideró que ASSE realizó un mal manejo de los recursos humanos y que esto se sumó a omisiones y a un incorrecto proceder de parte del personal médico que atendió a la paciente fallecida.