La representante de Ielsur, Gianella Bardazano, señaló a El Espectador que a pesar de las modificaciones que se le realizaron al proyecto sigue siendo violatorio a los derechos humanos.

"Hay alguien que es llevado de su casa o de la calle sin que exista orden de detención. Solamente porque esa brigada o consorcio considera que allí hay alguien que está en esa situación tan vaga, que plantea el artículo 1° del proyecto que es 'un usuario problemático en situación de crisis, que constituya un riesgo para sí, o para los demás'. Esa evaluación es la que amerita que intervengan y se lleven a esa persona para luego comunicar al juez, ya es una privación de libertad ilegítima" indicó Bardazano.

La abogada señaló que desde Ielsur dudan que el proyecto sea una respuesta al consumo problemático de drogas.

"No tenemos claro si esto se trata de una señal discursiva y un poco demagógica, de un tema que ha sido un reclamo de algunos grupos, como las Madres de la Plaza, o si realmente es una alternativa sanitaria viable, en el sentido en que hay infraestructura edilicia, equipos técnicos y fondos como para realizar una política sanitaria seria" indicó la representante de Ielsur.

Bardazano puso en duda la eficacia que puede llegar a tener la internación compulsiva de adictos.

"Los tratamientos que no cuentan con la voluntad del paciente, no funcionan. En todo caso puede llegar a ser un período breve de desintoxicación. Pero si luego el Estado no continúa ofreciéndole a esa persona alternativas terapéuticas viables, es una cosa que no va a tener demasiada repercusión en términos sanitarios reales" puntualizó Bardazano.